Por Santiago Mayor*, Resumen Latinoamericano 26 de febrero de 2020
María Lescano tiene 32 años y está detenida en la provincia de Santiago del Estero por actuar en defensa propia. El 12 de noviembre de 2017 su ex pareja ‑que la había violentado durante diez años- intentó agredirla nuevamente.
Jorge ‘Pey’ Ibáñez, irrumpió ese día en la casa de la mujer y quiso violarla, amenazándola con un cuchillo. En el forcejeo ella logró herirlo en el pecho por lo que el agresor se retiró lanzando piedras a la vivienda y fue atendido en el hospital, pero no sobrevivió.
Desde ese momento, María fue arrestada y finalmente condenada el 7 de agosto de 2019 a 13 años y seis meses de prisión. La sentencia fue por el delito de “homicidio agravado por haber existido una relación de pareja y con circunstancias extraordinarias”, explicó a Notas la abogada defensora e integrante de la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero, Luciana Oyola.
“Fue condenada sin tener en cuenta que ella se encontraba en un contexto de violencia de género hacía más de diez años con su ex pareja”, recordó. Y detalló que María había denunciado “en numerosas ocasiones a Ibáñez por lesiones, amenazas e incluso un abuso sexual en el año 2017”. “Existían antecedentes y esa violencia se encuentra en el expediente”, sostuvo Oyola.
Por su parte Florencia Pérez, del Colectivo Ni Una Menos de la provincia, analizó que la mujer detenida “además de haber sido violentada por su ex pareja, ha sido violentada por el Poder Judicial”. “Recibió una sentencia sin ninguna perspectiva de género. No se tomó en cuenta la situación particular de ella”, dijo.
“Además el tratamiento del caso por los medios de comunicación ha sido realmente muy duro. No toman en cuenta tampoco la perspectiva de género necesaria”, agregó.
Es por eso que, en torno a esta causa, se conformó un espacio integrado por distintas organizaciones feministas, de derechos humanos, sociales y políticas que buscan la absolución de María. En ese marco, lograron que este 28 de febrero se realice una audiencia en la que se revisará la condena.
“Consideramos que ella ha actuado en legítima defensa, es decir que está justificado su accionar. Esto lo prevé el Código Penal”, argumentó Oyola. En ese sentido remarcó que Ibáñez ingresó al domicilio con un arma blanca “y es esa misma arma con la que María se defiende, porque no tenía otra manera de hacerlo”. “Esos son algunos de los fundamentos que desde la Red de Abogadas Feministas pretendemos esbozar y esperamos que se revierta la sentencia”, completó.
Asimismo, Pérez relató que han realizado diversas actividades de visibilización y protestas por el caso, con el objetivo de que María sea liberada.
“Entendemos que no es solo María en sí, sino que tenemos que instar al Poder Judicial a que incorpore la perspectiva de género en todas sus instancias”, subrayó la integrante de Ni Una Menos y explicó que “revertir el caso es además un precedente necesario para que se revea la situación de todas las mujeres en el sistema” ya que “hay un montón de Marías en la misma circunstancia”.
“Por eso llamamos a movilizarnos el viernes 28 de febrero frente a los tribunales, pidiendo por la libertad y la absolución de María”, concluyó.
*Notas Periodismo Popular