Texto y fotos: Ibai Trebiño. Argia /Resumen Latinoamericano, 17 marzo 2020
Jesús Santrich, miembro de la dirección de las FARC-EP – Segunda Marquetalia.
Tras 5 años como delegado de la guerrilla colombiana en las negociaciones de paz de La Habana, el comandante de las nuevas FARC-EP «Jesus Santrich» (Toluviejo, 1966) es hoy el reflejo de la fallida implementación del proceso de paz en el pais andino.
Tras la firma del acuerdo, Santrich pasó más de un año encarcelado bajo la acusación de narcotráfico ‑un proceso judicial que diferentes organizaciones políticas y sociales colombianas tacharon de «escandaloso montaje»- y cuyo objetivo final era la extradición a EEUU del ex-guerrillero y miembro de la cámara. Tras su liberación, las «escasas garantias» para ejercer la vida politica ‑explica Santrich‑, le empujaron a refugiarse en las montañas del Oriente del país para reorganizar, juntos a otros importantes comandantes farianos como Iván Márquez o «El Paisa», una nueva fase de lucha insurgente guerrillera en el pais cafetero.
Hasta la ubicación de Jesús Santrich ha accedido Argia.eus para conversar con el miembro de la dirección de la nueva guerrilla colombiana.
FARC-EP vuelve a las armas ¿se truncó el sueño de la paz en Colombia?
Personalmente sigo creyendo en la posibilidad de la paz para Colombia, tanto como el colectivo fariano cree en ese propósito mayor y lucha por su concreción.
En las FARC-EP – Segunda Marquetalia, y esta es una concepción con raíces históricas, se confía en la perspectiva de alcanzar la reconciliación nacional dentro de marcos de justicia social. Tenemos el convencimiento de la necesidad y posibilidad real de la conquista de la paz como derecho cumbre sin el cual no es posible la realización plena de los demás derechos fundamentales del ser humano.
El Acuerdo de La Habana parecía interesante, incluso era del agrado de la propia guerrilla. ¿Qué pasó con el acuerdo?
Debemos precisar que el Acuerdo de La Habana, el original, fue negociado por dos delegaciones y no por una sola. Me explico: una cosa fue lo que abordó la delegación de paz encabeza por Iván Márquez, la cual se centró en los puntos referidos a transformaciones políticas, económicas y sociales para alcanzar el buen vivir de los colombianos, la Reforma Rural Integral por ejemplo, y otra cosa fue la negociación del punto tercero sobre el fin del conflicto, que incluía el «acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo», o sea, la dejación de armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por un lado, y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con sus intereses, por otro lado.
Estos aspectos debían ser resueltos de manera integral y simultanea, pero en el punto tercero hizo irrupción la llamada Comisión Tecnica, representada por militares de alto rango del ejército colombiano y por Carlos Antonio Lozada como representante de las FARC-EP. Lo que ocurrió fue que el punto de la dejación de armas fue sacado del contexto general de las conversaciones y manejado de forma compartimentada, con un secretismo absoluto que impidió intercambios, opiniones y posibilidad de vínculo con el resto de lo que se estaba acordando. Quienes estábamos en la delegación originaria de ninguna manera tuvimos posibilidad de analizar lo que se estaba dando entre los militares y la delegación del Gobierno y el equipo del señor Lozada; Firmaron lo que les vino en gana y entonces el tema de la reincorporación quedó desguarnecido de cualquier posibilidad de maniobra de negociación, frente un gobierno que ya con el compromiso de la entrega de las armas, que fue en lo que se convirtió la dejación, se mostró arrogante e intransigente.
En lo específico, ¿a que cambios fue sometido el acuerdo de La Habana en relación al acuerdo final de Bogotá?
Sería muy dispendioso entrar a detallar los cambios y violaciones que hubo en un acuerdo, que todos los días y como ninguno otro en el mundo, estuvo y sigue estando sometido a transformaciones e incumplimientos unilaterales de parte del Estado. Te pongo dos o tres casos; Por ejemplo, lo más fundamental e importante, que es el derecho a la vida no se garantizó, o el desconocimiento que se hizo de las curules (asientos) adicionales en Cámara para que fueran asignadas a las víctimas del conflicto y las distorsiones que sufrió la Jurisdicción Especial para la Paz.
Respecto al primer asunto, son inocultables los asesinatos de centenares de los reincorporados y la dirigencia popular o lideres sociales que han ocurrido en tres años de implementación.También podemos mencionar las variaciones que se le hicieron a lo acordado en materia de Jurisdicción Especial para la Paz, que desde el principio imprimieron al sistema el derecho penal del enemigo.
Podemos decir que, desafortunadamente y en lineas generales, en lo que respecta a la implementación, la nota predominante ha sido el incumplimiento gubernamental. Ello ha producido un estado generalizado de inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socio-económica y ha configurado una crisis profunda que por la vía de la traición, lanzó el Acuerdo de Paz al pantano de lo que son los acuerdos fallidos. El Gobierno ha pisoteado principios universales como el «Pacta Sunt Servanda» y el principio de buena fe.
Al margen del incumplimiento gubernamental, la firma de los acuerdos y la implementación ha dejado una importante fractura entre algunos de los principales comandantes de las antiguas FARC-EP, por ejemplo Ivan Márquez o Timochenko.
El papel más trascendental en la construcción del acuerdo lo lograron la gente del común que anhela un estadio de concordia para sus hijos y las bases guerrilleras.
En lo que no participaron los combatientes de la guerrilla fue en la determinación de la entrega de las armas, la cual no se le consultó nunca, ni siquiera en la Décima Conferencia de las FARC-EP, la que terminó atropelladamente sin discutir los problemas de fondo del acuerdo.
En esto hay una gran responsabilidad de Timochenko, y con contadas excepciones, del Secretariado y parte de lo que era el Estado Mayor Central, quienes desafortunadamente no tuvieron la capacidad de conducir a las FARC, ni para las circunstancias de guerra ni para las circunstancias de paz.
Desde fuentes policiales colombianas o incluso desde fuentes oficiales del partido FARC se les señala como responsables del supuesto intento de asesinato de Rodrigo Londoño «Timochenko» el pasado enero. ¿Que tiene que decir al respecto?
A veces pienso que algunas declaraciones se realizan de manera apresurada y son presionadas por el ánimo de no contrariar al establecimiento. En parte son producto de la ignorancia. Ese es el criterio que tengo respecto a la especie trágica echada a andar sobre el supuesto atentado; Desde las FARC-EP – Segunda Marquetalia no hay intención alguna de atentar física ni moralmente contra ningún dirigente ni militante de La Rosa ni de ningún partido político. Eso es concluyente. Si hay discrepancias ideológicas debemos tratarlas en ese plano y no en otro.
Por otro lado, cabe destacar que existe una serie de inconsistencias en las imputaciones por las circunstancias que rodearon la muerte de los compañeros a los que involucran en los hechos. Lo que está claro es que no murieron en ninguna confrontación como apunta la versión oficial, sino que fueron torturados y asesinados, en tiempos y lugares diferentes. Estas circunstancias merecerían la investigación profunda del caso.
Háblenos de su detención en abril de 2018. ¿Como vivió todo aquel proceso?
Era un capítulo previsible cuando lo que se está dando es un proceso con una contraparte sometida a los intereses y caprichos de Washington, y además históricamente caracterizada en la mentira, en el engaño y en la mezquindad. Lo cierto es que no me sorprendieron las acusaciones ni la intención de extraditarme y destruirme política y moralmente. Es más, yo lo había advertido y denunciado internamente en las FARC y públicamente, desde los tiempos en que estábamos negociando en La Habana y luego en Colombia, cuando ya se iniciaba la implementación.
Pese a toda la desconfianza yo persistí en la lucha legal por sacar adelante lo pactado, hasta cuando se produce la captura con base en falsos testimonios acompañados de una guerra mediática contra mi imagen usando un video alterado que por su chapucería jamás se llevó como prueba a los estrados judiciales. Nunca hubo ni podría haber pruebas sobre hechos en los que jamás participé porque nunca tuvieron realización.
¿Como fue su situación en prisión?
Mi situación carcelaria fue de aislamiento y hostilidad gubernamental, frente a mi actitud, que fue siempre de resistencia, de decoro y de ir hasta las últimas consecuencias para evitar que los norteamericanos y los lacayos gobernantes colombianos se salieran con la suya. En todo ello, el papel fundamental de lo logrado en cuanto a mi libertad lo jugó la solidaridad incondicional de compañeros y amigos.
Una vez excarcelado, decide huir. ¿No cree que existieran garantías para que usted, como miembro de la Cámara del Congreso, participase en la vida política con pleno derecho?
Garantías no las había y por eso tomo la determinación, no de huir, sino de dar un salto hacia escenarios de resistencia en la clandestinidad, donde puedo luchar por el futuro de mi país sin la zozobra de la persecución judicial y de las amenazas de muerte cotidianas. Aquí hay riesgos, pero si muero lo haré combatiendo y no acribillado miserablemente, desarmado, por la guerra sucia que alientan las castas poderosos de Colombia.
En agosto del 2019, usted y otros ex-comandantes farianos anuncian el «regreso a la armas». ¿El fracaso del proceso de paz se confirma?
El fracaso del proceso de paz es producto de la perfidia estatal. Lo confirma la crisis en su implementación, evidenciada en hechos notorios de la cotidianidad del país como son el asesinato de dirigentes comunitarios y excombatientes; No firmamos la paz para que a más de tres años de ese acontecimiento histórico se hayan asesinado más de 700 líderes y lideresas sociales; tampoco para que los asesinatos de nuestros guerrilleros y guerrilleras ya estén por el orden de los 200 .
El Estado no ha cumplido con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos.
En el comunicado fundacional de las FARC-EP – Segunda Marquetalia llama la atención su llamado a la «guerra contra la oligarquía», despriorizando la guerra contra objetivos militares. ¿A que responde este criterio?
Hemos dicho que nuestra determinación de retomar las armas es en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, y en ello está contenida la denuncia del la persistencia de las causas históricas del conflicto, que son las que hay que superar en procura de la paz cierta, poniendo de presente que la rebelión no es una bandera derrotada ni vencida y que tiene el vigor para continuar con el legado de Manuel ‑Marulanda- y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social que se merecen las mayorías. Así que el plan estratégico en esencia es la misma Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, pero existen variantes en cuanto a ser más selectivos y directos en la definición de a donde golpear a la contra parte que impone la guerra. Y es ahí donde precisamos que objetivo no es el soldado, ni el policía, el oficial ni el suboficial. Pero fíjate que se agrega el criterio de que sean «respetuosos de los intereses populares». No es que consideremos que los aparatos armados del Estado ahora les damos vía libre para hacer y deshacer como órganos de represión. Cualquier acción en reacción defensiva es legítima.
Y cuando decimos que el objetivo es la oligarquía, la concentramos en aquella oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguirle atrancando las puertas del futuro al país.
Claramente entonces, vamos a implementar una nueva modalidad operativa que sobre todo responderá a la ofensiva, y eso se deriva de una determinación muy meditada en cuanto a que no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase. La oligarquía nunca manda a sus hijos a poner el pecho en la guerra, es decir, las víctimas fundamentalmente se quedan entre los pobres. De ahí nuestro llamado también a los integrantes de la Fuerzas Pública que tengan dolor de pueblo, a que caminemos juntos por sus reivindicaciones y su felicidad.
¿Podemos hablar entonces de una modalidad de insurrección armada del estilo a la que practicó la guerrilla del M‑19 en los años 70 y 80?
Me parece que nuestro planteamiento insurreccional no ha variado; su razón de ser sigue siendo la movilización popular y sus potencialidades de cambio. Hemos dicho con precisión que lo que va ocurriendo no obedece a un capricho nuestro; que el régimen imperante, de políticas neoliberales, de corrupción y guerra, nos ha colocado frente a dos caminos: o se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde o temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión.
Expliquenos en qué consistirá el actuar político y político-militar de la nueva organización.
La persistencia en el alzamiento armado sale de la caracterización del régimen como régimen feroz y violento, que nos obliga a asumir la legitima defensa y el ejercicio del derecho también legítimo a la rebelión armada. Por ello, el proceso de reconstrucción de nuestras estructuras militares, milicianas y partidarias en la clandestinidad implica la definición de una estrategia; un despliegue de fuerza, definiciones operacionales y tácticas, cuya esencia es la táctica de la combinación de las formas de lucha, la guerra de guerrillas móviles y la concepción insurreccional del alzamiento popular para lograr el objetivo mayor de imponer o concertar la paz con justicia social.
Junto a ello, existe el convencimiento de que tenemos las herramientas para seguir intentando una salida concertada; impulsar un proceso constituyente abierto hacia la superación de la exclusión, la miseria y las inmensas desigualdades, hacia la democratización del Estado.
Entre otra de las cosas llamativas estan sus intentos por acercarse al Ejército de Liberación Nacional, ELN, el grupo beligerante más antiguo del país y del continente. ¿Que tipo de alianzas plantean con el ELN?
Se trata de nuestra visión de unidad, que no es táctica sino estratégica, de fondo, sustancial. Sin ello no vemos posible avanzar en la construcción de una alternativa de poder. Y no se trata solamente de un asunto de orden militar sino también y fundamentalmente político, en esta etapa que hemos caracterizado como «etapa de lucha para el despertar de las conciencias». Nuestra visión es que la estrategia debe tener por objetivo la unidad del movimiento popular para la conquista de la paz con justicia social, democracia y soberanía, mediante la motivación e incidencia en el accionar de masas, que por vías insurgentes de todo tipo a que obliga el carácter y la naturaleza violenta del orden social vigente, dispute el monopolio de las armas y el poder del Estado.
¿Qué opinión tiene de los últimos acontecimientos políticos, especialmente las grandes movilizaciones del Paro Nacional que se han dado en Colombia?
En lo de las movilizaciones, hubo un antecedente con las masivas protestas de los indígenas ecuatorianos. En Chile ocurrió algo similar, iniciándose un alzamiento popular multitudinario contra las medias neoliberales.
En el caso de Colombia, la gente alzada en las calles pide el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, que cesen las matanzas contra el movimiento popular, que cumplan con los acuerdos de sustitución ‑de cultivos ilícitos‑, que se le cumplan los compromisos con indígenas y estudiantes, que son acuerdos antiguos que se han hecho como promesas que jamás se concretan.
Lo que es evidente es que el arma de las caceroladas y de las redes sociales esta jugando un papel en estas protestas y tenemos que ponernos en sintonía con ello.
