Edgar Isch L. /Resumen Latinoamericano /11 de marzo de 2020
En la noche del 11 de marzo, utilizando una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas para enfrentar la crítica situación del país. Inició con falsedades y medias verdades que se presentan como la típica lavada de manos, de las que instruyera Poncio Pilatos y no las necesarias por higiene.
Lo primero con lo que inició su presentación fue señalar que “el coronavirus está generando una crisis económica en todo el mundo. Esto, sumado a la drástica caída del precio del petróleo, ha golpeado fuertemente a Ecuador.” Hay que decir que la crisis la genera el mismo capitalismo, que ni siquiera había logrado superar la iniciada en 2008 y que por ello todo economista serio anunciaba que lo previsible era una nueva recesión.
El coronavirus solo es una gota más en las condiciones generadas por la aplicación de políticas neoliberales. En cuanto al petróleo, lo responsable habría sido salir o al menos reducir la dependencia del extractivismo petrolero, cosa que ningún gobierno desde el lejano 1972 ha tratado de hacer. Moreno, mucho menos al no tener ninguna propuesta económica para orientar al país.
Moreno ya lleva tres años en el poder y ha traicionado totalmente el plan de gobierno que presentó en la campaña y con el que tiene compromiso legal (del moral, ni hablemos). Su aplicación del neoliberalismo profundiza la crisis, pero no lo dice y propone nuevas medidas neoliberales. Veamos un hecho fundamental: la acumulación de la riqueza en pocas manos continúa agudizándose.
Así, el índice GINI de la distribución de la tierra que en 2007 era de 0,72, para 2018 pasó a 0,87 (recuérdese que llegar a 1 es la perfecta desigualdad); en la distribución del agua las cosas siguen igual o peor que hace 13 años, beneficiando a los grandes agroexportadores; los grupos monopólicos identificados por organismos oficiales, continúan con el crecimiento de sus ganancias.
Un ejemplo está en la banca, que según datos de la Superintendencia respectiva en 2018 concentró 40.983 millones de dólares en activos, 4 611 millones en patrimonio y 553 millones en utilidades. Si se considera solo sus ganancias, en 2019 las utilidades bancarias superaron los 600 millones de dólares, pero eso no se toca.
Esta disparidad social, sin embargo, no importa al gobierno de los empresarios, que buscan tapar las urgencias fiscales con más neoliberalismo y medidas que no afecten a los ricos. Lo primero es continuar el ataque a lo estatal que se presenta como “austeridad”.
Hay que decir que ya teníamos un déficit fiscal de más del 8% del PIB y que, en parte, el mismo se explica por el perdón de multas e intereses en el pago a los grandes deudores de impuestos, regalo que superó los 1.800 millones. Los ricos reciben beneficios del gobierno (nunca los llamarán subsidios), pero ahora, una vez más, piden que “todos pongamos el hombro”.
El primer sector en ser afectado es el de los empleados públicos. Se les obliga a un aporte “temporal”, sin decir por cuanto tiempo, del 4% a quienes tienen un salario entre 801 hasta 1.500 dólares, y del 8% si su salario es superior a 1.501 dólares en adelante. Esto es una reducción disimulada de los salarios, inconstitucionalmente prohibida. Una reducción de salarios del sector público facilita también menores salarios en el sector privado.
La reducción de ministerios y otras dependencias públicas es otra medida conducida no al mejor funcionamiento del Estado, sino a la reducción de personal. Se menciona que 20 mil empleados públicos incrementarían las filas de la desocupación, en un país en el que solo el 37% de la masa laboral tiene lo que se llama un empleo adecuado.
Ni siquiera hay un sentido lógico en lo propuesto, pues nadie entiende que el Ministerio de Obras Públicas se fusione con Telecomunicaciones, Registro Civil y otras. El asunto es reducir personal y cumplir lo exigido por el FMI.
Cabe señalar que se ofreció no afectar al sector salud, pero nada se dijo sobre educación mientras en los últimos meses se han comprado equipos para reprimir la opinión popular y continúan en la impunidad los casos de los manifestantes que en las protestas de octubre perdieron la vida o un ojo. Economía estatal débil y represión fuerte, es otra característica de los neoliberales.
Lo peor es la continuidad de la política privatizadora, que es una de las medidas negociadas con el FMI. De manera tramposa le llaman “monetizar activos” de propiedad pública. Aunque se diga que “permanecerán bajo propiedad pública”, se especifica que los “derechos de concesión serán otorgados a socios privados” y que, por tanto, las ganancias que tenía el Estado pasan al sector privado.
Con ello se avanza en el desmantelamiento del Estado. Esto, con la pretendida aceptación plena de los tratados de protección de la inversión transnacional (los famosos TBI), que entrega más poderes a las empresas y reduce los de la ciudadanía.
Dos medidas más. Un impuesto por una vez del 5% a autos de más de 20 mil dólares y el “incremento en 0,75% las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta en las empresas como, por ejemplo, las del sector bancario, petrolero, telecomunicaciones”. Esto no es nada frente a los niveles de utilidades de las grandes empresas y al hecho de que muchas terminan pagando como impuesto a la renta menos del 1% de sus ventas, según datos oficiales.
Comparativamente un profesional en libre ejercicio paga el 10% de sus ingresos. Sencillamente, la crisis beneficia a los ricos y la pagan los trabajadores.
El gobierno ha llevado al índice de riesgo país a una condición muy cercana a la de Argentina. Macri o Moreno, aplicando las políticas neoliberales llevan a sus países al mismo despeñadero, pero Ecuador es más pequeño y eso golpea más a su economía. Este mes no se recibió el desembolso del crédito negociado con el FMI aunque Moreno dice que el organismo apoya al gobierno (¡y que lo dirá por twitter!).
Por ello se busca nuevos créditos y anunció que serían por 2.400 millones, sin concretar ni de dónde ni bajo qué condiciones.
Lo indiscutible es que otras exigencias del FMI se mantienen y que por las condiciones políticas de un año electoral y el miedo a una masiva protesta social, esta vez aún no se tocan ni el IVA ni los precios de los combustibles, el pretexto del coronavirus está presente. Si se recuerda el uso de la “doctrina del Shock”, como la llamara Naomi Klein, los neoliberales continuarán aprovechando y promoviendo el temor a la pandemia para las nuevas medidas.
Solo será cuestión de tiempo, mientras los sectores populares insisten en la aplicación de la propuesta económica presentada por el Parlamento de los Pueblos a fines de 2019 y que los ricos paguen la crisis. La lucha de clases tiene un nuevo momento, pero no se detiene en el Ecuador.
(*) Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
