En esta entrevista para Venezuelanalysis conversamos con el comandante de las FARC sobre la geopolítica de la región, con un énfasis sobre Colombia y Venezuela
El proceso de paz entre la guerrilla de la FARC-EP y el Gobierno colombiano ha tenido un impacto profundo en la región, especialmente sobre Venezuela. Venezuela- vinculada a Colombia por más de 200 años de historia, cultura y política – promocionó y patrocinó el proceso de paz en sus etapas tempranas. La situación de post-acuerdo, en el cual numerosos lideres sociales han sido asesinados y las causas del conflicto permanecen no resueltas, condujo a un grupo de disidentes de FARC a romper con el Partido FARC el año pasado.
Aquí hablamos con Seuxis Pausias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich. Santrich es un comandante importante de las FARC-EP quién, junto con Iván Márquez, es un líder fundamental dentro del grupo «disidente». Esta entrevista tiene fecha del 4 de Febrero de 2020.
Está claro que el gobierno colombiano no tiene intención de respetar los Acuerdos: persigue y asesina líderes sociales, y ha incumplido los seis puntos del acuerdo suscritos por las partes en el 2016. Las consecuencias negativas de esto son evidentes para Colombia. ¿Cuales serán las consecuencias para la región y sobre todo para Venezuela?
Santrich: A través de diversos medios y desde antes de la firma de los Acuerdos, varios de los plenipotenciarios insurgentes en la Mesa de Dialogo en La Habana, advertimos de las inconsecuencias del gobierno respecto al propósito de la reconciliación porque no se veía la determinación de resolver los problemas concretos en materia económica, política y social. Y ya estando en Colombia, llamamos la atención sobre la desidia con que el Estado inició la implementación, comenzando por el incumplimiento del compromiso primero que tenía de adecuar los lugares donde ocurriría el pre agrupamiento y luego el agrupamiento de las unidades guerrilleras. El personal nuestro llegó a iniciar su reincorporación a sitios en los cuales, para algunos casos, no había donde resguardarse de la inclemencia del clima. Muchas de las necesarias y urgentes instalaciones donde vivirían nuestros compañeros y compañeras nunca se terminaron de construir.
De tal manera, y es algo que hemos reiterado con mayor énfasis desde que se completó el primer año de la firma y fueron evaluados como pobres por los organismos de verificación los avances de la implementación, que el Acuerdo fue roto por el establecimiento a partir del momento mismo en que se debía iniciar la ejecución de lo pactado. Santos dio el primer paso hacia lo que se convirtió en crimen de perfidia y su sucesor, Iván Duque, profundizó a sangre y fuego la traición, multiplicando la inseguridad jurídica, personal y económica de los excombatientes, y dejando de lado los cambios prometidos a las comunidades más empobrecidas en materia de reforma rural integral, de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reforma política, por ejemplo. Como usted dice, están a la vista con una innegable responsabilidad del establecimiento, sea por acción o sea por omisión, tanto el descalabro del proceso en el plano de los compromisos reivindicativos con las comunidades, como el número de asesinatos de los líderes sociales, que sobrepasa el medio millar, y el de los excombatientes, que va por el orden de los 200, siempre poniéndose por delante un negacionismo institucional que ofende y que es complementado por el régimen con imputaciones descaradas de todo orden lanzadas contra sectores del movimiento revolucionario, incluyéndonos a nosotros.
Al respecto de toda esta situación por demás lamentable, hemos explicado cada vez que podemos que, roto el acuerdo por parte del Estado, pese a nuestros esfuerzos por mantenerlo vivo, no tuvimos otra opción que retomar el camino de las armas; porque, si bien se aceptó desistir del uso de estas partiendo de un mutuo compromiso de superación de las causas del alzamiento, tal paso nunca se concibió como desmovilización; y menos como un compromiso unilateral de la insurgencia. Así que quedando en evidencia plena la traición del Establecimiento, cerrada nuevamente la vía de la legalidad y pisoteadas con saña nuestra buena fe y dignidad, no podíamos caer en el derrotismo y en la claudicación. En medio de la estigmatización y las calumnias, de los montajes asquerosos, con persecución judicial e intentos de extradición y asesinatos que indicaban que la reconciliación era una farsa y la paz una bandera de mentiras, el deber nuestro era el de buscar una salida decorosa y no de sometimiento a una casta política felona y mezquina.
Este daño a la paz de Colombia es una lesión directa a la paz del continente, porque mientras hay gobiernos de América Latina y el Caribe impulsando todo tipo de iniciativas y esfuerzos para hacer del continente un territorio de paz, el Bloque de Poder Dominante en Colombia se presta para convertir nuestro país en un escenario de confrontación sometido de manera abyecta a los caprichos de los Estados Unidos, a su voracidad respecto al saqueo descarado de los bienes del común, al tiempo que se erige en plataforma de intervencionismo y de hostilidades contra países que no comulgan con los intereses imperialistas de Washington, tal como ocurre con Venezuela y con Cuba, por ejemplo.
A mi modo de ver los gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, pero de la mano del Estados Unidos, con su alevosía han lesionado enormemente el valor de la palabra empeñada, fundamentos esenciales del diálogo y de los acuerdos como son la buena fe y el pacta sunt servanda, dejando en muy mala posición el papel de mediación de importantes organismos internacionales como es el caso de Naciones Unidas y de los países que directamente participaron como garantes y como acompañantes de los compromisos adquiridos por las partes, lo cual implica simultáneamente un sabotaje de los principios más elementales y básicos del DIH y del Derecho Internacional, comenzando por el de la soberanía o por el de la autodeterminación de los pueblos.
Agregaría que la traición gubernamental al Acuerdo de Paz le metió al conflicto colombiano un combustible de desconfianza difícil de apagar a corto plazo, el cual desestabiliza al conjunto de la región, pero en especial a los países vecinos y dentro de ellos, de manera dirigida por decisión inocultable de Washington y Bogotá afecta a Venezuela, porque además del impacto que nuestra guerra interna causa en la extensa y permeable zona de frontera con el país hermano, se toma el mentado conflicto como excusa para desatar y mantener actos de hostilidad y agresión permanentes que ya se han convertido abiertamente en bandera principal de la política internacional de Colombia. Pues nótese que el gobierno de Iván Duque, por demás mediocre, se ha dedicado a la continuidad de la mafia uribista y a la conspiración, desestabilización y agresiones contra Venezuela, mientras al país propio lo hunde en las miserias de sus política neoliberales y en una terrible crisis humanitaria que se expresa en las muertes diarias de dirigentes sociales y excombatientes que adelantaban proceso de reincorporación.
Cómo afectaron los dogmas de la «Marea Rosada» (Los procesos progresistas de la década del 2000 en adelante a América latina) al proceso de paz de Colombia. Lo pregunto porque el fetiche electoral de estos procesos a menudo ignoró que por ejemplo en Venezuela el proceso de cambios fue acompañado por un ejército patriótico, y esto no siempre se puede reproducir en otros lugares, y porque el carácter popular de otros procesos fue achicándose progresivamente.
Santrich: No creo que se haya presentado, en el caso de la innegable crisis estructural en que se sumergieron las antiguas FARC-EP como organización revolucionaria, una afectación directa de lo que usted llama los «dogmas» de la «Marea Rosada» o de los procesos progresistas de las primeras décadas del siglo XXI. Nuestra crisis tiene de fondo causas que obedecen al desgaste que produce la prolongación de cualquier guerra, por una parte y por otra a una evidente doble traición tanto del régimen al que enfrentamos como de elementos internos de la alta dirección político-militar de nuestro movimiento.
No soy partidario de descalificar de ninguna manera las conquistas muchas o pocas, durables o no del progresismo. Para mi, sobre todo en tiempos en que la decadencia del imperio y su pérdida del control mundial son evidentes, resaltando la imposición del fascismo como una de sus reacciones desesperadas, cualquier forma de resistencia a las tiranías es válida para avanzar. Pero, sin pasar por alto que las metas a alcanzar por un movimiento revolucionario deben ir más allá que las del progresismo. Y pienso que ningún proceso de cambio profundo y menos una verdadera revolución social de redención popular puede sobrevivir desarmada; como también, para el caso específico de Colombia, en un proceso de lucha que aspire a cambios radicales que permitan superar las desigualdades, la miseria y la exclusión política, prescindir de las armas es una quimera, es un camino plagado de martirologio y de incertidumbres, más si el movimiento popular a quien se enfrenta ‑que es lo que ocurre en Colombia‑, es a un Bloque de Poder tan sórdido y sanguinario con sus compatriotas como arrodillado, vendido y lisonjero con sus amos gringos, lo cual le da un carácter probadamente criminal, terrorista, vengativo y traicionero que no da lugar al juego democrático limpio y que obliga a llenarse de garantías extremas para poder pactar con él.
Con este marco de ideas y con el criterio de que hoy por hoy tanto el neoliberalismo como el progresismo están en crisis, debo decir que lo que se sigue imponiendo como necesidad es plantear una alternativa de cambios estructurales que apunten a la construcción del socialismo. Porque para mi no es exagerado decir que, en medio de la crisis del progresismo, el neoliberalismo agoniza en América Latina, y que es necesario darle a este la estocada final. Reiteraría lo que ya como nuevas FARC hemos dicho en cuanto a que las promesas de leche y miel de los países del «capitalismo avanzado», y de sus instituciones de gánsteres como el FMI y el BM, como sus voceros y propagandistas, se derrumban sin remedio. Y que tal situación se expresa en la realidad que atraviesa la farsa del sistema chileno, por ejemplo, puesto en evidencia como maquinaria de saqueó. Tal farsa viene siendo demolida a golpe de manifestaciones multitudinarias, sin precedentes en la historia del país austral y de Nuestra América que han desenmascarado no sólo a Sebastián Piñera sino todo el conjunto del falso paraíso de consumismo capitalista fingidamente democrático, pero probadamente atracador, y encubierto con la maquinaria mediática que ayudó a crear el engaño de la bonanza que nunca existió y que protagonizaban los más avanzados alumnos del Consenso de Washington.
Como contexto de estas afirmaciones existe un sinnúmero de tesis correspondientes al análisis de lo que ha sido dentro del «prolongado ciclo histórico de la civilización burguesa», el Capitalismo del siglo XXI y su crisis irreversible. Pero no es del caso traer todo ese universo argumental para insistir en que nadie puede negar que, con su evidente característica de militarización, ha entrado en una dinámica de inexorable decadencia. Y la tarea de los revolucionarios es batallar para apresurar su desmoronamiento, poniendo énfasis en la organización y la movilización, con ideas que nos permitan luchar cohesionadamente contra la descomunal máquina de desinformación y alienación que posee el sistema imperial.
Actualmente el Complejo Militar-Industrial norteamericano (en torno del cual se reproducen los de sus socios de la OTAN) contribuye de manera creciente al déficit fiscal y por consiguiente al endeudamiento del Imperio (y a la prosperidad de los negocios financieros beneficiarios de dicho déficit). De esto se desprende que su eficacia militar es declinante, al tiempo que su burocracia es cada vez mayor como lo es el aceleramiento de su decadencia general y la exacerbación de su agresividad guerrerista. Y la administración actual de la crisis de decadencia del capitalismo corre a cargo de un poder imperial global, que se acomoda y articula de uno u otro modo a las circunstancias económicas y políticas del campo internacional, promoviendo la más grande campaña de enajenación y desmovilización política de que se tenga noticia. Y en ello, desafortunadamente no le ha ido mal, porque si algún éxito pudiera adjudicarse el neoliberalismo, es precisamente el de haber conseguido minar la conciencia revolucionaria contra el capitalismo en casi todos los pueblos y clases sociales explotadas del mundo. La casi desmovilización general de la clase obrera y la incapacidad de las alternativas comunistas, socialistas o de izquierda por agrupar y movilizar a las grandes mayorías atropelladas por el sistema, son muestras de ello. El poder del capital se ha hecho tal que nadie se atreve a definir la fórmula para acceder, siquiera a mediano plazo, a una sociedad socialista capaz de evitar las presiones del mercado mundial o su influencia. Lo que se observo en los contados procesos de cambio social de corte popular en el poder, fue la preocupación por sobrevivir y avanzar con sumo tacto, priorizando las políticas democráticas y sociales sobre los traumatismos económicos que derivarían del choque frontal con el poder del capital.
Con todo y esto, para mi no cabe duda de que el capitalismo perecerá bajo el avance de los pueblos, pero la lucha contra él constituye un proceso más largo de lo que parecía. El trabajo ideológico, político y organizativo que demanda de los revolucionarios, es mucho más grande, intenso y necesario de lo que pensamos o soñamos. Pero la urgencia de este gran reto es evidente y los intentos no son desdeñables porque por todo el orbe han estallado y estallan luchas reivindicativas que expresan la inconformidad con las consecuencias del capitalismo neoliberal, luchas heroicas que logran arrancar pequeñas conquistas, pero que no se articulan con las de otros sectores o países en donde también se da la lucha. Entonces, ocurre que la dispersión y la falta de propósitos políticos claramente revolucionarios, que es el déficit que se le suele señalar como esencia de su génesis al progresismo, constituyen grandes obstáculos que tenemos que vencer, con proyectos unitarios de carácter nacional, regional y mundial.
No obstante, el señalamiento de tal «déficit», particularmente sobre los procesos democráticos y progresistas en la región quiero apuntar otras ideas que pueden ayudar a hacer una más justa valoración, y dar respuesta a las inquietudes sobre las vías que debemos tomar para enfrentar a la «Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista» según lo que traes a colación recordando el verbo de Mariátegui; con lo que entonces paso al decirte lo que pienso sobre tu tercera pregunta.
Mariátegui dijo: «a la Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, solo es posible oponer eficazmente una América Latina o ibera socialista», vinculando así el proyecto socialista a la integración continental con la emancipación de nuestros países. ¿Cómo entiende usted la integración de estos pueblos, especialmente el colombiano y el venezolano en estos tiempos de borrasca?, ¿qué papel juega el socialismo en el proyecto?
Santrich: Comencemos por decir que por las raíces históricas y culturales comunes, los pueblo de la América Meridional, esa que el Apóstol cubano José Martí llamó la América Nuestra, han tenido y seguirán teniendo un mismo destino, el cual no puede ser otro que el de la segunda y definitiva independencia de la que el héroe antillano nos habló también, sino el de la constitución de una sola gran nación de repúblicas hermanas tal como lo soñara y proyectara el Libertador Simón Bolívar como pionero y adalid de la integración continental y caribeña, precisamente observando en que ese tipo de unidad era la que nos podía librar de la voracidad imperial de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por razones geoestratégicas el escenario de América Latina es tenido por Estados Unidos como principal y decisivo para ejercer su control político y militar (espacio vital) y mantener su condición de potencia omnímoda. Es la herencia trágica de la Doctrina Monroe. De ahí la instalación de bases militares con presencia directa de efectivos estadounidenses y contratistas mercenarios, así como también el diseño de un esquema de control militar basada, entre otros instrumentos, en los llamados FOL (Forward Operation Location) que permiten movilidad estratégica, desencadenar guerras relámpago mediante bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido y la proliferación de acuerdos de seguridad con diversos países entre los que se cuenta Colombia, como punta de lanza para la avanzada recolonizadora.
Dentro de este enfoque, para la política internacional norteamericana, América Latina está condenada a permanecer alineada con este imperio y a ser el escenario fundamental para la expansión de sus transnacionales, lo cual implica que cualquier proceso de construcción de rumbos post capitalistas, o de realización de cambios que no coincidan con la estrategia hegemónica de Washington, estarán sometidos a acciones de contención, destrucción o desestabilización.
En consecuencia, los procesos de cambio que se han vivido en el siglo XXI y que, en tanto de ninguna manera son capítulos cerrados, siguen lanzando destellos de permanencia e influjo en la región, tal como ocurre por ejemplo en Venezuela (sobre todo), Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Nicaragua y El Salvador, tienen un origen común en la crisis generalizada de los modelos capitalistas del continente, con el agotamiento de las formas representativas restringidas del «juego democrático» (plutocrático) y de sus partidos tradicionales, coincidente con el descrédito del modelo económico neoliberal, que profundizó la miseria y la desigualdad en la región.
La extraordinaria ola continental de cambios revolucionarios y progresistas, que se desató iniciando un ciclo ascendente y esperanzador con el triunfo del comandante Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales venezolanas de 1998, quizás alcanzó su nivel más alto con la oposición radical que sentó en noviembre de 2005 contra el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) en Mar del Plata, y sentó las bases para la proyección y fortalecimiento del ALBA, que había sido creada entre Cuba y Venezuela en diciembre de 2004 como organización internacional de ámbito regional, que tendría el propósito de luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Con la crisis mundial del capitalismo, en 2008 se inicia el declive de esta fase de ascenso, suscitándose hechos que así lo corroboran, como la decadencia del Foro Social Mundial de Porto Alegre, y el cierto giro hacia la derecha que se produce en Brasil y Argentina, países que por muchos analistas se consideraba venían transitando un camino de «centroizquierda», y las presiones del bloque oligárquico-imperialista sobre los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se intensifican, observándose el desenvolvimiento, entonces, de un proceso de reorganización y reposicionamiento de los fuerzas conservadoras en el continente. En esto incide la promoción por el capitalismo global de la firma individual o asociada de tratados de libre comercio con muchos países de la región, que acceden a ello en contravía de la oposición generalizada al ALCA.
¿Podemos echar un vistazo sobre las particularidades de cada país que participaron en la llamada «Marea Rosa», que comenzó alrededor de 1998?
Santrich: Los procesos revolucionarios y progresistas son muy singulares, todos muy diferenciados y con sus particularidades, pero tienen en común que no surgen de un alzamiento popular armado, ni de la lucha guerrillera, pero han tenido como chispa que provoca el incendio en cada uno de los países, la inconformidad y la protesta de las masas, por la forma violenta como se ha disminuido la participación de las mayorías en la riqueza nacional y en la conducción política.
También tienen en común que, como procesos que se ligan íntimamente con la lucha de masas, la movilización popular se ha dado jalonada por movimientos sociales y nuevos sujetos políticos diferentes a los modelos clásicos de clase obrera y partido de vanguardia. Lo cual tampoco excluye el protagonismo de algunos partidos políticos en países como Bolivia (MAS), Venezuela (PSUV) y Ecuador (Alianza País). También habría que considerar que se da un fenómeno de contradicción no expresada en cuanto se producen legítimas expresiones de inconformidad de sectores sociales populares y sus organizaciones con gobiernos amigos o propios. Caso MST- Brasil, Quispe y su gente-Bolivia, CONAIE-Ecuador.
Igualmente hay que destacar que se trata de procesos que, en la mayoría de los casos, han puesto en primer lugar los legados autóctonos de rebeldes y patriotas de Nuestra América (Bolívar, Martí, Artigas, Sandino, etc.) al tiempo que reivindican las tradiciones de lucha de los pueblos originarios y las comunidades de base, poniendo como protagonistas de primer orden, en gran media, a las mujeres y a los jóvenes.
Dentro de los mismos pudieron diferenciarse los procesos que se adelantaban simplemente por el desarrollo social y económico, pero bajo el marco capitalista (Brasil, Argentina, Uruguay) de los que se proponían la construcción del socialismo (Venezuela, Ecuador y Bolivia). Se trata de una visión del socialismo distinta a la que históricamente ha defendido el campo comunista: en principio no contemplaron partidos de vanguardia, proscripciones masivas de la propiedad privada, ni eliminación de la burguesía. El debate sobre el «socialismo del siglo XXI» y sobre los nuevos aportes de estos procesos (el «buen vivir», la «revolución ciudadana») todavía está abierto para los revolucionarios de Nuestra América y en las FARC-EP se le dio la bienvenida y fue telón de fondo durante los diálogos de paz.
Los cambios que emprendieron estos gobiernos para superar las relaciones injustas de propiedad y de poder, o al menos para superar en lo fundamental las falencias de la participación ciudadana, ampliando los espacios de la democracia, e incluso algunos buscando establecer modelos pos-capitalistas, varios en vía al socialismo, constituyeron la piedra de toque para determinar qué tan compatibles eran sus aportes ideológicos y qué tan realista y posible era el llamado «socialismo del siglo XXI». De ahí la importancia de asumir un análisis serio y profundo, y con la más amplia visión, sin descalificar a ninguno desde la óptica de las nuevas FARC-EP, de todos los procesos democráticos y progresistas de la región, de sus logros y sus fracasos, sin perder de vista nuestros propios descalabros que más que de un influjo de cualquiera de estas experiencias, dependieron de una credulidad ingenua e injustificable en la palabra de un gobierno miserable y de una camarilla interna derrotista que abandonó los principios revolucionarios de origen.
Hay que tener en cuenta que de una u otra forma en estas experiencias, y más en las de los países bolivarianos, se adelantaron procesos sumamente importantes y valiosos en cuanto a ganar autonomía frente a las trasnacionales y el imperio, marchando por la senda de la redistribución del ingreso y el combate a la desigualdad y la miseria. De hecho, su impacto ha sido tal que hacia el año 2005, momento en que tiene un pico notorio, la BBC reportó que, de los 350 millones de sudamericanos, tres cuartas partes vivían en países con «presidentes que se inclinan por la izquierda, elegidos durante los seis años precedentes». Tal reporte expresaba que «otro elemento común de la «marea rosa» es la clara ruptura con el Consenso de Washington de comienzos de la década de 1990», haciendo referencia a los países latinoamericanos pertenecientes a una tendencia que el reportero del New York Times, Larry Rohter, usó para caracterizar la elección de Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay, pretendiendo ilustrar que se trataba no del asenso de ideas «rojas» (comunistas), sino más suaves o «rosa», o progresistas y socialistas más moderadas, pero en todo caso haciendo parte de un fenómeno de vuelta hacia la izquierda y centroizquierda que luego sería sucedido por una ola conservadora, que ubican en la década de 2010.
Aparte a la resistencia al Consenso de Washington, en materia de restablecimiento y defensa de la soberanía, la oposición a recibir imposiciones de Washington fue evidente, como también lo fue su oposición a la presencia de bases estadounidenses en el continente. Y sin duda, quien marcó la pauta en este campo fue el presidente Hugo Chávez con la proclamación de una revolución y una patria bolivarianas, haciendo cambios constitucionales y sociales en consecuencia. La revolución bolivariana fue el detonante y locomotora de ese proceso continental. Por su parte, el Presidente Correa en su momento en Ecuador, dentro de similar perspectiva, clausuró la base de Manta como escenario para la presencia de personal militar estadounidense y tomó otras medidas como auditar la deuda externa y quitar apoyo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Determinaciones parecidas tomó Evo Morales en Bolivia, expulsando a embajadores de Estados Unidos por intromisión en asunto internos, lo mismo que a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y a la DEA. Evo renegoció los contratos petroleros desfavorables a la nación en función de recuperar el patrimonio de los bolivianos feriado a las trasnacionales, etc. lo cual nunca le perdonaría el imperio.
En todos los casos, incluyendo escenarios como Nicaragua y Salvador, donde hubo y hay interesantes experiencias de avance popular, pero particularmente en los países bolivarianos, las acciones hostiles e intervencionistas de Estados Unidos no se hicieron esperar, mostrándose con mayor énfasis sobre Venezuela, país en el que se juega en gran dimensión el futuro de los procesos de cambio y de independencia en Nuestra América. Y es por eso que Estados Unidos declaró al gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza a su seguridad nacional, lo cual desde entonces o más que nunca ha puesto a Venezuela bajo la hostilidad pertinaz de los yanquis y de los gobiernos cipayos del orbe, generando el rechazo y repudio de su pueblo y de los gobiernos y organizaciones regionales y mundiales dignas que exigen la cesación de tanta agresión que ha tomado como principal plataforma de ataque a Colombia.
Cuba, aún con las enormes dificultades que le ha ocasionado el bloqueo criminal norteamericano, que ahora se ha intensificado, se mantiene como la experiencia de revolución y construcción socialista mas sólida en la región, constantemente evaluando, rectificando y avanzando, como faro de dignidad y ejemplo de conducción revolucionaria para todo el campo nuestroamericano.
En ese contexto es que se producen los principales hechos y retos políticos del continente, con factores de inestabilidad que es urgente evaluar con miras al futuro de la región y para recoger las experiencias en lo que para nuestro proceso sea valedero y útil.
De tal evaluación, lo primero a decir es que hoy, en América Latina y el Caribe se ha observado en el tránsito de década una desaceleración del ciclo de ascenso del movimiento popular y de los procesos mencionados, con la circunstancia especial de la crisis económica que el asedio imperialista ha generado en Venezuela, país que se había constituido en uno de los propulsores fundamentales de las transformaciones que se venían dando en favor de los desposeídos principalmente. No obstante, la lucha de clases se incrementa en muchos países, expresándose en las más diversas formas de movimiento real de masas, de resistencias a los extendidos procesos de desposesión y saqueo que adelantan las transnacionales de todo tipo, las minero-energéticas, las de «agro-negocios», y la depredación neoliberal en general.
En este entorno, bajo la dirección de Washington, y en diversos momentos, entonces, se han suscitado intentos de golpes de Estado que han sido frustrados casi siempre por la acción de las masas, o también se han dado «golpes institucionales», como los realizados en Honduras y Paraguay, y más recientemente en Bolivia, donde los Estado Unidos y sus cipayos locales se han salido con la suya. El imperialismo no se resigna a perder lo que considera su «retaguardia estratégica»; en ello empeña gran parte de sus esfuerzos, patrocinando y organizando con los sectores más entreguistas su proyecto de «restauración conservadora», ya sea mediante estrategias institucionales, impulsando partidos de derecha que traten de avanzar dentro de las reglas legales y electorales, o ya sea con estrategias conspirativas y sediciosas, tal como ocurre actualmente contra Venezuela, mediante «guarimbas»o disturbios vandálicos de la derecha en las ciudades o con lacayos tipo Guaidó que se prestan para el saboteo imperialista.
Esta situación llama la atención de la dirigencia política de los países que han emprendido el camino de las reformas que favorecen a las mayorías, y la llama también a la dirigencia popular, en el sentido de que la profundización de los procesos de transformadores jamás se dará cediendo o pactando con el poder central hegemónico, ni con sus agentes locales. La derrota del campo popular se impide consolidando las conquistas, profundizándolas sin detener la marcha, a partir de la cualificación de la organización de los movimientos sociales y políticos que se identifiquen con los cambios; a partir también de la educación, de la formación ideológica, de la concientización de los sectores populares y afines a la causa planteada.
En consecuencia, deberemos impulsar un proyecto socialista, dotado de una identidad autóctona, que partiendo de los aportes de los clásicos y las experiencias de lucha de los pueblos del mundo que han transitado formulaciones anticapitalistas, ha de buscar identidad en las raíces culturales propias, y es en este campo donde el papel de las gentes del común juega su principal protagonismo, incluyendo sin lugar a dudas la práctica profundamente ancestral de la comuna, de la minga y del trabajo solidario.
¿Que nos puede comentar con respecto a la Comuna Venezolana como propuesta de reorganización política y económica de la sociedad?
Santrich: Al respecto, y ya en referencia a la última pregunta, no conozco bien las experiencias del trabajo organizativo, político y productivo en Venezuela, pero sí he tenido noticia de la fortaleza del tejido social que forjó los planteamientos dejados por el comandante Chávez, específicamente en el plano del trabajo en comunas como semilla de lo nuevo y lo bueno en alternativa al caos que se vislumbra con la depredación ambiental del capitalismo. Y en ello, nuestras particulares experiencias encuentran identidad porque son las prácticas que mejores resultados nos han mostrado sobre todo en los escenarios rurales sean campesinos, de pueblos originarios o de territorio comunitarios afrodescendientes.
Tales experiencias son alternativa, sin duda, al carácter autodestructivo de las prácticas capitalistas catalizadas por la dinámica tecnológica dominante y la incapacidad de la economía mundial para seguir creciendo, circunstancia que acelera la concentración de riquezas en muy pocas manos y la marginación de miles de millones de seres humanos que «están de más» desde el punto de vista de la reproducción del sistema.
Aunque me extienda un poco quiero recordar que el Acuerdo de Paz, según uno de sus apartados esenciales que figura como «Acuerdo de 7 de noviembre de 2016», se firmó con el carácter de Acuerdo Especial, en los términos del Artículo Común tercero de las convenciones de Ginebra de 1949, y de ello derivó una «Declaración Unilateral ante el Secretario General de las Naciones Unidas», como compromiso de cumplimiento del Estado colombiano; y derivó la solicitud, como en efecto se hizo de la incorporación del contenido íntegro del Acuerdo de Paz a un Documento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tal «Declaración Unilateral de cumplimiento» se hizo ante el Secretario General de las Naciones Unidas mediante comunicación del 13 de marzo de 2017, y esta junto con una comunicación fechada en marzo 29 de 2017 por el mencionado Secretario General, agregando el texto del «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», llegó a la presidencia del Consejo de Seguridad, atravesando un procedimiento que culminó con la incorporación de los textos aludidos, al Documento S/2017/272 de fecha 21 de abril de 2017 del mismo Consejo de Seguridad. Todo lo cual comporta obligaciones adquiridas que debían cumplirse en respeto del Pacta Sunt Servanda, y del conjunto del Derecho Internacional.
Se trata de responsabilidades de Estado, que en teoría y según las buenas prácticas de convivencia pacífica de las naciones no pueden cesar por efecto de un cambio de Gobierno, porque de lo que se trata es de garantizar tanto la seguridad jurídica interna, como de asegurar la estabilidad jurídica internacional que son ineludibles factores de concordia; a no ser que existiera la determinación de actuar como Estado forajido procediendo contra el Acuerdo y contra el orden internacional, tal como se vio y se sigue observando respecto a la Jurisdicción Especial Para La Paz, por ejemplo, o con el desconocimiento que en su momento hizo la Presidencia del Senado de los Garantes Internacionales Cuba y Noruega, o el que hizo el mismo gobierno de Duque de los protocolos que regían las conversaciones con el ELN en La Habana.
