Por Gladys Olmstead, Resumen Latinoamericano, 7 de Agosto 2020
El conflicto entre Congreso, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad ya presenta efectos sobre el sistema de justicia y las relaciones políticas del país. ¿Qué resultados saldrán de esta nueva crisis? Cuatro expertos, jurídicos y políticos, analizan los posibles efectos sociales, económicos y políticos.
Desde hace casi un año, Guatemala vive inmersa en una historia que parece no tener fin: la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. Este proceso, que debería haber concluido hace nueve meses, se ha convertido en una fuente de conflictos que promete dejar secuelas profundas en el país.
Las investigaciones del Ministerio Público, apoyadas por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), desnudaron el sistema. Evidenciaron cómo el método de selección de aspirantes a magistrados es vulnerable a influencias externas, incluso de reos, y cómo se producen múltiples conflictos de interés entre los actores que eligen a los magistrados.
Estos hallazgos fueron suficientes para entorpecer como nunca antes el proceso de renovación de cortes pero, al mismo tiempo, insuficientes para promover una depuración de la lista de quiénes deberán ocupar los más altos cargos en el sistema de justicia.
No-Ficción conversó con varios analistas sobre la elección de las Cortes y los rastros que quedarán en la economía y la justicia, así como de los efectos que Guatemala deberá afrontar en distintas escalas del ámbito económico, social, político e internacional.
Los analistas describieron un panorama en el que la introducción de reformas en el sistema renovación de cortés se hace urgente, pero no será sencillo. El éxito de las reformas dependerá, en parte, del papel de los Estados Unidos. Pero aún con un cambio de inquilino en la Casa Blanca, no está garantizado que las mismas partes que hoy están en conflicto, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema y la mayoría de diputados en el Congreso alcancen consensos.
Mientras, la pandemia de COVID-19 aumenta la ‑ya existente- mora judicial y contribuye a descomponer un sistema de justicia que tiene serias dificultades para dar certeza jurídica. Lo que, a su vez, daña la confianza en el Estado de ciudadanos y empresas, y contribuye a mantener bajos los niveles de inversión.
Un panorama que genera algunas esperanzas y muchas incertidumbres.
Josué Felipe Baquiax es uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalado de negociar con Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi la elección las cortes en 2014. (Foto: Oliver de Ros).
Las inminentes reformas
Si una sensación predomina en el ambiente tras presenciar una elección de cortes como la actual (2014−2020) es que el sistema está agotado y reformas que fortalezcan la nominación de jueces más independientes son urgentes. Al mismo tiempo, a nadie escapa que esto será complicado, dada la resistencia que ha mostrado el status quo ante los intentos de introducir cambios. Los antecedentes son cercanos.
El ex-canciller (2000 – 2002) y analista político, Edgar Gutiérrez, recuerda que el tema de reformar la manera en la que se elige a los jueces y cómo se imparte justicia en el país, “ya viene trabajándose desde hace más de 10 años: no es algo nuevo”. El último intento fue la iniciativa 5179 del Congreso de la República presentada en 2016.
Este proyecto fue el resultado de un proceso de discusión que duró varios meses e involucró a diversos sectores, incluidos el sector privado organizado, el Organismo Judicial, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), autoridades indígenas y la sociedad civil. Esta iniciativa fue presentada al pleno de diputados en el Congreso, y luego fue enviada a la Comisión de legislación y puntos constitucionales, donde terminó engavetada.
Durante su posible discusión dentro del hemiciclo se despertó un fuerte movimiento en contra del proyecto de ley por parte de partidos políticos, el sector privado organizado y grupos conservadores de la sociedad civil, lo que motivó a que no se haya vuelto a discutir desde 2017.
Después estallaron los casos de corrupción llamados Comisiones Paralelas, que pusieron en evidencia cómo el proceso de renovación de cortes de 2014 estuvo plagado de tráfico de influencias, reuniones secretas y sobornos. Y, aunque sin éxito, se volvió a poner sobre la mesa la necesidad de la reforma.
El actual proceso de selección de magistrados, en el que se han vuelto a revelar los mismos problemas, podría impulsar definitivamente una reforma, al menos parcial, como opinan los expertos consultados.
“Yo creo que hay consensos en que el nombramiento de los magistrados debe ser por un período más largo. También que la corte no debe nombrarse toda al mismo tiempo, sino que debe ser intercalado. Una carrera judicial con algún tipo de Consejo, y un órgano rector específico. Que el nombramiento sea por oposición, ya no comisiones de postulación, que creo que es un modelo que, en la práctica, genera grupos de interés; aunque en papel se miraba bien”, dice Julio García-Merlos, abogado dedicado al litigio penal, con maestría en Finanzas y Tributación.
Según Lorena Escobar, la investigadora jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), lo que ha evitado una reforma constitucional, y del sector justicia, ha sido la falta de voluntad política. Pero, en su opinión, existen ciertos acuerdos que podrían concretarse.
“Es posible que se visualice el peligro de la institucionalidad, que no conviene a muchos, y que se genere la voluntad política de apoyar y fortalecer la carrera profesional en el sistema de justicia como también en los partidos políticos”, explica la analista jurídica.
«El hecho de que el día de la elección, el Departamento de Estado sacara lo de la designación de (Gustavo) Alejos es un mensaje clarísimo», Édgar Gutiérrez, ex-canciller.
Cicatrices políticas
La posibilidad de reforma, sin embargo, depende en parte de un factor que nadie obvia: Estados Unidos y su voluntad de impulsar, o no, cambios que fortalezcan la institucionalidad en Guatemala.
Hasta el momento, la mayoría de reacciones en Estados Unidos hacia el actual proceso de elección de cortes han sido a favor de la reformas y de las instituciones que las respaldan, como la Corte de Constitucionalidad.
El 23 de junio, la directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Adriana Beltrán, dijo en un comunicado de prensa: «El Congreso tiene la obligación y responsabilidad de asegurar a la ciudadanía un proceso que no permita la infiltración de jueces vinculados a intereses privados o ilícitos”.
Y, el 30 de junio, el senador estadounidense Patrick de Leahy defendió a la Corte de Constitucionalidad a través de sus redes sociales. Y agregó que tanto la Fiscal General como el Presidente deben defender la labor de esta corte y de los tribunales. Indicando que éstos han sido objeto de ataques por “legisladores y organizaciones criminales que buscan ignorar sus fallos y destituir a los jueces que tienen la defensa del estado de derecho”. Y agregó que “si se les permite tener éxito sería un grave revés para el país y una señal de que han prevalecido la ilegalidad y la impunidad”.
Sin embargo, Estados Unidos está sumido en un proceso electoral cuyo resultado impactará en Guatemala.
Según Fernando Carrera, ex-canciller (2013 – 2014) y analista, los actores contrarios a las reformas están tratando de aprovechar los últimos meses de la primera administración de Donald Trump para conseguir una cortes a su gusto y así prepararse ante un eventual cambio en la Casa Blanca.
“Nada es riesgoso mientras no cambie el Presidente y el Congreso de EEUU” explica Carrera, “porque la línea que trae Biden y que traen los demás demócratas en el Congreso es claramente de acabar con estos corruptos. Les van a dar el peso completo a las agencias de EEUU para que le entren duro, como le entraron en 2015 (cuando cayó el gobierno de Otto Pérez Molina). Ellos están jugándose el todo por el todo ahorita”.
La presión proveniente de Estados Unidos en años como 2015 logró la aprobación de reformas importantes como la de la Ley de Electoral y de Partidos Políticos, sobre todo alrededor del delito de financiamiento electoral ilícito y el no reportado. En el pasado, el Departamento de Estado y sus políticas hacia Guatemala han demostrado ser una de las influencias más poderosas e importantes dentro de la institucionalidad guatemalteca.
Esa presión y acompañamiento externo desde Estados Unidos es tan obvia cuando se hace presente como cuando se echa en falta. Durante la presidencia de Barack Obama se sintió. Durante la de Donald Trump, menos enfocada en la región y la lucha contra la corrupción, la actitud ha sido más ambivalente.
La expulsión de la CICIG y su comisionado, Iván Velásquez, ocurrida entre 2017 y 2019, tuvo lugar sin que Estados Unidos se manifestara en contra de la salida de un actor que ha sido clave en la última década en el país.
Pero la administración Trump también ha dado pasos a favor de la lucha contra la impunidad.
Durante su mandato dos prominentes políticos guatemaltecos terminaron presos en Estados Unidos: Manuel Baldizón, aprehendido por lavado de dinero y Mario Estrada, capturado por narcotráfico y conspiración para el asesinato de rivales políticos.
Además, la actual administración, aunque de manera sutil, también se ha pronunciado durante el actual proceso de renovación de cortes.
Ambos ex-cancilleres, Edgar Gutiérrez y Fernando Carrera, coinciden en que cuando el Departamento de Estado, el mes pasado, designó al empresario, financista y operador político Gustavo Alejos como “involucrado en corrupción significativa” Estados Unidos quiso enviar un mensaje claro acerca de en qué lado está en la lucha por la justicia en Guatemala.
“El hecho de que el día de la elección, el Departamento de Estado sacara lo de la designación de (Gustavo) Alejos es un mensaje clarísimo. Y van a seguir enviando mensajes de ese tipo (desde) Estados Unidos, sobretodo. A Naciones Unidas no lo veo, la OEA menos, Unión Europea está muy distante… pero Estados Unidos sí”, dice Gutiérrez.
Carrera agrega que este mensaje no parece haber sido entendido por la clase política en Guatemala “la sanción a Gustavo Alejos, la tomaron como una sanción a Gustavo Alejos. No como una sanción al grupo, y por lo tanto consideran que todo continúa”, comenta el analista.
Gustavo Alejos es el máximo acusado en el caso Comisiones Paralelas 2020 y Estados Unidos emitió un comunicado implicándolo en corrupción y negándole la entrada al país. Foto: Oliver de Ros.
Además de lo que suceda en Estados Unidos, el futuro de las reformas al sistema de justicia también dependerá de lo que ocurra en Guatemala, especialmente en dos instituciones: el legislativo y la Corte de Constitucionalidad.
La actual elección de cortes ha puesto en evidencia que, al igual que sucedió durante el gobierno anterior, cuando el legislativo estuvo dominado por lo que se denominó como el “Pacto de Corruptos”, de nuevo existe una alianza liderada por el partido oficial, capaz de imponerse sobre los grupos que desean cambios.
Pero de la coyuntura también ha emergido un grupo de 50 diputados, más grande que nunca antes, que parece favorable a promover un sistema de justicia más independiente. Esto se hizo patente cuando estos 50 diputados, entre ellos gran parte de la bancada UNE, remitió una carta a la Organización de Estados Americanos para denunciar que la institucionalidad en Guatemala corría el riesgo de ser cooptada por redes de corrupción.
La consolidación de este bloque podría favorecer el impulso de reformas en el futuro.
En cambio, las perspectivas sobre la situación en la Corte de Constitucionalidad no son tan favorables.
El excanciller Gutiérrez se muestra convencido de que esta Corte de Constitucionalidad es el objetivo principal de los actores favorables al status quo. “Lo que quieren es maniatar a la CC, le quieren reducir su manutención. Si de ellos depende se llevan la elección de Cortes hasta abril (de 2021), y toman el control de la nueva CC. Eso es lo que les convendría. Y subir el volumen amenazando con la pesquisidora (que actualmente decide si los magistrados de la CC pueden ser procesados) para ellos manejar sus tiempos”.
Gutiérrez también considera que en los últimos años la Corte de Constitucionalidad ha cobrado cierto protagonismo, lo que ya representa un desgaste.
Los magistrados de la CC han tomado decisiones que han tenido efectos directos en el país. Algunos ejemplos de esto son los fallos sobre la extracción minera y los pueblos indígenas, la resolución mediante la cual se ordenaba permitir la entrada del comisionado de CICIG, Iván Velásquez, al país en agosto de 2017, o los amparos resueltos durante las elecciones generales de 2019, mediante los cuales se dejó fuera a candidatos y candidatas presidenciales con considerable base electoral.
“Esta ofensiva va a tener su costo para la CC. Este es su último año y yo no creo que solita la CC pueda soportar este alud. Entonces yo sí creo que va a salir un tanto debilitada, menos protagonista al menos, en los meses que les restan”, explica el ex canciller Édgar Gutiérrez.
La Corte de Constitucionalidad se posicionó apoyando al Ministerio Público en su intento de frenar la elección de magistrados señalados, confrontándose así a la CSJ y el Congreso. (Foto: Oliver de Ros).
Los efectos económicos
Uno de los actores que más ha cuestionado a la actual Corte de Constitucionalidad ha sido el sector privado tradicional, organizado en CACIF. Esta entidad fue crítica con la Corte en sus resoluciones sobre minería y pueblos indígenas, alegando que dañaban la certeza jurídica para las inversiones.
Durante el proceso actual de renovación de magistrados, el sector también se ha manifestado en contra de fallos de la Corte de Constitucionalidad que buscaban frenar el proceso y promover una depuración de los aspirantes.
CACIF ha hecho más énfasis en que el proceso de elección de magistrados finalice lo antes posible y que se cumplan los plazos legales, que en que quienes ocupen las magistraturas sean los mejores jueces posibles.
De nuevo, la organización que agrupa a una parte de la élite empresarial ha mostrado que apuesta por el continuismo, por un sistema de justicia similar al existente.
Esto a su vez, remite a otro problema que se cierne sobre el país: si muchos de los principales empresarios se oponen a cambios que, en principio, proporcionarían más certeza jurídica y por tanto más confianza a la inversión, ¿Qué se puede esperar de la economía nacional?
Las perspectivas no son buenas. El analista García-Merlos explica que Guatemala continuará perdiendo inversiones. En su experiencia, un sistema de justicia inestable, ineficaz y colapsado como el de Guatemala, ahuyenta la inversión extranjera. Y tiene efectos negativos en los indicadores internacionales que miden la manera en que se administra la justicia y la percepción de confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de justicia.
“Cuando una persona, una empresa, una multinacional va a invertir a un país, evalúan si los contratos con sus proveedores y con sus clientes, se van a cumplir. Eso incide en la decisión de venir a invertir o no. La inversión busca lugares que son más amigables y vemos que Guatemala pierde inversión”, dice el abogado, Julio García-Merlos.
Consecuencias sociales
La Corte Suprema de Justicia, otro actor clave en la coyuntura también sufrirá desgaste, opinaron los analistas.
Uno de sus problemas es que en el actual proceso de renovación de cortes, claramente se han posicionado como contrapeso a la Corte de Constitucionalidad y a favor de la mayoría oficialista en el Congreso. Esto ha dañado su credibilidad, según algunos analistas.
“(A los magistrados de la CSJ) nadie les da crédito. En el período 2015 – 2017 se doblegaron a la CC y al MP, y sus electores –Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Manuel Baldizón- hay que ver cómo están, ahora. Pero una vez que se debilita y sale la CICIG, vuelven y recuperan su verdadera naturaleza: una Corte de impunidad”, considera el ex-canciller Gutiérrez.
Pero, además, la CSJ enfrenta otra gran reto. Como máxima autoridad del Organismo Judicial, tendrá que lidiar con las consecuencias de un sistema de justicia aún más colapsado por la suspensión del funcionamiento de los tribunales por la pandemia.
Julio García-Merlos comenta que las perspectivas no son buenas ya que actualmente el sistema de justicia no resuelve ni siquiera conflictos civiles como temas de familia, laborales, de contratos o arrendamientos, lo cual podría tener repercusiones económico-sociales:
“Estos conflictos humanos que se dan y se van a seguir dando, obligan a buscar otra válvula de cómo funcionar. Lo que genera inestabilidad, incertidumbre, y si no se pueden resolver estos conflictos al final se repercute en una falta de certeza jurídica. A muchos nos preocupa que sumando la crisis de la COVID esto podría llegar a problemas sociales que ya hemos visto en otros países como protestas, bochinches, estallidos sociales”, explica García-Merlos.
Un sistema de justicia colapsado, atravesando una pandemia mundial y ahora sumado a una crisis política trae más consecuencias negativas que positivas al país. Y además demuestra que se encuentran “lejos de empezar a trabajar sobre una agenda o ruta nacional, lo que están haciendo es perder el tiempo en esa confrontación entre unos y otros de luchas de poderes. En lugar de tener un objetivo en común como país con una agenda de país, índices a mejorar”, insiste el abogado.
Fuente: No-Ficción
