La organización ciudadana advierte que no aceptará “que el
ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales
y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se
haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos”
La coordinadora estatal Recuperando, que agrupa a una veintena de
colectivos patrimonialistas ‑MHUEL entre ellas‑, teme “que el
Gobierno central esté negociando en secreto con la Iglesia una
salida en falso al escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones”,
tal como parece deducirse “de recientes informaciones de prensa”.
La organización ciudadana advierte que no aceptará “que el
ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales
y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se
haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos”.
Recuperando exige “una solución global de carácter legislativo
al escándalo de los más de 100.000 bienes inmatriculados por los
diocesanos desde 1946 al amparo de un subterfugio jurídico que
permitía a la Iglesia inscribir a su nombre inmuebles sin aportar
títulos escritos de propiedad”.
El colectivo considera “que todas las inscripciones son nulas de
pleno derecho, por contravenir el artículo 16 de la Constitución
española, y que resolver el asunto de forma individualizada en los
tribunales sería inviable por su alto coste y el monumental embrollo
administrativo que supondría”. Esa opción, argumenta el
colectivo, “representaría de facto la amnistía registral de casi
todos los inmuebles inmatriculados”.
La Generalitat de Catalunya, por su parte, acaba de hacer público
el listado de bienes inscritos a nombre de la Iglesia desde 1946.
Desde Recuperando aplauden la decisión, “que es un ejemplo de
transparencia en asuntos de interés general, y deja en evidencia al
Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo compromiso con la publicación del
listado de inmatriculaciones en todo el Estado español incumple
desde hace dos años”.
En cambio, Recuperando, discrepa “de la solución arbitrada por
la Generalitat. El Govern catalán ha abierto una oficina de
mediación para dirimir los conflictos de propiedad que se puedan
producir entre ayuntamientos y particulares, por un lado, y los
obispados”. Para la coordinadora patrimonialista, “esta opción
es una forma de convertir en litigios privados lo que, a todas luces,
es una cuestión de Estado con graves implicaciones en relación al
patrimonio público”.
“Miles de monumentos, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda
de Sevilla, el tesoro mudéjar de Aragón, o el prerrománico
asturiano han sido privatizados por la Iglesia católica aprovechando
un vacío legal y un subterfugio jurídico”, por ello, afirman que
“el Gobierno central está obligado a defender el valioso legado
histórico apropiado por la Iglesia, que además es rehabilitado y
sostenido con cuantiosos fondos públicos”.
También la Generalitat valenciana acaba de mover ficha al
requerir al Gobierno central el listado de bienes inmatriculados en
su territorio entre los años 1998 y 2015. En una carta al Ministerio
de Justicia, la Consejería de Transparencia denuncia el “mayor
expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia católica”
y quiere “investigar si algunos de los inmuebles inscritos a su
nombre por los obispos pueden pertenecer al dominio público”.
Recuperando trabaja “en una propuesta concreta para dar una
solución global al dislate de las inmatriculaciones y la presentará
públicamente en las próximas semanas”. Mientras tanto, insta “al
Gobierno de Sánchez a trabajar con transparencia en la resolución
del conflicto y a poner fin a la opacidad en sus negociaciones con la
Conferencia Episcopal”.
Fuente: arainfo.org
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