Los Char son intocables porque han logrado levantar a su alrededor unas murallas de impunidad más fuertes que las históricas de Cartagena. Por eso se pasean tranquilos en medio de la tempestad de la corrupción y siempre salen ilesos. Ni siquiera los rayos de la denuncia de Aida Merlano que los vincula con los dólares de narcotráfico del Ñeñe Hernández en financiación de campañas, compra votos y el pago de fraudes electorales, pudieron tocarlos.
Si tuviésemos jueces intachables ya se habrían investigado los nexos de la prosperidad de grandes cadenas de almacenes y de los delitos electorales, con el lavado de activos. Pero casi todos sucumben ante el cosquilleo placentero del fajo de billetes sobre la mano. El vértice del enorme iceberg, que son los contratos de la ministra Abudinen, no son aprovechados por ninguna autoridad judicial para procurar castigo judicial a los ladrones del Estado. Las ratas han destruido y siguen destruyendo nuestro futuro de vida digna en medio de una impunidad criminal que lesiona el alma nacional. Con lo que se roban todos los días podríamos dar los primeros pasos de un plan de choque social para salir de la pobreza.
La justicia en este caso solo aplica a los “roba gallinas” de la corrupción como alcaldes y uno que otro gobernador sin ángel de la guarda en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Corte Suprema, o en la Contraloría. A esos pobres “pelagatos”, son los funcionarios de provincia, sí se les aplica todo el peso de la ley, y son mandados a la cárcel, expropiado sus bienes o extraditados a los Estado Unidos.
Si se es del clan Char, no problem. Si la ministra Abudinen es cuota de los Char, no hay problema. La procuradora general Margarita Cabello, que también es cuota de los Char en el gobierno ‑y hasta hace poco magistrada de la Corte- será garantía de impunidad, lo mismo que el presidente Duque quien no solo mantiene en el cargo a la corrupta, sino que ha salido a decir en defensa de la funcionaria que, en agosto del 2022, el país tendrá conectividad del 70%, como si ya hubiésemos olvidado que prometió reconstruir en tres meses a San Andrés y Providencia, destruidas por un Huracán; y ya vamos para un año, y nada. Este país no merece ser dirigido por demagogos indolentes.
Sintonicémonos: A los jueces y magistrados, procuradores, contralores y fiscales que actúen como garantes de la impunidad de las ratas del Estado, debe aplicárseles la misma pena judicial, que debieran recibir los ladrones que defienden. Luchemos todos por un nuevo gobierno de manos limpias.
FARC-EP
Segunda MarquetaliaSeptiembre 6 de 2021