A finales de marzo de 2022 se van a cumplir 30 años de nuestro despido de la UPV/EHU, en el año 1992. Actualmente seguimos con nuestra pankarta en la puerta de entrada al campus de Leioa reclamando una solución justa a este largo y prolongado contencioso. En este aniversario queremos fijar los hechos y acontecimientos mas importantes que llevaron desde la primera Asamblea general de profesores no numerarios (PNN) al reconocimiento, a través de una ley vasca, de categorías de Profesorado Propio con contrato laboral. Para nosotros es algo más que la historia de un gran movimiento universitario. Es la historia de una gran parte de nuestras vidas, con todo lo que ello significa. Porque esa lucha ha ido conformando en el tiempo nuestra personalidad, carácter y visión del mundo. En ese microcosmos universitario ha tenido representación la mayoría de las contradicciones que sacudían a la sociedad.
El movimiento de los PNN en el Estado español
Podemos considerar a la asmablea de Granada como el origen formal del movimiento de los PNN en el Estado español ya que en ella se formularon las bases organizativas y programáticas de dicho movimiento. Eran unas bases que propugnaban la Autonomía universitaria, la Democratización integral de esta entidad y la participación de toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones. En una situación de gran precariedad laboral el movimiento planteaba la estabilidad en el empleo mediante la figura del CONTRATO LABORAL en las categorías de profesor en formación y profesor de base. Esta figura jurídica se oponía al FUNCIONARIO estatal vitalicio por oposición, que jerarquizaba la actividad universitaria, corporizaba sus funciones, y la hacia dependiente del poder político y el Estado, orientando a la Universidad en el sentido de aparato del Estado más que de institución al servicio a la sociedad. Lo cual tenía su repercusión en las tareas docentes e investigadoras. Y este tipo de funcionamiento se agravaba con la pervivencia del régimen franquista, pues convertía a la Universidad oficial en un aparato burocrático represivo al servicio del franquismo. De ahí la necesidad de separar al profesorado de ese régimen funcionarial para distanciar las funciones universitarias de su subordinación estatal y colocarlas al servicio de la ciudadanía en general. Se quería en suma, por lo menos de parte de su vanguardia, convertir a los docentes de representantes de un Estado en servidores-presentados de intereses sociales y populares De ahí que se autodefinieran como trabajadores de la enseñanza en un gesto claro de acercamiento a la dinámica clase obrera de la época.
El movimiento de los PNN se vinculó desde un principio al resto de movimientos sociales y populares siendo partidaria la vanguardia dirigente de la denominada ruptura democrática gracias, en un principio, a la influencia de los partidos de izquierda de la oposición franquista. Intentó, por lo tanto, vincularse con otros movimientos de enseñantes, barrios, obreros y demás clases populares que luchaban contra el franquismo. Muy influidos algunos de sus dirigentes por el mayo francés, el movimiento de los PNN fue un poderoso agente de divulgación en la sociedad española de las novedades culturales y de pensamiento que provenían de otras naciones y difusor relevante de los intelectuales y artistas españoles relegados o perseguidos por el régimen franquista, convirtiendo a la Universidad en un gran campo de creación e innovación, así como en fuente de difusión de la cultura pasada y presente que se encontraba arrinconada, tanto a escala estatal como internacional. Junto a la Universidad oficial, anquilosada política, ideológica y culturalmente se levantaba una Universidad alternativa viva, dinámica y democrática cuyo desarrollo se veía interrumpido por la cada vez mayor represión de un régimen en declive.
El movimiento de los PNN se organizó a través de la Asamblea General, la Coordinadora y la Comisión Permanente. A lo largo de su historia llevó a cabo 10 asambleas generales en distintas universidades. Hubo años en los que varias universidades estuvieron paralizadas durante varios meses en sus principales facultades debido a las huelgas generales convocadas, como ocurrió en el País Vasco en el curso 1976 – 77. Sin embargo, la victoria de la llamada Reforma política sobre la Ruptura contribuyó a la derrota del movimiento en su plano político pues la dirección comunista que lideraba el movimiento de los PNN dio orden de parar el proceso huelguista debido a las condiciones puestas para el reconocimiento del Partido Comunista y su incorporación al pacto constitucional. A partir de entonces muchos independientes se retiraron del movimiento y este pasó a una situación defensiva intentando ahora la introducción del contrato laboral, desde un punto principal de estabilidad en el empleo, en la ley anunciada por la UCD (LAU). De 1977 a 1982 hubo un largo proceso de desarrollo de esta ley siendo su borrador mas significativo el presentado por el ministro de Educación Luis González Seara que contó con la colaboración del que fue rector de la Universidad de Bilbao, Ramón Martín Mateo. En ese proyecto se introducía en el profesorado, junto al funcionariado, la figura del CONTRATADO LABORAL. Desgraciadamente, la descomposición de la UCD, la dimisión de Suárez, el 23F y la intervención de fuerzas fácticas como la Iglesia y los catedráticos de Derecho Administrativo liderados por García de Enterría, que defendían los privilegios clásicos de los funcionarios, acabaron con ese proyecto legislativo. La victoria electoral del PSOE despertó de nuevo al movimiento ya que en su antiguo papel de oposición este partido se había posicionado a favor del contrato laboral y algunos de sus dirigentes habían participado en el movimiento general de los PNN. Hubo un momentáneo resurgir de las posiciones político-laborales de antaño pero el PSOE en uno de sus característicos saltos hacia atrás de sus posiciones que han venido acompañando su devenir político, aprueba en 1983 la LRU, ley que consagraba el Todos Funcionarios. Para 1987 el 80% del personal docente debía ser funcionario y el 20% restante Asociado Administrativo con carácter temporal, destinándose esta ultima figura a aquellos profesionales que desarrollaban su actividad laboral fuera de la Universidad. Las pruebas de idoneidad que se celebraron a continuación estabilizaron a un sector de los antiguos PNN en categorías funcionariales mediante un simple concurso de méritos, sin necesidad alguna de oposición. Se terminaba de esa manera un movimiento que junto al de los estudiantes, el movimiento obrero y la izquierda abertzale en el País Vasco había protagonizado principalmente la lucha antifranquista y el proceso de transición.
El movimiento de los PNN en la Universidad de Bilbao
En la llamada Universidad de Bilbao, que luego pasaría a denominarse UPV/EHU, la derrota política del movimiento de los PNN en el curso 1976 – 77 daría lugar a una huida de independientes y un mayor centramiento de las reivindicaciones en el ámbito local, reduciéndose un tanto la presencia del movimiento en el ámbito estatal, aunque se siguió manteniendo su presencia en las asambleas generales y la coordinadora de PNN estatal. Aunque algunas facultades habían participado en 1972 y 1975 en las asambleas estatales el nacimiento propiamente dicho del movimiento organizado en la Universidad de Bilbao había que datarlo en el año 1976, cuando a raíz del nombramiento de rector de esta Universidad de Ramón Martín Mateo se crea la coordinadora de los PNN de Bizkaia que luego pasaría a ser coordinadora vascongada, con la incorporación de algunos centros de Gipuzkoa y Álava. La presencia de Martín Mateo en la dirección de la Universidad de Bilbao fue clave para el reforzamiento del movimiento. Este rector, miembro del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, fue componente de la primera Junta de Gobierno de la Universidad de Bilbao, secretario de esa Universidad durante el rectorado de Justo Pastor (1972−75) y rector en el periodo 1976 – 79. Prestigioso catedrático de Derecho Administrativo era un firme partidario del CONTRATO LABORAL y había participado en uno de los borradores de la después fenecida LAU, en la época de ministro de González Seara.
La relación entre la coordinadora de los PNN vascos y el rector fue de colaboración-oposición. En primer lugar, colaboración para estabilizar la Universidad en una situación de crisis económica, política y social con multitud de conflictos tanto fuera como en el interior del Universidad. La coordinadora favoreció la canalización de esos conflictos internos por medio del diálogo, la negociación y el acuerdo, consiguiendo que la entidad académica se salvara en varias ocasiones de la intervención policial. A pesar de la época el rectorado y las facultades permanecieron abiertos a todos, sin guardas jurados parapoliciales, policías y medidas de seguridad. Al contrario de los rectorados que comienzan con Emilio Barberá. Y en segundo lugar, aunque simultáneamente, oposición porque la coordinadora de PNN planteó una larga batalla para conseguir del rector la puesta en marcha de un Proceso constituyente en la Universidad para elaborar unos nuevos estatutos universitarios que contemplasen la inclusión de figuras propias laborales al margen de las funcionariales. Los estatutos provisionales con los que se regia la Universidad de entonces, derivados de la obsoleta Ley General de Educación de Villar Palasí, eran retrógrados y los órganos de Gobierno estaban totalmente controlados por la élite funcionarial de los catedráticos, marcadamente conservadores en su gran mayoría. Hubo una gran presión sobre estos órganos por parte de la coordinadora con el apoyo puntual de los estudiantes. Lo bueno de Martín Mateo es que se dejaba prescribir, es decir utilizaba la movilización de PNN y estudiantes para cambiar la relación de fuerzas en las juntas y tomar medidas en la dirección de las reivindicaciones de los PNN. Como un buen prestidigitador utilizaba el poder inmenso que le proporcionaba el cargo para introducir novedades en los viejos estatutos franquistas, interpretar ciertas normas y neutralizar las inservibles. Al final y presionando continuamente con su dimisión y la perspectiva de un caos universitario se adoptaron disposiciones que alteraban totalmente el contenido normativo anterior. Al dimitir de su cargo en 1979 dejó como herencia el nombramiento de tres vicerrectores como terna provisional sucesoria, su ratificación posterior en un claustro que tenía que designar al nuevo rector, la creación de la figura no legal de un vicerrector PNN, un Claustro Constituyente de 511 componentes y paritario entre numerarios, PNN y estudiantes, con amplia representación del Personal de Administración y Servicios (PAS ) y el mandato a ese claustro de elaborar unos nuevos estatutos democráticos que pusieran fin al legado franquista anterior. La vieja ley estaba muerta, aunque no desaparecida, y no existía aún una ley nueva. Eran necesarias unas normas transitorias provisionales de funcionamiento universitario sin cobertura legal plena hasta que una normativa futura, que se pretendía que emanase del Parlamento Vasco, permitiese ofrecer dicha cobertura.
El Claustro Costituyente
Las sesiones del Claustro Constituyente se prolongaron de 1979 a 1985, fecha del traspaso de competencias a la UPV, y conocieron dos etapas diferentes. La primera que se extiende de 1979 a 1982, en la que fueron ratificados unos vicerrectores, no ratificado otro, designado un nuevo vicerrector, elegido un vicerrector de PNN, denegada una candidatura a rector, creadas comisiones de elaboración de estatutos, presentados borradores de estatutos, aprobada una moción contra la LAU, aprobadas ponencias que iban a servir como base para los estatutos etc. En esos claustros se produjeron los debates mas intensos, apasionados, participativos y densos de toda la historia de la UPV y donde se produjo una unidad entre PNN, estudiantes y parte del PAS, con la mayoría del sector funcionarial ‑que no comulgaba con el proceso- ausente o boicoteando el proceso. Hubo en ellos ponencias con proyectos universitarios, discusiones sobre el modelo de Universidad, planteamientos creativos y transformadores. Una gran fiesta democrática que generó un espíritu estatutario que a la fuerzas contrarias a él les resultó más tarde difícil de abatir.
Los borradores de los estatutos introdujeron figuras de Profesorado Propio con CONTRATO LABORAL, y comisiones paritarias de evaluación y control académico, dentro de una gestión democrática y se tuvieron en cuenta las peculiaridades culturales y lingüísticas vascas. En suma, los criterios empleados en la aprobación de los estatutos en esta primera fase fueron los de autonomía, democracia, control del profesorado, igualdad entre funcionarios y laborales en términos de derechos, descentralización, desarrollo y defensa de la lengua y cultura vascas y extensión universitaria para conectar la Universidad con su pueblo.
En la segunda de las etapas, que se extiende de 1982 a 1985, podríamos calificar a los claustros de constituidos más que de constituyentes. Goio Monreal, considerado como el sucesor de Martín Mateo, elegido Rector en 1981 se encargó de dinamitar la labor preparada por este último. Cuando iba a presentarse el ultimo borrador de estatutos de carácter progresista y elaborado por una comisión presidida por el profesor de Derecho, Javier Hualde, Goio, en una especie de golpe de estado, presentó, con absoluto desprecio al trabajo desarrollado por la Comisión de estatutos, una enmienda a la totalidad redactada con la colaboración de Juan Luis Ibarra ‑el que fuera elegido posteriormente presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV). Esta enmienda es aprobada en el Claustro y serviría desde entonces como texto base. Goio manifestó públicamente su oposición al texto estatutario original al que acusó de contener ingredientes de asamblearismo, de constituir una iniciativa irreal y de chocar contra las leyes, tanto las vigentes, de carácter franquista, como las que previsiblemente llegarían en un futuro. Hay que tener en cuenta que la política de alianzas había cambiado a consecuencia de la crisis pasada por la UPV y ahora la mayoría del sector funcionarial y grupos de los PNN y PAS apoyaban al rector. La posibilidad de que el rector dimitiera en el caso de no aceptarse su propuesta y la Universidad volviera a una situación ya anteriormente padecida de parálisis institucional, decantó la balanza claramente a su favor.
Sin embargo, sobre todo los estudiantes, presentaron una avalancha de enmiendas para alterar el texto de Goio Monreal. La mayoría fueron rechazadas y en un ambiente de gran tensión se discutió si deberían o no pasar todas las presentadas. Algunas enmiendas importantes lograron colarse pero gracias a ciertas trampas en el procedimiento no se añadieron al texto. Los estudiantes que fueron protagonistas del proceso estatutario se hartaron de este bloqueo continuo e interrumieron el Claustro, circunstancia que Monreal aprovechó para suspenderlo y dar por finiquitado el proceso estatutario supuestamente constituyente.
Con la aprobación de la LRU socialista ya existe ese marco legal y Goio se compromete a la aprobación de unos estatutos para la UPV, ahora si, plenamente legales. Aprovecha el cambio en la composición del Claustro que de paritario pasa a ser dominado por los funcionarios doctores que tienen un 48% de representación y por lo tanto dominan ese órgano. Goio se presenta en 1984 a la reelección y consigue la aprobación estatutaria con una mayoría amplia. La única batalla se produce en el tema del CONTRATO LABORAL que es defendido por estudiantes y PNN pero que no logra introducirse porque Goio considera que ahora es ilegal y que su inclusión acarrearía la imposición de unos estatutos por parte del gobierno español. Ante esta amenaza, el Claustro, ahora constituido, vota en contra de la relación laboral pero con una apretada diferencia. El contrato laboral, no contemplado por la ley estatal, es ahora también suprimido en los estatutos del UPV. La batalla parece irremediablemente perdida para los contratados cuyos contratos administrativos temporales se prorrogan hasta 1987.
El intento de reforma estatutaria en la UPV
En 1986 Goio Monreal fue sustituido en el cargo de rector por Emilio Barberá después de una descarnada lucha por el poder entre las élites universitarias que crearon una grave crisis institucional. El traspaso de las competencias universitarias al Gobierno vasco, con la autonomía y el aumento de ingresos que esto iba a suponer, hacían ahora apetecible la conquista de cargos y poder por los beneficios académicos y políticos que ello podría traer. El movimiento estudiantil y los PNN del sector crítico contemplaron un poco desde las gradas esta descomunal batalla sin poder ofrecer en este contexto alternativa alguna. Pero el año 1987 las cosas iban a cambiar.
Ante las perspectivas del fin de los contratos vigentes los PNN plantean nuevamente la pelea por el CONTRATO LABORAL con la pretensión de reformar los estatutos universitarios vigentes en el capitulo dedicado al profesorado, en el sentido de intentar de nuevo incorporar esa reivindicación en el texto estatutario. Para ello combinan la presión de una huelga indefinida con el debate en los órganos de gobierno. Fuerzan varios claustros universitarios y con el apoyo del estamento estudiantil, de un sector numeroso de los PAS y de algunos funcionarios logran mayorías para introducir figuras de contrato laboral, pero no obtienen la mayoría absoluta necesaria para el cambio. Nueva derrota del movimiento que tiene que firmar de nuevo el contrato administrativo temporal de 3 años, ahora en la categoría de Asociado introducida por la LRU. Es un contrato de asociado a tiempo completo no recogido en la LRU y por lo tanto ilegal , pero que la Universidad, con el visto bueno del gobierno español, tuvo que conceder porque todavía en esa época la mayoría del profesorado que era contratado no había podido ‑o querido- hacerse funcionario.
En el periodo 1987 – 1990 se recrudecen los conflictos en la UPV por las reivindicaciones de los estudiantes y asociados. El rector Barberá intenta frenarlos concediendo aumentos de sueldos, complementos por doctorado y equiparación de sueldos entre facultades y escuelas y más tarde el pago de trienios de antigüedad. Se va creando así, la figura de lo que se denominaría Asociado a la vasca para diferenciar su situación de la de la mayoría de contratados de otras universidades. Se trataba así de abortar la reivindicación, que adquiría cada vez más tintes políticos, del contrato laboral por mejoras laborales en los contratos administrativos que tendían a ofrecer cierta estabilidad a los profesores.
En el año 1988, un nutrido grupo de profesores contratados de la UPV recurrió ante la magistratura de trabajo sus contratos ya que la legislación estatal recogida en la LRU y la Ley de Reforma de la Ley Publica estipulaban con toda claridad que los contratos administrativos solo tenían vigencia hasta 1987. Los contratos firmados, pues, en 1987 eran ilegales. El 20 de marzo de 1990 el juez de la magistratura de Bilbao, Manuel Díaz de Rábago, dio la razón a los demandantes y en consecuencia determinó el carácter laboral de su vinculo con la UPV. Según el abogado del colectivo recuurrente, Jose María Saracibar, los contratos firmados en 1987 eran a todos los efectos «laborales e indefinidos». A partir de entonces se abre el periodo mas conflictivo de la historia de la UPV. Conflicto que bautizamos como «la rebelión de los asociados».
La rebelión de los Profesores Asociados
El rector Emilio Barberá no aceptó la sentencia y la recurrió. Entonces un grupo de los profesores asociados tomó el rectorado y paralizó sus actividades durante cerca de un mes. También boicoteó el claustro para elegir al nuevo rector al que se presentaba el propio Barberá. El rector desistió del recurso y prometió iniciar negociaciones con los asociados. Estos desbloquearon el claustro y se retiraron de su encierro. Barberá salió elegido rector pero se negó a cumplir la sentencia de la Sala de lo Social de Bizkaia. En contrapartida ofreció de nuevo el contrato administrativo rechazado por los jueces y los asociados con una duración de tres años y dio un plazo para su firma, amenazando con el despido en caso contrario. De los 576 profesores afectados quedaron al final 98 insumisos a pesar de que, y como compensación, Barbera les ofreció el abono de trienios de antigüedad que anteriormente no disfrutaban. Es el primer acto de insumision colectiva que habido en la historia de la UPV. Los profesores, una vez despedidos, volvieron a recurrir a los juzgados de lo social ese despido y se organizaron en la Asamblea de Profesores Asociados que será quien dirigija a partir de entonces el movimiento, con independencia de los órganos de representación oficiales del profesorado. En la tabla reivindicativa ofrecimos la propuesta de un contrato provisional de interinidad de carácter laboral hasta que la Universidad o el Parlamento de Gasteiz aprobasen las normas pertinentes para crear figuras de Profesorado Propio con CONTRATO LABORAL permanente, equiparadas en condiciones laborales a las de los funcionarios. Barberá no aceptó esa propuesta y sacó las plazas de los profesores insumisos a concurso. Comenzaba otra fase de nuestra lucha.
Los despedidos adoptamos una doble estrategia: De una parte continuamos dando clase, ahora sin cobrar, para sostener nuestro vínculo con la UPV y los universitarios; por otra organizamos una cadena de huelgas generales en los tres campus. El éxito acompañó esta doble iniciativa porque la Universidad se paralizó una y otra vez y la convocatoria para las plazas resultó un total fracaso para el rector ya que nuestro despido había producido una gran conmoción tanto fuera como dentro de la Universidad. Las huelgas fueron protagonizadas al principio por los profesores pero en una segunda fase se unieron los estudiantes que crearon una plataforma propia que incluía reivindicaciones como el euskara, el transporte, las prácticas, las sustituciones del profesorado etc. Los años de 1990 y 1991 son de una agitación constante en la Universidad. Se organizan asambleas conjuntas masivas de profesores y estudiantes, se multiplican las actividades y se vuelve a tomar el rectorado, reteniendo al rector. Interviene la Ertzaintza en el interior del campus de Leioa por primera vez en la historia mas reciente de la UPV y esta intervención violenta que deja varios heridos origina nuevas huelgas, el cierre de facultades y grandes manifestaciones. Los estudiantes que nos apoyan se encierran durante un mes en la biblioteca y se organiza un referéndum pidiendo la dimisión de Barbera que cuenta con la mayor participación estudiantil de toda la historia universitaria. Se realizan nuevos encierros y algunos profesores de periodismo realizamos un plante a los exámenes de junio de 1991 que da lugar a la toma por la Ertzantza y los guardas jurados de esa facultad. El rector acosado por el movimiento de profesores y estudiantes, y también por las críticas ante una serie de irregularidades detectadas en el equipo rectoral, es obligado a dimitir al finalizar el curso 1990 – 1991 por el Lehendakari Ardanza. Además, a comienzos de 1991, los juzgados de lo social de Donostia y Bilbao ratificaron el carácter de contratados laborales de los profesores que habíamos recurrido al despido y, en consecuencia, la ilegalidad de dichos despidos. Los citados juzgados declararon que el despido era nulo y debía producirse nuestra readmisión (con inclusión de los salarios devengados desde el 1 de octubre de 1990). Los jueces dictaminaron que los contratos anteriores, si bien no tenían el carácter de fijos, eran de duración indeterminada. Nos reintegramos a la docencia y planteamos a la Universidad la firma de unos contratos laborales hasta que las autoridades vascas correspondientes aprobaran nuevas figuras laborales de carácter permanente. Los gestores universitarios respondieron presentando un recurso ante la Sala de lo Social del TSJPV. A principios de 1992 esta sala dicta a favor del recurso interpuesto por el rector, revocando las sentencias de los tribunales de primera instancia de lo social que habían declarado nulos los despidos de los contratados. El alto tribunal consideró que los contratos eran temporales y habían finalizado el 30 de septiembre de 1990. El tribunal argumentó que los derechos laborales son «circunstancias secundarias que han de ceder a los intereses de una entidad publica». Hablando en plata: los derechos laborales deben subordinarse a los del Estado, lo que indica el carácter político del contrato laboral.
La pankarta
Esta sentencia quebró definitivamente a los contratados desobedientes. La mayoría volvió a firmar el nuevo contrato administrativo temporal, pero 9 profesores, que al año siguiente quedaríamos en 6, nos volvimos a declarar insumisos al contrato administrativo y fuimos despedidos una vez más. Se conformaría, así, el grupo denominado los de la «Pankarta», porque elaboramos una pancarta en donde inscribimos nuestras reivindicaciones fundamentales: Autonomia Unibertsitarioa, Irakaslego Propioa y Despidorik Ez. A este grupo se añadiría Nikolas Xamardo que era un funcionario solidario con nuestra lucha. Los miembros del grupos eramos todos de la facultad de Periodismo exceptuando Jose Ramón Etxebarria que era de Ciencias y Koldo Gorostiaga que era de Derecho, de Donostia y que mas tarde sería elegido europarlamentario. Nuestra reclamación ahora consistía en solicitar un contrato que no fuera administrativo ni laboral en virtud de la autonomía universitaria como medio para incorporarnos a la Universidad, a la espera de que La Universidad y/o la Comunidad Autónoma elaborasen normas propias que contemplasen esta figura. Mientras tanto elegimos continuar dando clases, aun sin ser profesores oficiales como muestra de nuestra voluntad de permanecer como profesores en la Universidad, De hecho acabamos el curso sin ningún problema con nuestros alumnos, aunque el nuevo rector elegido como sustituto de Barberá, Juan José Goiriena de Gandarias se negó al principio a negociar con nosotros.
El curso 1991 – 92 comienza con una ofensiva de los dirigentes universitarios que amenazan con la salida de plazas para sustituirnos y el no reconocimiento de las evaluaciones realizadas y uno de los despedidos, Jose Luis Herrero, ve como su departamento le reemplaza por un esquirol. Jose Luis entra en huelga de hambre, que luego repetiría al no cumplirse el pacto acordado con su Departamento. Jose Ramón Etxebarria se encierra en su despacho durante 6 meses. Un profesor solidario, Izko de la Iglesia se encierra en la Escuela de Magisterio durante 150 días y Koldo Gorostiaga lo hace en su despacho de Derecho de Donosti durante 100 dias. Enrike López y Antton Azkargorta, a su vez, comienzan una huelga de hambre.
Ante este panorama se crea una Comisión de Apoyo a los profesores despedidos donde participan profesores universitarios, estudiantes, sindicalistas, personalidades del mundo esuskaltzale y numerosos miembros y centros de la cultura y educación, entre ellos varias Ikastolas. El movimiento adquiere un tinte no solo laboral sino político pues a la reclamación de nuestra incorporación a la Universidad se le añade la de un Profesorado Propio con contrato laboral y una Universidad Nacional. Temas como la euskaldunizacion, la autonomía universitaria, la soberanía de nuestro país salen a relucir en el debate que se extiende por la sociedad. Se crean también grupos de apoyo de estudiantes y de profesores que llevan a cabo innumerables intervenciones de difusión de nuestros planteamientos. Se celebran en solidaridad con nosotros y en el Aula Magna festivales de bertsolarismo y música con cientos de asistentes. Un intento de desalojo de José1 Ramón Etxebarria es contestado por los estudiantes con una gran sentada en la facultad de Ciencias. Joserra se declara en huelga de hambre y se realizan concentraciones ante el rectorado y encierros en facultades. En este ambiente de conflicto permanente el rectorado y la Junta de Gobierno de la UPV se dividen y se logra forzar una salida negociada.
En mayo de 1993, los profesores despedidos llegamos a un acuerdo con el rector Goiriena por el cual se nos reincorporaba a la UPV con un nuevo formato de contrato que nosotros interpretábamos que no era ni laboral ni administrativo. Además, se nos pagaban los salarios devengados desde nuestro despido y accedíamos a nuestros respectivos departamentos. Participaron en las negociaciones el Rector, el vicerrector José Luis de la Cuesta, tres profesores despedidos y el presidente del Consejo Social, Ignacio Etxeberria. La sede elegida para las conversaciones fue precisamente el local de dicho Consejo para dar carácter oficial a los encuentros. Sin embargo y a pesar de que el formato y el resto del acuerdo contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la UPV, la Junta de Gobierno rechazó el acuerdo con 17 votos en contra y 15 a favor. Se posicionaron en contra, el secretario general de la UPV, Alberto López Basaguren y varios vicerrectores. Un intento posterior del Rector para tratar de retomar el tema mediante una comisión también fue rechazado. A partir de entonces los poderes universitarios se unificaron, sacaron a concurso público todas las plazas para que fuéramos sustituidos por esquiroles, nombraronn tribunales para calificar a los estudiantes, a los que durante un años y medio habíamos dado clase y evaluado, contrataron a una compañía para-policial para controlar los recintos universitarios denominada Protecsa y blindaron el rectorado y varias facultades.
A pesar de dicho despliegue represivo, la mayoría de los estudiantes rechazan los tribunales y no se presentan a las pruebas, los profesores despedidos continuamos dando clases a los grupos de euskera bajo el apoyo del departamento de Periodismo y nos presentamos con nuestra pancarta en las aulas de los eskiroles de los grupos de castellano. Las medidas tomadas por los dirigentes universitarios, utilizando a los guardas jurados y a grupos de estudiantes y profesores para desalojarnos fracasan y entonces cierran las facultad de Periodismo, deciden reprobarnos y expulsarnos, primero de las facultades y luego del recinto de Leioa, sancionan a algunos profesores y estudiantes solidarios, amenazan con sanción al departamento de Periodismo y presentan una querella criminal contra nosotros. El día 3 diciembre de 1993 nos impiden por la fuerza la entrada al campus de Leioa, Entonces nos colocamos con nuestra pancarta en la puerta principal de entrada de ese campus. Comienza, así, una nueva fase de nuestra lucha por el CONTRATO LABORAL.
El destierro
Los profesores despedidos permanecemos toda la jornada laboral en la puerta del recinto universitario vigilados por los guardas jurados y por ertzainas, incluso a la hora de comer. Cuando se relajan las medidas, entramos en el interior del Campus de diversas maneras y en varias ocasiones somos agredidos por los Protecsa, que nos causan varias lesiones. Los estudiantes nos protegen y nos ayudan a entrar acudiendo a la puerta principal en manifestación. Nos encerramos en la sede de LAB como protección pero cuando salimos de ese local somos acosados por los guardas y agredidos siendo espectacular lo ocurrido con Joserra que es retenido y arrastrado porel suelo e intenta protegerse debajo de un coche, permaneciendo allí 3 horas con una presencia inusitada de guardas, Beltzas y Ertzainas que agreden a estudiantes y profesores que intentan ayudar al profesor. Se suceden las manifestaciones a nuestro favor en el interior del recinto por parte de la Comisión de Apoyo, madres de estudiantes, familiares y solidarios con los presos. Hay continuos incidentes protagonizados por los guardas jurados y estudiantes, profesores y sindicatos solicitan su expulsión de la Universidad. Ante la renovación de contratos a los profesores asociados defendemos su estabilidad e iniciamos una nueva serie de huelgas de hambre para forzar a la Universidad a la aprobación de unas Bases del Profesorado que se están retrasando en el tiempo y que son defendidas por los sindicatos y el equipo rectoral.
Al fin el 25 de mayo de 1995 y en el marco de una dura huelga de hambre de Joserra para agilizar el proceso, de gran repercusión en la vida universitaria, la Junta de Gobierno de la UPV aprueba unas bases de la carrera universitaria dentro de las cuales había una propuesta de PROFESOR CONTRATADO LABORAL permanente. Dentro de esas bases se incluía una disposición transitoria por la que se habilitaba a la UPV para poder ofrecer estabilidad a los profesores con contrato administrativo, siempre que cumplieran el requisito de disponer de varios años de antigüedad, hasta la aprobación definitiva de la nueva figura contractual por parte del Parlamento Vasco. A pesar de ello las autoridades universitarias se niegan a negociar con nosotros, no envían al Parlamento Vasco las citadas bases, ni conceden la estabilidad a los asociados, a los que nuevamente se obliga a firmar nuevos contratos administrativos temporales. En protesta por ello nos volvemos a encerrar en la sede de LAB. El camino hacia el contrato laboral se estaba convirtiendo en un auténtico vía crucis en una Universidad cada vez mas represiva y desprestigiada que no lograba acabar con su continua y conflictiva inestabilidad. El rectorado de Goiriena va a terminar con violentos enfrentamientos entre sectores de estudiantes que protestan contra la represión y ertzainas y guardas jurados, con un encierro prolongado de un sector de estudiantes en el hall de la facultad de Periodismo En este ambiente el candidato único a sustituir a Goiriena, Pedro Luis Arias Ergueta, se retira de la competición electoral por problemas de salud y será sustituido por el vicerrector Peio Salaburu, que también en solitario será designado Rector en medio de una gran abstención activa y de ausencias significativas.
La UPV, Campus de batalla
Los cuatro años de rectorado de Peio Salaburu fueron de auténtica pesadilla. En la UPV proliferaron innumerables movimientos estudiantiles en relación con las tasas academias, planes de estudio, euskara, insumision al servicio militar, lucha contra la represión y el autoritarismo… que en la mayoría de los casos eran respondidos por el equipo rectoral con llamadas a la Ertzantza, e intervenciones violentas de los guardas de Protecsa, convirtiendo, sobre todo el recinto de Leioa, en un continuo campo de batalla. Las acampadas de los insumisos eran reventadas, los participantes en fiestas vascas eran agredidos violentamente, el propio rector se enfrentaba a los estudiantes en los claustros cuando se debatían temas como el euskera… Peio Salaburu, en vez de tratar de suavizar las contradicciones, ejercía de pirómano, organizaba actos de desagravio en el Campus con motivo del atentado de ETA al antiguo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, invitando en uno de ellos a los rectores de las universidades españolas, como si dicho atentado hubiese sido contra la Universidad. Se producen manifiestos incendiarios contra la Izquierda Abertzale y profesores unionistas piden la expulsión de la Universidad de sus compañeros pertenecientes a esta corriente política. El Rector introduce la política antiterrorista en el seno de la Universidad, dividiéndola profundamente. Grupos de estudiantes y profesores plantan cara a toda esta parafernalia españolista y se producen batallas campales en el interior del Campus de Leioa entre estudiantes y policías. Este comportamiento del Rector le llevaría a posteriores enfrentamientos con dirigentes políticos nacionalistas en el Gobierno Vasco que no veían adecuada esa extrema politizacion de la vida universitaria y la posición de Peio Salaburu, convertido por propia conveniencia en una especie de Cid Campeador del regimiento unionista español.
Las autoridades académicas creían que los profesores despedidos nos encontrábamos dirigiendo las movilizaciones estudiantiles citadas cuando en la mayoría de las reivindicaciones y acciones estudiantiles no teníamos arte ni parte, aunque en algunos de esos movimientos sí que participaban nuestra Comisión de Apoyo estudiantil. También resultaba cierto que, en cierta medida, satelizábamos la vida universitaria porque constituíamos, por nuestra resistencia y planteamientos, una especie de referencia directa e indirecta para muchos universitarios, descontentos del funcionamiento universitario, aunque no se nos podía adscribir a ningún partido, ni organización política.
Los profesores de la «pankarta» continuábamos encerrados, como protección, en la sede del sindicato LAB. Desde allí iniciamos una especie de reconquista de los anteriores espacios perdidos, presentándonos de nuevo en nuestras aulas con una cartulina de «Despidorik ez», sin interrumpir la clase de los esquiroles. A veces no sucedía nada pero en la mayoría de las ocasiones las autoridades suspendían la docencia o o intentaban impartirla en otro lugar. Con algún esquirol, sin embargo, eran los propios estudiantes los que se ausentaban de la enseñanza o increpaban al sustituto, dando lugar a más de un expediente académico y a la presencia de los guardas jurados en las aulas con el clima de tensión y los incidentes que ello provocaba. Las autoridades académicas desbordadas decidieron pasar a otra fase en un nuevo intento de expulsión de los locales universitarios a los que habíamos accedido.
Comienza un acoso a la sede de LAB por mediación de la Ertzantza que nos visita y nos conmina a desalojar. Cuando salimos de la sede nos detienen, a veces violentamente, nos conducen a comisaria y luego a los juzgados. Así una, dos.. hasta en siete ocasiones. Nos llueven multas, responsabilidades civiles, y embargos y más adelante en tiempos del rector Manu Montero asistimos a una cadena sucesiva de juicios ‑hasta 14- que terminan casi siempre en condenas varias de menos de dos años, pero que a veces nos llevan a algunos de nosotros a la cárcel por impago de multas o insumisión ‑en el caso de Enrrike López- a los jueces. Todo ello nos beneficia en el plano propagandístico porque en las detenciones, juicios o entrada en las cárceles nos acompañan numerosos universitarios y miembros de los comités de apoyo que toman nota de estos sucesos y los difunden por la sociedad a través de los medios de comunicación, con las consiguientes muestras de solidaridad. Resulta una manera altamente eficaz para difundir la reivindicación del Profesorado Propio y nuestros proyectos universitarios. Una pequeña revista, titulada Dugun Egina, editada por nosotros servirá, así mismo, de reflexión y altavoz de nuestras experiencias y planteamientos. Asistimos a manifestaciones, festivales de bertsolaris, entrevistas con sindicatos y partidos políticos, charlas, visitas a otros huelguistas; proyectamos un video de nuestra lucha y publicamos el libro: ‘Historia de una Pankarta’ que recoge nuestra lucha entre 1988 – 1998.
En la Universidad cada vez mas profesores firman documentos a favor de nuestro ingreso en la UPV y la Comisión de Apoyo estudiantil efectúa arriesgadas movilizaciones como una acampada ante el rectorado fuertemente vigilada por guardas jurados y Ertzainas, visitas al domicilio del rector Salaburu, interpelaciones al consejero de Educacion, Oliveri, etc. Sin embargo, la posición de las autoridades universitarias es inamovible y decidimos iniciar una serie sucesiva de huelgas de hambre para forzar la negociación. Jose Luis Herrero se encierra con Jesus Mari Zalakain y son desalojados de la sede de LAB al octavo día. Les seguirá, Enrike López, que es desalojado cuando ha cumplido 30 días de huelga, enviado a comisaria, donde inicia una huelga de sed, remitido al juzgado en condiciones precarias por su prolongado ayuno y nuevamente en la calle se coloca a las puertas del campus de Leioa con una tienda de campaña para proseguir su huelga de hambre que la finaliza al cabo de 38 días. Continuará la secuencia, Antton Azkargorta, en una caravana al lado de la entrada en el recinto universitario. Estas huelgas producen una sacudida en la Universidad y la sociedad vasca y el rector Peio Salaburu no tiene mas remedio que iniciar un proceso negociador. Después de unos contactos con la vicerrectora Miren Azkarate en los que están presentes una representación de los despedidos y cuatro conocidos miembros del mundo de la cultura vasca que actúan como mediadores y, en medio de un rígido control por parte de los guardas jurados, se inicia en 1997 una serie de reuniones oficiales de nuevo en la sede del Consejo Social, que contaron con la presencia de Miren Azkarate, tres profesores despedidos y el entonces presidente del Consejo Social, Pedro Larrea, que actuó como mediador. Sin embargo, en estas reuniones no se llegaría a ningún acuerdo ya que las condiciones que pusimos los despedidos para garantizar el buen desarrollo del proceso no se cumplieron. Dichas condiciones eran elementales: Que el equipo rectoral actuara unificado en este proceso y que la UPV se retirara como acusador y ayudara en la retirada de cargos en los numerosos juicios que teníamos pendientes por el simple hecho de transitar por el campus de Leioa. El equipo rectoral no aceptó estas condiciones y se retiró de las negociaciones. Pero salimos reforzados del proceso negociador porque muchos universitarios se dieron cuenta de nuestra decisión y voluntad de acabar con un conflicto que se había convertido en un problema universitario, no solo laboral sino social y político de carácter nacional ampliamente extendido.
Tras este fracaso intentamos incidir en el pacto al que habían llegado todos los sindicatos, la Universidad y la consejería de Educación, en manos de Inaxio Oliveri, sobre el llamado «Paquete», que comprendía; Los temas del Profesorado Propio y la estabilidad de los contratados, aprobados y pendientes desde 1995; las primas de productividad o aumentos salariales y los quinquenios de antigüedad para el profesorado contratado que no los percibía. Los despedidos, que criticamos las primas por su confección que favorecía a los funcionarios y la mezcla en ese ‘paquete’ de aspectos salariales y laborales con otros de carácter político como el Profesorado Propio, nos concentramos en conseguir que se desbloquease este último. Para ello nos encerramos en Periodismo pero fuimos desalojados y enviados por la policía a la comisaria de Erandio. A la salida nos refugiamos otra vez en la oficina de LAB y José Luis Herrero y Jesus Mari Zalakain, posteriormente, realizaron un nuevo encierro en la facultad de Ciencias, que duró 11 dias. Ante el peligro de entrada de la Ertzaintza llegamos a un acuerdo con el Decano, sindicalistas y un mediador enviado por Salaburu para salir del encierro bajo la condición de que el tema del Profesorado Propio con contrato laboral se presentase sin demora a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva. Desgraciadamente para los contratados, representados por los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS, y para nosotros mismos, del paquete se fueron descolgando, el Profesorado Propio, la estabilidad y su formato, y para más inri los asociados se vieron desprovistos de los quinquenios y las primas. Los beneficiados fueron, una vez mas, los funcionarios, agrandándose de esa manera las diferencias salariales ente estamentos. Y es que sin movilizaciones, pactando en las propias instituciones, sin ruptura alguna, en consenso con sindicatos unionistas representantes de los funcionarios y con personajes que buscaban su propio interés como el rector Salaburu el resultado no nos podía extrañar.
Nuestra reacción consistió en organizar una gran campaña con nuestra Comisión de Apoyo a favor del Profesorado Propio con encierros, presencia en las sedes del Gobierno y Parlamento vasco y en los medios de comunicación, envío de comunicados y documentos, cartas dirigidas a autoridades políticas y universitarias, reuniones con sindicatos y partidos, charlas y conferencias etc. La intención era que el tema se mantuviese vivo ante la opinión publica y la organizaciones políticas y universitarias, ejerciendo presión sobre ellas.
En tiempos de Lizarra-Garazi
Los últimos años de rectorados de Saluburu coinciden con el proceso de Lizarra Garazi. Se tranquiliza al principio el clima en la Universidad y a nosotros se nos permite la libre circulación por el Campus y los edificios universitarios. Peio modera su anterior posición españolista y se acerca a los partidos nacionalistas en el Gobierno. Los despedidos recibimos la visita de un mediador con el mensaje de que nos readmiten en la UPV si firmamos el contrato administrativo y nos presentamos junto al rector en un acto de concordia. Naturalmente, rechazamos la propuesta. Pero, quizás por las circunstancias políticas, ahora se nos acercan representares de partidos políticos y tenemos unas conversaciones en donde acuden Eli Galdós, en representación del Euskadi Buru Batzar (EBB), Iñaki Antigüedad de HB, Arantza Urkarregi del STEE-EILAS y también tenemos un contacto con un representante de EA. Las conversaciones son frustrantes porque Eli Galdós nos propone que dejemos la «Pankarta» y delegásemos en ellos (los partidos) el tema del Profesorado Propio, hablando de unas salidas individuales a nuestra situación, pero sin especificar nada. Les dijimos que el tema del Profesorado Propio era prioritario para nosotros y que no delegábamos en ninguna instancia política o sindical esa reivindicación. Nuestra posición consistía en que, previamente a la negociación, se retirasen los cargos en los numerosos juicios que teníamos y se aclarasen las medidas a tomar para desarrollar el Profesorado Propio. Después vendrían las negociaciones que tendrían que basarse en los acuerdos que llegamos con Goiriena adaptados a la situación actual nuestra. Y ahí quedó la cosa. Las reuniones no condujeron a ningún resultado pero estaba quedando claro que el tema del Profesorado Propio empezaba a a ser relevante para los partidos nacionalistas coaligados en el pacto de Lizarra-Garazi y que nuestra presencia permanente en el Campus universitario les incomodaba porque constituía una fuente de conflictos sin fin.
El final del rectorado de Salaburu no resultó cómodo. Los estudiantes se rebelaron contra los planes de estudio que habían reducido de 5 años a 4 la duración de las carreras, multiplicando al infinito las materias y las asignaturas, ahora cuatrimestrales, siguiendo planteamientos neoliberales. Los estudiantes se veían como robots vivientes sin apenas tiempo para otras dedicaciones mientras los profesores mantenían casi intactos los anteriores y obsoletos métodos pedagógicos. Estalló el conflicto que tuvo un carácter pacifico y asambleario y de dimensiones estatales. Las autoridades universitarias y el Gobierno tuvieron que recular y se redujeron considerablemente las materias y las asignaturas.
El segundo contencioso vino con el proceso de euskaldunización. Los estudiantes euskaldunes pidieron participar en la elaboración del Plan pero al negárselo interrumpieron el Claustro que debía aprobarlo y el rector Salaburu perdió los papeles intentando arrebatar personalmente a los estudiantes una pancarta. El claustro se interrumpió y el rector denunció ante el juzgado de Getxo a los estudiantes que habían participado en la acción. Al final se aprobó el plan con el voto negativo de los estudiantes euskaldunes.
Los despedidos no tuvimos participación directa en estos acontecimientos pero si nuestra Comisión de Apoyo estudiantil. Nos dedicamos en este tiempo a difundir nuestras propuestas del Profesorado Propio por la sociedad con la inestimable ayuda de nuestras comisiones de apoyo. Proyectamos en numerosos lugares un video sobre nuestra lucha que había sido editado por Enrike López y que contó con la colaboración de algunos estudiantes y, así mismo, difundimos entre amplios sectores el libro colectivo que habíamos escrito «Historia de una Pankarta» que relata el proceso seguido por sus diferentes actores desde 1988 a 1998 para la consecución del Profesorado Propio con contrato laboral.
El triunfo de Manu Montero
Después de finalizada la tregua de ETA a finales de 1999, tuvo lugar la elección del nuevo rector. El favorito era Juan Ignacio Pérez Iglesias, apoyado por los partidos nacionalistas, pero triunfó Manu Montero, un unionista que fue favorecido por el final del proceso de Lizarra-Garazi. Hubo una gran participación y Montero ganó por dos votos de diferencia. A semejanza de los rectorados de Goiriena y Peio Salaburu, su equipo estaba plagado de profesores unionistas pertenecientes o simpatizantes del sindicato CCOO, que más que un sindicato era en la Universidad una máquina para la conquista y control de cargos académicos. Lo denominábamos el «tricornio sindical» por su papel represor ejercido contra los despedidos o cualquier movimiento que se opusiera al status-quo vigente. Eran los grandes beneficiados de la LRU de 1983 que había concedido todo el poder universitario a las élites burocráticas y corporativistas de los funcionarios estatales. Por eso vimos con preocupación su designación aunque en la campaña electoral los dos candidatos se posicionaron a favor del contrato laboral pero por razones laborales de estabilidad o flexibilidad. El sector critico de estudiantes y profesores, que no se presentó a las elecciones, lo colocó en el primer plano de sus reclamaciones. La batalla por el Profesorado Propio en su versión laboral estaba ya ganada en el plano simbólico en la UPV, pero en el terreno político se seguía topando con el muro impuesto por las leyes españolas.
Una vez finalizadas estas elecciones los despedidos no perdimos tiempo e intentamos dar un paso mas al frente en nuestra reivindicación del Profesorado Propio y nos encerramos en el seminario del departamento de Periodismo. Queríamos que ese tema fuera prioritario en las preocupaciones de la comunidad universitaria y esta presionase al Gobierno vasco para materializarlo en una ley del Parlamento de Gasteiz, como así haba sido acordado por la Universidad en el modelo de profesorado diseñado en 1995, pero que no se había llevado a la práctica cinco años después. Montero reaccionó enviando a la Ertzantza y desalojándonos de nuestro encierro, pero al día siguiente volvimos a encerrarnos en el mismo lugar y ahora no nos desalojaron. Sabían que esta vez nos íbamos a resistir y Montero no quería comenzar su mandato con el estigma de una nueva visita por nuestra parte a los calabozos de la comisaria de Erandio. En el encierro permanecimos durante un mes y medio con numerosas actividades y entrevistas. Lo que si conseguimos fue que por fin el rector enviase al Parlamento de Gasteiz las Bases reguladoras de la carrera del profesorado que se encontraban desde hacia 5 años en algún cajón del despacho rectoral. Un éxito inesperado, pero que desgraciadamente la Cámara de Gasteiz no aprovechó. El miedo a que el Estado respondiese con un recurso al Constitucional paralizó cualquier inciativa iniciativa. A esas alturas, veíamos ya claro que solo una ley estatal podría introducir en la Universidad el CONTRATO LABORAL. Y esa ley comenzaba a fraguarse en Madrid.
La LOU
La Ley Orgánica de Universidades (LAU) del PP que sustituía a la LRU del PSOE, tuvo una tramitación especialmente tormentosa pues hubo una gran contestación en todo el Estado y el movimiento estudiantil en la UPV se movilizó ampliamente. El partido de Aznar, aunque disponía de mayoría absoluta, se vio acorralado y necesitó recurrir para legitimar esa norma a los partidos nacionalistas vasco y catalán (PNV y Convergencia). Estos aprovecharon esta situación de debilidad para introducir sus enmiendas, principalmente en el capitulo del profesorado. Así, en 2001 se aprueba esta ley que sigue rigiendo hasta ahora la vida universitaria española, aunque en 2007 sería parcialmente modificada. Lo mas significativo para nosotros seria la incorporación, por primera vez en la legislación universitaria española, del CONTRATO LABORAL para el profesorado docente e investigador, aunque la ley blindaba a los cuerpos funcionariales y creaba un profesor laboral de segunda categoría. Sin embargo, la ley permitía, por medio de su desarrollo en leyes autonómicas, un amplio margen de autonomía y capacidad legislativa a las comunidades autónomas y a las propias universidades en el diseño y desarrollo de ciertos aspectos, entre ellos el referente al profesorado contratado. Esto lo aprovecharían catalanes y vascos para confeccionar sus leyes propias; por ejemplo en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, la creación de la denominada «Ley Iztueta». La LOU fue aprobada con los votos del PP y Convergencia pero no del PNV pues el rechazo en el el Pais vasco, sobre todo en la UPV, había sido considerable.
El rectorado de Montero no tuvo momento alguno de reposo y los conflictos se producían uno trás otro. Hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en un tiempo, después del fin de la tregua, en el que imperaba el «Todo es ETA», que había aterrizado también en la Universidad y afectaba en especial al estudiante abertzale. Cualquier movilización era duramente reprimida y nosotros teníamos que intervenir denunciando esa violencia y en algunos casos siendo objeto de esa represión. Hubo momentos en que la intervención de guardas jurados, Erztanza y policías de paisano daba lugar a enfrentamientos con heridos, detenidos, cierre de facultades etc. Los estudiantes abertzales después de aprobada la LOU, siguieron oponiéndose a esa ley y a su desarrollo estatutario, retrasando con sus movilizaciones la aprobación de los estatutos. Un encierro de 103 estudiantes terminó con su desalojo a petición de Montero y en su paso por el Juzgado de Getxo se les acusó de colaboración con banda armada, arguyendo que la desobediencia civil era un estrategia de la citada organización y transfiriendo las diligencias a la Audiencia Nacional.
El comportamiento con los despedidos no fue menos violento. A raíz de un presunto intento de atentado a una profesora en la UPV, el rector nos volvió a impedir de manera totalmente ilegal nuestra entrada en la facultad de Periodismo. Todos nuestras quejas ante el Defensor del Pueblo, las autoridades académicas, presidente del Consejo Social y figuras políticas resultaron infructuosos. Nos convertimos en chivo expiatorio de sus fobias y deseos vengativos. A partir de entonces repartimos nuestra jornada entre la puerta de entrada principal y la puerta de la facultad de Periodismo, denunciando ante profesores y estudiantes nuestra situación. No quisimos forzar la entrada porque vimos que en su impotencia lo que pretendían era volver a desterrarnos fuera del Campus como en 1993. Nos seguían considerando como los dirigentes de un movimiento que no podían controlar, aunque las movidas estudiantiles eran organizadas exclusivamente por estos. Nuestra actitud en esta coyuntura, y una vez aprobada la LOU, era la de intervenir en la Ley Universitaria Vasca o «Ley Iztueta» que estaba empezando a ponerse en marcha, apoyando y participando en los movimientos a favor de una Universidad Nacional Vasca que se estaban desarrollando.
A nuestro compañero Nikolas Xamardo, funcionario solidario con nosotros y que fue castigado también con el destierro, volvería a ser sancionado 10 años después con la suspensión durante dos años de sus funciones y amortizada su plaza de funcionario, al declararle eximido de la docencia por»excedencia voluntaria por interés personal», sin reserva de su puesto de trabajo. En junio de 2003 y tras un largo proceso judicial, el TSJPV, confirmaría aquella suspensión. La reacción de Nikolas fue inmediata. Empezó una huelga de hambre, la cuarta realizada por él, en una caravana colocada al lado de la puerta principal de acceso al recinto. Allí estuvo durante 24 días con un proceso ciático doloroso. Recibió muestras de solidaridad de alumnos, profesores y Comisión de Apoyo y nosotros nos movilizamos para difundir su situación. Al final tuvo que retirarse por problemas en el corazón. Montero incluso censuró a una revista electrónica universitaria que había mencionado su caso.
La Universidad Nacional
Participamos activamente en los movimientos e iniciativas que se se pusieron en marcha alrededor del tema de la Universidad Nacional y que proliferaron durante el mandato de Montero. Los despedidos propugnamos llevarlas al seno de la UPV para elaborar un modelo de Universidad Nacional que sirviese de guía en luchas futuras. Si el periodo 1992 – 1998 se caracterizó por un duro enfrentamiento con las autoridades académicas a raíz de nuestro despido y destierro, no exento de fases de negociación, y el periodo 1999 – 2001 fue de consolidación de las posiciones alcanzadas, no exento tampoco de incidentes y de una tormenta de juicios que cayó sobre nosotros, el periodo 2001 – 2004 lo podíamos definir como el de la participación y contribución a los debates y a las actividades desarrolladas entorno a la Euskal Unibersitatea, el Profesorado Propio y la ley Iztueta. Redactamos y presentamos en relación con lo anterior un documento titulado Construir la Universidad Nacional. El documento constituía una especie de síntesis de las bases políticas que habían conducido nuestra práctica de lucha en la UPV. Mas tarde presentamos el documento En favor de una Universidad Nacional Vasca elaborado por la Comisión de Apoyo y que contó con nuestra colaboración. Sería firmado por 300 personalidades de la vida política, cultural, religiosa y social de Euskal Herria. Intervenimos, así mismo, en UNIEKIMENA que era una iniciativa legislativa popular que se registró en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, en el Consejo de Desarrollo de Ipar Euskal Herria y en Udalbiltza. Consistía en un texto articulado sobre un proyecto de Universidad Nacional que abarcaba a toda Euskal Herria, elaborado sin tener que acoplarse a los marcos constitucionales y normativos de los estados francés y español. Aunque sabíamos que estas instituciones no iban a aceptar ese proyecto la intención era la de generar un amplio debate el que participarían los distintos agentes con vistas a crear las bases futuras de un Universidad Nacional Vasca en Euskalherria, en paralelo con el proceso de construcción nacional. Presentamos en las reuniones algunos borradores sobre aspectos importantes de la ley, sobre todo en lo relativo al profesorado, que fueron al principio bien aceptados. Sin embargo, al final se introdujeron variaciones que afectaban a principios básicos que defendíamos y que hicieron imposible su asunción por nuestra parte, retirándonos de la iniciativa después de explicar las razones de ello.
La «Ley Iztueta»
Seguimos, asimismo, con interés el proceso de confección de la ley Universitaria Vasca, participando de forma indirecta mediante el remite a Angeles Iztueta, a través de un intermediario, de nuestras reflexiones sobre el proyecto. Después de un conflictivo debate parlamentario en el que estuvo a punto de romperse la coalición nacionalista de PNV y EA, en 2004 se aprueba en el Parlamento Vasco la «Ley Iztueta» con los votos favorables del tripartito formado por PNV, EA e IU y la abstención de la izquierda abertzale que participaba con la siglas de SA (Sozialista Abertzaleak). El proyecto de ley inicial salió muy mejorado, gracias precisamente a las enmiendas de SA, que recogieron las peticiones de los sindicatos nacionalistas. La ley introdujo figuras nuevas de profesor contratado equiparadas a las funcionariales, como las de profesor Pleno y Agregado. Estas y otras figuras permitían teóricamente el desarrollo de una carrera profesional para el profesor contratado. Además, las disposiciones transitorias posibilitaban el acceso de los anteriores profesores con contrato administrativo temporal que cumplieran ciertos requisitos a la condición de contratados laborales permanentes. Se introdujo, así mismo, una disposición, pensada para los despedidos, según la cual podríamos reincorporarnos a la UPV, con el requisito de 5 años de antigüedad en esa Universidad, en principio como profesores temporales y, posteriormente, en calidad de profesores permanentes tras una evaluación positiva de la Agencia Vasca de Evaluación y Acreditación, creada por la misma ley. Parecía pues despejado el camino de nuestra readmision después de tantos años de lucha bajo la cobertura de una ley que contemplaba figuras de Profesorado Propio con CONTRATO LABORAL, por las cuales el movimiento ya antiguo de los PNN y el más moderno de los asociados había batallado históricamente. Daba la sensación de que estaba a punto de cerrarse para los profesores vascos un ciclo histórico; sin embargo, el PSOE recurrió al tribunal Constitucional precisamente las disposiciones transitorias, por lo que quedó prácticamente paralizado todo lo referente a las nuevas figuras laborales. Otra piedra más en el camino.
La ley supuso un cambio en la organización de la vida universitaria y asestó un duro golpe a los sectores burocráticos de funcionarios que gracias a la LRU socialista de 1983 habían logrado el dominio y control de la Universidad. Las competencias del Gobierno Vasco en aspectos cruciales de la financiación, evaluación, acreditación y planificación universitaria, así como en todo lo referente a la contratación laboral que la ley permitía, favorecían un mayor control por parte de la Comunidad Autónoma de la Universidad. Aunque las leyes básicas continuaban siendo patrimonio de la Administración Central, las nuevas competencias obtenidas supondrían cambios en la dirección de los gobiernos universitarios y abrieron un nuevo ciclo en la historia de la UPV, un ciclo con fuertes tendencias neoliberales y suave cobertura nacionalista, donde el dominio de los sindicatos unionistas va dejar paso en el tiempo a un considerable aumento de la presencia de los sindicatos de carácter nacional vasco y el surgimiento de una nueva oleada de profesores contratados laborales. El euskera se irá consolidando, pero mucho menos que las tendencias tecnácraticas y mercantilistas propias de la globalización capitalista y aplicadas al campo universitario. Así pues, al parecer la famosa frase de Arzalluz «Euskara y tecnología» que pretendía marcar la línea a seguir en la educación vasca, quedaba coja y se afianzaba más bien en la tecnología. Al igual que, salvando las distancias, la famosa frase de Lenin que pretendía definir el comunismo como la suma de «Soviets y electrificación», quedó finalmente centrada en el segundo término.
Ya hemos señalado que la gestión del rector Montero fue conflictiva y tormentosa en grado sumo. El triunfo de los partidos nacionalistas en las elecciones de 2001 y la llegada a la consejería de Educación de nuevos equipos de EA, más radicales en el aspecto nacional vasco, iban a condicionar el discurrir universitario en un sentido nada favorable para los colectivos unionistas. La fuerza de los sectores de oposición a Montero que veían peligrar sus intereses por el sectarismo de algunos miembros de su equipo, tuvo como consecuencia la liquidación de estos últimos gracias a la intervención más que segura del Gobierno de Gasteiz. Montero que había llegado al poder por la fuerza de los sectores que se agrupaban entorno a CCOO, se vio obligado a hacer dimitir a varios de sus más importantes colaboradores, produciéndose de rebote la dimisión de otros. De referente unionista pasó a convertirse en traidor y los mismos que le encumbraron, ahora entrarían a formar parte de una nueva oposición. Los sectores mas recalcitrantes de esa familia apoyados en el Gobierno de Aznar lanzaron una campaña contra los estudiantes presos de ETA, la Izquierda abertzale y los propios partidos nacionalistas en el Gobierno vasco intentando recuperar posiciones perdidas pero a costa de politizar al extremo la vida universitaria. El Gobierno español prohibió, primero la visita de los profesores tutores a los prisioneros y luego anuló la capacidad de ese colectivo para matricularse en la UPV. Montero defendió con firmeza los protocolos de asistencia a los estudiantes presos y fue tachado incluso de colaborador de la organización militar. La cuestión de los estudiantes presos y otros asuntos relacionados con personas y grupos de la izquierda abertzales originaron innumerables incidentes.
Resultó también especialmente conflictiva la relación con Angeles Iztueta en el tema de las primas de productividad, que como hemos señalado se habían concedido solo a los funcionarios. Esas primas incrementaron considerablemente el déficit presupuestario universitario pues el Gobierno Vasco y la consejera no estaban de acuerdo con la metodología utilizada y habían dedicado cantidades sustancialmente más pequeñas en los presupuestos para su financiación. Esperaban a la aprobación de la ley para controlar el sistema de elaboración de primas. Montero no cedía porque era la única baza que le quedaba para conseguir aliados y eso creó una grave crisis entre instituciones. Al final un rector del cual unos desconfiaban, otros odiaban y la mayoría rechazaba renunció a la renovación de su cargo. Se puso así termino no a la conflictividad universitaria que proseguiría con otros rectores, sino al dominio del sector unionista de los rectorados de Goiriena, Salaburu y Montero que militarizaron la UPV, sobre todo el Campus de Leioa, y durante 13 años lo convirtieron en un campo de batalla donde los despedidos fuimos uno de los colectivos mas perjudicados pero que, sin embargo, y no paradójicamente, nos permitió avanzar en la lucha por el Profesorado Propio hasta culminar en el triunfo que representó la ley Iztueta. En nuestro caso la represión y la conquista histórica del Profesorado Propio con CONTRATO LABORAL no son sino partes inseparables de una misma dinámica socio-política.
Giro político-académico en la UPV
El fracaso de Montero trajo la dispersión del sector unionista y la presentación de 7 candidaturas al rectorado. De ello se aprovecharon los sectores nacionalistas en sus dos vertientes, de nacionalismo «moderado» e izquierda abertzale, para conseguir convertirse en las dos candidaturas que al final se disputaron la victoria, con el triunfo final de Juan Ignacio Perez Iglesias sobre Iñaki Antigüedad, catedrático y una personalidad conocida en el campo de la Izquierda abertzale. Excepto Antigüedad el resto de los candidatos adoptó en el proceso electoral unas posiciones académicas sin hacer mención a sus referencias político-ideológicas, defendiendo en general el etatus-quo univrsitario, aunque teniendo en cuenta el nuevo poder que la «ley Iztueta» habia otorgado a la Comunidad Vasca. Antigüedad tuvo la cualidad de presentarse con su perfil socio-político, sin disimulos y con los postulados del sector crítico de la Universidad y los de los sindicatos LAB y ESTEE_EILAS que le apoyaron. Su campaña despertó mucho interés entre el sector estudiantil y el sector de los contratados en donde recogió la mayoría de votos, aunque la enorme ponderación del sector funcionarial le restaría resultados frente a su rival. Seria el único que incorporó el tema de los despedidos en su programa propugnando una solución. Por desgracia la candidatura no tuvo permanencia y el sector critico no volvería a presentarse con candidatura propia a ningún otro proceso electoral para elegir rector. Se limitarían al apoyo a los candidatos más próximos académica e ideológicamente, con pequeñas posiciones críticas. Se consolidaría el proceso ya iniciado con anterioridad de integración en el sistema institucional universitario que se acentuaría con la estabilidad promovida por la ley universitaria vasca y los cambios estratégicos de la Izquierda Abertzale. Este sector critico acentuó su división pues el sector estudiantil agrupado en la organización Ikasle Abertzaleak (IA) adoptaría desde entonces una posición de dura oposición a todos los candidatos que se hizo bien visible en el tema de ‘Bolonia’ hasta llegar a romper más adelante con la denominada Izquierda Abertzale oficial, en el proceso paulatino de descomposición del gran movimiento universitario estudiantil cuya historia se hace necesario recuperar y que con sus altibajos y contradicciones fueron directa o indirectamente un apoyo fundamental en nuestra lucha.
La reforma de la LOU y fin del ciclo por el CONTRATO LABORAL
Con la llegada del rector Pérez Iglesias mejora nuestra situación. Se termina la prohibición de entrada en la Facultad de Periodismo y se prepara nuestra incorporación a la UPV, utilizando el conducto del la ley Iztueta. Tenemos una reunión previa con el vicerrector Goirizelaia pero el problema radica en el recurso de inconstitucionalidad que aun no se ha resuelto. Pero depositamos la confianza en la reforma de la LOU de Aznar porque así lo exigía la Comunidad universitaria española con la llegada al poder del PSOE. Al no disponer este partido de mayoría absoluta sabíamos que iba a necesitar recurrir a los votos del PNV y Convergencia de Cataluña, cuando tanto en el caso catalán como en el vasco tenía interpuestos sendos recursos ante el Constitucional para condicionar sus respectivas propias peyes comunitarias. Se encuentran pues en una posición de poder. Ambos partidos tienen en sus leyes incorporadas figuras propias con contrato laboral y pretenden que esas figuras no se consideren profesores de segunda. Estas circunstancias de fuerza permiten la retirada de los recursos de inconstitucionalidad y la equiparación en representación de los profesores doctores contratados permanentes a los funcionarios doctores, englobados ahora en una misma categoría. En 2007 vio la luz la reforma de la LOU y, por lo tanto, ese mismo año entró en vigor en su totalidad la ley vasca. Se habría el camino a nuestra reincorporación y se terminaba el largo trayecto que se inició de forma organizativa en 1972 para la consecución del CONTRATO LABORAL en la Universidad. A partir de ese momento comienza el proceso de estabilización y equiparación de los numerosos profesores contratados en las categorías diseñadas por la ley. Se abre así una nueva etapa para el Profesorado que ahora tendrá la opción de elegir entre ser funcionario o contratado laboral.
Nuestra misión en general se había terminado, aunque quedaban flecos que el movimiento de profesores debería cubrir en el futuro para que la igualdad tuviese plena realización. Pero de una manera sorpresiva la UPV decidió, previamente a nuestra entrada, negociar con tres compañeros dejando en la picota a los tres restantes: Antton Azkargorta, José Luis Herrero y Enrique López, sin explicarnos ni las causa de ello ni el contenido de las conversaciones realizadas con los anteriores que consiguen ingresar en la UPV. Pero esa es otra historia que contaremos en otra ocasión y que se prolonga hasta nuestros días. Lo que hemos incluido en este largo artículo es un resumen de nuestra trayectoria hasta 2007 que está contenida en los dos libros publicados hasta el momento y que constituyen a su vez una historia de la propia UPV en sus diversos contextos políticos. Para los interesados, estos libros son: Historia de una Pancarta y Diálogos por el Profesado Propio y la Universidad. El primero obra colectiva de los despedidos y el segundo de José Luis Herrero y Antton Azkargorta, conformado a modo de entrevista realizada con preguntas del historiador Josemari Lorenzo Espinosa.
Antton Azkargorta y Jose Luis Herrero
23 de marzo de 2022
