Queridos amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
El 25 de mayo de 2022, Día de África, Moussa Faki Mahamat —presidente de la Unión Africana (UA)— conmemoró la creación de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1963, que posteriormente se convirtió en la UA en 2002, con un discurso premonitorio. África se ha convertido en «la víctima colateral de un conflicto lejano, el de Rusia y Ucrania», señaló. Ese conflicto ha alterado «el frágil equilibrio geopolítico y geoestratégico mundial», poniendo “el foco sobre la fragilidad estructural de nuestras economías». Se han puesto de manifiesto dos nuevas fragilidades clave: una crisis alimentaria amplificada por el cambio climático y una crisis sanitaria acelerada por el COVID-19.
Una tercera fragilidad de larga duración es que la mayoría de los Estados africanos tienen poca libertad para gestionar sus presupuestos, ya que la carga de la deuda aumenta y los costos de reembolso se incrementan. «Los índices de deuda pública están en su nivel más alto en más de dos décadas y muchos países de bajos ingresos están en, o cerca de, crisis de deuda», dijo Abebe Aemro Selassie, el director del Departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI). El informe de Perspectivas Económicas Regionales del FMI, publicado en abril de 2022, es una lectura espeluznante, con un titular claro: «Un nuevo golpe y poco margen de maniobra».
La deuda se cierne sobre el continente africano como una bandada de buitres. La mayoría de los países africanos tienen intereses de la deuda por pagar muy superiores a sus ingresos nacionales, con unos presupuestos gestionados mediante la austeridad e impulsados por profundos recortes en el empleo público y en los sectores de la educación y la salud. Dado que casi dos tercios de la deuda de estos países están denominados en moneda extranjera, el reembolso de la deuda es casi imposible sin más préstamos, lo que da lugar a un ciclo de endeudamiento que no tiene un alivio permanente a la vista. Ninguno de los planes que se barajan, como la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del G20 o su Marco Común para el Tratamiento de la Deuda, proporcionará el tipo de condonación de la deuda que se necesita para devolver la vida a estas economías.
En octubre de 2020, la Campaña Jubileo de la Deuda propuso dos medidas de sentido común para eliminar el exceso de deuda. El FMI posee cantidades significativas de oro que ascienden a 90,5 millones de onzas, con un valor total de 168.600 millones de dólares; con la venta del 6,7% de sus tenencias de oro, podría recaudar más que suficiente para pagar los 8.200 millones de dólares que componen la deuda de los países del SDSS. La campaña también sugirió que los países ricos podrían destinar miles de millones de dólares a esta cancelación emitiendo menos del 9% de su asignación de Derechos Especiales de Giro del FMI. Otras formas de reducir la carga de la deuda incluyen la cancelación de los pagos de la deuda al Banco Mundial y al FMI, dos instituciones multilaterales cuyo mandato es garantizar el avance del desarrollo social y no su propia riqueza financiera. Sin embargo, el Banco Mundial no ha avanzado en esta agenda —a pesar de las dramáticas palabras de su presidente en agosto de 2020— y la modesta suspensión de la deuda del FMI de mayo de 2020 a diciembre de 2021 difícilmente marcará una diferencia. Junto con estas sugerencias razonables, poner en uso productivo los casi 40 billones de dólares que se encuentran en paraísos fiscales ilícitos podría ayudar a los países africanos a salir de la trampa del espiral de deuda.
«Vivimos en uno de los lugares más pobres del planeta», me dijo el expresidente de Mali, Amadou Toumani Touré, justo antes de la pandemia. Mali forma parte de la región africana del Sahel, donde el 80% de la población vive con menos de 2 dólares al día. La pobreza no hará más que intensificarse a medida que aumenten la guerra, el cambio climático, la deuda nacional y el crecimiento demográfico. En la 7ª Cumbre de los líderes del G5 Sahel (Grupo de los Cinco para el Sahel), celebrada en febrero de 2021, los jefes de Estado pidieron una «profunda reestructuración de la deuda», pero el silencio que recibieron del FMI fue ensordecedor. El G5 Sahel fue iniciado por Francia en 2014 como una formación política de los cinco países del Sahel: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. Su verdadero propósito se aclaró en 2017 con la formación de su alianza militar (la Fuerza Conjunta G5 Sahel o FC-G5S), que dio cobertura a la presencia militar francesa en el Sahel. Ahora podría afirmarse que Francia no invadió realmente estos países, que mantienen su soberanía formal, sino que entró en el Sahel para limitarse a ayudar a estos países en su lucha contra la inestabilidad.
Parte del problema radica en las exigencias que se hacen a estos Estados para que aumenten su gasto militar frente a cualquier aumento del gasto en ayuda humana y desarrollo. Los países del G5 Sahel gastan entre el 17% y el 30% del total de sus presupuestos en sus ejércitos. Tres de los cinco países del Sahel han aumentado astronómicamente su gasto militar en la última década: Burkina Faso un 238%, Malí un 339% y Níger un 288%. El comercio de armas los está asfixiando. Los países occidentales —encabezados por Francia pero alentados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— han presionado a estos Estados para que traten todas las crisis como crisis de seguridad. Todo el discurso gira en torno a la seguridad, mientras que las conversaciones sobre el desarrollo social quedan relegadas a un segundo plano. Incluso para las Naciones Unidas, las cuestiones de desarrollo se han convertido en una preocupación secundaria frente al protagonismo de la guerra.
En las dos primeras semanas de mayo de 2022, el gobierno militar de Mali expulsó a los militares franceses y se retiró del G5 Sahel a raíz del profundo resentimiento existente en todo el país, producido por las víctimas civiles de los ataques militares franceses y la actitud arrogante del gobierno francés hacia el gobierno de Mali. El coronel Assimi Goïta, que dirige la junta militar, declaró que el acuerdo con los franceses «no ha traído ni paz, ni seguridad, ni reconciliación» y que la junta aspira a «detener el flujo de sangre maliense». Francia trasladó su fuerza militar de Mali al lado de Níger.
Nadie niega el hecho de que el caos en la región del Sahel se agravó con la guerra de la OTAN contra Libia en 2011. Los problemas anteriores de Mali, incluida una insurgencia tuareg de décadas y los conflictos entre los pastores fulani y los agricultores dogon, se vieron convulsionados por la entrada de armas y hombres procedentes de Libia y Argelia. Tres grupos yihadistas, entre ellos Al Qaeda, aparecieron como de la nada y aprovecharon las antiguas tensiones regionales para tomar el norte de Mali en 2012 y declarar el estado de Azawad. La intervención militar francesa siguió en enero de 2013.
El recorrido por esta región deja claro que los intereses de Francia —y de Estados Unidos— en el Sahel no se limitan al terrorismo y la violencia. Dos preocupaciones internas han llevado a ambas potencias extranjeras a construir allí una enorme presencia militar, incluida la mayor base de drones del mundo, operada por Estados Unidos, en Agadez (Níger). La primera preocupación es que esta región alberga considerables recursos naturales, incluido el óxido de uranio (conocido como «torta amarilla») en Níger. Dos minas en Arlit (Níger) producen suficiente uranio para alimentar una de cada tres bombillas en Francia, razón por la cual las empresas mineras francesas (como Areva) operan en esta ciudad-guarnición. En segundo lugar, estas operaciones militares están diseñadas para disuadir el flujo constante de migrantes que salen de zonas como África Occidental y Asia Occidental, atraviesan el Sahel y Libia y se abren camino a través del Mar Mediterráneo hacia Europa. A lo largo del Sahel, desde Mauritania hasta Chad, Europa y Estados Unidos han comenzado a construir lo que equivale a una frontera altamente militarizada. Europa ha trasladado su frontera desde el borde norte del mar Mediterráneo hasta el borde sur del desierto del Sahara, comprometiendo así la soberanía del norte de África.
Los golpes militares en Burkina Faso y Mali son el resultado del fracaso de los gobiernos democráticos para refrenar la intervención francesa. A los militares de Mali les correspondió tanto expulsar a los militares franceses como apartarse de su proyecto político del G5 del Sahel. Los conflictos en Mali, como me dijo el expresidente Alpha Omar Konaré hace más de una década, se agudizan debido a la asfixia de la economía del país. El país queda constantemente al margen de las iniciativas de apoyo a la infraestructura y de alivio de la deuda por parte de las organizaciones internacionales de desarrollo. Este Estado sin salida al mar importa más del 70% de sus alimentos, cuyos precios se han disparado en el último mes. Mali se enfrenta a duras sanciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que no harán sino agravar la crisis y provocar un mayor conflicto al norte de la capital maliense, Bamako.
El conflicto en el norte de Malí afecta a la vida de la población tuareg del país, que cuenta con grandes poetas y músicos. Uno de ellos, Souéloum Diagho, escribe que «una persona sin memoria es como un desierto sin agua» («un homme sans mémoire est comme un desert sans eau»). Los recuerdos de las antiguas formas de colonialismo hacen que muchos africanos vean con más claridad que los tratan como «víctimas colaterales» (como lo describió Mahamat de la UA) y reafirmen su convicción de que es inaceptable.
Cordialmente,
Vijay
Boletín 2022
2 de junio de 2022
