Viene de: 
Coyuntura actual. Análisis desde Andalucía. I. El ámbito global
y Coyuntura actual. Análisis desde Andalucía. II. El ámbito europeo
En esta tercera parte, seguimos enfocando a nuestra realidad, para lo cual pasamos a analizar la situación del estado español. Volviendo a entroncar con las ideas de nuestro documento estratégico, nos encontrábamos a finales del 2020 ante el final de un ciclo político. Iniciándose con las movilizaciones sociales al calor de la crisis del 2008 y la deslegitimación del régimen, este ciclo se ha caracterizado por la crisis política, en distintos planos, como pudieran ser el movimiento 15M (2011), el ciclo procesista catalán (2012−2020), la abdicación de Juan Carlos I (2014) y sus sucesivos escándalos, o la aparición de nuevos partidos políticos que venían a ofrecer alternativas al bipartidismo PP-PSOE: Vox, Podemos y Ciudadanos. Consideramos que la entrada de Unidas Podemos en el gobierno estatal desde el 2019 y la gestión de la crisis que ha realizado junto al PSOE supuso el final de este ciclo, consiguiendo el apuntalamiento del régimen del 78 y sus instituciones. Si esto era válido hace un año y medio, ¿hasta qué punto ha evolucionado la realidad política y qué nuevos ingredientes en el plano económico, geopolítico y socio-político debemos tener en cuenta?
El “giro a la izquierda” antes de la tormenta
La situación que se vive a escala europea (y mundial) de inflación y previsible recesión ha golpeado a España de forma contundente. En primer lugar, la inflación ha alcanzado el 10,2% en junio, destacando especialmente la subida del precio de los combustibles, la electricidad y los alimentos y bebidas no alcohólicas, afectando especialmente a la clase trabajadora más precaria. Frente a esta recesión, de momento, la patronal y sus voceros políticos (incluidos los partidos del gobierno), apuestan por fomentar el “diálogo social” entre sindicatos y patronal para asegurar un Pacto de Rentas. En una clara reedición de la política de rentas que se aplicó en la Transición, este intento de pacto tiene como eje central la doctrina oficial de la inflación que ya adelantamos: la necesidad de no subir los salarios para evitar entrar en una segunda espiral inflacionista. Hablando en plata, el pacto de rentas es la forma que toma las medidas neoliberales en esta coyuntura, por el cual no se limitarán las ganancias empresariales (o al menos, su limitación se quedará en mero compromiso o declaración de intenciones) y el gobierno, los sindicatos mayoritarios y la patronal asumirán que los salarios no suban al ritmo de la inflación, provocando la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Esto ya lo hemos venido viendo con la congelación de convenios sectoriales, en los que la subida de los salarios está siendo mucho menor que la de la inflación, provocando importantes tensiones y conflictos, como vimos en la reciente huelga del metal de la provincia de Cádiz. El pacto de rentas, de momento paralizado a falta de acuerdos, supondrá una profundización del empobrecimiento y la miseria de la clase trabajadora de los pueblos del estado.
Por si fuera poco, conforme ha avanzando el año, cada vez se está previendo un menor crecimiento de la economía: sólo un 4%, si bien para el 2023 se estima que no se alcance ni el 3%. A este parón del crecimiento económico, debemos sumar problemas vinculados con el sobreendeudamiento del estado, que ha alcanzado en mayo su máximo histórico con una deuda del 120% del PIB. Por su parte, los problemas de desabastecimiento energético, de momento, parece que no va a golpear tan fuerte en el estado español, en tanto es el principal proveedor de gas natural licuado a Europa y posee amplias reservas. Sobre este asunto, la presión de la Comisión Europea en racionar el gas en invierno, ya ha provocado las primeras tensiones que veremos reproducirse en las próximas semanas. Por su parte, el riesgo de desabastecimiento energético ha hecho que, como indicábamos para el caso europeo, se esté apostando por una transición energética que, paradójicamente, además de apostar por las energías renovables (solar, eólica, hidrógeno verde…), suponga la reactivación de centrales nucleares y térmicas. Todo ello implica un brutal impacto ecológico y sobre los recursos de los pueblos del estado, en lo que se apunta como una colonización energética para que la producción capitalista no se venga abajo. En lo que a las centrales térmicas o nucleares se refiere cabe destacar no sólo el impacto ecológico, sino en la salud, general, y, especialmente, de los y las trabajadoras que se exponen a sus efectos y que provoca una mayor incidencia en ciertas enfermedades como los estudios señalan.
En este contexto de inflación, empobrecimiento de la clase trabajadora y posible recesión económica, Pedro Sánchez sorprendió con su “giro a la izquierda” en el Debate del Estado de la Nación del pasado 12 de julio. Nos referimos a las 14 medidas para limitar el impacto de la inflación, entre las que sobresalen: un impuesto “excepcional y temporal” a los beneficios de las grandes empresas energéticas y la banca; una subvención al transporte público, el aumento de becas para estudiantes, y la inversión en vivienda pública. Sin querer analizarlas detalladamente, cabe destacar dos de sus consecuencias políticas y sociales:
1) En primer lugar, se trata de unas medidas cosméticas con un claro sentido de marketing político, en tanto busca aparecer ante su electorado, la denominada “clase media trabajadora”, fuertemente desmovilizado en las últimas elecciones, como líder de la izquierda frente a sus socios de gobierno. Sin lugar a dudas, este tipo de medidas están pensadas más para ir configurando una imagen de cara a la siguiente cita electoral, frente al avance del PP a nivel estatal, que para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Asimismo, cabría contextualizarlo en la pugna con Unidas Podemos, quienes han criticado que se quiera subir el presupuesto en defensa (buscando el objetivo impuesto por la OTAN del 2% del PIB), y que, con estas medidas, podrían terminar aceptándolo de cara a las duras negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado del 2023.
2) En segundo lugar, se trata de una política cortoplacista, que no alcanza ni a ser reformista (como podría ser una política de reforma fiscal), sino sólo a repartir migajas, mientras se amenaza con realizar un pacto de rentas que, como hemos dicho, sería desastroso para la clase trabajadora, y con añadir nuevos recortes del gasto público.
Y es que debemos comprender que este supuesto giro a la izquierda se produce teniendo presente unos límites que el gobierno, por muy progresista que se haga llamar, no piensa traspasar. Nos referimos a los dictados y al chantaje, como hemos adelantado, de la Unión Europea, con la que los gobiernos de turno se han mostrado históricamente de acuerdo. Para entender esto, debemos analizar las ayudas económicas europeas de los Fondos Next generation UE, que en España van a sobrepasar los 145.000 millones de euros. Esta jugosa ayuda, para cuya justificación se elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene por objetivo realizar una profunda transformación en ciertos sectores económicos (destacando el energético, pero no sólo), mediante el impulso de una serie de Planes Estratégicos (PERTEs) de los cuales ya hay 11 aprobados.
Más allá de los cantos de sirena del gobierno, nos encontramos con un descomunal trasvase de dinero público a empresas privadas, con el objetivo de rescatarlas del estancamiento productivo, de rentabilidad y de endeudamiento en que se encuentran, como analizamos en la Parte I de este documento. Así, ya se ha denunciado que se están creando consorcios privados para captar estos fondos, con poca transparencia. Pero no sólo eso, sino que además, la aceptación del estado español de estas ayudas ha tenido como contraprestación una serie de ajustes y compromisos del gobierno, del que pudimos ver una buena muestra en la modificación de la reforma laboral, capitaneada por Yolanda Díaz. No olvidemos que esta modificación de la reforma laboral, de muy limitados efectos, viene a confirmar los principales aspectos de la reformas laborales previas (destacando la del PP en el 2012), suponiendo la traición de buena parte de las aspiraciones y las promesas electorales, en aspectos tan importantes como las implicaciones del despido improcedente y el despido objetivo (en la práctica, se confirma el despido libre), el papel de las Empresas de Trabajo Temporal o la luz verde para la externalización de las actividades esenciales de empresas. Por su parte, y para terminar con los compromisos del gobierno con Europa, debemos también alertar de la reforma de las pensiones que está por venir, en el que se seguirá atacando la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. En suma, una serie de medidas de recorte del gasto social del estado, que marcarán los futuros meses.
Por lo tanto, debemos señalar cómo el actual gobierno no ha hecho más que apuntalar el discurso, las instituciones y las políticas capitalistas que, en su retórica, se tornan inevitables. El Régimen del 78 es inevitable, la Unión Europea es inevitable y la “invisible” mano del mercado es inevitable. No obstante, la paradoja es que este “mejor de los mundos posibles” del gobierno de coalición nos está arrastrando a una nueva crisis, una tormenta económica y social que se está formando en el horizonte para finales de año o el 2023, ante el que no ofrecen otra respuesta que no sea acatar las órdenes de Europa y esperar. Frente a ello, no podemos más que augurar un aumento de la pobreza y la pérdida de derechos de la clase trabajadora en el Estado. Esta situación, que ya ofrece sus primeros resultados estadísticos, se intenta revertir desde el gobierno con tímidos aumentos del Salario Mínimo Interprofesional que no logran revertir la devaluación de salarios, victorias pírricas como la desaparición de los contratos por obras y servicios y parches como el Ingreso Mínimo Vital o este nuevo “giro a la izquierda”. No obstante, el hecho es que no existe voluntad política de ofrecer una alternativa al decadente capitalismo y sus instituciones, que consiga aumentar el gasto social, frenar la pérdida de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, aumentar la calidad del empleo, controlar los precios o los sectores estratégicos de la economía, o asegurar aspectos esenciales como una vivienda con condiciones de habitabilidad dignas, haciendo frente a la estafa inmobiliaria y la continua subida de alquileres .
Reforzando el papel imperialista del estado español
En el plano geopolítico, en la actual coyuntura estamos viviendo un reforzamiento de la naturaleza imperialista del estado español. Dos aspectos son clave para comprender por qué: el papel de frontera sur de la Unión Europea; y la presencia de una serie de bases militares, entre la que destacan dos bases estadounidenses en suelo español. Cabe destacar que ambas hacen referencia explícita a Andalucía, como desarrollaremos en la cuarta parte del presente análisis. Este reforzamiento ha tenido tres manifestaciones claras en el contexto actual, de gran importancia para el futuro:
1) En relación a la guerra ucraniana, hemos podido ver que tanto los medios de comunicación como la práctica totalidad del arco parlamentario, incluida buena parte de la “izquierda”, ha asumido y reproducido el relato mediático dominante de EEUU y la OTAN sobre el conflicto, que se ha venido acompañando del apoyo militar a los “moderados” neonazis del ejército ucraniano: podemos afirmar que el batallón Azov está operando con armas enviadas por el gobierno de coalición español de PSOE y UP. La comparecencia de Vladimir Zelensky en el Congreso, aplaudida por todo el arco parlamentario, con honrosas excepciones (BNG y las CUP), siendo significativa la concreción en España de esa degeneración ideológica, ética y política que se vive en Europa. Resaltamos que este posicionamiento no es más que una expresión de la defensa del proyecto europeo, que no duda en apoyar a gobiernos ultranacionalistas o filo-nazis en pos de su reforzamiento.
2) La guerra de Ucrania ha motivado además el enésimo apoyo al proyecto europeo y la OTAN, un apoyo prácticamente sin fisuras del gobierno y del Congreso, que ya se venía apuntando y que se ha terminado manifestando en la teatral cumbre de la OTAN de Madrid. Si había alguna duda de que la permanencia en la OTAN era incuestionable para el gobierno, no sólo se ha disipado, sino que se ha reforzado con el compromiso de Pedro Sánchez de elevar el gasto militar al 2% del PIB. En paralelo, en la reunión bilateral España-EEUU mantenida en Madrid los días previos a la cumbre de la OTAN, se ha decidido renovar el acuerdo militar con EEUU y ampliar la presencia militar en Rota con la llegada de 2 destructores como parte del escudo antimisiles y 600 efectivos más. Estas decisiones nos abocan a los pueblos del estado a ser cada vez más cómplices del terrorismo otanista.
3) Por último, la decisión histórica por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez de restablecer las relaciones con Marruecos. Como afirmábamos en nuestro editorial, en la traición del gobierno a la causa saharaui (con su renuncia a defender su autodeterminación y el visto bueno al plan de autonomía marroquí) y el sacrificio de las relaciones con Argelia y su gas, ha jugado un papel central el propio rol que juega España en la Unión Europea como frontera sur. Este rol ha sido cumplido a la perfección, re-estableciendo a toda costa las relaciones con Marruecos de buena vecindad, tan necesaria en la actual coyuntura inestable y crítica que se vive dominada por la guerra de Ucrania y la inflación. Fundamentalmente nos referimos a la necesidad por parte del Estado español, en connivencia con el régimen marroquí, de controlar el denominado fundamentalismo islámico y la migración irregular, cuyos primeros pasos tras la reanudación de las relaciones diplomáticas ya se han dado, y cuyos resultados son masacres y tragedias como la vivida en Melilla. Por otro lado, vale la pena recordar que Marruecos es el principal peón y aliado del imperialismo occidental (del que forma parte España) en el Norte de África y una estación fundamental para ampliar las influencias neocoloniales en la región, que se han visto aumentadas con el descubrimiento de reservas de gas y petróleo en Mauritania, Marruecos y el Sáhara, ahora entendida como mera “provincia” marroquí.
La reconfiguración del Régimen del 78
El final del ciclo político al que nos referíamos en el comienzo del presente documento, ha dado lugar a una reconfiguración del Régimen del 78. Una vez saldadas (de momento) la crisis catalana y la de la monarquía, el régimen se ha reforzado tanto militar y policialmente (como bien demuestra la represión del independentismo, contra la libertad de expresión, la no derogación de la ley mordaza o la aplicación de medidas altamente restrictivas en materia de derechos fundamentales en el contexto de las medidas extraordinarias para frenar la pandemia de covid-19), como en cuanto a la legitimidad ofrecida por el gobierno de coalición progresista. Este reforzamiento se produce en un contexto de cada vez mayor pérdida de soberanía y un papel más determinante de la Unión Europea.
En clave electoral, en este fortalecimiento es evidente que ha jugado un papel fundamental el restablecimiento del bipartidismo y la debilidad de las alternativas por la derecha e izquierda que parecían venir a soterrar a los tradicionales partidos tras la crisis abierta en el 2011. Las últimas elecciones andaluzas, así como las últimas encuestas del CIS, parecen apuntar en esa dirección. Tras el hundimiento ya decretado de Ciudadanos; Unidas Podemos o las refundaciones que se realicen, al estilo “Sumar”, están condenadas a, en el mejor de los casos, reeditar su papel de muleta del PSOE “contra el avance del fascismo” o forzando ciertas políticas sociales cosméticas, encerrados en el estrecho marco de actuación que ofrece el sistema institucional del Régimen del 78, la Unión Europea y la OTAN. Además, se abona un simplismo político/politiquero, en el que los principios de base, la coherencia política y militante parecen haberse olvidado, lo cual no hace más que apuntalar, mediante ese discurso de miedo al fascismo, el propio bipartidismo. Sólo Vox parece haber sobrevivido, y con fuerza, como corresponde a un partido totalmente instrumental a la clase capitalista en el poder, heredando lo más reaccionario del nacionalismo español capitalista e imperialista, alimentado desde hace décadas por medios de comunicación y el poder político.
Esta reconfiguración del Régimen del 78, no obstante, se basa en unos débiles cimientos, minados por las contradicciones y tensiones sociales y económicas que hemos ido desgranando aquí. La deslegitimación creciente del sistema (que se evidencia en altos niveles de abstención, el desengaño o el hartazgo de las clases populares), la profundización en la situación de pobreza y la degradación de la calidad de vida de amplias capas de clase trabajadora, unidos a las propias tensiones y contradicciones que las políticas de ajuste, la recesión y las prioridades del gobierno y Europa generan, son importantes aspectos a tener en cuenta. En este sentido, no es de extrañar que nos estemos acercando a un otoño caliente de estallidos de protestas y tensiones políticas. No obstante, volvemos a insistir en que este otoño caliente se enfrenta a una relativa debilidad de las organizaciones sindicales, vecinales y, en suma, populares en los diversos pueblos del estado, así como de referentes rupturistas en clave estatal, asistiendo a un ciclo de desmovilización y debilidad organizativa. Cabe matizar que esta situación estatal contrasta con la realidad en ciertos territorios (como Cataluña, Galiza o Euskal Herria), en donde existe una mayor correlación de fuerzas para las organizaciones de clase y populares.
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/notas-sobre-el-lgiro‑a
https://planderecuperacion.gob.es/
Como observamos en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/12/28/1150
