Hasta noviembre de 1984, en Euskal Herria hubo no pocos casos de torturas en los que numerosos agentes fueron condenados en firme. Eso sí, el Gobierno español indultó a la mayoría de ellos y ninguno estuvo más allá de unos pocos días entre rejas, aunque varios de ellos fueran condenados en más de una ocasión.
Aquellas condenas se debieron a que, tras el franquismo, los torturadores siguieron sin dar una gran importancia a no dejar marcas. Lo que hacían era procurar hacerlas desaparecer durante los últimos días de incomunicación, que se prolongaba entonces por diez días, aplicando todo tipo de pomadas.
Dichos casos de torturas, bastantes de ellos muy escandalosos, pusieron en verdaderos aprietos a las autoridades y es obvio que los torturadores recibieron la orden de prescindir de viejos métodos franquistas que dejaban señales, como la «barra», el «quirófano» y el «potro», y perfeccionar técnicas más sofisticadas, que no dejan huella física alguna, como la «bolsa».
Fue entonces cuando no poca gente empezó a negar credibilidad a las alegaciones de torturas. Un cambio de actitud que explicaron diciendo que la tortura dejó de ser un grave problema heredado del franquismo, porque se acabó prácticamente con esa lacra. Ahora bien, lo único que desaparecieron, casi siempre, fueron las marcas, no la práctica de la tortura, que se fue haciendo cada vez más eficaz y profesional. Y siguió provocando un inmenso sufrimiento a las víctimas.
Prueba de ello es que los organismos internacionales de prevención de la tortura, Amnistía Internacional y el Ararteko, entre otros, siguieron denunciando lo mismo que denunciaban a principios de los ochenta esas personas que después se empezaron a desentender de la lacra de la tortura. Además, según un estudio llevado a cabo, a petición del Gobierno Vasco, por un equipo dirigido por el prestigioso forense Francisco Etxeberria, más de 2.300 ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca han sufrido malos tratos/torturas desde 1985.
La política seguida por quienes, desde 1985, han negado toda credibilidad a las denuncias de torturas ha sido la de poner sordina a dichas denuncias, salvo cuando los casos han sido tan escandalosos que no han tenido otro remedio que hablar de ellos. Por ejemplo, el de Igor Portu y Mattin Sarasola, a los que la Guardia Civil detuvo por azar el 6 de enero de 2008 en Arrasate.
En su caso, se volvió a repetir lo que ya venía sucediendo desde muchos años atrás: de nuevo, fue un tribunal de Euskal Herria, la Audiencia de Gipuzkoa, la que dictó el fallo condenatorio en primera instancia; los condenados volvieron a ser agentes de la Guardia Civil; y de nuevo, el Supremo anuló las condenas y absolvió a todos los agentes.
Además, los torturadores volvieron a ser encubiertos por las más diversas estructuras del Estado: la judicatura, las autoridades, los medios de comunicación… Un buen ejemplo de ello fue lo sucedido en relación a cómo encontró la Guardia Civil los zulos de que disponía el comando de Portu y Sarasola. Unos zulos cuya localización lograron mediante la tortura y que tanto el Ministro del Interior como el juez encargado del caso y el diario El País se empeñaron en atribuir a la excelente labor profesional de la Guardia Civil, recurriendo para ello a la mentira pura y dura./p>
El primero en mentir fue el Ministro del Interior Rubalcaba quien, en una rueda de prensa, afirmó que la Guardia Civil acababa de localizar un zulo con detonadores y explosivos «por un croquis que llevaba uno de los dos detenidos en Mondragón en la tarde de ayer».
El juez que ordenó incomunicarlos, Grande-Marlaska, volvió a mentir al respecto en el auto en que dictó prisión contra Mattin Sarasola. Lo hizo cuando afirmó que los zulos fueron localizados, «no por su declaración, sino por la ingente y encomiable labor de la Guardia Civil, que ha sabido interpretar la documentación aprehendida». Ahora bien, antes de dictar aquel auto, sabía que, un día después de ser detenido, Sarasola «accedió» a dibujar los croquis en los que ubicaba los lugares en los que se encontraban los zulos del comando. Los dibujó, de madrugada, en su primera declaración policial, y el juez Marlaska los tuvo en sus manos, ya que iban adjuntos a dicha declaración.
Unos días después, el diario El País publicó en primicia dichos croquis y afirmó que la Guardia Civil encontró los zulos gracias a esos croquis, afirmando que fueron dibujados por Portu («gráficos hechos por Igor Portu») y localizados gracias a los «registros» efectuados por la Guardia Civil. Tanto lo uno como lo otro era absolutamente falso. De arriba abajo.
Por lo tanto, la mentira sobre el modo en que la Guardia Civil localizó los zulos del comando la inició Rubalcaba, fue Marlaska quien tomó su relevo y la guinda la puso El País. Tres protagonistas y tres diferentes modos de divulgar la misma mentira con el mismo objetivo: ocultar que la Guardia Civil localizó los zulos del comando gracias a las declaraciones que arrancó bajo torturas a Mattin Sarasola y a los croquis que le obligó a dibujar estando incomunicado.
Así es como se han comportado las autoridades, los jueces de la Audiencia Nacional, los principales medios de comunicación, el Tribunal Supremo… Todos ellos han encubierto a los torturadores y por ello son responsables directos de la tortura. Han sido la compañía que les es necesaria para poder actuar con total impunidad, la red que les garantiza una protección absoluta, incluso en los casos más escandalosos como el de Portu y Sarasola.
Cuando los casos son tan flagrantes, no les basta con utilizar su arma favorita, el silencio con el que han cubierto durante décadas miles de casos de tortura. Entonces, como acabo de mostrar, no le hacen ascos ni a las mentiras puras y duras.
¡Que caraduras!
Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
1 de agosto de 2022
