El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá en flagrante violación del Derecho Internacional.
La intervención, llevada a cabo sin mandato de la ONU, mató a cientos de civiles y dejó sin hogar a decenas de miles. Aún no se ha determinado el número exacto de víctimas. La operación fue otra manifestación de las políticas neocoloniales de los estadounidenses en el espíritu de la arcaica Doctrina Monroe.
Con el pretexto aparente de restaurar la democracia y proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una agresión armada contra el país centroamericano para derrocar a un gobierno local indeseable por Washington y dirigido por Manuel Noriega, que había adoptado una política exterior más independiente. Es importante señalar que Manuel Noriega, que comandaba las Fuerzas de Defensa y dirigía de hecho Panamá, trabajó con la CIA durante muchos años para promover los intereses estadounidenses en la región. Sin embargo, a finales de la década de 1980 ya no era conveniente para Estados Unidos. El líder panameño estableció una colaboración secreta con Cuba y Nicaragua, y la información sobre sus vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses se filtró a la prensa y dañó la reputación del presidente George H. W. Bush, que había supervisado personalmente la cooperación con Manuel Noriega cuando era director de la CIA y vicepresidente. Washington estaba igualmente preocupado por los esfuerzos del líder panameño para reforzar las Fuerzas de Defensa del país y el posible desarrollo de las relaciones con la Unión Soviética.
En el periodo previo a la operación militar, la Casa Blanca y los medios de comunicación norteamericanos lanzaron una campaña masiva para desacreditar a Manuel Noriega. El dirigente panameño fue declarado barón de las drogas y condenado en rebeldía por un tribunal estadounidense. En 1988, se impusieron duras sanciones económicas a Panamá, que redujeron su PIB en un 13,5%. Además, Washington financió a la oposición en las elecciones presidenciales locales de 1989 y organizó un intento de golpe de Estado, pero en ambos casos Manuel Noriega consiguió conservar el poder.
A finales de 1989, se comenzaron los preparativos para una invasión directa. El 16 de diciembre, se produjo un intercambio de disparos entre soldados estadounidenses y panameños que se saldó con la muerte de un estadounidense. El incidente permitió a Estados Unidos declarar una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que vivían en la Zona del Canal y justificar así el inminente ataque.
La noche del 20 de diciembre, un contingente estadounidense de 27.000 hombres lanzó la Operación Causa Justa para neutralizar a las Fuerzas de Defensa de Panamá y capturar a Manuel Noriega. Las tropas estadounidenses, que contaban con una superioridad abrumadora, neutralizaron la resistencia panameña en cuestión de días. Manuel Noriega se refugió en la misión diplomática de la Santa Sede, pero finalmente se vio obligado a rendirse. Fue deportado inmediatamente a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión.
Durante la intervención, las tropas estadounidenses no prestaron atención a la seguridad de los civiles panameños, lanzando bombardeos de artillería y ataques aéreos contra barrios urbanos, destruyendo viviendas e infraestructuras civiles. El daño total a la economía panameña fue de 1.000 millones de dólares.
Se calcula que entre 500 y 3.000 soldados y civiles panameños murieron durante la invasión. Más de 20.000 panameños perdieron sus hogares y otros 5.000 fueron detenidos por los invasores y encarcelados durante meses.
La aventura militar estadounidense en Panamá fue duramente criticada por la comunidad internacional. La Asamblea General de la ONU y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobaron resoluciones condenando las acciones de Washington como una flagrante violación de los principios de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia en los asuntos internos consagrados en las cartas de estas organizaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó una opinión similar por mayoría, pero tres de sus miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, bloquearon el proyecto de resolución ejerciendo su derecho de veto.
La invasión estadounidense de Panamá dio lugar al establecimiento de un gobierno leal a Estados Unidos en el país. El nuevo presidente, Guillermo Endara, prestó juramento en la base militar estadounidense. Además, en 1994, Washington consiguió abolir el ejército regular de Panamá al consagrarlo en la constitución del país. Sin embargo, los estadounidenses no consiguieron la revisión de los tratados Torrijos-Carter: desde 2000, la Zona del Canal está totalmente bajo jurisdicción panameña.
Bajo el cínico lema de «restaurar la democracia», las tropas estadounidenses ocuparon el territorio del país independiente, sustituyeron al gobierno local y capturaron y extraditaron a su líder para ser juzgado. La operación militar estadounidense en Panamá es uno de los muchos ejemplos claros de la actitud real de Washington hacia las normas y principios del Derecho Internacional y su deseo de dictar cómo deben vivir los Estados latinoamericanos.
20 de diciembre de 2022
