En una franca desobediencia a la autoridad federal que no tiene paralelo desde al menos la era de los derechos civiles, el fascistoide gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una carta el miércoles declarando una «invasión» de su estado por parte de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. La carta sostiene que el derecho de Texas a la «autodefensa» es «la ley suprema de la nación y prevalece sobre cualquier estatuto federal en contra».
Se podría desarrollar un enfrentamiento físico directo entre las autoridades estatales y federales alrededor de la ciudad de Eagle Pass, Texas, donde las fuerzas estatales han tomado el control de un tramo de dos millas de la frontera, negando el acceso a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
El lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Texas debe permitir que la Patrulla Fronteriza atraviese el alambre de púas colocado por el estado a lo largo de una sección de la frontera, incluyendo Eagle Pass, afirmando la autoridad del gobierno federal sobre el estado de Texas. La decisión respaldó de manera estrecha, con un fallo de 5 – 4, el lenguaje claro de la Constitución de Estados Unidos.
El martes, el Departamento federal de Seguridad Nacional exigió «acceso completo» para el 26 de enero.
La carta de una página de Abbott intensifica enormemente el conflicto entre Texas y el gobierno federal. No es solo la afirmación de una forma extrema de la doctrina de los «derechos de los estados» defendidos por los defensores acérrimos de la segregación racial en los años 50 y 60. También hace múltiples afirmaciones de conducta ilegal e inconstitucional que equivalen a un caso para el juicio político del presidente Joe Biden.
El lenguaje de la carta de Abbott no tiene paralelo en la era moderna. «El gobierno federal ha roto el pacto entre los Estados Unidos y los Estados», escribe, haciendo eco a una afirmación largamente desacreditada por el sur esclavista antes de la Guerra Civil, que sostuvo que la unión federal era un «pacto» que los estados tenían el poder de abandonar a su discreción.
Estos hechos recuerdan la crisis de anulación de los años 30, preludio de la Guerra Civil estadounidense. En respuesta a los aranceles no deseados aprobados por el gobierno federal, el estado de Carolina del Sur declaró que tenía el derecho, como estado soberano, de anular el arancel dentro de sus propios límites estatales, amenazando con la secesión si el gobierno federal intentaba intervenir.
La crisis casi termina en guerra, con el gobierno de Andrew Jackson aprobando la Ley de Fuerza en 1833, autorizando al gobierno federal a tomar medidas militares contra el estado de Carolina del Sur. El gobierno federal resolvió la crisis inmediata al aliviar el arancel para cumplir con las demandas de Carolina del Sur, pero el conflicto subyacente continuaría escalando hasta que Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión en diciembre de 1860.
Las afirmaciones de que Biden es culpable de comportamiento criminal por supuestamente negarse a aplicar las leyes de inmigración de Estados Unidos también son sin precedentes. Abbott acusa a Biden, no de sus verdaderos crímenes, como permitir el genocidio israelí contra Gaza, sino de crímenes totalmente inventados. Según su carta, Biden «se ha negado a aplicar» las leyes de inmigración y «incluso las ha violado». Ha «ignorado la demanda de Texas para que cumpla con sus obligaciones constitucionales».
Biden ha «violado su juramento para ejecutar fielmente las leyes de inmigración emitidas por el Congreso» y ha instruido a las agencias «ignorar los estatutos federales que exigen la detención de inmigrantes ilegales». Ha adoptado «políticas fronterizas sin ley» y ha cometido una «negativa ilegal a proteger a los Estados». Biden es descrito nuevamente como «un presidente sin ley».
El pasaje más notable es el último párrafo, que afirma una base constitucional para que Texas desafíe la autoridad federal sobre la frontera, a pesar de que la Constitución establece lo contrario: la supremacía federal en esa cuestión. Abbott escribe:
La falta de la Administración Biden de cumplir con los deberes impuestos por el artículo IV, §4 ha desencadenado el artículo I, §10, cláusula 3, que reserva a este estado el derecho de autodefensa. Por estas razones, ya he declarado una invasión bajo el artículo I, §10, cláusula 3 para invocar la autoridad constitucional de Texas para defenderse y protegerse. Esa autoridad es la ley suprema de la nación y prevalece sobre cualquier estatuto federal en contra.
El artículo I sección §10 es en realidad una afirmación contundente de la autoridad federal, no estatal, y declara que ningún estado mantendrá tropas o entrará en guerra, a menos que sea realmente invadido. La afirmación de que la afluencia de migrantes desesperados y hambrientos, impulsados por la pobreza y la opresión, constituye una invasión es una repudiación de toda la historia de Estados Unidos, cuya población desciende en su mayoría de dichos migrantes, aunque principalmente de Europa. La actual campaña contra los «inmigrantes ilegales», llevada a cabo por ambos partidos capitalistas, incluso con diferentes retóricas y a diferentes volúmenes, es fundamentalmente racista y chauvinista.
La lógica de la demagogia antiinmigrante republicana es más clara en las declaraciones de fascistas brutos, como el general retirado Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump y un propagandista líder de sus mentiras sobre las «elecciones robadas». En un artículo de opinión publicado en The Western Journal, Flynn argumentó que «hombres en edad militar están inundando la frontera desde países que desprecian a nuestro país» y que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron a favor de la administración Biden para «facilitar la invasión de la nación» para una «reconquista del suroeste de los Estados Unidos por México».
En un informe de política sobre la declaración de una invasión, Ken Cuccinelli, exsecretario adjunto de seguridad nacional bajo Trump que nunca recibió la confirmación del Senado, discute «cómo los estados pueden asegurar la frontera». Cuccinelli argumenta que los estados fronterizos deben declarar una invasión, rechazar la autoridad de los funcionarios federales, movilizar a la Guardia Nacional y redactar un pacto interestatal sobre seguridad fronteriza. Cuccinelli ignora el hecho de que la formación de pactos entre estados sin la aprobación del gobierno federal está prohibida por la Constitución.
Cuccinelli también pide a los estados que designen a los ciudadanos para que realicen arrestos en la frontera y a reunir a los migrantes para su deportación, creando efectivamente pandillas fascistas para cazar migrantes.
La lógica del argumento «constitucional» inventado por Abbott es o la secesión de Texas de Estados Unidos, la destitución y destitución de Biden, o su arresto en caso de que ponga un pie en Texas por supuestos crímenes contra ese estado.
La viabilidad de tal postura, dada la masiva presencia del gobierno federal en Texas, que incluye más de una docena de bases militares con decenas de miles de tropas federales, está por ver. Pero lo cierto es que Abbott ha desafiado a la administración Biden a hacer valer su autoridad.
Varios congresistas demócratas de Texas han instado a Biden a responder federalizando la Guardia Nacional de Texas. Se tomó una acción similar en varios estados del sur, incluyendo Arkansas, Alabama y Mississippi, durante el período en que los gobernadores del sur eran los últimos defensores de la segregación.
La Casa Blanca no ha dado pábulo a esas peticiones, a las que Biden se opone, tanto porque pondría aún más de relieve el tema de la inmigración durante la campaña electoral como porque no hay certeza de que una orden de federalizar la guardia fuera obedecida por los mandos estatales.
Por otra parte, el gobierno de Biden sigue intentando llegar a un acuerdo con los republicanos en el Congreso que permita aceptar una escalada masiva del ataque a los inmigrantes a cambio de garantías de una mayor financiación para la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, la principal preocupación de los demócratas.
Dos docenas de gobernadores republicanos se han unido al lado de Abbott en este conflicto. Estos incluyen a los gobernadores de Alaska, New Hampshire, Indiana, Ohio, Virginia, West Virginia, Tennessee, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Nebraska, Missouri, Iowa, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Utah y Nevada.
Texas (en gris) y los estados cuyos gobernadores han declarado apoyo a Texas en contra del gobierno federal (en rojo).
La Asociación de Gobernadores Republicanos emitió una declaración reproduciendo, casi palabra por palabra, el falso argumento legal de Abbott. «Los autores de la Constitución de los Estados Unidos dejaron claro que en tiempos como estos, los estados tienen un derecho de autodefensa, bajo el artículo 4, sección 4 y el artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos», dice la 
https://www.rga.org/republican-governors-ban-together-issue-joint-statement-supporting-texas-constitutional-right-self-defense/declaración. «Dado que la Administración Biden ha abdicado de sus deberes de pacto constitucional con los estados, Texas tiene toda la justificación legal para proteger la soberanía de nuestros estados y de nuestra nación».
Tanto el presunto candidato presidencial republicano, el ex presidente Trump, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han emitido declaraciones de apoyo a Abbott. En una declaración en X, antes Twitter, Johnson dijo: «La Cámara hará todo lo que esté en su mano para respaldarle [a Abbott]. El siguiente paso: hacer que el secretario [del Departamento de Seguridad Nacional] Mayorkas rinda cuentas». El procedimiento de destitución contra Mayorkas ya está en marcha.
En términos geográficos, los estados cuyos gobernadores respaldan el desafío de Abbott incluyen todos los estados de la antigua Confederación excepto Carolina del Norte, que tiene un gobernador demócrata. Carolina del Norte, Kentucky y Kansas, todos con gobernadores demócratas, son islas en un vasto territorio que se extiende desde la costa del Atlántico hasta la costa del Golfo, hacia el norte hasta el borde de los Grandes Lagos, luego hacia el noroeste hasta la frontera con Canadá.
El mapa reproduce en gran medida la división del Colegio Electoral en las últimas seis elecciones presidenciales, con el noreste y la costa oeste prodemócratas y una sección de los Grandes Lagos y el suroeste separados por una gran franja pro republicana que comprende la mayor parte del territorio de los Estados Unidos, aunque menos de la mitad de su población.
En su declaración de Año Nuevo, el World Socialist Web Site tomó nota de la división en desarrollo entre los estados sobre la exclusión de Trump de la votación electoral debido a su instigación del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, así como el conflicto sobre la política de inmigración. Escribimos:
La escalada de las tendencias seccionales amenaza con romper todo el acuerdo posterior a la Guerra Civil que restableció la autoridad federal unificada sobre los estados separados. Merece la pena recordar que en 1860 Lincoln no apareció en las papeletas electorales de ninguno de los estados del Sur. La decisión de siete estados del Sur de separarse y formar los Estados Confederados de América, antes de la toma de posesión de Lincoln, puso en marcha los acontecimientos que condujeron al estallido de la Guerra Civil unos meses más tarde.
Por supuesto, el conflicto que desgarra las estructuras políticas existentes no es entre facciones progresistas y reaccionarias de la clase dominante. Los demócratas y los republicanos son dos facciones reaccionarias de la oligarquía corporativa y financiera. Por intensas que sean sus diferencias tácticas, están totalmente subordinadas a su agenda reaccionaria común.
Alex Findjis y Patrick Martin
26 de enero de 2024
Fuente: https://www.wsws.org/en/articles/2024/01/26/ljuh-j26.html
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