Publicamos el discurso realizado por Francesca Albanese porque es un fuerte llamamiento a romper todos los lazos con la entidad siofascista «Israel», un llamamiento a aislar a «Israel» realizado ante un grupo de países que, en principio, defienden a Palestina y su derecho a existir, a decidir su destino, al retorno. Pero las esperanzas de Albanese, y la de muchas personas que esperábamos que estos países tomaran la valiente decisión de romper todos los ligámenes con «Israel», se han visto truncadas por el bajo nivel de las decisiones tomadas. En ningún momento se habla siquiera de romper con «Israel» y todas las decisiones que se toman quedan casi en agua de borrajas cuando en el sexto punto se dice: «Apoyar los mandatos de jurisdicción universal, en la medida en que sean aplicables dentro de nuestros marcos jurídicos y constitucionales y sistemas judiciales, a fin de garantizar la justicia para todas las víctimas y la prevención de futuros crímenes en el Territorio Palestino Ocupado» [Ver la Declaración compelta en el Anexo]. Demostrando que una persona, como Francesca Albanese, que se mueve fundamentalmente por criterios humanitarios y que en muchas ocasiones ha defendido la solución de los dos Estados, está mucho más comprometida con la solidaridad activa, militante, con el pueblo palestino que todos esos países que hablan mucho, pero que no hacen nada que pueda realmente acabar con el genocidio, con la limpieza étnica, con los bombardeos, con los asesinatos de «Israel».
Consideramos que ya no es momento de impedir que lleguen armas, de revisar los contratos con «Israel»… Es el momento de expulsar a «Israel» de todos los foros, asociaciones de cualquier tipo, de la ONU y de todos su organizaciones, de todos los comités, de todos los sitios, económicos, universitarios, de investigación, militares, etc., en los que aparezca la entidad colonizadora «Israel»; es el momento de tomar medidas concretas, al nivel que sea, para romper el asedio de Gaza tanto terrestre como naval y no dejarse intimidar por esa colonia de poblamiento.
De todas maneras si hubiera una real intención de acabar con el sufrimiento del pueblo palestino, la decisión que se debería tomar es la desaparición de «Israel». No hay otro camino. Boltxe kolectiboa
Los días 15 y 16 de julio, delegados de treinta países de todo el mundo se reunieron en Bogotá, Colombia, para celebrar una conferencia convocada con el propósito de poner fin al genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, que ya dura veintiún meses. En su discurso ante la conferencia, el día 15 de julio, Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados —a quien, la semana pasada, el gobierno de Trump sancionara en represalia por sus firmes posturas en favor de Palestina— explicó por qué los Estados debían suspender todas sus relaciones con Israel. A continuación reproducimos íntegramente sus declaraciones. Se ha editado la transcripción para mayor claridad.
El Territorio Palestino ocupado es hoy un infierno. En Gaza, Israel ha desmantelado la infraestructura que hacía posible desempeñar hasta la última función de las Naciones Unidas –la prestación de ayuda humanitaria – , con el fin de matar de hambre, desplazar una y otra vez o asesinar deliberadamente a una población a la que ha marcado para su eliminación. En la Ribera Occidental, comprendida Jerusalén Oriental, prosigue la depuración étnica por medio del asedio ilícito, desplazamientos en masa, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la generalización de la tortura.
En todas las zonas bajo control israelí, los palestinos viven bajo amenaza de aniquilación, la cual se retransmite en tiempo real a un mundo que observa. Los pocos israelíes que se oponen al genocidio, la ocupación y el apartheid –mientras que la mayoría lo aplaude abiertamente y hasta pide más– nos recuerdan que la liberación de Israel también es inseparable de la libertad de Palestina. Las atrocidades cometidas en los últimos veintiún meses no son una repentina aberración, sino la culminación de décadas de políticas dirigidas a desplazar y sustituir al pueblo palestino.
En ese contexto, es inconcebible que en foros políticos, desde Bruselas hasta Nueva York, se siga debatiendo el reconocimiento del Estado de Palestina, no porque ello no sea importante, sino porque durante treinta y cinco años los Estados han paralizado y rechazado ese reconocimiento, fingiendo «invertir en la Autoridad Palestina» mientras abandonaban al pueblo palestino a las implacables y rapaces ambiciones territoriales y a los atroces crímenes de Israel.
Entretanto, el discurso político ha sumido a Palestina en una crisis humanitaria que hay que gestionar de forma perpetua, en lugar de lograrse avances respecto de una cuestión política que exige una resolución firme y basada en principios: poner fin a la ocupación permanente, al apartheid y, hoy en día, al genocidio. Y no es que haya fracasado o vacilado el derecho: es la voluntad política la que ha abdicado.
Sin embargo, hoy también estamos asistiendo a una ruptura. El inmenso sufrimiento de Palestina ha abierto la posibilidad de una transformación. Aunque ello todavía no se refleje plenamente en las agendas políticas, se está produciendo un cambio revolucionario que, de mantenerse, será recordado como un momento en el que la historia cambió de rumbo. Por eso he acudido a esta reunión con la sensación de que estamos en un histórico punto de inflexión, tanto en el plano discursivo como en el político.
En primer lugar, está cambiando el discurso: se aleja del «derecho a la legítima defensa» que Israel invoca sin cesar y se acerca al derecho a la libre determinación del pueblo palestino, derecho que se le ha negado durante décadas y que se ha visto sistemáticamente invisibilizado, reprimido y deslegitimado. La instrumentalización del antisemitismo aplicada a las palabras y el discurso de los palestinos, y el uso deshumanizador del concepto de terrorismo para calificar las acciones palestinas (desde la resistencia armada hasta la labor de organizaciones no gubernamentales que buscan hacer justicia en la arena internacional), han llevado a una deliberada parálisis política global. Debe ser corregida. Ha llegado el momento.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estamos asistiendo al auge de un nuevo multilateralismo: basado en principios, valiente y liderado cada vez más por una mayoría de =países del mundo. Me duele que ese multilateralismo todavía no se haya extendido de forma sólida a los países europeos. Como europea, temo que la región y sus instituciones hayan llegado a simbolizar para muchos una hermandad de Estados que predican el derecho internacional pero que se guían más por una mentalidad colonial que por principios y que actúan como vasallos del imperio estadounidense, aun cuando este nos arrastre de guerra en guerra, de miseria en miseria y, en lo que respecta a Palestina, del silencio a la complicidad.
Sin embargo, la presencia de los países europeos en esta reunión demuestra que es posible marchar por otro camino. A ellos les digo: el Grupo de La Haya tiene el potencial de apuntar no solo a una coalición, sino a un nuevo centro moral en la política mundial. Por favor, únanse a esos países. Millones de personas tienen la vista y la esperanza fijadas en un liderazgo que pueda dar lugar a un nuevo orden mundial basado en la justicia, la humanidad y la liberación colectiva. No se trata solo de Palestina. Se trata de todos nosotros.
Los Estados cuya actuación está guiada por principios deben estar a la altura de este momento. No es necesario tener una afiliación política, un color, banderas de partidos políticos o ideologías: hay que defender los valores humanos básicos. Esos mismos que Israel lleva veintiún meses pisoteando despiadadamente.
Entretanto, aplaudo la convocatoria de esta conferencia extraordinaria en Bogotá para abordar la implacable devastación de Gaza. Es en ello, por tanto, en lo que debemos centrarnos. Las medidas adoptadas en enero por el Grupo de La Haya fueron simbólicamente poderosas. Fueron la señal del cambio discursivo y político que se necesitaba.
Ahora bien, esas medidas son lo mínimo imprescindible. Les imploro que amplíen su compromiso y lo conviertan en acciones concretas, legislativas y judiciales en cada una de sus jurisdicciones y que consideren ante todo lo que debemos hacer para detener la ofensiva genocida. Para los palestinos, especialmente los de Gaza, se trata de una cuestión es de vida o muerte. Cabe decir lo mismo de la humanidad de todos nosotros.
En ese contexto, mi responsabilidad ante ustedes es recomendarles, sin concesiones y con imparcialidad, como extirpar de raíz el problema. Hace tiempo que dejamos atrás el tratamiento de los síntomas, la zona de comodidad de muchos hoy en día. Y mis palabras demostrarán que lo que el Grupo de La Haya se ha comprometido a hacer y está considerando ampliar es un pequeño compromiso con lo que es justo y debido en virtud de las obligaciones emanadas del derecho internacional: obligaciones, no simpatía, no caridad.
Cada Estado debe reconsiderar y suspender inmediatamente todos sus vínculos con Israel: sus relaciones militares, estratégicas, políticas y diplomáticas, tanto en materia de importaciones como de exportaciones, y asegurarse de que hagan lo mismo su sector privado, sus aseguradoras, sus bancos, sus fondos de pensiones, sus universidades y otros proveedores de bienes y servicios de las cadenas de suministro. Tratar a la ocupación como si fuera algo normal se traduce en apoyo, ayuda o asistencia a la presencia ilícita de Israel en los territorios palestinos ocupados. Esos vínculos deben romperse con carácter urgente.
Seamos claros: me refiero a la ruptura de todo vínculo con Israel. Romper solo los vínculos con los «componentes» de Israel en los territorios palestinos ocupados no ha de figurar entre nuestras opciones.
Ello está en consonancia con la obligación de todos los Estados derivada de la Opinión Consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, por la que se confirmó el carácter ilícito de la prolongada ocupación israelí, la cual declaró equivalente a la segregación racial y al apartheid. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya esa opinión. Estas conclusiones son más que suficientes para pasar a la acción.
Además, es el Estado de Israel el acusado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, por lo que es ese Estado el que debe asumir la responsabilidad de sus actos ilícitos. Como sostuve en mi más reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, la economía israelí está estructurada para sostener la ocupación y se ha convertido ahora en genocida. Es imposible separar las políticas y la economía del Estado de Israel de sus políticas y su economía de ocupación de larga data.
Estas han sido inseparables durante décadas. Cuanto más tiempo permanezcan comprometidos con ellas los Estados y otras entidades, tanto más se legitimará su carácter esencialmente ilícito. Es en ello que radica la complicidad. Ahora que la economía se ha vuelto genocida, no hay un Israel «bueno» y un Israel «malo».
Los exhorto a que consideren este momento como si estuviéramos sentados en esta sala en la década de los noventa, debatiendo el caso del apartheid en Sudáfrica. ¿Habrían propuesto sanciones selectivas contra Sudáfrica por su conducta en bantustanes particulares? ¿O habrían reconocido el sistema criminal del Estado en su conjunto? En el caso que nos ocupa, lo que está haciendo Israel es incluso peor. Esta comparación es una evaluación jurídica y factual respaldada por procedimientos jurídicos internacionales en los que participan muchos de los presentes en esta sala.
Es eso lo que significa adoptar medidas concretas. Negociar con Israel sobre cómo gestionar lo que queda de Gaza y la Ribera occidental, en Bruselas o en cualquier otro lugar, es una total deshonra para el derecho internacional.
Y a los palestinos y a quienes los apoyan desde todos los rincones del mundo, a menudo con grandes costos y sacrificios, les digo que, pase lo que pase, Palestina habrá escrito este tumultuoso capítulo, no como una nota al pie en las crónicas de los aspirantes a conquistadores, sino como el último verso de una saga centenaria de pueblos que se han levantado contra la injusticia, el colonialismo y, hoy más que nunca, la tiranía neoliberal.
21 de julio de 2025
Anexo
Conferencia de Emergencia de Estados, julio de 2025 Bogotá, Colombia
Declaración conjunta sobre la conclusión de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina
Nosotros, los representantes de Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y todos los demás Estados1 que aprobemos lo siguiente antes del 20 de septiembre de 2025,
Guiados por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluido el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza;
Convocar una reunión urgente en Bogotá (Colombia) del 15 al 16 de julio de 2025, con el objetivo de fortalecer nuestra determinación colectiva creando una voz internacional unificada e implementando nuestras obligaciones internacionales respecto de la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental;
Lamentando cada vida perdida durante las acciones genocidas de Israel en el territorio palestino ocupado;
Deplorando la obstrucción de la ayuda humanitaria y la violencia deliberada e indiscriminada y los castigos colectivos desplegados contra la población hambrienta de la Franja de Gaza;
Deplorando el desplazamiento forzado masivo y reiterado de la población civil palestina y la obstrucción de su regreso;
Reconociendo el riesgo que las acciones de Israel representan para las perspectivas de paz y seguridad regionales, así como para la integridad del derecho internacional en su conjunto;
Negándose a permanecer como observadores pasivos de la devastación del territorio palestino ocupado y de la negación del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación;
Reafirmando la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias de las políticas y prácticas ilegales de Israel que, por su propia naturaleza, afectan a todos los Estados;
Recordando todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la resolución A/RES/ES-10/24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la obligación de los Estados Miembros de adoptar medidas compatibles con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario;
Destacando la importancia de que instituciones como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional cumplan sus mandatos sin temor ni favoritismo, lo cual es esencial para la preservación del estado de derecho internacional;
Condenando los ataques y amenazas unilaterales contra los titulares de mandatos de las Naciones Unidas, así como contra instituciones clave de la arquitectura de los derechos humanos y la justicia internacional;
Basándose en el legado de los movimientos de solidaridad mundial que desmantelaron el apartheid y otros sistemas de opresión, establecer un modelo para futuras respuestas coordinadas a las violaciones del derecho internacional;
Reconociendo la complementariedad del Grupo de La Haya con otras iniciativas como el Grupo de Madrid encaminadas a fortalecer la aplicación del derecho internacional;
Acogiendo con beneplácito la celebración de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 al 30 de julio de 2025;
Destacando la urgencia de que todos los Estados Miembros cumplan de buena fe las obligaciones que han asumido de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;
Unidos en nuestra convicción de que la acción coordinada a nivel nacional e internacional es un imperativo urgente para proteger la Carta de las Naciones Unidas, cumplir las obligaciones en virtud del derecho internacional y promover una paz justa y duradera en todo el mundo, así como para poner fin a la ocupación ilegal de Palestina y permitir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación;
Reiteramos nuestro compromiso de implementar las medidas provisionales, sentencias y opiniones consultivas pertinentes de la Corte Internacional de Justicia, así como las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la resolución A/RES/ES-10/24 de la Asamblea General;
Anunciamos las siguientes medidas, que se adoptarán con base en los marcos jurídicos y legislativos nacionales de los Estados:
- Prevenir el suministro o la transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y bienes de doble uso a Israel, cuando corresponda, para garantizar que nuestra industria no proporcione las herramientas que posibiliten o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
- Impedir el tránsito, atraque y servicio de buques en cualquier puerto, cuando corresponda, bajo nuestra jurisdicción territorial, respetando plenamente el derecho internacional aplicable, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en todos los casos en que exista un riesgo claro de que el buque se utilice para transportar armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y productos de doble uso a Israel, a fin de garantizar que nuestras aguas territoriales y puertos no sirvan como conductos para actividades que permitan o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
- Impedir el transporte de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y productos de doble uso a Israel en buques que enarbolen nuestra bandera, respetando plenamente el derecho internacional aplicable, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, garantizar la plena rendición de cuentas, incluida la retirada del pabellón, por el incumplimiento de esta prohibición, y no proporcionar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado.
- Iniciar una revisión urgente de todos los contratos públicos, a fin de evitar que las instituciones públicas y los fondos públicos, cuando corresponda, apoyen la ocupación ilegal del Territorio Palestino por parte de Israel, lo que podría fortalecer su presencia ilegal en el Territorio, a fin de garantizar que nuestros nacionales, empresas y entidades bajo nuestra jurisdicción, así como nuestras autoridades, no actúen de una manera que implique reconocimiento o brinden ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
- Respetar nuestras obligaciones de rendir cuentas por los crímenes más graves conforme al derecho internacional mediante investigaciones y procesamientos sólidos, imparciales e independientes a nivel nacional o internacional, de conformidad con nuestra obligación de brindar justicia a todas las víctimas y prevenir crímenes futuros.
- Apoyar los mandatos de jurisdicción universal, en la medida en que sean aplicables dentro de nuestros marcos jurídicos y constitucionales y sistemas judiciales, a fin de garantizar la justicia para todas las víctimas y la prevención de futuros crímenes en el Territorio Palestino Ocupado.
Destacamos que estas medidas constituyen un compromiso colectivo para defender los principios fundamentales del derecho internacional;
Reconociendo las violaciones del derecho a la salud, hacemos un llamamiento al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para que encargue un estudio inmediato de las necesidades de salud y nutrición de la población de Gaza, elabore un plan para abordar esas necesidades de manera continua y sostenible y presente un informe sobre estas cuestiones antes del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Instamos a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que cumplan con nuestras obligaciones y promuevan al mismo tiempo mecanismos de cooperación entre todas las partes.
Adoptado en Bogotá, Colombia, el día 16 de julio de 2025.
Países participantes: Argelia, Bolivia, Botsuana, Brasil, Chile, China, Cuba, Eslovenia, España, Yibuti, Honduras, Indonesia, Irak, Irlanda, Líbano, Libia, Malasia, México, Namibia, Nicaragua, Noruega, Omán, Pakistán, Palestina, Portugal, Qatar, Turquía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.
20 de julio de 2025