La Oficina de Prisioneros, Mártires y Heridos del Frente Popular para la Liberación de Palestina ha hecho una pausa ante los recientes acontecimientos relacionados con el sistema de protección social, concretamente lo que se afirma en la declaración de la «Fundación Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico» en respuesta a las declaraciones del gobierno de ocupación «israelí», y hace hincapié en lo siguiente:
Primero: Los derechos de los prisioneros, mártires y heridos son una línea roja y un derecho legal y nacional que se deriva de su condición de símbolos de la lucha palestina. Limitar el pago de estas asignaciones al criterio de «necesidad social» ignora las dimensiones políticas y legales garantizadas por los sucesivos sistemas palestinos para estos grupos en lucha.
Segundo: Rechazamos rotundamente la transformación del expediente de los derechos de los prisioneros, mártires y heridos en una vía «social» a través de la «Fundación para el Empoderamiento Económico», y consideramos que se trata de un error político que ha dado cobertura a la ocupación sionista para piratear nuestros fondos. Recalcamos que esta fundación no está autorizada a ofrecer garantías o aclaraciones que afecten a los derechos de este segmento en lucha, y renovamos nuestra exigencia de que se cancele inmediatamente esta directriz y se restablezca la consideración de la «Ley de atención a los presos» como única referencia nacional que no admite negociación.
Tercero: La campaña de incitación liderada por los ministros del gobierno de ocupación «israelí» tiene como objetivo criminalizar la lucha palestina y etiquetarla como terrorismo; por lo tanto, creemos que la respuesta a estas acusaciones debe basarse en la defensa de la legitimidad de los derechos palestinos y los derechos y sacrificios de los prisioneros y mártires, en lugar de proporcionar justificaciones y promesas internacionales que puedan entenderse como una respuesta a la presión de la ocupación o una retirada de los compromisos nacionales.
Cuarto: Hacemos un llamamiento a los dirigentes oficiales palestinos y a las autoridades competentes para que revisen los nuevos mecanismos incluidos en esta ley, y subrayamos que la supresión de los sistemas anteriores que organizaban los derechos de los presos en función de los años de encarcelamiento y sacrificio, y su sustitución por un sistema de investigación social, está fuera del consenso nacional y es rechazada por todos los sectores de nuestro pueblo, ya que suscita una gran preocupación entre miles de familias y conduce a la exclusión de amplias categorías que se sacrificaron por la patria.
Quinto: Recalcamos la importancia de la gobernanza y la transparencia en nuestras instituciones nacionales; sin embargo, subrayamos que la reforma debe partir del interés de nuestro pueblo y de nuestro consenso nacional, lejos de cualquier condición internacional que afecte a la esencia de la causa palestina o toque la dignidad de los combatientes y sus familias.
Sexto: Exigimos la apertura de un diálogo nacional amplio que incluya a las fuerzas políticas, las instituciones de derechos humanos y los representantes de los presos, con el fin de alcanzar una fórmula que preserve para los presos, los mártires y sus familias su estatus y sus derechos económicos fijos como un derecho nacional inalienable.
Séptimo: La lealtad a los sacrificios de los prisioneros y mártires es el verdadero criterio para el sistema de protección social, y la experiencia ha demostrado que sacrificar los derechos de los combatientes no fue más que un punto de partida para más presión, condiciones y concesiones, por las que todo nuestro pueblo pagará el precio.
Frente Popular para la Liberación de Palestina
Oficina de Mártires, Prisioneros y Heridos
19 de diciembre de 2025
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