Tras la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero, se han sucedido en ese país una serie de decisiones políticas, económicas y diplomáticas de extraordinario calado, cuyo alcance y significado es preciso examinar a la luz de las evidencias disponibles.
Entre las principales medidas aprobadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez, cabe destacar las siguientes:
- La aprobación de una reforma exprés de la Ley de Hidrocarburos que viene a satisfacer las exigencias de Donald Trump para la explotación de los recursos petroleros por parte de las transnacionales norteamericanas.
- Una Ley de Amnistía que beneficia a los llamados «guarimberos», responsables de graves crímenes cometidos durante campañas de terrorismo callejero, que ha sido acompañada de «una petición de perdón» hacia los amnistiados formulada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
- La recepción en Caracas, por parte de Delcy Rodríguez, del director de la CIA y de la jefa de negocios de Estados Unidos enviada por el macartista Marco Rubio para supervisar «la transición» en Venezuela.
- La eliminación de los precios máximos impuestos a productos esenciales para permitir que estos sean fijados por el «mercado».
- El corte de suministro de petróleo a Cuba, en un momento crítico provocado por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la Isla, que está poniendo al pueblo cubano al borde de una catástrofe humanitaria.
- Y, finalmente, la visita a Caracas del secretario de Energía de Trump, Chris Wright, para encontrarse con la «presidenta encargada» del país latinoamericano y hacer públicos los nuevos acuerdos económicos para la explotación de los recursos energéticos del país en beneficio de las compañías estadounidenses. Según expresó la propia Delcy Rodríguez, la reunión con el representante de Trump se produjo con objeto de «establecer una asociación productiva, a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral entre ambos países»1 (1).
Estos hechos, junto a la abierta satisfacción expresada por Trump ante la evolución de los acontecimientos y sus palabras de reconocimiento hacia la presidenta Delcy Rodríguez, constituyen un conjunto de fuertes evidencias que abonan la tesis de que estaríamos asistiendo a una capitulación del ejecutivo venezolano ante las exigencias de Washington y a la entrega de la soberanía económica del país a los intereses norteamericanos.
Ciertamente, aceptar esta posibilidad resulta doloroso para quienes durante años han creído en la naturaleza antiimperialista del proceso bolivariano, compartiendo la expectativa de que Hugo Chávez había abierto las puertas de un futuro progresista para Venezuela. Resulta comprensible también, por tanto, que algunos, como el abogado y analista político grancanario José Manuel Rivero, planteen una tesis alternativa a la de la rendición de la cúpula venezolana: que no nos encontraríamos realmente ante esta claudicación, sino tan solo ante una «retirada estratégica», en una situación de extrema peligrosidad, con vistas a una futura e hipotética recomposición del proyecto.
Brest-Litovsk: una paz onerosa en el marco de la incipiente revolución rusa
La tesis utilizada para justificar las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez plantea que la situación actual de Venezuela sería comparable a la que se enfrentaron, en 1918, los dirigentes bolcheviques, cuando se vieron obligados a firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Un tratado de paz oneroso, por el que Rusia pudo salir de la Primera Guerra Mundial cediendo territorios, población y recursos industriales a la Alemania imperial y que Lenin aceptó como una retirada forzada para salvar al incipiente Estado soviético que, a pocos meses del estallido de la Revolución, se debatía entre la vida y la muerte.
De acuerdo con esta analogía, el ejecutivo venezolano estaría haciendo hoy algo similar a lo que hicieron los rusos en 1918, con el objetivo de «ganar tiempo y reorganizar las fuerzas revolucionarias», para «salvar al país de una aniquilación total» y conseguir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa.
Este planteamiento, sostenido por José Manuel Rivero en su artículo «Brest-Litovsk en el Caribe: la audacia leninista frente a la aniquilación», que publica también este diario digital, es el mismo que defienden otros analistas y políticos, como el dirigente de IU Manu Pineda o el cofundador de la formación socialdemócrata Podemos, Juan Carlos Monedero.
En este punto conviene evitar el riesgo, muy frecuente en debates de esta naturaleza, de intentar sustituir el análisis concreto por la invocación genérica de supuestos precedentes históricos o de figuras revolucionarias del prestigio de Lenin. Lo pertinente no es la autoridad del nombre invocado, como si ello bastase para validar un planteamiento, sino evaluar si aquella experiencia guarda realmente alguna relación con la actual coyuntura venezolana.
Pasemos, pues, a analizar cuál es el grado de pertinencia que se podría atribuir a la analogía entre el tratado de paz de Brest-Litovsk y la situación que se vive hoy en el citado país latinoamericano.
Según afirma José Manuel Rivero:
Lo que Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, ejecuta hoy es una transposición dialéctica, salvando las distancias históricas, de la lección estratégica de Brest-Litovsk2 (2).
Para el letrado y analista:
Al sentarse a hablar de «justicia comercial» ante las cámaras estadounidenses, (Rodríguez) está aplicando la máxima leninista en el Caribe: ceder «espacio» (recursos energéticos, cuotas de mercado) para ganar «tiempo» (la supervivencia física del Estado y la reorganización de las fuerzas revolucionarias)3. (3).
Lo primero que resulta imprescindible recordar al respecto de esta comparación es que el Tratado de Brest-Litovsk fue firmado por un Estado que apenas hacía unos meses acababa de nacer de una revolución socialista y en un país que había sido embarcado por el zar Nicolás II en una guerra imperialista.
Cuando, el 3 de marzo de 1918, los bolcheviques firmaron el Tratado de Brest Litovks, Rusia llevaba tres años desangrándose en la defensa de unos intereses que nada tenían que ver con los del pueblo ruso, que se dejó en esa contienda unos 2 millones de muertos y alrededor de 5 millones de heridos. El ejército ruso estaba exhausto, mal equipado y sin moral. Los campesinos, que eran la mayoría de los soldados, no entendían por qué debían morir en aquella guerra imperialista, por lo que las deserciones se hicieron multitudinarias.
La propuesta bolchevique de concertar la «paz» con Alemania no respondió a un cálculo diplomático convencional, sino a la necesidad imperiosa de poner fin a una guerra que el pueblo ya rechazaba masivamente. Los bolcheviques habían transformado esa exigencia en su principal consigna política del momento: «Paz, pan y tierra». Un eslogan que logró sintetizar con acierto lo que la mayoría del pueblo estaba reclamando en aquellos días.
La Rusia revolucionaria firmó el Tratado de Brest-Litovsk, pues, en un contexto límite. El ejército estaba prácticamente descompuesto tras años de guerra, la guerra civil comenzaba a asomar con fuerza, el nuevo poder carecía todavía de una estructura estatal consolidada y, además, la intervención extranjera era una amenaza real e inmediata. En esas condiciones, continuar la guerra significaba el colapso del gobierno recién surgido de la revolución. Por eso la firma del tratado no fue presentada como una alianza con el imperialismo alemán, sino como todo lo contrario, y supuso también la ruptura con los compromisos imperialistas suscritos por los gobiernos del zar Nicolás II con Francia e Inglaterra.
En 1918, los dirigentes bolcheviques, ciertamente, tuvieron que ceder recursos y territorios. Pero las cesiones de Brest-Litovsk no se tradujeron en un «cambio de rumbo» en el proyecto socialista revolucionario, sino que posibilitaron su continuidad y profundización en las condiciones más adversas.
Venezuela: ¿una sociedad capitalista comparable con la Rusia de Lenin?
Quienes sostienen la pertinencia de comparar la política de los bolcheviques rusos en 1918 con la del gobierno de Delcy Rodríguez parten de la premisa falsa –explícita o implícita– de que Venezuela estaría inmersa también en un proceso revolucionario de construcción del socialismo. La realidad es, por el contrario, que la sociedad venezolana actual solo puede ser caracterizada como una formación social capitalista dependiente de la renta petrolera.
A pesar del discurso oficial sobre el socialismo del siglo XXI, la mayor parte de la economía venezolana sigue estando en manos del sector privado. Según las cifras aportadas por la economista venezolana Pasqualina Curcio, los datos oficiales del INE para el año 2008 (últimas cifras publicadas hasta 2023), indicaban que «de las 28.222 unidades económicas correspondientes a la actividad industrial, solo el 1,2% estaba en manos del sector público, el 98,71% restante pertenecía al sector privado»4. (4).
En lo relativo a la actividad comercial y de servicios, el «0,12% y el 0,88%, respectivamente, pertenecían al sector público, mientras la industria, el comercio y los servicios siguen estando principalmente en manos del sector privado»5 (5).
En lo que respecta a la distribución de la renta nacional, los datos oficiales del Banco Central de Venezuela –citados por el intelectual Luis Britto García– reflejan que en el año 2015 la repartición del PIB era aproximadamente igual entre el empresariado y la clase trabajadora, mientras que once años después «dos terceras partes van a manos de los empresarios y solo una tercera parte a la clase trabajadora»6 (6). Una tendencia que, objetivamente, apunta en la dirección contraria a la de cualquier tipo de «profundización revolucionaria» del proceso bolivariano.
La sociedad venezolana, en efecto, no ha superado nunca los marcos del sistema capitalista e incluso nuevos sectores de la burguesía florecieron vinculados al aparato del Estado durante los diferentes gobiernos bolivarianos. Pese a ello, Venezuela sí ha representado durante años un ejemplo de resistencia antiimperialista que, sin embargo, no se explica cómo podría sostenerse cediendo la gestión del principal recurso económico del país, el petróleo, a las empresas norteamericanas mediante la reforma de la Ley de Hidrocarburos y los acuerdos firmados con el secretario de Energía de Donald Trump.
La verdad como condición de cualquier retirada no claudicante
Legítimamente, el lector se podría preguntar si no sería posible que, incluso en este marco capitalista, las concesiones efectuadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez a Estados Unidos tengan el propósito de acumular fuerzas para un futuro contraataque. ¿No podría todo formar parte de una estrategia, que se mantiene convenientemente oculta y que responda a lo que José Manuel Rivero califica en su artículo como «una jugada de una audacia política indiscutible»7 (7)?
Antes de responder a esta pregunta es necesario reconocer que, efectivamente, en la guerra –y la política es una forma de guerra – , existen las retiradas estratégicas y las concesiones tácticas. Indudablemente, hay coyunturas en las que resulta preciso ceder y retroceder para no perderlo todo.
Sin embargo, también existe un factor esencial que, sin ser infalible, ofrece una orientación fundamental para diferenciar las verdaderas retiradas estratégicas de las rendiciones disfrazadas con fraseología pseudorrevolucionaria: el discurso honrado y veraz de los dirigentes.
Cuando Lenin firmó el Tratado de Brest-Litovsk no lo presentó como una victoria, ni como una oportunidad histórica. Lo definió abiertamente como una paz humillante y forzada, impuesta por la debilidad militar de Rusia. Admitió que era un retroceso, que se cedían territorios y recursos y explicó, abiertamente, que era necesario para preservar el poder obrero y seguir construyendo el socialismo. No maquilló la realidad.
Muchos años después, cuando tras la caída de la URSS, Cuba se vio obligada a introducir medidas económicas u orientarse hacia actividades que no formaban parte del inicial proyecto revolucionario, Fidel Castro fue claro, honrado y directo con el pueblo cubano.
«Con esto no estamos avanzando en la construcción del socialismo; estamos salvando las conquistas básicas de la revolución», reconoció abiertamente Fidel.
El líder cubano no vendió las concesiones necesarias como «avances». Las presentó como lo que eran: medidas defensivas en condiciones extremas.
Este discurso veraz es condición absolutamente indispensable para que las retiradas estratégicas, o las «concesiones tácticas», puedan dar lugar, verdaderamente, a un rearme y reorganización de las fuerzas populares. De otro modo, los pueblos quedan ideológicamente desorientados e inermes ante la posibilidad de que los retrocesos se consoliden definitivamente.
Para establecer el grado de plausibilidad de la tesis «Brest-Litovsk en el Caribe» es preciso preguntarse, pues, qué está haciendo, en este sentido, el Gobierno de Delcy Rodríguez.
Como se ha podido constatar en las últimas semanas, justamente lo contrario de lo que en su día hicieran Lenin o Fidel Castro. Dar la bienvenida al enviado de Donald Trump y manifestar públicamente su deseo de que los acuerdos firmados para la explotación de las riquezas venezolanas por parte de los Estados Unidos
sean una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral, que sea productiva y beneficiosa para ambos países8 (8).
Así como expresar su convencimiento de que las diferencias de Venezuela con los Estados Unidos
se podrán resolver a través de la diplomacia, asumiendo con madurez como poder seguir avanzando de forma conjunta9 (9).
El mensaje lanzado por Rodríguez se encuentra, en definitiva, en las antípodas de lo que requerirían los venezolanos antiimperialistas para movilizarse y reorganizarse contra un Imperio que ahora ya no es presentado como el principal enemigo del país, sino como su nuevo socio estratégico.
En el mismo sentido, la amnistía concedida a los «guarimberos», acompañada con el llamamiento de Jorge Rodríguez a los chavistas para que «pidan perdón» a los amnistiados, solamente puede desarmar moral e ideológicamente a los sectores del chavismo que aún pudieran mantener una actitud combativa. Cabe recordar que quienes ahora saldrán a la calle como consecuencia de dicha amnistía –que José Manuel Rivero califica como «una medida de Estado profundamente soberana y valiente»10– (10) habían sido condenados por cometer algunos de los peores crímenes en el marco del terrorismo callejero.
En la izquierda también arrastramos una forma laica de pensamiento religioso
Con toda la evidencia acumulada desde el pasado 3 de enero, y a falta de que alguien aporte otra que apunte en un sentido contrario, la afirmación de José Manuel Rivero de que lo que estamos presenciando formaría parte de una suerte de estrategia que «la historia absolverá con la perspectiva del tiempo»11 (11) constituye –en sentido estricto y sin ningún ánimo peyorativo– una construcción especulativa sin fundamento.
La dificultad para aceptar una realidad dura, y que sin duda traerá consecuencias graves para toda Latinoamérica, lleva a inventar otra «realidad» más cómoda, aunque los hechos demuestren claramente lo contrario.
Junto al miedo que todos sentimos a enfrentarnos a este tipo de escenarios políticos y que conduce muchas veces a esta negación de la evidencia, esa forma de análisis parte también de una fe incondicional en que los dirigentes que identificamos previamente como «los nuestros», siempre «saben lo que hacen», son honrados y «revolucionarios». Se trata de una forma laica de pensamiento religioso que continúa siendo uno de los mayores lastres de determinados sectores de la izquierda.
Una vez asumida esta concepción de la política, cualquier medida que impongan los gobernantes de turno nace previamente justificada, por rechazable que esta sea y por más daño que pueda ocasionar a los pueblos. Si Delcy Rodríguez acudiera en los próximos meses a rendir pleitesía a Donald Trump en la Casa Blanca, como está anunciado que va a suceder, la tesis de «Brest-Litovsk en el Caribe serviría para presentar esa visita a la capital del Imperio como otra concesión táctica, incluida en la «jugada de una audacia política indiscutible»12 (12) del gobierno venezolano.
Lo más grave de esta forma de pensamiento es, precisamente, ese demoledor efecto político. Deja a los pueblos a merced de las decisiones –y eventuales traiciones– de las cúpulas dirigentes. Sustituir la vigilancia crítica por la confianza religiosa no fortalece los procesos emancipadores, los debilita. Es, exactamente, lo contrario del tipo de cultura consciente, exigente y políticamente adulta que resulta imprescindible promover en las bases sociales que han de impulsar cualquier proceso de cambio potencialmente revolucionario.
Cuba, contraejemplo de resistencia frente al imperialismo
En la parte final de su artículo, José Manuel Rivero sostiene que quienes no compartimos su tesis estaríamos pensando desde «postulados abstractos»13 (12). Y estaríamos olvidando, además, que «el objetivo supremo en esta etapa no es la pureza de una estética revolucionaria, sino dos metas concretas e irrenunciables: evitar que Venezuela sea reducida a cenizas como Gaza y lograr el regreso con vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores»14 (13).
A lo largo de este artículo creemos haber mostrado, por el contrario, que nuestro análisis se basa en hechos objetivos: reformas legales, acuerdos energéticos y decisiones políticas verificables. Pero, igual de concreta, presente y cercana, es otra experiencia que representa el ejemplo contrario a la forma de responder a los ataques imperialistas que ha adoptado el gobierno venezolano. Una que ha demostrado, a lo largo de la historia, ser la única capaz de resistir los embates del abusivo gigante del Norte. Esa evidencia concreta tiene un nombre: Cuba.
Durante más de seis décadas, la pequeña isla caribeña ha soportado el más pertinaz bloqueo económico, intentos de invasión, sabotajes y una presión sistemática destinada a asfixiarla, sin haber claudicado. Si la lógica de la rendición «táctica» que hoy se defiende para Venezuela se hubiera aplicado a la revolución cubana, esta debería haberse entregado a las exigencias del imperialismo norteamericano prácticamente desde su nacimiento.
En 1962, Fidel Castro debería haber optado por el «realismo», ya que Cuba estuvo, literalmente, al borde de la destrucción nuclear. Tras la caída de la URSS, cuando la isla perdió de golpe su principal sostén económico, quedó totalmente aislada, y la nueva Rusia de los oligarcas le retiró cualquier tipo de apoyo ante el recrudecimiento del bloqueo, la lógica que hoy sirve para justificar la claudicación en Venezuela también debería haber llevado al gobierno cubano a ser «pragmático». A abandonar su «dogmatismo» revolucionario, dando entrada al capital extranjero, como insistían determinados «amigos» españoles, miembros del gobierno de Felipe González, que se empeñaron en «aconsejar» a Fidel Castro, pretendiendo hacerle ver «que el mundo había cambiado» y su resistencia numantina había «pasado de moda».
Como bien sabemos, Cuba no claudicó. No hizo concesiones de principio. Nunca vimos a Fidel Castro dando la bienvenida en La Habana al jefe de la CIA o vendiendo la soberanía económica del país. Cuba resistió y resiste hoy, en las peores circunstancias y ahora sin el petróleo que el gobierno de Delcy Rodríguez ya no envía a la isla. Y es por esa razón por la que sigue siendo uno de los principales ejemplos que aún le quedan a la izquierda revolucionaria a nivel mundial.
La experiencia cubana muestra que la supervivencia frente al imperialismo no depende de plegarse dócilmente a sus exigencias, sino de sostener una voluntad colectiva organizada y dispuesta a asumir sacrificios para preservar la independencia política.
Por el contrario, apelar a una posible «destrucción total» como justificación para ceder en principios esenciales es, simple y llanamente, una expresión de que el enemigo ya ha vencido previamente por medio del terror, porque la amenaza de estrangulamiento y agresión será siempre una constante para cualquier proceso político que aspire a transformar realmente la sociedad.
Mucho más cuestionable es, por supuesto, incluir en el «objetivo supremo»15 (14) de un país la liberación de dos personas –como afirma José Manuel Rivero – , si ello implica entregar la soberanía de la nación. Ese no puede ser jamás el planteamiento de una política revolucionaria, en la que ningún individuo puede situarse por encima de los proyectos colectivos.
La historia real, no la que se reconstruye a partir de analogías forzadas, indica cuál es el único camino que ha permitido resistir y sobrevivir a los embates imperiales. Y ese camino, desde luego, nunca ha sido el de la claudicación.
Cristobal García Vega
18 de febrero de 2026