«¡Que ejecutemos a tantos terroristas como sea posible!», gritaba Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, por los pasillos del Knéset. Con una botella de champán en la mano1, Ben-Gvir celebraba al grito de Am Yisrael Chai –«el pueblo de Israel vive»– la aprobación de la nueva ley sobre la pena de muerte para los palestinos.
Bajo este régimen jurídico, «los casos de terrorismo» que causen la muerte de una persona serán condenados con la pena de muerte, siempre que los autores sean palestinos.
La diputada del partido Poder Judío y coautora de la legislación, Limor Son Har-Melech, lo explicaba de forma sencilla2: «[Un judío] que mate a un árabe debe pasar el resto de su vida en la cárcel. [Un árabe] que mate a un judío debe morir».
La pena de muerte en Israel
El Estado de Israel instituye en la práctica un sistema de apartheid –aunque cabe resaltar que el sistema sudafricano del cual tomamos el nombre nunca llegó tan lejos ni instituyó unos niveles de violencia tan elevados como el israelí – , pero siempre ha cuidado las formas, por lo que es difícil encontrar en la legislación una discriminación explícita. Sin embargo, si uno atiende a los detalles –y en los detalles está el diablo – , es fácil ver cuál es la intención real.
En el caso de esta nueva legislación, hay dos niveles que debemos observar. El primero afecta a los llamados «territorios ocupados», concretamente a Cisjordania. Aquí el estado de ocupación militar instituido desde su conquista en 1967 permite al Estado hebreo mantener dos regímenes jurídicos: tribunales militares para los residentes palestinos y tribunales civiles para los ciudadanos o residentes israelíes.
De este modo, se establece que la pena por «un acto terrorista» homicida cometido por un residente de Cisjordania es la pena de muerte, «y solo esta pena». La ley fija la pena capital como la sentencia por defecto3, permitiendo a los tribunales imponer la cadena perpetua solo en casos excepcionales no especificados en los que los jueces hagan constar formalmente «razones especiales».
Al hacerlo, el proyecto de ley limita significativamente la discrecionalidad judicial y fiscal y elimina las garantías procesales: las penas de muerte pueden imponerse por mayoría simple de los jueces –ya no es necesaria una absoluta – , incluso si la fiscalía no lo ha solicitado, y no se exigiría que los jueces tengan un alto rango militar.
También estipula que el comandante militar en Cisjordania no puede conmutar ni modificar las penas de muerte y exige que las ejecuciones se lleven a cabo en un plazo de 90 días a partir de la sentencia definitiva.
Los tribunales militares tienen una tasa de condena del 96%, pues en Israel es habitual y está legalmente permitido que los palestinos sospechosos de haber cometido «delitos contra la seguridad» sean sometidos a interrogatorios por parte de la Agencia de Seguridad Israelí.
Estos suelen incluir violencia física, privación del sueño, humillaciones, amenazas y otras formas de presión psicológica destinadas a obtener información –el propio Tribunal Supremo aprobó el uso de la tortura cuando la «seguridad nacional» esta en juego – .
Por lo tanto, es probable que se dicten sentencias de muerte basadas en confesiones –muchos presos se ven obligados a firmar documentos en hebreo sin entender lo que pone– o en información obtenida mediante tortura.
La ley es ahora aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluyendo el 53% de la Franja de Gaza4 y el sur de Líbano. Los ciudadanos o residentes israelíes quedan expresamente excluidos de su aplicación, ya que la ley especifica que no se les aplicará.
El segundo nivel afecta a la legislación civil. Modifica el Código Penal de Israel y autoriza a los tribunales civiles israelíes a imponer la pena de muerte por los mismos motivos: «un acto de terrorismo» que cause la muerte de forma intencionada.
En este caso, para mantener la distinción entre judíos y palestinos, se introduce un elemento ideológico en la motivación del acto: que éste se cometiese con el objetivo de «negar la existencia del Estado de Israel»5.
Así, la pena de muerte nunca puede ser aplicada al terrorismo sionista, y en general los judíos jamás se verán sujetos a esta condena salvo que defienda una posición antisionista. Por el contrario, el objetivo de esta ley es que sí pueda condenarse a los palestinos que tienen ciudadanía israelí.
El proyecto kahanista se hace dominante
Esta jerarquía jurídica6 convierte de hecho la pena de muerte en un castigo principal y fundamental contra los palestinos. El carácter racial de la ley queda aún más patente en las declaraciones de su promotora, Son Har-Melech, quien afirmó en la primera lectura que «no existe tal cosa como un terrorista judío».
Más recientemente, declaró que «el intento de forzar la simetría entre el terrorismo nacionalista árabe, cuyo objetivo es la destrucción del Estado judío, y los delitos cometidos por judíos es un intento ilegítimo y peligroso», y que la pena de muerte no debería aplicarse a los judíos.
Palabras que Son Har-Melech ha defendido en lo concreto, elogiando como un «santo» a Amiram Ben-Uliel, colono judío sentenciado a cadena perpetua por lanzar una bomba incendiaria contra la vivienda de una familia palestina en la localidad de Duma, matando a un bebé de 18 meses y a sus dos padres.
En la práctica podemos hablar de que el eslogan kahanista de «muerte a los árabes» se ha hecho ley –para los kahanistas «terrorista» siempre fue sinónimo de «árabe» – . Este es el nuevo sentido común de Israel, y la demostración de que el sector colono-mesiánico ha conseguido conquistar y operar dentro de los mecanismos de poder.
La ley fue apoyada por una amplia mayoría de 62 diputados, incluida parte de la oposición, como el partido Yisrael Beitenu. También votó a favor el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según la encuesta del Instituto de Israel para la Democracia, el 70% de los judíos israelíes7 apoya la pena de muerte.
Este es el nuevo Israel que se viene fraguando desde 1995 y que Meir Kahane ha hecho suyo póstumamente. Un régimen que ya no se preocupa por pulir su imagen, por mantener las formas o un mínimo de decoro hacia el resto del mundo, porque tiene prisa: quiere terminar el trabajo comenzado por los sionistas socialistas en 19488.
Es el paso de la lógica del apartheid a la del exterminio, ya inaugurada desde 2023. Con esta ley se avanza un paso más hacia la conversión de los campos de tortura y violación de Israel en campos de exterminio. Las prisiones pasan a ser una prolongación directa de las políticas genocidas y un escenario central para su ejecución.
Entre los 48 diputados que se oponen a la ley encontramos a Mickey Levy, del partido Yesh Atid, que dentro del espectro sionista es una fuerza liberal. En su voto en contra, Levy explica9 a los que considera zopencos trogloditas de Poder Judío que: «El día que un vil terrorista sea enviado a la horca, un judío del otro lado pagará con su vida. Un judío será secuestrado y asesinado a sangre fría. Y la culpa será tuya».
Por eso mismo, «yo, a diferencia de ti, ordené que le dispararan en la cabeza a un terrorista que tenía las manos esposadas a la espalda. No me vas a enseñar nada».
Levy es el ejemplo de judío bien educado con una excelsa carrera militar, una élite que cada vez escasea más en el Estado judío y que viene siendo sistemáticamente desplazada por la nueva cohorte de colonos mesiánicos.
Levy, un hombre práctico, explica que en el fondo las ejecuciones de palestinos es una política sistemática que siempre estuvo legalizada, pero que si te ahorras toda la fanfarria del juicio es más rápido y generas menos ruido. En su honesta opinión, «los terroristas no deberían ser neutralizados, deberían ser exterminados».
Lo que quizá no entiende la mayoría es que estas ejecuciones extrajudiciales, tan habituales en el Estado sionista como las expropiaciones de tierras palestinas, no sirven como demostración de poder, son algo banal por su normalización.
Los colonos mesiánicos necesitan reafirmar su poder. La legislación sobre la pena de muerte se presenta así como un instrumento electoral del que esperan obtener una importante recompensa política, movilizando y galvanizando a sectores que tradicionalmente han quedado fuera de su espacio de influencia.
Quienes impulsan esta legislación esperan sacar rédito electoral, precisamente porque la legislación es racista y tiene como objetivo matar a los árabes. Itamar Ben-Gvir afirmó en la votación: «El Estado de Israel está cambiando hoy las reglas del juego: quien asesine a judíos no seguirá respirando ni disfrutando de las condiciones de la prisión. Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos».
Por eso el método de ejecución escogido no es baladí, forma parte del ritual de poder. Todas las condenas a muerte se materializarán mediante ahorcamiento, según como fue diseñado por Ben-Gvir, quien ha convertido la insignia en forma de soga que lleva en la solapa en un símbolo nacional de campaña en favor de la pena de muerte para los palestinos.
La soga, en el lenguaje mesiánico, se vincula con la festividad judía de Purim, en la que, según el relato del libro de Ester, el enemigo de los judíos, Amán, fue colgado en la misma horca en la que pretendía ejecutar al judío Mardoqueo.
Un ejemplo de esta simbología es la vicepresidenta de la Knéset, la diputada Limor Son Har-Melech, que se disfrazó para Purim de «pena de muerte para terroristas». Son Har-Melech vestía un mono del Servicio Penitenciario de Israel, con una soga en una mano y una jeringuilla con veneno en la otra.
A su lado, vestido con una camisa blanca, se encontraba su marido, Yehuda, cargando un rifle automático con una etiqueta que dice «ocupación», un avión en miniatura con una etiqueta que dice «expulsión» y una casa en miniatura con una etiqueta que dice «colonización».
Los presos palestinos
En las cárceles israelíes hay en estos momento más de 9.300 palestinos10, entre ellos 350 menores. Cientos de ellos podrían ser ejecutados en virtud de la nueva ley aprobada por el Estado hebreo.
Aunque esta no se aplica de forma retroactiva, una comisión del Knéset ha aprobado un proyecto de ley independiente titulado «Ley sobre el juicio de los participantes en los acontecimientos del 7 de octubre», que establece un tribunal militar especial que, de igual modo, está facultado para imponer la pena de muerte –junto con otras medidas– a los detenidos en relación con el 7 de octubre de 2023, a quienes la ocupación clasifica como «de elite».
La mayor parte de presos están bajo el régimen de «detención administrativa»11, es decir, no están acusados de nada. Un juez puede alargar indefinidamente este tipo de detención sin que se presenten cargos formales. Solo hacen falta que las fuerzas de seguridad tengan una sospecha o «pruebas secretas» que no pueden ver ni el detenido ni su abogado.
Hay palestinos que se han pasado años en estas circunstancias hasta que han sido puestos en libertad sin la menor explicación. Cabe recordar que el ministro de Defensa abolió la detención administrativa para sospechosos judíos.
Otros palestinos mueren en estas largas detenciones, en un sistema más silencioso pero igualmente letal que se cobra vidas de forma sistemática. Como explica12 la Asociación de Apoyo a los Reclusos y Derechos Humanos «solo desde el inicio del genocidio, más de 100 presos han sido asesinados entre rejas, lo que supone el periodo más mortífero en la historia del movimiento de presos palestinos».
La pena de muerte busca institucionalizar esta maquinaria de exterminio. Itamar Ben-Gvir, que dirige el sistema de prisiones13 de Israel, ha declarado con orgullo lo siguiente:
Les hemos reducido el espacio vital, les hemos limitado el tiempo de ducha, les hemos suspendido los estudios, hemos minimizado su contacto con el mundo exterior, les hemos dejado lo estrictamente lo mínimo de lo mínimo. Pero hoy vamos a ir un paso más allá […] Quien haya hecho daño a otros se ha excluido a sí mismo de la comunidad humana y no hay lugar para él entre nosotros.
Ángel Marrades
1 de abril de 2026
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https://x.com/SettlersFW/status/2038689908642943010
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https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/otzma-mk-jew-who-kills-arab-should-be-jailed-arab-who-kills-jew-must-be-executed/
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https://www.adalah.org/uploads/uploads/Briefing_Paper_Death_Penalty_Bill_26_March_2026.pdf
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https://www.descifrandolaguerra.es/estados-unidos-mandato-colonial-gaza/
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https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/knesset-passes-death-penalty-law-for-west-bank-palestinians-convicted-of-terrorism/
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https://www.haaretz.com/israel-news/israel-politics/2026 – 03-30/ty-article/israel-passes-bill-mandating-death-penalty-for-palestinians-convicted-of-terror/0000019d-3f83-d3ba-abbf-bfdfd95c0000
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https://www.jpost.com/israel-news/article-891710
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https://www.descifrandolaguerra.es/origen-sionismo-cristiano/
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https://x.com/ireallyhateyou/status/2039005638987039107
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https://www.phr.org.il/en/palestinian-deaths-behind-bars-eng/
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https://www.descifrandolaguerra.es/prisioneros-palestinos-en-israel/
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https://www.addameer.ps/media/5701
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