Resumen Latinoamericano, 25 de Febrero 2020.
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Reincorporarán a 205 despedidos del Hospital Posadas
AM 750 – El Ministerio de Salud de la Nación se comprometió a reincorporar a 205 trabajadores del Hospital Posadas despedidos por el macrismo. La medida surgió a partir de una reunión que la Comisión de Despedidos del Hospital y distintos gremios mantuvieron en la sede ministerial el pasado viernes.
Según Marta Márquez, presidenta de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), las reincorporaciones se harán por tramos: 60 personas serán restituidas en sus cargos ahora y luego lo serán 30 personas por mes hasta completar las 205. “El próximo paso es que nos reuniremos de nuevo para concretar esto en un acta firmada para poder iniciar este proceso”, adelantó.
“Esto es resultado de la lucha y lo saludamos”, afirmó Márquez, quien también sostuvo que “hay que avanzar con la desprecarización laboral en el Hospital Posadas terminando con los contratos temporarios y otras formas de precarización
Un porcentaje y 4 sumas fijas, el plan del Gobierno para destrabar la paritaria nacional docente
Infogremiales – Será el primer encuentro en el que el Gobierno se pondrá sobre la mesa una oferta salarial. Se diseña una propuesta con un porcentaje y cuatro sumas fijas.
Los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibirán hoy a los dirigentes sindicales de los cinco gremios docentes con representación nacional para poner sobre la mesa una oferta salarial para el primer semestre del año con el objetivo de que las clases comiencen en fecha.
El objetivo del encuentro es cerrar un acuerdo para incrementar el piso salarial de los docentes, cuyo salario mínimo pasaría de $20.250 a $23.000, lo que refleja un incremento del 13,5%.
Asimismo, el Poder Ejecutivo planea entregar cuatro sumas fijas no remunerativas ‑en los meses de marzo, abril, mayo y junio- de entre $1.000 y $1.500 cada una.
En tanto, se postergaría el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que se traduce en un monto de alrededor de $1.210 que cobran todos los docentes y no se actualiza desde 2016.
Quienes representarán a los docentes serán los titulares de CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, que serán los encargados de cerrar el acuerdo que luego deberá replicarse en todas las provincias del país.
De concretarse el acuerdo, las clases comenzarían el próximo lunes, aunque se prevén algunos paros en territorios donde los docentes están protestando por el retraso en el pago de sueldos por parte de la administración provincial.
Desde las centrales docentes descartaron la posibilidad de realizar un paro en el comienzo de clases, en tanto que manifestaron que le pedirán al Gobierno que avance en la reunión del Consejo del Salario, la mesa tripartita ‑Gobierno, empresarios y sindicatos- que, entre otras cosas, fijará el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que hoy es de $16.875.
Por regla general, el salario docente debe estar 20% por encima del SMVM, por lo que esta reunión del Consejo es de especial importancia para los gremios.
Se definen nuevos aumentos para el personal de casas particulares
Mundo Gremial – El próximo 28 de febrero se reunirán los actores del sector para acordar incrementos en los salarios de la actividad.
La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP) se reunirá el próximo viernes 28 para definir nuevos aumentos a los empleados y empleadas del sector.
Con participación de los gremios representativos de la actividad, se debatirá la aplicación del Decreto 14⁄2020 de incremento solidario establecido por el gobierno nacional.
También se dará cumplimiento a la cláusula de revisión pautada en el acuerdo paritario vigente.
El encuentro fue confirmado por el gremio de trabajadores de casas particulares y oficializado por la Comisión con el objetivo de tratar la recomposición salarial del rubro.
El decreto 14⁄20 que estableció el pago de sumas fijas a empleados en relación de dependencia, dejó fuera a empleados de servicio doméstico, pero el mismo decreto habilita a la CNTCP a negociar una medida similar, en ese sentido se reunirá el próximo viernes.
¿Cláusulas gatillo, cláusulas de revisión, sumas fijas o paritarias cortas? El salario a la deriva
Por Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)
En los últimos días se ha vuelto a instalar con fuerza el debate sobre las formas de determinación de los salarios nominales de los trabajadores y trabajadoras.
Tanto el Presidente de la Nación como el Ministro de Trabajo intervinieron activamente cuestionando las denominadas cláusulas gatillo y sugiriendo de manera más o menos explícita que el gobierno vería con buen grado que las negociaciones salariales incluyeran incrementos salariales de suma fija o en su defecto tuvieran una extensión temporal más acotada.
Este debate se produce en un contexto donde el salario real se encuentra en los valores más bajos en más de una década, luego de un profundo retroceso en los últimos cuatro años que alcanzó al 17,7% en el sector privado y al 22,9% en el sector público. En este marco, plantear estrategias y acciones tendientes a recuperar dicho deterioro constituye una prioridad central.
Ahora bien, si el objetivo de la política salarial es impedir que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras sigan deteriorándose en términos reales, en primer lugar deben establecerse garantías concretas de que el incremento de los salarios nominales no quedará por detrás de los niveles de inflación. Estas garantías, en el plano de la negociación colectiva, se denominan cláusulas gatillo. Es decir, disposiciones que establecen que una vez que la inflación supera determinado porcentaje los salarios deben actualizarse de manera automática sin necesidad de que las partes deban incurrir en una nueva negociación.
Recientemente se ha sostenido que dichas cláusulas solo permiten “empatarle” a la inflación y por ende no serían efectivas para promover aumentos por encima de ella. Este razonamiento no resiste el menor análisis. De hecho, existen experiencias recientes donde sindicatos y cámaras patronales negociaron acuerdos salariales equivalentes a la inflación más una determinada cantidad de puntos porcentuales por encima de ella. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en el año 2017 cerró sus acuerdos salariales bajo la fórmula “21% o cláusula gatillo + 2%, el que sea mayor”. En dicho ejemplo, se garantizaba que si la inflación estaba por debajo del 19% se aplicaría el porcentaje establecido en la negociación original, mientras que si la inflación era superior a dicho número se aplicaría un incremento equivalente al aumento de precios más un 2%. En otras palabras, la cláusula gatillo puede ser una herramienta no solo para garantizar que el salario no se deteriore en términos reales, sino también que puede trazar un sendero de crecimiento sostenido.
En los años 2018 y 2019 las cláusulas gatillo virtualmente desaparecieron de las negociaciones colectivas del sector privado, aunque en algunas actividades como intermediación financiera, construcción y sanidad se incluyeron cláusulas de revisión en función de la evolución de la inflación que, si bien no disparaban aumentos automáticos, sí obligaban a las partes a sentarse a negociar periódicamente teniendo como punto de referencia la evolución de los precios en el período inmediatamente anterior. Por el contrario, donde sí siguieron estando presentes fue en algunas provincias y ámbitos del sector público, en los que se transformaron en herramientas defensivas muy importantes.
El ataque actual contra las cláusulas gatillo tiene como objetivo liberar las barreras para llevar adelante un ajuste aún mayor sobre el salario real de los trabajadores y trabajadoras. Ello no quiere decir que la intención del Gobierno Nacional, o los gobiernos provinciales, sea necesariamente reducir el salario real. Ello dependerá de múltiples factores y escenarios que aún no están claramente definidos. Pero sí parece evidente que la remoción de estas cláusulas les otorga a los empleadores en general, y a los gobiernos en particular, mayores márgenes de acción para intervenir en la determinación de los salarios nominales. El ejemplo más extremo de esta situación se observa actualmente en Tucumán, donde el gobierno provincial directamente decidió incumplir con la última cuota de la cláusula gatillo correspondiente a 2019, lo que implica directamente una reducción salarial y un ajuste sobre las cuentas públicas. Además, el ataque abierto contra las cláusulas gatillo busca impedir que esta herramienta se generalice, evitando así un efecto contagio sobre otras actividades donde no se han utilizado.
Por su parte, las cláusulas de revisión han sido útiles en los últimos años para impedir un ajuste aun mayor sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, pero con un efecto mucho más acotado que las cláusulas gatillo. En efecto, los mecanismos de revisión tan solo generan la obligación de las partes de volver a sentarse a negociar en caso de que el aumento pactado originalmente quede desnaturalizado por la evolución posterior de la inflación. En algunos años ellas fueron medianamente efectivas, pero en otros como el 2019 solo pudieron ser utilizadas por algunas actividades, mientras que otras como la administración pública nacional, alimentación, comercio y la industria metalúrgica, tan solo por citar algunas de las más numerosas, no las han podido activar aún y continúan registrando incrementos salariales que están muy por debajo de la inflación del período.
Finalmente, en las últimas semanas desde los ámbitos oficiales se ha sugerido la posibilidad de ir hacia esquemas de negociación de sumas fijas o de paritarias más cortas. En ambos casos el objetivo parece ser postergar la determinación del mecanismo de actualización salarial hasta tanto exista un nuevo régimen macroeconómico, actualmente condicionado por el resultado que tenga la renegociación de la deuda pública, tanto a nivel nacional como provincial. En efecto, los resultados de dicho proceso son tan disímiles y divergentes que resulta prácticamente imposible hacer una proyección que tenga algún viso de factibilidad. Un escenario de acuerdo con los acreedores tendrá determinadas consecuencias sobre la actividad económica y la capacidad estatal de conducir el ciclo; un escenario de falta de acuerdo nos enfrentará a otro tipo de desafíos que serán completamente diferentes. La política salarial tanto para el sector privado como para el sector público será completamente diferente en uno u otro. La promoción de acuerdos cortos o sumas fijas no es más que un intento oficial de ganar tiempo hasta tanto esté un poco más claro el panorama macroeconómico de corto plazo. En dicho marco, el establecimiento de cláusulas gatillo podría constituir una garantía para los sectores de ingresos fijos (trabajadores y trabajadoras) que de lo contrario quedarán expuestos una vez más a los vaivenes de la resolución de una crisis sobre la cual todavía queda mucho por definir.
Empresas diseñan aumentos salariales del 41% para 2020
Infogremiales – El incremento salarial que calculan otorgar las empresas para el personal fuera de convenio durante el 2020 es de 41,2%, con una inflación estimada para el año del 40%, de acuerdo con una encuesta difundida hoy.
Según el relevamiento realizado por la consultora Mercer, un 17% de las empresas manifestó incluir en la pauta salarial de este año un promedio de 7 puntos para recuperar la pérdida del poder adquisitivo 2019.
De la encuesta participaron 280 compañías de distintos rubros, y según el resultado, los mayores porcentajes de incrementos salariales se observaron en la industria automotriz/autopartista (48,4%), servicios financieros (45,67%), energía (44,35%) y tecnología (43,63%).
«Se mantiene como tendencia la importante dispersión de los porcentajes de aumentos entre industrias y e incluso entre empresas de una misma industria», evaluó Ivana Thornton, directiva de Mercer.
El informe reveló además que, en términos generales, los porcentajes de aumentos salariales anuales más altos ‑tanto en promedio como en mediana- corresponden a las empresas de mayor rango de dotación y facturación.
«Sin embargo, no se observó una tendencia uniforme en la muestra», aclaró la consultora.
En la encuesta también preguntó a las compañías sobre el Decreto 14⁄2020, que dispuso aumentos salariales para el sector privado y público.
Así, sólo el 14% de las empresas optó por otorgar en una sola vez, en enero, el incremento total de 4 mil mil pesos, en lugar de 3 mil pesos en enero y mil más a partir de febrero, como establece el decreto.
En tanto, el 63% de las empresas encuestadas expresó que el monto definido por ese D
ecreto será tomado como parte del incremento salarial previsto para 2020.
Científicos del Conicet buscan escapar del paraguas de UPCN y van por su propio Convenio Colectivo
Infogremiales – Con una carta al Ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, los investigadores de Conicet reconocieron las primeras medidas del Gobierno, pero reclamaron una «real recomposición» salarial y el avance en su propio convenio de trabajo.
A través de una carta difundida en redes sociales, investigadores e investigadoras de CONICET, reclamaron que el gobierno nacional avance con la creación de un convenio colectivo de trabajo que impacte en una «recomposición real» de los salarios de los científicos.
Si bien en la misiva dada a conocer por el portal especializado Periferia Ciencia, dirigida al Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, y a la Presidenta de CONICET, Ana Franchi, reconocen en los primeros anuncios oficiales, acciones del Gobierno «que ayudarán a devolver solidez a los equipos de investigación a través de la mejora del estipendio de becas», piden avanzar en la conformación de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de ciencia.
Hoy la actualización salarial de los investigadores de CONICET depende de las negociaciones salariales generales de los trabajadores del Estado, que lleva adelante el gremio de UPCN con el gobierno.
En la última actualización, del año 2019, con una inflación cercana al 54%, el gremio pactó con Mauricio Macri una suba salarial del 28%, en cuotas. es por eso que los científicos reclaman modificaciones y reconocimiento a negociaciones justas, que permitan que los salarios de científicos «le ganen» a la inflación.
Las llamadas «minicuotas Rodríguez», en referencia a las negociaciones a las que el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, llegó con el gobierno de Macri, hicieron que los salarios pierdan más de 30 puntos contra la inflación.
«Entre las primeras medidas del gobierno actual, se anunció el aumento de los estipendios de las becas y, asimismo, el Ministro Dr. Salvarezza ha consignado que se aumentarán los ingresos a carrera y los montos de los proyectos de investigación 2018 que tendrán un incremento que suavice la devaluación que ha sufrido el presupuesto de los mismos», manifesta la carta, reconociendo la labor que viene llevando adelante la gestión de Alberto Fernández para el sector científico.
Los investigadores ponderaron, además, «las declaraciones vertidas en distintos medios, en particular de la Dra. Franchi, donde se ha reconocido el deterioro de los salarios que percibimos quienes integramos la carrera de investigación científica (CIC) resultando que esa merma los ubica entre los más bajos en la región».
Sin embargo, apuntaron que desde 2016 «los aumentos salariales acordados por paritarias a nuestro sector se encuentran muy por debajo de la inflación, sufriendo una pérdida de entre 30% y 40%».
Por ello los investigadores plantean una solución estructural, a través de la creación de un convenio colectivo y paritarias que permitan superar la suba inflacionaria.
«Vemos con enorme preocupación que no ha habido ninguna referencia expresa respecto de revertir la lamentable situación salarial y ningún gesto de la actual gestión en relación con el tema», consideraron los científicos.
«El problema es más grave aún si incluimos en ese cada vez menor salario real, los cada vez más variados requisitos de actividades que debemos adicionar a nuestras funciones. En efecto, cada vez se amplían más los requerimientos a la hora de las evaluaciones y, asimismo, estos no guardan relación con los lineamientos estatutarios que rigen la CIC», manifiestan en la carta.
En tal sentido, aseguran que «creemos fundamental expresar a Uds. la complejidad de la situación en la que nos encontramos y la necesidad de contar con un Convenio Colectivo sectorial que contemple la multiplicidad y especificidad de nuestras tareas y responsabilidades».
En esa línea, le apuntan a «los insólitos descuentos» de ganancias. «Esos descuentos resultan abrumadores y absolutamente desiguales en los ingresos percibidos de un mes a otro a resultas de que, por ejemplo, los salarios de una misma persona pueden tener merma de entre $2000 y $18000».
En tal sentido, aseguran que «es una práctica que coloca a quienes trabajamos en la carrera de investigación científica en la más absoluta precariedad en tanto no podemos conocer a ciencia cierta cuál será nuestro haber mensual aun cuando el trabajo sea el mismo todos los meses».
La carta, remarca, además, que el CONICET no ha modificado su política de descuentos de los salarios docentes universitarios «cuando superan el magro techo de lo que cobra un titular con dedicación simple».
Pero, además piden revisar el reconocimiento porcentual a la antigüedad en la Carrera de Investigador y los ítems que componen el conjunto de decretos de mejora «que no se integran al exiguo salario básico al que deberían estar incorporados».
Por último, los científicos firmantes adhieren a «avanzar en la conformación de una mesa de trabajo para la concreción de un Convenio Colectivo que establezca con precisión cuáles son las obligaciones y derechos con los que contamos en la particular y específica tarea que desarrollamos, por un sistema científico que jerarquice la labor de sus cientistas».
El resto de las empresas manifestó que no adelantarán los incrementos salariales planificados para el primer semestre a los dos primeros meses del año.
