Resumen Latinoamericano, 28 febrero 2020
La FARC, el partido político surgido del acuerdo de paz en
Colombia, anunció que 107 excombatientes y familiares abandonarán una
zona donde llevaban a cabo su proceso de reincorporación social y
económica, obligados por las amenazas y el asesinato de 12 antiguos
rebeldes.
«Se tomó la decisión que 62 y 45 familiares, que incluyen menores de
edad, se desplazarán del territorio a un lugar donde podamos desarrollar
nuestra reincorporación (…) en paz», informó Jesús Arenas,
representante del partido en la ciudad de Medellín.
La violencia que golpea a los guerrilleros que depusieron las armas,
tras firmar la paz en noviembre de 2016, afecta especialmente al llamado
Espacio de Reincorporación Territorial (ETCR) de Ituango, en el
departamento de Antioquia.
Han sido asesinados 12 exmilitantes de las FARC y otros varios reciben «amenazas precisas» constantemente, dijo Arenas.
En los últimos meses ya habían salido 60 exguerrilleros hacia
Medellín, donde según Arenas viven en «condiciones muy precarias», y con
el nuevo «desplazamiento» apenas quedarán apenas 20 personas el ETCR de
Ituango.
Corredor para el tránsito de cocaína, en esa región confluyen grupos
de origen paramilitar y disidencias de la guerrilla que no se acogieron
al acuerdo de paz, que son señalados por autoridades como responsables
de los ataques contra los excombatientes.
Los miembros de la disuelta organización marxista que se vieron
forzados a dejar su espacio, iniciarán un proceso de reubicación. «Hemos
elaborado un plan de trabajo a ejecutar en dos meses con el fin de
encontrar nuevas tierras en otros municipios», aseguró el vocero.
«Si en ese tiempo no tenemos un sitio, pues tenemos que traer la
gente a algún refugio humanitario, alguna iglesia, alguna escuela porque
la vida no da espera en Ituango», agregó Arenas.
El 2019 terminó como el año mas letal contra excombatientes de las
FARC. Según la ONU, fueron asesinados 77 de ellos, lo que elevó la cifra
a 173 crímenes desde la firma de la paz.
Apoyado por Naciones Unidas, el acuerdo condujo al desarme y
desmovilización de 13.000 rebeldes entre combatientes, presos y
militantes.
El alto consejero para la paz, Emilio Archila, reaccionó al anuncio
del partido de izquierda. «La recomendación del gobierno (…) siempre ha
sido que ese espacio no se mantenga ahí por problemas de seguridad»,
afirmó en un video compartido a la prensa.
De acuerdo con su oficina, 2.946 excombatientes se encuentran en 24
espacios de reintegración en todo el país. El resto lleva a cabo
procesos individuales de reincorporación.