En el sistema capitalista, policíaco, judicial y penitenciario, la cárcel es un núcleo básico para la gestión de la delincuencia. Con esta estructura se controla al delincuente y se le segrega física y psicológicamente de su clase de origen. Esto evita que el discurso que muchas veces acompaña a la acción delictiva pueda tener algún tipo de efecto en la clase trabajadora y de lugar a un posible comportamiento general que perturbe al sistema y su necesidad vital de acumulación de capital.
También sucede al revés: la masa obrera es separada de aquellos que intentan obtener ventajas de la sociedad sin pasar por la explotación asalariada. Esto ayuda infinitamente a que la esclavitud se entienda como lo único moralmente aceptable y el sistema burgués se vea reforzado.
A la burguesía no le interesa en exceso la represión del delito (siempre permitirá un cierto grado de delincuencia, como permite un cierto grado de desempleo) pero sí la constitución de mecanismos de gestión a través de los cuales obtenga beneficios que perpetúen su hegemonía como clase. Y es ahí donde se debe entender el discurso contradictorio entre la «rehabilitación» y la pavorosa realidad del orden carcelario.
En estos días de bombardeo incesante de medidas políticas, sociales y de seguridad en torno al Covid-19, que en su mayoría resultan inútiles e insuficientes, los medios de comunicación y los gobiernos olvidan en su agenda política a las personas reclusas o privadas de libertad.
La población penitenciaria en el Estado Español es de un total de 58.369 personas, sin contar las cárceles en Cataluña. Una población que supera a ciudades como Segovia, Soria, Cuenca o Ávila, distribuida y hacinada en los diferentes centros penitenciarios del Estado.
El desinterés se manifiesta en cifras ridículas, con un total de 285 médicos y 6 psiquiatras repartidos en las distintas cárceles ya que un 41,66% de las plazas no están cubiertas. Esto, sumado a la falta de espacio y a la saturación de las penitenciarías hace que la escala de contagio sea mucho mayor, como en las residencias de nuestros mayores, donde por el evidente nivel de riesgo el número de fallecidos es mayor.
Por su parte, las medidas adoptadas por el gobierno español, siguiendo con la línea de las tomadas por el gobierno italiano, se basan en un mayor aislamiento y el castigo. Se han suspendido todas las visitas y permisos en cualquiera de sus formas, olvidando a las familias que ya tenían que hacer cientos de kilómetros para poder ver a sus padres o hijas y ahora se ven imposibilitadas para hacerlo por una lamentable gestión de las instituciones.
El nivel higiénico es escaso y los productos caros si se tienen que adquirir en los economatos. Por otro lado, los funcionarios entran y salen pudiendo contagiar en todo momento a los que se encuentran recluidos.
La solución que se le está dando a los presos contagiados o en delicado estado de salud es el aislamiento total durante 15 días, en una celda propia de aislamiento, cuando deberían estar atendidos en un entorno médico adecuado.
Las comunicaciones con las familias son únicamente telefónicas tras la prohibición de las visitas, rondan entre los 3 y los 5 euros y se restringen a una vez por semana, variando las condiciones dependiendo del centro penitenciario.
Ante esta situación se han ido organizando a lo largo de todas las cárceles españolas, igual que ha pasado en Italia previamente, levantamientos y motines que se tratan de silenciar como si no fuera un tema importante. Ayer mismo se producía un motín en la cárcel toledana de Ocaña, donde la organización «Tu abandono me puede matar» explica lo ocurrido debido a la falta de protección y de medios efectivos que actúen frente a la crisis del coronavirus. Los medios insisten en su «todo saldrá bien» intentando cegar a las masas obreras ante las carencias del capital que están saliendo a flote y que a toda costa quieren ocultar.
Exigimos la mejora inmediata de las condiciones en las instituciones penitenciarias del Estado, que se facilite a las familias el derecho a las visitas y la comunicación garantizando las medidas de seguridad adecuadas. También un paquete de medidas sanitarias básicas que permitan separar a los reclusos contagiados de los que no lo están sin agravar las situaciones de aislamiento inhumanas y en general, el fin del hacinamiento y la sobreexplotación de los penales.
No olvidemos que los centros penitenciarios están llenos de obreros y militantes y que las cárceles españolas son solo un arma más del aparato represivo burgués.
Las cárceles no rehabilitan, castigan y torturan a la clase trabajadora.
Comunistas de Castilla
10 de abril de 2020
