El caso, con sentencia judicial por violencia de género y medidas de protección a la víctima, ha motivado una resolución del Ararteko
● Etxebide niega a la mujer su inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y, como consecuencia, Lanbide reclama a la víctima 3.800 euros
Bilbao, 9 de septiembre de 2020
Seis organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir responsabilidades y destituciones en los servicios públicos de vivienda Etxebide y de empleo Lanbide, ambos del Gobierno Vasco, por negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57%. e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Defensor del Pueblo-Ararteko.
El grupo La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, el colectivo Mujeres del Mundo-Babel, la organización Trabajadoras NO Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han unido para denunciar el caso y exigir que “Lanbide, Etxebide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista”.
«A pesar de las campañas instituciones en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos de empleo Lanbide y de vivienda Etxebide no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en el último caso defendido por el Ararteko, se les niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales a pesar del peligro para la integridad de las víctimas”, han señalado los colectivos, que lo han hecho con una concentración ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao.
La reclamación se produce precisamente después de que la institución del Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que rectifique la decisión del delegado en Bizkaia de negar a la víctima de violencia machista la inscripción en el registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida. Esta actuación de Etxebide ha supuesto además que Lanbide reclame a la mujer 3.800 euros.
“Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género”.
Las entidades sociales han pedido también a las fuerzas políticas que exijan en el Parlamento Vasco explicaciones y responsabilidades por este hecho.
Asociaciones que se han mostrado “impactadas por la cruel actuación administrativa” y han advertido del inicio de movilizaciones “hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos”.
El dictamen del Ararteko señala que el delegado territorial del Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco en Bizkaia negó en 2018 “no una sino en dos ocasiones” la inscripción de la víctima en el registro Etxebide de solicitantes de vivienda protegida a pesar de que la mujer contaba con la “credencial de víctima violencia de género con orden de protección vigente” y a pesar de que el marido agresor estaba vulnerando la orden y se había instalado en el piso familiar, lo que obligó a la esposa a buscar otro sitio.
La resolución pone además de manifiesto que la negativa de Etxebide se produjo a pesar de que “era imposible la convivencia en la vivienda familiar debido a la condición de víctima de violencia de género de la mujer y la residencia permanente del agresor en la misma”. Pese a la violencia, la negativa administrativa sostenía que se producía un “incumplimiento del requisito de carencia de vivienda en los dos años anteriores a la solicitud”.
Dado que el Departamento de Vivienda le negó la inscripción en el registro de vivienda protegida, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide reclamó a la mujer 3.803,33 euros porque el derecho a la prestación complementaria de vivienda (PCV) está condicionado a que la solicitante figurara en Etxebide. Vivienda además se ha ratificado pese a la petición expresa del Ararteko para que rectificara.
“Instamos al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas”, han señalado los colectivos feministas y sociales.
Las seis agrupaciones han señalado que este caso “es la gota que colma el vaso” en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia la violencia de género. “No es un caso puntual. Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las mujeres maltratadas, y hasta la fecha nunca ha pasado nada y nadie toma decisiones políticas para frenar este despropósito”.
“La paciencia de las mujeres maltratadas, del movimiento feminista y de las asociaciones contra la exclusión y la pobreza tiene un límite y ya se ha superado. Haremos todo lo que sea necesario para que haya personas concretas, con nombres y apellidos, que paguen por este atropello y para que, de una vez por todas, no se repitan estas actuaciones y Lanbide y el resto de Administraciones públicas demuestren con hechos que Euskadi protege a las mujeres y lucha contra el machismo»
