En un mundo en el que la repetición mediática sustituye a las pruebas irrefutables, algunas palabras son palabras polivalentes, cuyo uso codificado de antemano se presta a todo tipo de manipulaciones. Los perpetuos cambios de significado que permiten el paso insidioso de un término a otro hacen que nada se oponga a la maliciosa inversión por la que el verdugo se convierte en víctima, la víctima en verdugo y el antisionismo en antisemitismo.
Por mucho que el antisionismo se defina como la oposición a una empresa colonial, admitirlo como tal sería aún comprometer lo inaceptable. Imbuido de una causalidad diabólica, el antisionismo está moralmente descalificado, fuera de juego en virtud del anatema que lo golpea. Por mucho que se recuerde que Palestina no es propiedad de una etnia o una confesión, que la resistencia palestina no tiene ninguna connotación racial, que el rechazo del sionismo se basa en el derecho de los pueblos a la autodeterminación, estos argumentos racionales son barridos por la doxa.
Desde hace setenta y cinco años, todo sucede como si el remordimiento invisible del holocausto garantizara a la empresa sionista una impunidad absoluta. Con la creación del Estado hebreo, Europa se liberó milagrosamente de sus demonios seculares. Se concedió una válvula de escape al sentimiento de culpa que la carcomía por sus atrocidades antisemitas. Cargando sobre sus hombros la responsabilidad del masacre de los judíos, buscaba por todos los medios deshacerse de ese peso.
El éxito del proyecto sionista le ofreció esa oportunidad. Al aplaudir la creación del Estado judío, Europa se lavaba de sus pecados. Al mismo tiempo, ofrecía al sionismo la oportunidad de completar la conquista de Palestina. Israel se prestó doblemente a esta redención por poder de la conciencia europea. Primero, descargó su violencia vengativa sobre un pueblo inocente de sus sufrimientos y, luego, ofreció a Occidente las ventajas de una alianza por la que fue recompensado.
Ambos unieron así su destino mediante un pacto neocolonial. El triunfo del Estado hebreo alivió la conciencia europea, al tiempo que le proporcionó el espectáculo narcisista de una victoria sobre los bárbaros. Unidos para lo mejor y para lo peor, se concedieron mutuamente la absolución a costa del mundo árabe, transfiriéndole el peso de las persecuciones antisemitas. En virtud de un acuerdo tácito, Israel perdonaba a Europa su pasividad ante el genocidio y Europa le daba vía libre en Palestina.
Israel debe su estatus exorbitante frente al derecho común a esta transferencia de deuda mediante la cual Occidente se desentendió de sus responsabilidades y las cargó sobre un tercero. Por ser el antídoto contra el mal absoluto, por tener sus raíces en el infierno de los crímenes nazis, Israel no podía ser sino la encarnación del bien. Más aún que una sacralidad bíblica de dudosa referencia, es esta sacralidad histórica la que justifica la inmunidad de Israel en la conciencia europea.
Al adherirse a ella, las potencias occidentales la inscribieron en el orden internacional. Avalada por las potencias dominantes, la profesión de fe sionista se convirtió en ley de hierro planetaria. Invocando lo sagrado para demonizar su contrario, esta sacralidad de Israel pretende deslegitimar cualquier oposición que suscite. Siempre sospechosa, la reprobación de Israel roza la profanación. Cuestionar la empresa sionista es la blasfemia por excelencia, ya que supone atentar contra lo que es inviolable para la conciencia europea.
Por eso, la negación de la legitimidad moral opuesta al antisionismo se basa en un postulado simplista cuya eficacia no disminuye con el uso: el antisionismo es antisemitismo. Combatir a Israel sería, en esencia, odiar a los judíos, estar animado por el deseo de revivir el Holocausto, soñar con los ojos abiertos con repetirlo.
Esta asimilación fraudulenta del antisemitismo y el antisionismo es un arma de intimidación masiva. Al limitar drásticamente la libertad de expresión, paraliza cualquier pensamiento disidente inhibiéndolo en su origen. Genera una autocensura que, sobre un fondo de culpa inconsciente, impone por intimidación, o sugiere por prudencia, un silencio de buen tono sobre las exacciones israelíes. Al mismo tiempo, esta asimilación mentirosa tiene por objeto descalificar moralmente a la oposición política a la ocupación sionista.
La cadena de asimilaciones abusivas conduce, en última instancia, al argumento trillado que constituye el último recurso de la doxa: la reductio ad hitlerum, la mancha moral mediante la nazificación simbólica, el último grado de una calumnia de la que siempre queda algo. Terrorista porque antisionista, antisionista porque antisemita, la resistencia al terror colonial acumularía así todas las infamias.
Única fuerza que no cede ante las exigencias del ocupante, la resistencia, como precio de su valentía, sufre entonces el fuego cruzado de las acusaciones occidentales y las brutalidades sionistas. Y como si la superioridad militar del ocupante no bastara, aún tiene que jactarse de una superioridad moral cuya inanidad demuestran sus crímenes coloniales.
Lo que muestra el genocidio de Gaza es la brutalidad del ocupante, su arrogancia colonial, su desprecio por la vida de los demás, su aplomo en el asesinato, su cobardía cuando asesina a civiles. Pero también es esa mala fe abismal, esa hipocresía del agresor que se hace pasar por agredido, esa mentira que sale de su boca cuando pretende defenderse, cuando condena el terrorismo, cuando se atreve a invocar la legítima defensa, cuando habla de antisemitismo.
Los combatientes palestinos son resistentes que luchan por la tierra de sus antepasados, por vivir algún día en paz en esa Palestina de la que el invasor quiere despojarlos, por esa Palestina de la que el Estado colonial se cree depositario, cuando en realidad es su ocupante ilegítimo. ¿La legítima defensa de Israel? Seamos serios: la única legítima defensa que vale es la del pueblo palestino, no la de la soldadesca colonial; la del ocupado que resiste, no la del ocupante que oprime.
Nos dicen que el enfrentamiento actual se debe a la intransigencia de los extremistas de ambos bandos. Pero esta equiparación entre el ocupante y el ocupado es un engaño. ¿Desde cuándo la resistencia es extremista? Es la ocupación la que es extremista, con su violencia constante, ese insoportable yugo que pesa sobre un pueblo maltratado y cuyos estallidos de rebelión, afortunadamente, demuestran que no está derrotado.
Esta guerra es fruto de la ocupación y la colonización, y los palestinos no son responsables de la injusticia que se les inflige. No comenzó el 7 de octubre de 2023: nació con el proyecto sionista y el despojo del pueblo palestino. Y esta guerra no es una guerra cualquiera, es la lucha entre una potencia ocupante y una resistencia armada, y no basta con pedir el cese de los combates para ponerle fin.
Lo que resulta a la vez odioso y ridículo en las declaraciones de la diplomacia occidental y árabe es este llamamiento al desarme de los palestinos, que se repite ahora como un estribillo. Incapaces de intervenir contra la política genocida del carnicero de Tel Aviv, estos cobardes les piden que bajen los brazos, que se resignen, que acepten el yugo, fingiendo ignorar las razones por las que los palestinos no lo harán, ni hoy ni mañana.
¿Es tan difícil comprender que la guerra entre la potencia ocupante y la resistencia armada durará mientras dure la ocupación? No es la parte palestina la que ha enterrado los «acuerdos de paz», sino los sucesivos gobiernos israelíes.
Recordamos las grandilocuentes declaraciones sobre el «milagro de la paz» logrado en 1995 ante la Casa Blanca por carismáticos líderes galardonados con el Premio Nobel. A pesar de esta reconciliación espectacular, el enfrentamiento nunca ha cesado. Y con razón: fruto de las negociaciones secretas llevadas a cabo en Oslo, los acuerdos firmados en 1993 – 1995 nunca tuvieron la ambición de instaurar un Estado palestino junto al Estado de Israel.
Presentados como un «compromiso histórico» basado en concesiones mutuas, estos acuerdos eran un engaño. Yasser Arafat reconocía la legitimidad del Estado de Israel. Aprobaba las resoluciones 242 y 338 de la ONU, aunque estas ni siquiera mencionaban los derechos de los palestinos. Renunciaba solemnemente a la lucha armada. Pero Itzhak Rabin solo reconocía la legitimidad de la OLP como representante del pueblo palestino, nada más.
Ante la Knesset, en octubre de 1995, el primer ministro israelí precisó su pensamiento: «Queremos una solución permanente con un Estado de Israel que incluya la mayor parte del territorio de Israel de la época del mandato británico y, a su lado, una entidad palestina que sea un hogar para los residentes palestinos de Cisjordania y Gaza. Queremos que esta entidad sea menos que un Estado». ¿Un Estado palestino? Tres meses antes de su asesinato, Rabin dejó claro que no lo quería.
Los acuerdos preveían el establecimiento de una «autoridad provisional de autonomía», y no el ejercicio de la autodeterminación nacional palestina. Esta autoridad provisional no tenía ninguno de los atributos de la soberanía. Dependía de la financiación internacional, concedida en función de su cooperación con Israel. No tenía fuerzas armadas, ni diplomacia independiente, ni base territorial, ya que la fragmentación de Cisjordania impedía el control de un territorio homogéneo.
Con una perversidad sin precedentes, el proceso invertía la carga de la prueba en detrimento de los palestinos. A la espera de una solución definitiva, se exigió a la dirección de la OLP que diera garantías de su buena fe. Ahora responsable del orden público en Cisjordania y Gaza, tenía el deber de reprimir cualquier resistencia a la ocupación.
La autoridad provisional era, por tanto, una especie de policía indígena a la que el ocupante delegaba la tarea de mantener el orden. Sin embargo, los acuerdos no preveían en absoluto el establecimiento de una verdadera soberanía palestina. El texto adoptado solo contemplaba un «acuerdo permanente» que, al término de un período provisional de cinco años, se basaría en las resoluciones 242 y 338 de la ONU.
La perspectiva a largo plazo seguía siendo muy difusa, ya que, durante todas las negociaciones, la posición israelí se resumía en un cuádruple «no»: rechazo a reconocer la responsabilidad sionista en la tragedia de los refugiados de 1948 y 1967; rechazo a la restitución íntegra de Jerusalén Este anexionada; rechazo al desmantelamiento de las principales colonias judías establecidas en Cisjordania; rechazo a un trazado de las fronteras entre Israel y Palestina que siguiera la «línea verde» de 1967.
Basadas en las resoluciones de la ONU, estas exigencias constituían para los palestinos la contrapartida legítima de su renuncia al 78 % del territorio del Mandato Británico de Palestina. Pero para Israel, ese 78% le pertenecía por derecho. En cuanto al 22% restante, lo dividía en dos partes. La primera, no negociable, quedaría bajo soberanía israelí (Jerusalén Este y las principales colonias). La segunda (Gaza y la mitad de Cisjordania) se confiaría a una autoridad encargada de administrar las zonas con alta densidad de población autóctona.
Inmediatamente alabada por la propaganda occidental, la «generosidad israelí» durante las negociaciones de Camp David II en septiembre de 2000 consistía, por tanto, en conceder a la OLP la minúscula franja de Gaza y la piel de leopardo de una Cisjordania plagada de colonias, es decir, la décima parte de la Palestina bajo mandato. Además, la cuestión de Jerusalén era objeto de una propuesta infame en la que Israel conservaba la soberanía usurpada sobre la futura capital palestina.
La soberanía del pueblo palestino sobre su tierra histórica ya no era una exigencia innegociable, sino un horizonte incierto, entregado al éxito hipotético de un proceso inestable. A falta de una negociación inmediata para alcanzar un acuerdo sustantivo, los acuerdos de Oslo (1993) y las negociaciones de Camp David II (2000) pospusieron indefinidamente el establecimiento de la soberanía palestina.
Para Israel, el beneficio de estos acuerdos desiguales era colosal. De acuerdo con el «plan Allon», presentado al día siguiente de la victoria de 1967, el ocupante se retiró de las zonas con alta densidad de población árabe y luego las rodeó con una vasta red de colonias conectadas por vías de circunvalación. Borrar poco a poco las «fronteras de 1967», la colonización se intensificó, infectando sin descanso los territorios palestinos: la política del hecho consumado prosperaría como nunca al amparo del «proceso de paz».
Aprovechando una relación de fuerzas favorable, Israel, entre 1993 y 2000, negoció con una mano y colonizó con la otra. Alegó la más mínima resistencia para renegar de sus compromisos y aumentar su control sobre toda Palestina. En nombre de su sacrosanta seguridad, golpeó sin piedad. Al socavar la base territorial del futuro Estado palestino, la colonización aniquiló el propio objetivo de una negociación que se había convertido en un simple alibi. Pronto, el nombre de Oslo solo evocaba un burdo engaño, y la dirección de la OLP parecía haber vendido la paz por un plato de lentejas.
Al atacar a Israel con una audacia sin precedentes, el 7 de octubre de 2023, el movimiento nacional palestino dio un paso histórico. Ante la ausencia de una solución política y la violencia de la represión israelí, los combatientes palestinos lanzaron una ofensiva en territorio enemigo. La guerra despiadada que ahora les libra el ocupante ha abierto una nueva etapa en la lucha por la liberación nacional, marcada por el desencadenamiento de una política genocida y la perspectiva de una expulsión masiva, pero también por la increíble resistencia y la férrea determinación del movimiento nacional palestino.
Estas atrocidades son testimonio de la huida hacia adelante de la potencia ocupante, incapaz de vencer militarmente a una resistencia que no se doblega, a pesar de los sacrificios de sus militantes y de los horrores infligidos a las mujeres y los niños mártires de Palestina. Horrorizado, el mundo asiste desde hace dos años a la masacre diaria de la población civil por parte de un Estado que se hunde en la locura asesina, añadiendo al crimen masivo la abominación de estigmatizar a aquellos a quienes asesina en masa.
Acompañada de la invocación grotesca de profecías apocalípticas, esta violencia goza de una impunidad de facto que, más allá de las condenas casi unánimes, cuestiona profundamente la conciencia humana. Porque hay situaciones ante las que las imprecaciones morales ya no bastan: hay que asumir concretamente las responsabilidades y actuar con determinación por todos los canales disponibles, y no contentarse con una reprobación sin consecuencias o una indignación sin efecto.
Por ello, el insistente recordatorio de la «solución de dos Estados», mantra de las representaciones diplomáticas, parece doblemente ridículo: por su impotencia inmediata para detener la masacre y por su imposibilidad de materializarse desde hace treinta años debido a una obstrucción que se deriva de la propia naturaleza del proyecto sionista. La intención puede ser loable, pero en la historia nunca se ha puesto fin al colonialismo con buenas intenciones. Invocar esta solución como si fuera viable es alimentar una ilusión que ya se mantuvo en el pasado y que dejó un sabor amargo al disiparse rápidamente.
Bruno Guigue
5 de agosto de 2025
