Quince años después del asesinato de Muammar Gadaffi, Libia no es solo un país fragmentado, es un espacio clave donde confluyen las guerras del Sahel, la devastación sudanesa y la securitización europea del Mediterráneo. Lejos de un conflicto aislado, el territorio libio funciona como nodo central de un sistema regional basado en la gestión del desorden.
A quince años de la intervención militar de 2011, Libia continúa atrapada en una crisis que ya no puede explicarse únicamente en términos internos. La destrucción del Estado libio comenzó mucho antes que aquel 20 de octubre, fecha en la que fue asesinado el coronel Gadaffi. Aquella ofensiva, impulsada políticamente por Estados Unidos y ejecutada por la OTAN —con Francia y el Reino Unido a la cabeza— bajo el amparo de una resolución de Naciones Unidas presentada como «humanitaria», no se limitó a proteger civiles. El bombardeo sistemático y el colapso del aparato estatal culminaron con el asesinato de Muammar Gadaffi y la caída de un Estado próspero que además abrió un ciclo de fragmentación institucional cuyas consecuencias siguen reconfigurando el mapa regional. Libia ya no pudo ser reconstruida ni social ni políticamente.
Desde entonces, la persistencia de gobiernos rivales, milicias armadas y una soberanía dispersa suele ser presentada como un problema doméstico, casi endémico. Sin embargo, esa lectura resulta insuficiente. La destrucción del Estado libio no produjo una transición política ordenada, sino un vacío funcional, necesario y orquestado desde Estados Unidos, OTAN y Unión Europea (UE), acorde a los intereses detrás de los recursos naturales libios, que fue rápidamente ocupado por actores armados, redes económicas ilícitas. Entonces podemos afirmar que a partir de allí Libia dejó de ser únicamente escenario de su propio colapso para convertirse en un espacio estratégico donde confluyen conflictos, intereses y flujos que atraviesan buena parte del continente africano y se proyectan hacia Europa.
Hoy el país ocupa un lugar singular en la geopolítica regional. El sur libio conecta con un Sahel atravesado por insurgencias, economías de guerra y gobiernos que buscan juntos alternativas de defensa, económicas y sociales para lograr su autodeterminación; su flanco oriental se vincula de manera directa con la guerra en Sudán y las tensiones del Cuerno de África; y su costa mediterránea funciona como frontera externalizada de la Unión Europea. Esta posición no es accidental ni coyuntural: es el resultado directo de una intervención que desmanteló la soberanía libia sin construir un orden alternativo viable.
Mientras los discursos internacionales insisten en salidas electorales o fórmulas técnicas de estabilización, sobre el terreno se consolida otra realidad: una Libia funcional a la regionalización de la violencia y a la gestión del desorden. Comprender este entramado exige correr la mirada del enfoque securitario clásico y leer al país como bisagra geopolítica, no como anomalía. Solo desde allí es posible entender por qué la crisis libia persiste, por qué involucra a tantos actores externos y por qué su futuro está íntimamente ligado al del Sahel, el Cuerno de África y el Mediterráneo.
La Libia que se configuró a partir de 2011 no puede entenderse como un país en transición ni como un simple escenario de guerra civil. La intervención militar externa, presentada bajo el ropaje humanitario, desarticuló de manera abrupta la arquitectura estatal existente sin ofrecer un mecanismo interno de recomposición. El asesinato de Muammar Gadaffi, lejos de cerrar un ciclo político, inauguró un período prolongado de fragmentación institucional, privatización de la violencia y disputa permanente por el control del territorio y de los recursos.
Desde entonces, el país dejó de estar organizado alrededor de una autoridad central y pasó a funcionar bajo una lógica de gobernanza fragmentada. Esa fractura se expresa con claridad en la existencia de dos polos de poder que se disputan legitimidad, recursos y control institucional. Por un lado, el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli, reconocido internacionalmente y sostenido por un entramado de milicias locales y alianzas externas. Por otro, un esquema de poder asentado en el este del país, articulado alrededor de la Cámara de Representantes y del aparato militar conducido por Khalifa Haftar, con Bengasi como centro político-operativo. Más que dos gobiernos formales, Libia opera con dos capitales de facto, dos cadenas de mando y dos sistemas de administración del poder que conviven en tensión sin que ninguno logre imponerse de manera definitiva.
Esta disputa no se estructura en torno a proyectos políticos antagónicos, sino alrededor del control de instituciones clave: ministerios, aparatos de seguridad, bancos, aduanas y mecanismos de distribución de la renta petrolera. En este esquema, la política se reduce a la gestión del empate, a solo coexistir de ambos lados, por supuesto que esta convivencia no es pacifica ni mucho menos, los desacuerdos entre estas facciones suelen ser sangrientas y con el pueblo libio como rehén. Entonces vamos a decir que la estabilidad se sostiene mediante pactos temporales entre élites armadas, reparto de recursos y acuerdos de conveniencia que bloquean cualquier intento de recomposición estatal de largo plazo. Es por ello que las elecciones frustradas y los procesos de diálogo inconclusos no responden a fallas técnicas, sino a un sistema que encuentra en la parálisis una forma de equilibrio conveniente para todos, incluso para las potencias que se benefician con este «desgobierno».
Esta forma de gobernanza no debe confundirse con anarquía. Lo que se consolidó en Libia es un orden informal, sostenido por actores que aprendieron a administrar la fragmentación como recurso. Milicias, autoridades locales y redes económicas no actúan en el vacío: establecen pactos, delimitan zonas de influencia, negocian accesos a recursos y regulan la violencia de manera selectiva.
A esta crisis de gobernanza se superpone una herencia que nunca fue resuelta: la sucesión (política) de Gadaffi. El tratamiento posterior de su entorno familiar es una expresión directa del colapso institucional. Detenciones ilegales prolongadas, procesos judiciales inconclusos, amnistías parciales y liberaciones recientes conviven dentro de un sistema legal fragmentado, sin autoridad unificada. La reciente liberación de Hannibal Gadaffi volvió a poner en discusión el lugar político de la familia en la Libia actual. Saif al-Islam Gadaffi sigue siendo la figura más visible de esa herencia, aunque la disputa familiar con el resto de los hijos del Coronel está más que presente en la política del país, Saif logró de, alguna manera, mantenerse activo a pesar de condenas judiciales, pedidos de captura internacionales, habilitaciones políticas contradictorias condensa, incluso presentándose en elecciones internas. Para algunos sectores sociales, su figura representa la memoria de un Estado funcional frente al caos posterior; para otros, encarna un régimen que nunca fue juzgado de manera autónoma por el propio pueblo libio. Esa ambigüedad no es personal: es institucional.
En paralelo, las declaraciones públicas recientes de una de las hijas de Gadaffi, con fuertes cuestionamientos al orden surgido tras 2011 y denuncias sobre la intervención extranjera, confirman que la disputa no es solo política o jurídica, sino también simbólica. En ausencia de un relato nacional unificado, el pasado vuelve a ocupar espacio en el presente, no por su fuerza propia, sino por la debilidad del Estado que debía reemplazarlo.
Este entramado de doble poder, memoria inconclusa y captura institucional no se agota dentro de las fronteras libias. Por el contrario, es precisamente esta forma de gobernanza fragmentada la que proyecta sus efectos hacia el sur. Allí, la región de Fezzan se consolidó como el punto más visible de esa proyección: un territorio donde la autoridad estatal nunca logró recomponerse y donde la frontera dejó de operar como límite soberano para convertirse en zona de tránsito permanente.
Libia, un mal vecino
El sur libio conecta de manera directa con Níger y Chad, y a través de ellos con Malí y Burkina Faso. En ese espacio, la dispersión de arsenales tras 2011 fue dando paso, con el correr de los años, a un orden informal más estable, sostenido por milicias locales, redes tribales armadas y economías ilícitas que se volvieron estructurales. La circulación de armas, combustible, personas y mercenarios dejó de ser un fenómeno episódico para transformarse en infraestructura. No se trata de un vacío, sino de un territorio funcional a múltiples actores.
Con el paso del tiempo, este sistema se volvió más económico que militar. Si bien las armas siguen circulando, el corazón del entramado es logístico: combustible, vehículos, mantenimiento, información y protección armada. El control de estos recursos define quién puede moverse, quién puede operar y quién queda fuera. Así, la violencia deja de ser solo ideológica o insurgente y se integra a una economía política del tránsito, donde Sahel, Libia y el este africano quedan enlazados por intereses materiales concretos.
La porosidad del sur libio no implica una política deliberada de apoyo a organizaciones armadas del Sahel, pero sí genera las condiciones materiales que facilitan su expansión. Los grupos insurgentes vinculados a Grupo de Defensa del Islam y los Musulmanes (JNIM) y la Provincia del Estado Islámico del Sahel, no necesitan respaldo estatal directo cuando existen corredores donde se compran armas, se consigue combustible, se mueven combatientes y se financian operaciones. En ese sentido, la fragmentación libia opera como multiplicador de la inestabilidad saheliana, no por intención, sino por estructura.
La guerra en Sudán y la inestabilidad persistente en Chad reforzaron este patrón. El desplazamiento de combatientes, el reordenamiento de rutas y la presión sobre mercados de armas y combustible reconfiguraron el sur libio como espacio de absorción y redistribución de tensiones provenientes tanto del Sahel como del Cuerno de África. Libia quedó así inserta en un sistema de conflictos interconectados que ya no pueden leerse de manera aislada.
Desde allí, la proyección continúa hacia el norte. Los mismos corredores que conectan Libia con el Sahel y el este africano desembocan en el Mediterráneo. Migración, control fronterizo externalizado y securitización europea completan el triángulo. Libia se convierte así en bisagra: un territorio donde confluyen las crisis del Sahel, las guerras del este africano y las políticas de contención que se proyectan desde el norte.
En este punto, Libia deja de ser solo un caso nacional y pasa a funcionar como espacio de articulación de una crisis más amplia. Un Estado fragmentado hacia adentro, permeable hacia afuera y central para comprender cómo se conectan, se alimentan y se sostienen los conflictos del Sahel, el Cuerno de África y el Mediterráneo.
Libia y el eje oriental: Sudán, Cuerno de África y la regionalización del conflicto
La proyección regional de Libia no se limita al Sahel. Como decimos más arriba, hacia el este, el país se inserta en otro eje de inestabilidad que atraviesa Sudán y se proyecta sobre el Cuerno de África. Allí, la fragmentación libia vuelve a operar como condición habilitante: no como causa directa de los conflictos, sino como espacio de tránsito, retaguardia y recomposición de actores armados, economías de guerra y apoyos externos.
La guerra en Sudán profundizó esta dinámica. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido no solo desangró al país, sino que desordenó el mapa regional de rutas, mercados y alianzas armadas. En ese proceso, el sur y el este libio adquirieron un valor estratégico renovado. La circulación de combatientes, el reacomodamiento de redes de contrabando y la presión sobre los mercados de armas y combustible encontraron en territorio libio un espacio de absorción y redistribución. Libia no aparece como actor beligerante formal, pero sí como parte del ecosistema material que sostiene la guerra.
Este vínculo se ve reforzado por la posición de Khalifa Haftar. Las conexiones históricas, políticas y logísticas entre el eje oriental y actores sudaneses y chadianos convierten a Bengasi y su hinterland en un puente natural entre los conflictos del Sahel central y la guerra sudanesa. En ese cruce, la distinción entre escenarios separados se vuelve artificial: los mismos corredores, intermediarios y economías ilícitas alimentan frentes distintos según la coyuntura.
En este entramado, el rol de Libia como corredor adquiere una dimensión decisiva cuando se observa la participación indirecta de Emiratos Árabes Unidos en la guerra sudanesa. El territorio libio —en particular el este y el sur bajo influencia del eje de Haftar— fue utilizado como ruta de tránsito logístico para el abastecimiento de las Fuerzas de Apoyo Rápido a través de la entrada de armas y mercenarios y la salida de los recursos sudaneses, principalmente el oro controlado por la familia de Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, general de las RSF. No se trata de una implicación formal del Estado libio, sino del uso de un espacio fragmentado, sin control soberano efectivo, que permite operaciones encubiertas y negables.
En este esquema, Libia funciona como plataforma de proyección indirecta de una guerra regionalizada, donde los patrocinadores externos evitan la exposición directa utilizando corredores ya consolidados por economías ilícitas y alianzas armadas locales.
La articulación entre Emiratos Árabes Unidos, actores armados sudaneses y estructuras de poder en el este libio revela hasta qué punto la fragmentación del país se vuelve funcional a intereses externos. El control parcial del territorio, la opacidad institucional y la superposición de autoridades crean las condiciones ideales para este tipo de intervenciones, que no requieren ocupación formal ni alineamientos políticos explícitos. Basta con un espacio permeable y con actores dispuestos a facilitar el tránsito.
Este esquema introduce una diferencia cualitativa respecto de la proyección libia hacia el Sahel. Mientras allí predominan economías ilícitas descentralizadas, en el eje Libia – Sudán aparece con mayor claridad la intervención de Estados regionales que utilizan el territorio libio como retaguardia logística. La guerra sudanesa no se libra únicamente en sus frentes visibles, sino también en los corredores que la sostienen desde el exterior.
Sudán, a su vez, actúa como puerta de entrada al Cuerno de África. La prolongación del conflicto empuja desplazamientos humanos masivos, reconfigura redes armadas y tensiona a países ya frágiles como Chad, Sudán del Sur y Etiopía. En ese contexto, Libia aparece como una retaguardia flexible, capaz de absorber excedentes de violencia, combatientes desmovilizados temporalmente y flujos económicos que buscan nuevos espacios de circulación. La guerra no se exporta de manera lineal; se redistribuye.
El Cuerno de África completa este eje. La inestabilidad en Sudán, las tensiones persistentes en Etiopía, Eritrea y Somalia, y la creciente militarización del Mar Rojo configuran un entorno donde el control de corredores terrestres y marítimos resulta decisivo. Libia, aunque geográficamente separada del Mar Rojo, queda integrada a este tablero a través de Sudán. Así, el país se inserta en una cadena que va del Sahel al Cuerno y de allí al Mediterráneo, articulando espacios que suelen analizarse por separado, pero que funcionan como un mismo sistema de crisis interconectadas.
En este punto, Libia deja de ser solo un nodo logístico y pasa a desempeñar un rol político indirecto: el de amortiguador negativo. Absorbe, redistribuye y reconfigura tensiones sin resolverlas, permitiendo que los conflictos se prolonguen sin colapsar completamente el sistema regional. Su fragmentación interna, lejos de ser una anomalía, se vuelve funcional a la regionalización de la guerra.
En este contexto, el futuro inmediato de Libia no parece orientarse hacia una recomposición soberana plena, sino hacia una consolidación del modelo fragmentado. No porque falten diagnósticos o propuestas de salida, sino porque los principales actores que operan sobre el territorio —regionales y extra-regionales— han aprendido a convivir con una Libia débil, dividida y negociable. La fragmentación, lejos de ser un obstáculo, se volvió un activo: permite intervenir sin responsabilizarse, influir sin gobernar y extraer beneficios sin asumir costos políticos directos.
Si esta lógica persiste, Libia tenderá a profundizar su rol como espacio bisagra más que como Estado articulador. El sur seguirá funcionando como corredor estratégico entre Sahel y este africano; el este mantendrá su proyección hacia Sudán y el Mar Rojo; y la franja costera continuará siendo administrada como frontera externalizada de Europa. Cada zona responderá a dinámicas distintas, con equilibrios locales relativamente estables, pero sin un centro político capaz de integrar el conjunto. Más que un país en reconstrucción, Libia corre el riesgo de cristalizarse como un territorio funcionalmente dividido, estable en su inestabilidad.
En paralelo, la evolución de los conflictos vecinos tenderá a reforzar esa tendencia. La prolongación de la guerra en Sudán, la incertidumbre en el Sahel y la creciente militarización del Mar Rojo seguirán presionando sobre los corredores libios. En lugar de descomprimir, estos procesos pueden aumentar el valor estratégico del territorio libio como retaguardia, plataforma logística y espacio de redistribución de tensiones. Cuanto más se regionalicen los conflictos, más central se volverá Libia, pero no como actor soberano, sino como infraestructura geopolítica.
La incógnita principal no es si Libia logrará «volver a ser un Estado» en el corto plazo, sino si el sistema regional permitirá —o necesitará— que eso ocurra. Mientras la gestión del desorden siga siendo más rentable que la reconstrucción, cualquier intento de unificación política chocará con intereses que operan por debajo y por encima del nivel nacional. El riesgo, entonces, no es solo la prolongación de la crisis libia, sino su normalización: que la fragmentación deje de percibirse como problema y pase a ser aceptada como forma permanente de organización del espacio.
Beto Cremonte
16 de enero de 2026
