Hay un proceso silencioso pero sistemático que está transformando la geografía de Cisjordania. Se trata de un engranaje burocrático-financiero que, pieza por pieza, está haciendo irreversible la ocupación.
El gobierno israelí ha inyectado más de 244 millones de shekels para acelerar el levantamiento catastral en la zona C, la franja que abarca cerca del 60% del territorio cisjordano y que permanece bajo control militar pleno. El objetivo: trasladar la competencia sobre esos suelos desde la Administración Civil militar al Registro de Tierras israelí, un cambio de categoría que, en la práctica, convierte terrenos ocupados en propiedad gestionada con los mismos códigos que cualquier municipio de Israel.
De los casi 1.900 kilómetros cuadrados que aún carecen de inscripción formal, el plan pretende cubrir alrededor del 15% antes de que termine la década. Para un propietario palestino, reclamar su tierra ante este nuevo registro es una carrera de obstáculos: exige planos milimétricos y cadenas documentales que a veces se pierden en la memoria oral de varias generaciones. Mientras tanto, las transacciones de tierras han sido desatadas de sus antiguas trabas —se han eliminado requisitos de aprobación previa que databan de la época jordana previa a 1967— y los registros se han abierto a consulta pública, facilitando que inversores y colonos identifiquen parcelas con rapidez.
El alcance del mecanismo no se detiene en la zona C. Con el nuevo marco, agencias israelíes han ganado capacidad de intervenir en las zonas donde la Autoridad Palestina tiene autonomía nominal (áreas A y B), utilizando argucias como normativas ambientales o protección del patrimonio histórico para ordenar demoliciones de viviendas y estructuras palestinas. Es una judicialización de la ocupación: lo que antes se lograba con tanques, hoy se consigue con expedientes técnicos.
El proyecto estrella de esta estrategia es el corredor E1, al este de Jerusalén. Allí se han licitado más de 3.400 viviendas para colonos —parte de un paquete mayor que supera las 7.600 unidades en toda el área de Ma’ale Adumim — . Su trazado, si se completa, cortará el continuo territorial entre Ramallah, Jerusalén Este y Belén, partiendo Cisjordania en dos mitades incomunicadas. Naciones Unidas lo ha calificado como una amenaza existencial para la solución de dos Estados; sobre el terreno, significaría el desplazamiento forzado de miles de beduinos y la asfixia económica de las comunidades palestinas circundantes.
Desde 2022, el ritmo de construcción de asentamientos ha crecido un 80%, según el seguimiento de Peace Now. Pero el dato más revelador no es la velocidad, sino el método. Muchos puestos de avanzada que durante años fueron considerados «ilegales» incluso bajo la legislación israelí han recibido ahora el visto bueno retroactivo, convirtiéndose en asentamientos de pleno derecho. En abril de 2026, el gabinete aprobó en secreto 34 nuevos asentamientos en la zona C, una decisión que se mantuvo oculta durante días antes de filtrarse.
Las respuestas de la comunidad internacional se repiten como un disco rayado: declaraciones de preocupación, llamamientos a la moderación y recordatorios del derecho internacional. Pero ningún mecanismo efectivo frena el avance sobre el terreno. El gobierno israelí juega con la paciencia occidental, sabiendo que cada nueva carretera, cada registro catastral y cada vivienda construida crea una realidad que ningún comunicado diplomático puede deshacer.
No hay una declaración formal de anexión. No hay una línea roja que se cruce de una vez. Hay, en cambio, un proceso incremental, administrativo, presupuestario, que va recortando las posibilidades de un Estado palestino viable sin necesidad de ocupar portadas. La ocupación se vuelve permanente no por un golpe de efecto, sino por el peso de los expedientes, los planos y los contratos. El mapa de Cisjordania se está redibujando en silencio, y cuando el mundo quiera reaccionar, quizá ya no quede nada que discutir.
4 de julio de 2026
Fuente: 
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