Los y las prostitutas no son las únicas personas concernidas por la propuesta de ley de la diputada Maud Olivier que se debate actualmente en el Estado francés. A poco que caiga en una situación de precariedad económica o de vulnerabilidad psicológica, cualquier mujer o adolescente puede ver cómo le proponen dinero a cambio de actos sexuales. La amenaza de la prostitución forma parte de la «normalidad» de la condición de las mujeres y de los pobres. A lo que hay que poner fin es a esta banalidad de la compra de «servicios sexuales».
En este artículo he tratado de responder en cada párrafo de manera muy resumida a una objeción o a una pregunta suscitadas por la propuesta de ley.
En la prostitución, incluso «libre», el consentimiento no es simétrico. El comprador consiente en dar una cantidad de dinero a cambio de unos momentos de placer. Si para la vendedora (o el vendedor) la prostitución es un medio de subsistencia, de hecho consiente en entregarse por necesidad económica a la repetición de relaciones sexuales no deseadas con una cantidad indefinida de desconocidos. Consiente a una efracción repetida en su experiencia corporal más íntima (sin contar con el desprecio de la mayoría de los clientes ni con los considerables riesgos de agresión).
El sexo no es una actividad anodina, como puede serlo un trabajo manual o intelectual cuando se hace en buenas condiciones. En los seres humanos las relaciones sexuales no deseadas son profundamente perturbantes y lo más frecuente es que sean traumatizantes. A menudo provocan una sensación de extrañeza respecto a sí mismo. Si la ley caracteriza la violación como una violencia aunque no haya lesiones físicas, no es solo debido a la ausencia de consentimiento de la víctima, sino también porque lo que se le impone es una intrusión es su intimidad sexual.
A escala de la sociedad se puede comparar la prostitución con una inmensa «violación colectiva» hasta ahora legitimada por la ley con la diferencia de que no se obliga a una parte de las víctimas por la fuerza, sino por la necesidad económica.
Por fortuna, el ser humano es capaz de explorar todo tipo de actividades sexuales, incluso corriendo riesgos psíquicos respecto a sí mismo, por ejemplo en el libertinaje con desconocidos (también en el amor, por cierto). Es la libertad sexual, la autonomía deseante, la capacidad de construir su camino de vida escuchando sus deseos y decidiendo él mismo cómo responder. Pero cuando la necesidad económica lleva a una persona a poner su intimidad sexual al servicio del prójimo, se pisotea su autonomía deseante. Ello no quiere decir que se «sacralice» la sexualidad ni que se le quiera imponer unas normas de urbanidad. Se trata simplemente de reconocer la gran importancia que tiene el sexo en la experiencia emocional de cada persona. Si se ponen semáforos en los cruces no es para impedir a la gente que vaya donde quiera, por el contrario es para asegurar esta libertad ante los peligros específicos de la circulación de vehículos. Del mismo modo, en las relaciones sexuales hay unos retos específicos de realización personal o de sumisión: hay muchos locos al volante y más vale no dejarles vía libre.
El golpe genial de la ley sueca ha sido reafirmar la no penalización del vendedor o vendedora al tiempo que penaliza al comprador o compradora. Es un dispositivo aparentemente paradójico pero que cuyo objetivo es a la vez poner fin al privilegio irresponsable de los clientes y a la estigmatización de los y las prostitutas. En ambos sentidos la ley afirma un mismo principio: el derecho a la libre disposición del propio cuerpo y a la protección de este derecho contra el poder del prójimo. La persona que por propia voluntad vende su consentimiento solo corre un riesgo psíquico para <emphasis>ella misma</emphasis>, dispone (bien o mal, ella es quien debe juzgarlo) de su propio cuerpo; por el contrario, la persona que se beneficia de la necesidad económica <emphasis>del prójimo</emphasis> para comprar su consentimiento sexual comete lo que se puede denominar un <emphasis>abuso de poder adquisitivo</emphasis> respecto a la experiencia emocional del prójimo.
Es cierto que algunas personas pueden amoldarse a la repetición de relaciones sexuales no deseadas a costa de una separación (a menudo patógena) respecto a sus sensaciones sexuales. También es cierto que otras pueden entregarse a la prostitución como a un juego libertino en el que además se gana dinero. Mejor para ellas. Pero es el árbol que oculta el bosque. Lo mismo que el hecho de que algunos obreros estén dispuestos a aceptar trabajos peligrosos, incluso porque consiguen amoldarse a ello minimizando personalmente los riesgos, no justifica que se autorice a los empleadores a obligarles a hacer estos trabajos.
La prostitución no es un simple acuerdo privado entre dos individuos, es una institución social que organiza la mercantilización de lo íntimo, el poder del dinero sobre el sexo del prójimo, y que autoriza a los hombres a despreciar la autonomía de las mujeres y de las jóvenes en tanto que sujetos. Deslegitimar la compra del consentimiento sexual es un reto de civilización, humanista y feminista.
También es un medio indispensable para emprender la erradicación de la imposición proxeneta porque esta es el corolario del funcionamiento del mercado. Debido a la repugnancia de la mayoría de los seres humanos a sufrir unas relaciones sexuales no deseadas, la cantidad de personas que desean prostituirse por deseo o por opción de vida siempre es insuficiente respecto a la demanda… porque la demanda masculina es ilimitada mientras la complacencia de la ley y la cultura consumista anime y desresponsabilice a los compradores potenciales. La desproporción entre la demanda solvente y la oferta por propia voluntad suscita indefectiblemente una especie de «mercado de esclavos»: el proxenetismo y la trata. En los Países Bajos y la Cataluña española, donde se ha creído garantizar la seguridad de los y las prostitutas ofreciéndoles un estatuto profesional, esto ha provocado sobre todo que se dispare la demanda y de hecho el abastecimiento del mercado está asegurado en gran parte por las redes de trata. La prostitución no regulada florece tras el escaparate de los encargados de burdeles. Este mecanismo chulo-económico es lo que ignoran quienes creen que se puede luchar contra el proxenetismo organizado sin cuestionar cultural y jurídicamente el derecho de los consumidores a comprar sexo.
Es cierto que el descenso del mercado va a suprimir empleos. No es un atentado contra la libertad, es un problema de reconversión profesional como conocen, por ejemplo, los cientos de miles de trabajadores de la industria automovilística cuyo puesto de trabajo está amenazado por el descenso de las ventas (por otra parte deseable). Por consiguiente, los y las prostitutas tienen toda la legitimidad para organizarse en sindicatos para obtener una reconversión con garantías de ingresos, una formación profesional y el respeto de su dignidad tanto antes como después. La sociedad se lo debe por haberlos dejado demasiado tiempo en una situación de no derecho.
La propuesta de ley de Maud Olivier comporta un conjunto de medidas de acompañamiento social para el acceso a los derechos, así como ayudas financieras cuyo objetivo es hacer posible la opción de salir de la prostitución. Pero propone pocas cosas contra la causa principal de la entrada en la prostitución, la insuficiencia de ingresos. En su origen, la mayoría de los y las prostitutas son personas económicamente precarias o emigrantes que han huido de la pobreza y la discriminación en sus países. A menudo prostituirse es el mal menor, «económicamente racional» en comparación con la mendicidad, el robo por medio de un «tirón» o los trabajos en negro sin seguridad y mal pagados. En este sentido, no se puede hacer recular realmente la amenaza de la prostitución considerando a los y las prostitutas como una categoría particular (con el riesgo de permanecer en la estigmatización), sino por medio de unas medidas que protejan al conjunto de la población contra la precariedad. Como mínimo, sería necesario que la ley mejorara las condiciones de acceso a la RSA [siglas en francés de la Renta de Solidaridad Activa, equivalente al RGI], tan restrictivas para las personas menores de 25 años que la mayoría de los y las jóvenes precarios están excluidos de ella, precisamente a la edad en la que es más fuerte la amenaza de la prostitución. El Informe Olivier menciona para este público el dispositivo «garantía jóvenes» (unos 450€ mensuales) que actualmente se está empezando a experimentar entre los más precarios…
El proyecto de ley incluye también medidas que autorizan la atribución de un permiso de residencia a las personas extranjeras sin papeles y que son víctimas de la trata o del proxenetismo (se denomina trata al transporte ilegal de personas para su explotación, con o sin su consentimiento). Ahora bien, aunque la situación de prostituto o prostituida es fácil de constatar, los hechos de trata o de proxenetismo son más difíciles de establecer (entre otras cosas porque las víctimas no se atreven a testificar por temor a represalias). Si nos quedamos ahí una gran parte de los y las prostitutas seguirán estando sin derechos, con miedo a la policía y por consiguiente, dependientes de «protectores» mafiosos.
Si en Suecia no han aumentado la clandestinidad y aislamiento de los y las prostitutas es sobre todo porque personalmente no tienen nada que temer de la policía. No hay una caza sistemática de los clientes por parte de la policía (hay en cambio redadas dirigidas cuyo objetivo es romper el negocio a los proxenetas y obtener testimonios que permitan inculparlos). ¿Qué ocurrirá en Francia, donde tenemos la costumbre de proclamar los grandes principios y hacer lo contrario de manera subliminal? La más humanista de las leyes corre peligro de convertirse en letra muerta si los policías persisten en acosar a los y las prostitutas con el pretexto de la caza de los sin papeles o de controles de identidad más o menos justificados. El proyecto de ley prevé una formación del personal de la policía y de justicia para su misión respecto a los y las prostitutas, que es en primer lugar proteger su seguridad y ayudarles a defender sus derechos. Algunas unidades de policía ya lo hacen.
El objetivo de la ley no es acentuar la represión sino cambiar las mentalidades. Su aplicación tendrá que estar a la altura de esta ambición.
Joël MARTINE, profesor de filosofía y militante altermundialista de Marsella,
3 de marzo de 2015
[Traducido del francés para Boltxe Kolektiboa por Beatriz Morales Bastos.]
El autor escribió una argumentación más detallada con el título de LE VIOL-LOCATION, liberté sexuelle et prostitution, editorial L’Harmattan, junio de 2013, 150 páginas.
