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A más de dos años y medio de mandato, a finales de 2021, el Gobierno «progresista» no había cumplido ninguna de sus promesas: la reforma laboral; la ley mordaza y las libertades democráticas; acabar con la represión de las manifestaciones y con los malos tratos y torturas; asumir los derechos nacionales y defender sus culturas; regularizar la emigración; subir el salario mínimo, reducir el costo de la vida obrera y aumentar las pensiones; democratizar la justicia; acabar con los desahucios y política de vivienda social, multiplicar el gasto social en educación, sanidad, transporte…; reducir el poder del IBEX 35; perseguir la corrupción; avanzar hacia una reforma fiscal; política internacional progresista…
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No lo hizo porque ello le suponía enfrentarse a la burguesía y al imperialismo: en ese momento uno de cada cinco euros gastados por la Administración tenía finalidad militar. Según estudios blandos, en diciembre de 2021 el 1% de la población controlaba el 25% de la riqueza del Estado y el 10% controlaba casi el 60%. En estas condiciones, el Gobierno «progresista» por boca de su ministra de economía pidió que no se subiera el sueldo a las y los trabajadores. No hay que subir el sueldo porque la situación real del capitalismo español es mucho más grave que la versión oficial, incluso que la versión del PP y VOX, y, desde luego, más grave de lo que dice la prensa burguesa.
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Estudios sobre la evolución del PIB desde 2019 –asumiendo las limitaciones obvias de este medidor– realizados por diversas instituciones y organismos estudiando Gran Bretaña, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Italia, Alemania, Japón, Suecia y los Estados francés y español, coinciden en señalar al Estado español como el más golpeado y debilitado por la conjunción de crisis que ya se gestaba desde poco antes de 2019, que estalló en 2020 y se agravó en 2022. En marzo de este año diversos estudios admitían que existe una «economía de guerra fuera de los focos», es decir, que la imagen oficial apenas tiene nada que ver, o no tiene nada que ver, con la realidad.
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La «economía de guerra» puede sostenerse durante un tiempo si existe un poder fuerte, burgués o proletario, capaz de aglutinar fuerzas sociopolíticas decididas a vencer o al menos a lograr una rendición honrosa en la «guerra económica». En el Estado español ese poder solo sobrevive gracias al imperialismo. La podredumbre corrupta de la monarquía, del Estado e instituciones, del bloque de clases dominante, etc., ha llevado a hablar, en este mes de mayo, del «castillo de naipes» en que se estaba convirtiendo el sistema español. A finales de 2021, una alta responsable de Unidas-Podemos a nivel estatal reconoció que «hoy prácticamente nada de lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana se produce aquí, sino que debe importarse desde miles de kilómetros».
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Para el 13 de mayo de 2022, el Estado había agotado los recursos disponibles para todo el año, por lo que desde entonces se está comiendo el futuro, se está endeudando todavía más, agotando los recursos cada vez más escasos y valiosos e hipotecando así aún más su incierto futuro. También, en ese mes de mayo, el BCE advirtió del agujero negro que aumentaba por el riesgo creciente de impago de las hipotecas, siendo el Estado español uno de los más críticos por el empobrecimiento imparable de su población. Otros estudios sostienen que se necesitaría un superávit primario del 3,7% de media hasta 2025 para volver a la deuda pública de 2019, un 95,5%, tras aumentar al 120% en 2020; por el contrario, las previsiones apuntan a un déficit de cerca del 4% en 2022.
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No podemos ahora analizar el origen y el aumento de la debilidad estructural de la economía española con respecto a la cuestión decisiva de la capacidad de producción de valor, que es la que garantiza en última instancia la efectividad integradora y represiva de cualquier Estado-nación burgués, y su fuerza internacional. «España» como marco geoproductivo y de acumulación de capital por parte del bloque de clases dominantes en formación muy tardía –entre finales del siglo XIX y comienzos del XX– ha intentado compensar sus debilidades y su paulatina desindustrialización, cediendo en cada crisis cotas en «independencia» nacional-burguesa a potencias exteriores, de modo que ahora mismo «España» es una base yanqui, una «colonia energética» y un cortijo a libre disposición del capital financiero internacional que en 2016 controlaba el 43,1% del accionariado «español», pero que ha llegado al 57% en 2021, sobre todo en el IBEX 35.
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Los esfuerzos tímidos de algunas fracciones burguesas por frenar e incluso recuperar algo el peso de la industria en la economía estatal se ven frenados por la desidia del conjunto de la burguesa al respecto: en 2022 el turismo acapara el 75% de las ayudas públicas, por la creciente distancia tecnocientífica y educativa española con respecto al avance mundial, por la corrupción, etc., y por el empobrecimiento social galopante que frena el consumo y con ello ralentiza la recuperación. El «efecto rebote» reactiva la industria y la economía en general, pero las debilidades de fondo reaparecen en cuestión de meses. Según Funcas: «lo peor está por llegar» a partir de 2023.
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Desde 2018 las personas empobrecidas en el Estado han aumentado en más de 1.200.000 según estimaciones no rigurosas. El crucial y silenciado informe del Relator de la ONU es demoledor: «pobreza generalizada». A la vez la tasa de ahorro popular entra en negativo por primera vez en tres años, lo que es comprensible porque en junio de 2022 el salario creció ocho puntos menos que la inflación. En mayo la inflación se comía un mes de salario obrero. No hace falta recordar los efectos negativos sobre la economía que tiene la reducción sostenida del consumo obrero y popular. Sin embargo, a comienzos del 2022 el Estado gastaba en fuerzas represivas más de la media europea y en ayuda social y pública menos de la media europea.
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Moody´s afirmó a mediados de mayo de 2022 que el Estado español es el que más dificultades tiene para reducir la deuda al nivel de 2019. En estas condiciones el BCE colocaba al Estado en la casilla de «país pobre sometido a rescate» porque, entre otros muchos problemas que se agravan, destacaba que la inflación subyacente, la que realmente mide lo que sucede en los pilares económicos, registraba la mayor brecha con respecto a la de la Unión Europea. Naturalmente la prensa apenas habla de la posibilidad de un rescate, porque no le interesa a ninguna facción burguesa que se conozca la gravedad real de la situación; aún y todo así, el BCE ofrecerá un informe más detallado a finales de este mes de julio. Recordemos que hubo otro rescate en 2012 que ha dejado una deuda de 73.000 millones de euros que justo se terminó de pagar en 2021, y que solo benefició a la gran burguesía.
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En 2021 el gasto militar oficialmente reconocido se incrementó en un 5,6%, alcanzando la cifra de 19.500 millones de euros, pero para este 2022 el gasto oficialmente admitido ya asciende a los 22.796 millones de euros, pero el gasto real que se descubre al mirar qué oculta la ingeniería contable del Estado llega a no menos de 37.563 millones de euros para este año, cantidad que se desborda por los recientes incrementos decididos alrededor de la Cumbre de la OTAN en Madrid. Recordemos que en 2021 uno de cada cinco euros de los presupuestos iban destinados directa o indirectamente al gasto militar y represivo. Desde Obama y desde Trump se han endurecido las exigencias yanquis de un aumento del gasto militar europeo porque el imperialismo ya ponía en práctica su estrategia mundial para apoderarse de Eurasia, atacando por Ucrania desde el golpe de Estado fascista de 2014.
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Viendo este panorama es por tanto muy comprensible que, en enero de 2022, el Gobierno «progresista» fiase la «modernización económica de España» a los 140.000 millones de euros que le va a prestar la Unión Europea, que no es sino un «rescate encubierto» y cuyas condiciones de devolución son secretas, y a costa de perder definitivamente la poca «independencia» que le restaba, como se confirmó durante la Cumbre de la OTAN en Madrid. La burocracia de Bruselas impone alrededor de sesenta directrices anuales negociadas en secreto con los lobbies y otros poderes oscuros, que los Estados débiles cumplen automáticamente sin consultar a sus pueblos. Las decisiones de la OTAN y del ejército yanqui no entran en este capítulo, pero son mucho más prioritarias: el Estado español pertenecía de facto a la OTAN desde la década de 1950, obedeciendo en todo, aunque solo oficializó su membrecía en 1986.
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La «modernización económica de España» es imprescindible para una parte de la burguesía estatal porque es la única garantía de que el Estado no siga retrocediendo internacionalmente, y también para asegurar la «unidad nacional» cuando ya se han cedido las últimas cotas de «independencia nacional burguesa». En efecto, la Cumbre de la OTAN y la segunda traición al pueblo saharaui certifican que «España» es un protectorado importante por el lugar geoestratégico que ocupa en el control del eje este-oeste y norte-sur en la parte atlántica de Eurasia y de África. El imperialismo aplastó Grecia porque no tenía tanta importancia como «España», a cuya burguesía se le concede algo más de tolerancia.
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Decimos que esa «modernización», es decir, cierta reindustrialización que aumente la producción de valor y la competitividad económica, es imprescindible para una parte de la burguesía, aunque existe otra parte que no se preocupa por las diferencias entre la plusvalía absoluta y la relativa, por la composición orgánica del capital, por la inversión programada en tecnociencia, etc., y que prima la sobreexplotación y el palo represivo como los métodos más efectivos para la obtención de ganancia, sobre cualquier otro método. Es verdad que cuanto más dura y sincrónica es una crisis estructural más duros e implacables son los métodos para descargar sus costos sobre las naciones trabajadoras oprimidas, sobre la propia clase obrera, sobre las llamadas «clases medias» y la pequeña burguesía, etc., por este orden. Son diferencias, ni siquiera oposiciones, dentro del bloque de clases dirigentes más o menos resueltas aparentemente en el «parlamento soberano», pero realmente negociadas en privado en base a las relaciones de fuerza, sin poner nunca en riesgo la propiedad privada de las fuerzas productivas, o sea, la dictadura patriarcal, de nación dominante y de clase.
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En parte esto es lo que sucede ahora en el Estado porque la gravedad de la crisis es tal que las dos grandes corrientes burguesas optan por dos opciones diferentes, dentro de su unidad, para salir de la crisis, dos opciones diferentes solo en la forma, nunca en el contenido, que también existen ahora en el imperialismo. La unidad decisiva consiste en mantener a cualquier precio la invasión de las repúblicas populares del Donbass como primer paso para la posterior balcanización de Rusia, que permitiría a la OTAN acceder a las decisivas fronteras siberianas con China dominando Eurasia.
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La diferencia en esa unidad consiste en cómo tratar las naciones y clases explotadas, y, en especial, a las mujeres trabajadoras inmigrantes y de los pueblos oprimidos, para que aun protestando «pacífica y democráticamente» acepten las extremas condiciones de sobreexplotación, sin las cuales la burguesía llamada «occidental» y menos la española nunca podrán salir de la crisis. La fracción neofascista que se ha puesto una careta de derecha-dura de Feijóo que sigue la línea implacable de la Internacional Neofascista y la fracción ilusamente «progresista» pero de centro-derecha práctica en el Gobierno que se apega a la mentira de una imposible socialdemocracia neokeynesiana que promete de todo con la misma facilidad con que lo incumple todo. Una de las razones de esta diferencia de matiz es la importancia económica de los sillones politiqueros para las elites político-sindicales e intelectuales.
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Las naciones obreras oprimidas por «España», como protectorado del imperialismo, saben que ninguna de las dos fracciones –y menos la OTAN– va a reconocerlas nunca, que las dos van a seguir explotándolas, pero algunas fuerzas independentistas siguen creyendo, contra toda evidencia histórica, que existen organizaciones revolucionarias españolas que pueden ser aliadas estratégicas en la revolución comunista. Craso error a estas alturas de la historia de «España» como marco geoproductivo para la acumulación de capital en una parte de la península ibérica. Debemos tener en cuenta que según se suceden las fases críticas del capitalismo, se fanatiza la irracional –por cuanto opresora e injusta– ideología nacionalista de los Estados opresores de pueblos, ideología y práctica imprescindible para sostener y a poder ser ampliar la tasa media de ganancia de sus burguesías.
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Este nacionalismo burgués más exacerbado en cada crisis, también va renaciendo en las burocracias de sus izquierdas, y tarde o temprano reaparecen en sus pequeñas organizaciones revolucionarias que se dicen internacionalistas. De todos los pueblos oprimidos por «España», son las izquierdas comunistas castellanas y andaluzas las que más padecen esta realidad porque sobre el exterminio con sangre de sus culturas se ha creado la ideología nacionalista del imperialismo español. Los arraigados tópicos racistas del españolismo –suavizados en algo, pero existentes también en la izquierda españolista– denigran a todos los pueblos que oprimen, pero con normalidad cotidiana más virulenta a Castilla y a Andalucía. No tenemos espacio para explicar cómo ese racismo con un claro contenido político se expresa contra cada nación oprimida.
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Desde que la inicial izquierda anarquista y socialista aparecieron en el Estado bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, desde entonces y a pesar de las diferencias en sus expresiones del nacionalismo españolista, estas izquierdas se han caracterizado por tres posturas:
Primera, negación directa o indirecta del derecho/necesidad a la independencia de las naciones oprimidas, negación explícita que ahora vuelve a tomar fuerza.
Segunda, reconocimiento abstracto del derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero sin llevar ninguna práctica sistemática en el sentido de aplicar ese derecho en la lucha de clases diaria y menos aún de saltar del simple derecho abstracto muy cargado de democraticismo burgués, al concreto, radical y decisivo derecho/necesidad, netamente revolucionario, de la independencia socialista como paso para la revolución comunista.
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Y tercera e incuestionable, que ese derecho abstracto defendido por la izquierda estatal que se dice internacionalista, nunca puede ni quiere superar el ultracentralismo burocrático que tiene en Madrid –Madrid– la expresión suma de la simbología y del principio de que la revolución comunista no solo ha de realizarse en el marco estatal sino que además y sobre todo nunca ha de asumir como axioma que «España» es incompatible con la revolución comunista y que por tanto ha de desintegrarse material y simbólicamente como requisito para la revolución. Las izquierdas estatales que se dicen internacionalistas terminan mostrando su nacionalismo español más pronto que tarde, empezando por la centralización política madrileña «por razones de geografía», lo que en realidad oculta la centralización mental estratégica que les impide asumir la necesidad de luchar diariamente por la desaparición de «España», no únicamente en las declaraciones democraticistas sobre el derecho abstracto de autodeterminación. Con esto no negamos el valor de estas organizaciones para defender ese derecho dentro mismo del monstruo, valor que admiramos, lo que hacemos es constatar sus límites.
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En los últimos años, gran parte de la izquierda estatal ha ido reforzando expresiones particulares del nacionalismo de su burguesía, aplaudiendo, por ejemplo, el giro al «realismo político», al soberanismo, de las fuerzas socialdemócratas vascas y catalanas, el independentismo blando galego, por no hablar del anticapitalismo expodemita, etc. A la vez, el nacionalismo españolista más reaccionario también ha crecido en supuestas «izquierdas comunistas» para las que no hay naciones oprimidas por lo que su independentismo es punible. Por no extendernos, grupitos de izquierda que se dicen internacionalistas insisten en crear o integrarse en coordinadoras de naciones oprimidas para facilitar una «efectiva» movilización dentro del marco estatal, pero sin dar el salto a la defensa práctica diaria del derecho/necesidad de la independencia, limitándose a recitar como una salmodia el abstracto derecho de autodeterminación.
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En la actual fase crítica del capitalismo, ya no sirve repetir ese derecho en su expresión abstracta sin precisar que se ha convertido en una necesidad concreta y radical de la independencia socialista, una necesidad que surge de la raíz de las contradicciones imperialistas actuales que incluso han anulado la soberanía legal de los Estados medios y pequeños, marionetas del imperialismo a pesar de su pomposa «independencia». Cualquier tipo de coordinación de fuerzas independentistas que no asuma, primero, la necesidad radical de la independencia socialista; segundo, la subsiguiente necesidad de avanzar en la desaparición de «España» simultánea a la revolución socialista; y, tercero, la coordinación exclusiva de las naciones oprimidas sin participar izquierda estatalista alguna, será un fracaso en poco tiempo.
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No negamos la importancia de la solidaridad internacionalista de las izquierdas estatales, la valoramos en su enorme significado y la agradecemos por su coherencia demostrada, pero deben respetar la independencia organizativa política, teórica y práctica de los pueblos que su burguesía oprime. Las amargas lecciones históricas deben ser tenidas en cuenta más aún en el capitalismo actual y en un Estado como el español. Sí puede haber y probablemente habrá luchas tácticas conjuntas en momentos concretos, pero siempre respetando la necesidad del libre debate y de la libre decisión interna entre las izquierdas independentistas previamente a cualquier acuerdo táctico en una movilización particular. Para nosotras y nosotros este es un principio objetivo sin el cual no merece la pena perder el tiempo en disquisiciones abstractas que solo benefician a «España».
Petri Rekabarren
Euskal Herria, 20 de julio de 2022
Un comentario
Totalment d,acord amb totes les tesis que proposes.
Independencia nacional y de clase.
Espana es y sera, aun mas en la era del capitalismo agonico, carcel de pueblos.
A ver si podemos avanzar en la unidad de action, pero no solo entre organizaciones politicas (fase necesaria) sino tambien entre movs sociales antimperial y antipatriarcales.