Tomar el poder… ¿o destruir el poder?
El «poder» podemos conceptuarlo como el «control, imperio, dominio y jurisdicción que un ser humano dispone para concretar algo o imponer un mandato u orden».
Cuando el poder se refiere a la política, hace alusión a un conjunto de herramientas para llevar a cabo un plan. Conseguir el poder, es conseguir el control de las herramientas que nos llevan a alcanzar los fines propuestos.
Pero ninguna herramienta sirve para todo. Las herramientas se construyen para fines muy específicos, y concretamente, para servir a los intereses o necesidades de la persona o grupo que las fabrica.
El surgimiento del capitalismo tras la conquista castellana de Al-Andalus y América da lugar a que la clase dominante resultante de la acumulación originaria, se dotase de unas herramientas para defender sus intereses, perpetuar la situación de privilegio y poder, y al mismo tiempo, justificarla.
De esta necesidad surgen los Estados burgueses que se construyen como las herramientas necesarias e imprescindibles para mantener el espacio de acumulación conseguido a través de las guerras y las uniones matrimoniales entre monarquías.
Este proceso de toma de poder por parte de la burguesía tiene su inicio en el Tratado de Westfalia, al finalizar la guerra de los 30 años (1648). Se introduce el concepto de ciudadano frente al de súbdito y la igualdad legal (que iguala a nobles y burgueses) en un nuevo orden jurídico que a partir de la Revolución Francesa (1789) adopta las formas de los actuales Estados.
El reconocimiento de unas fronteras estables, la inviolabilidad de la propiedad privada y la unidad indisoluble de los Estados, coincidentes con la «unidad de mercado» previa a la constitución de los mismos, son los ejes sobre los que se construyen las herramientas de dominación y acumulación de la burguesía.
El ascenso social y económico de las burguesías creó el Estado moderno y las democracias occidentales.
Estas democracias se caracterizan por la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, con la designación de sus integrantes por sufragio universal donde cada ciudadano emite un voto. En el caso de la «democracia» española, el poder judicial no es elegido por el pueblo, sino por los partidos políticos en el Congreso y el Senado, y entre miembros del colectivo judicial.
Teórica y aparentemente, el «poder» del pueblo y su autodeterminación estarían garantizados sino fuera porque la burguesía se ha asegurado la corrupción del sistema en base a sus intereses económicos y políticos. La teoría de que cualquier persona u organización política puede presentarse a unas elecciones en igualdad con el resto de fuerzas políticas, se hace insostenible por las propias dinámicas económicas del sistema, donde en base a la libertad de mercado y a la ausencia de límites y control en la financiación de los partidos políticos, la teoría de la igualdad de todos los participantes en un proceso electoral se hace irrisoria cuando vemos los presupuestos electorales de los grandes partidos del sistema, a pesar de no estar valorados los espacios de «información electoral» que los grandes medios de comunicación dedican de forma completamente arbitraria a unas formaciones políticas u otras.
El sistema, de por sí, es un sistema corrupto, aunque legal, (la legalidad la decide quién tiene la fuerza, y no olvidemos nunca de dónde viene esta «Democracia») por la falta de igualdad entre todas las formaciones políticas y entre las diferentes ideologías que se presentan a unos comicios.
Los gobiernos elegidos «democráticamente», en realidad, no representan al pueblo que les ha votado, sino a los grupos de presión, a los lobbys que les han apoyado, financiado y promocionado. Un solo ejemplo basta para conocer el funcionamiento de los políticos profesionales y a qué intereses sirven: lo tenemos en las eléctricas y las puertas giratorias. Son las grandes empresas y los grandes capitales quienes deciden las políticas que se deben implementar, y son ellos mismos, quienes deciden qué partido va a gobernar. El dominio privado de los medios de comunicación les da un poder de control sobre la clase política, de tal forma, que son ellos quienes deciden los límites de los gobiernos, hasta dónde pueden llegar y cuales son las líneas rojas que no pueden sobrepasar, so pena de salir del sistema y de sus privilegios.
En este sentido, los límites que la burguesía impone a los representantes políticos y a sus partidos son muy claros: pertenencia a la OTAN y alineamiento con las políticas bélicas de esta organización militar, defensa a ultranza de la Unión Europea, aceptación del capitalismo como único sistema posible, respeto a la propiedad privada de los medios de producción y Unidad de España. En el Estado español se puede hacer política libremente… siempre que no se traspasen las lineas rojas que acabamos de señalar.
El sistema (la burguesía agrupada en instituciones como el IBEX 35, la banca y otras), mediante la manipulación de los procesos electorales se asegura que ningún gobierno pueda perjudicar sus intereses económicos, a pesar de que tiene mecanismos de control para evitar políticas perniciosas para sus intereses: el texto constitucional limita la acción de los gobiernos y la imposibilidad de cambiarlo sin el acuerdo de los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE, hace inútil cualquier intento de modificación que permitiera cambiar las políticas antisociales por otras donde la clase empresarial pudiera salir perjudicada. La pertenencia a la Unión Europea, un organismo con un funcionamiento muy alejado de las prácticas democráticas, imposibilita aún más la implementación de políticas que favorezcan a las clases trabajadoras. La otra gran alianza de la que forma parte el Estado español, la OTAN, es quién realmente dirige las políticas europeas y españolas, como se ha visto recientemente en el cambio de posicionamiento del Estado español respecto al Sáhara y el apoyo incondicional a la OTAN en Ucrania, a pesar del coste que las clases más desfavorecidas están empezando a pagar en forma de inflación y seguirán pagando en forma de más recortes sociales. La OTAN es la mayor garantía de estabilidad para la burguesía española, la garantía del mantenimiento del statu quo actual y el aval a las políticas ultraliberales que benefician a esa burguesía parasitaria española.
Y si a pesar de todo lo expuesto anteriormente, alguna organización política pudiera saltarse todo el camino de obstáculos legales y superar las agresiones mediáticas, la burguesía activaría la palanca de las «cloacas» del Estado, como ha hecho tantas veces: asesinatos de opositores durante la llamada «transición», los GAL, atentados de bandera falsa como el caso Scala en Barcelona, el intento de asesinato del líder independentista canario Antonio Cubillo, el espionaje de partidos políticos, la participación de elementos de las «cloacas» en las tramas de corrupción económica del PP, la colaboración de las «cloacas policiales» con las «cloacas mediáticas», el «proceś» catalán del 2017 donde a las cloacas policiales y mediáticas se les sumó la «cloaca judicial», los montajes policiales que llevaron a Alfon, Pablo Hasel o a los jóvenes de Alsasua a la cárcel, etc.
Y si falla el control por arriba de los partidos a través de los apoyos financieros y mediáticos, y si también falla el control por abajo a través de las «cloacas», con el espionaje a los partidos que pudieran traspasar las líneas rojas, las pruebas falsas, o el asesinato en última instancia… nos quedaría el «comodín» que sirve tanto para un roto como para un descosido: el ejército, al que la constitución española le concede el poder de emplear un auto golpe de Estado si estuviera en peligro la «Unidad de España», es decir, si los intereses de la burguesía se vieran comprometidos.
Hay que recordar de dónde viene esta «democracia», quién la hizo posible y porqué, para comprender su funcionamiento y a qué intereses sirve:
A la muerte del Dictador Francisco Franco en el año 1975, la oligarquía española, en defensa de sus intereses, decidió la participación en la Unión Europea, para lo cual era necesario homologar el Régimen español a las «democracias occidentales», decidiendo acometer el proceso en un ámbito meramente formal, asegurándose la imposibilidad de cambios reales que pudieran afectar al control económico y político que el franquismo ejercía. El primer paso era posibilitar la pluralidad y alternancia política, para lo que fueron legalizados el PSOE y el PCE de Santiago Carrillo, participando ambos en la redacción de la nueva Constitución que aseguró la continuidad del franquismo en el nuevo Régimen democrático: no se juzgó a los criminales franquistas, alcanzando la impunidad con la ley de amnistía; aún no se ha reconocido ni reparado a los familiares de los cientos de miles de represaliados por el franquismo; no se purgó a los franquistas de las instituciones ni de los organismos públicos, continuando con sus puestos en el ejército, la policía y la adjudicatura; se continúa financiando a la Iglesia Católica, una de las principales patas de la represión franquista; los empresarios que sirvieron y se sirvieron del franquismo están en el Ibex 35 y en la banca.
Una «Transición» que lejos de ser «modélica» como los propagandistas del Régimen nos quieren hacer creer, fue sangrienta, con centenares de represaliados y asesinados para evitar que la oposición al Régimen creciera a la izquierda del PSOE y PCE, que actuaron como cómplices por su silencio y como blanqueadores del Régimen neo franquista que con su mutismo convirtieron en «Democracia». Las cloacas del Estado hicieron su trabajo con total impunidad. Es la esencia del Estado y la mano invisible que mece la cuna de la Democracia española.
Qué hacer con el Estado
Ante esta situación de un Estado basado en la corrupción del sistema democrático como modelo político para asegurar el poder y los privilegios de la burguesía, se nos plantea qué hacer, que actitud tomar ante el Estado para conseguir cambios que beneficien a la clase trabajadora.
Dos respuestas principales ante el Estado: la de la socialdemocracia o «izquierda» parlamentaria, que acepta los límites impuestos por el sistema: OTAN, UE, Capitalismo, Unidad de España, etc, para poder participar en el juego político, tener representación en las instituciones y beneficiarse política y económicamente de los privilegios que el sistema concede a quienes se mantienen dentro de los parámetros establecidos, y si se puede… cuando tengan el poder ejecutivo, mejorar en la medida de lo posible las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin enfrentarse al Estado, sin enfrentarse a la burguesía y renunciando a la lucha de clases. Se busca el acuerdo de los sectores sociales: gobierno, patronal y sindicatos (los domesticados; los realmente de clase no tienen participación en las negociaciones) y como es de lógica, la patronal no va a permitir un acuerdo contrario a sus intereses, más aún, en estas condiciones de relación de fuerzas entre la burguesía y la clase trabajadora, donde la desmovilización popular y la hegemonía de los sindicatos del Régimen han dejado huérfana de liderato a las clases trabajadoras.
La actuación de la «izquierda» del Régimen en el gobierno (PSOE-UP) del Estado ha demostrado los límites que el poder real impone a los gobiernos: Pensiones, SMI, Reforma laboral, presupuestos, IMV, Sáhara, Ucrania, OTAN, etc., son algunas de las muestras de unas políticas que no molestan a la burguesía, que ésta aplaude porque no toca sus beneficios, porque apuntala y fortalece el Régimen y el sistema de acumulación, al mismo tiempo que consigue rebajar la presión y desmovilizar a las clases populares, a la espera de conseguir unas mejoras que nunca llegan o que son insuficientes para paliar los graves problemas de una clase trabajadora cada día más empobrecida por la inflación, el paro y los recortes sociales a los que son sometidas.
La burguesía no regala nada. Los privilegios a los políticos y a los partidos son a cambio de participar en el juego democrático para hacer creer a la población que ellos deciden con su voto, para ofrecerles alternancia de poder y alternativas dentro del sistema: un político es más barato que 1,000 policías y la eficacia del control social a través de la «ilusión» democrática es más efectiva y menos traumática. Hacer que el esclavo no sienta las cadenas es el gran triunfo de la burguesía en las democracias occidentales, y en este triunfo, han jugado un papel de importancia vital las «izquierdas» del Régimen.
Estas políticas socialdemócratas, basadas en el relato (Pablo Iglesias decía que lo importante en política era el «relato», es decir, la manera de contar las cosas, la forma de vender las medidas políticas, convencer a la gente de que no hay alternativa más allá de las ofrecidas por ellos) y en el «mal menor» ante las políticas de la derecha. La diferencia entre las política de esas «izquierdas» y «derechas», está exclusivamente en el relato, en la forma de plantear los hechos. Pero a fuerza de «ir el cántaro a la fuente» termina rompiéndose, y eso es lo que le pasa a la socialdemocracia cuando gobierna con los límites que le impone la burguesía y su sistema político-económica, que la gente termina por no creer en el relato y el mal menor resulta insuficiente cuando millones de personas sufren las políticas económicas neoliberales que también implementa la socialdemocracia. Llegados a este punto de desconfianza ante las políticas neoliberales de la «izquierda» y la impotencia de esta para solucionar los graves problemas que ya está padeciendo la clase trabajadora, el resultado es más desapego de la política, ascenso de la derecha e impulso al fascismo.
La otra actitud respecto al Estado burgués es la de enfrentarlo, combatirlo y destruirlo
Como hemos visto más arriba, la posibilidad de revertir la situación de explotación de la clase trabajadora mediante la reforma del Estado burgués, es prácticamente nula por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre clases. La burguesía nunca va a renunciar a su poder y a sus privilegios; los va a defender con todos los medios a su alcance. Y si en algún momento cede ante el empuje de la clase trabajadora no será por convencimiento, sino como estrategia para volver a recuperar el espacio perdido.
La cuestión del Estado, ha sido un tema central en todos los movimientos revolucionarios desde el S. XIX, siendo tratado por todos los autores revolucionarios en mayor o menor medida. Marx, Engels, Lenin… y muchos otros autores tanto marxistas como anarquistas han visto la necesidad de acometer la tarea.
Para Lenin, «El Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en el que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse. Y viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables».
En su obra El Estado y la revolución, Lenin analiza el pensamiento de Marx al respecto: «Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases». Y continúa Lenin… «la liberación de la clase oprimida es imposible, no sólo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del Poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel ‘divorcio’».
El Estado español
El Estado español se empieza a configurar al finalizar la conquista de Al-Andalus tras la Toma de Granada, aglutinando diferentes naciones por conquista militar, siendo una extensión de Castilla que reunió en el Estado las tierras conquistadas.
Castilla muta en España tras la creación de un Estado que es conformado sobre las conquistas militares, por lo que no está basado en una Nación natural, sino en las relaciones de dominio entre la potencia conquistadora y las naciones conquistadas.
El Estado creado por la expansión militar de Castilla necesitaba asimilar los territorios conquistados para preservar la unidad política y territorial conseguida por la fuerza militar. Por este motivo, desde la culminación de la conquista de Andalucía se desarrollaron las políticas asimilistas: prohibición de las lenguas autóctonas, destrucción de libros y obras en árabe y dialectos andalusíes, prohibición de usos y costumbres, prohibición de las religiones no católicas, imposición del idioma castellano, adoctrinamiento de la juventud en la historia y cultura de los colonos a través de la Iglesia Católica; castigos físicos y económicos a quienes incumplieran las normativas, llegando en muchos casos a la pena de muerte, etc.
Unas políticas que buscaban la «unidad» de todos los territorios conquistados por Castilla: unidad territorial, política, lingüística, religiosa y cultural. Una «unidad» necesaria para el mantenimiento de la explotación de la población autóctona y el control del territorio.
A través de la guerra cultural que en los pueblos del norte se manifiesta de forma subterránea al limitar el uso de sus lenguas y costumbres a favor del castellano, al mismo tiempo que eran desprestigiadas y minusvaloradas desde las instituciones, y que en el Sur, Andalucía, se manifestaban mediante procesos judiciales contra la persistencia de la cultura autóctona que a pesar de las prohibiciones seguía viva en parte de la población. La Santa Inquisición se ocupó de hacer cumplir las leyes en materia lingüística y cultural y de castigar a quienes las incumplieran.
Afortunadamente, las lenguas y culturas de los pueblos del norte peninsular no se perdieron y han podido ser recuperadas y puestas en valor para la guerra cultural contra las imposiciones castellanas y el nacionalismo español. Por contra, en Andalucía, la violencia cultural y física no ha permitido la continuidad cultural. El proceso de asimilación a través de la violencia institucional y militar contra la cultura autóctona ha culminado en un pueblo andaluz creyente en ser descendiente de sus propios conquistadores. La guerra cultural que aún persiste ha invisibilizado los restos culturales que de forma subterránea persisten en nuestro acervo cultural.
El Estado surgido de la conquista se ha convertido en Nación a través de la «unificación» por asimilación y del exterminio de la cultura autóctona andaluza, a la que ha «robado» parte de sus marcadores culturales en un proceso de «vampirización» cultural que ha hecho de la cultura española una copia grotesca, artificial y superficial del original. Una Nación inventada para justificar un Estado necesitaba también una cultura propia; una cultura que no tenía Castilla y que tuvo que inventar con los «jirones» de la cultura andaluza.
Hacia la destrucción del Estado
Como hemos visto, el Estado español es irreformable en esencia porque cualquier forma de Estado cumple la función de marco legal y político para la acumulación de capital por parte de la burguesía. Los cambios políticos que han desembocado en la sustitución de un modelo de Estado por otro, siempre han estado motivados por los intereses de la burguesía en busca de la ‘paz social’ que propicie la acumulación de capital. Monarquía, I República, vuelta a la monarquía, II República, Dictadura, Monarquía parlamentaria… todos los cambios de modelo de Estado han sido impulsados por la burguesía para defender sus intereses.
Una reforma del Estado, incluso con cambio de modelo a una República, no garantiza un cambio en la relación de fuerzas entre proletariado y burguesía, incluso, los movimientos reformistas situados en la «izquierda» del sistema son contemplados por la burguesía como una opción en caso de agotamiento del sistema actual.
En Andalucía hemos sufrido todas las formas del Estado español. En todas ellas el pueblo andaluz ha continuado explotado, alienado, y nuestros recursos han sido expoliados para el beneficio del capital foráneo y de los centros industriales del Estado. La relación del pueblo andaluz con el Estado siempre ha sido la de represión cuando se han exigido los derechos relativos a la soberanía y a la autodeterminación, o mejoras para la clase trabajadora.
Las experiencias republicanas españolas, a las que parte de la izquierda española nos quiere dirigir, no supusieron un avance en la soberanía económica de la clase trabajadora andaluza, ni un avance en la soberanía política del pueblo andaluz. La I República española con el Presidente Nicolás Salmerón a la cabeza, encargó al General Pavía la represión al pueblo andaluz tras proclamarse en Despeñaperros la «Independencia de Andalucía». Miles de andaluces fueron represaliados, cumpliendo penas de cárcel o destierro, independientemente de los que fallecieron en combate.
La II República española tampoco supuso un avance en las necesidades políticas y sociales de Andalucía. Los supuestos avances de la II República no llegaron a Andalucía, donde el sistema electoral era controlado por los «caciques» que vendían sus votos al mejor postor a cambio de influencias y prebendas. El apoyo de la II República al empresariado agrícola e industrial andaluz derivó en el asesinato de jornaleros en la localidad gaditana de Casas Viejas cuando estos, movidos por el hambre, ocuparon tierras y declararon el comunismo libertario; o el bombardeo con piezas de artillería de la taberna «Casa Cornelio» en Sevilla, lugar de encuentro de trabajadores comunistas y anarquistas, tras la huelga General Revolucionaria que paralizó la actividad industrial de la ciudad. El bombardeo destruyó este centro de reunión del proletariado sevillano, dándose la paradoja de que años después, se construyó sobre sus ruinas la Basílica de la Macarena, lugar donde reposan los restos del criminal Queipo de Llano.
La construcción del socialismo al que aspiramos para conseguir una Andalucía Libre e igualitaria, no se hará desde las instituciones del Estado, ni mediante procesos electorales, que como hemos visto están controlados por la misma burguesía que no dudaría en emplear cualquier método para no renunciar a sus privilegios. No hay otra «España» posible, no llegaremos a una Andalucía Libre a través de las instituciones del Estado español. No puede existir una Andalucía Libre, una Catalunya, Euskalerria, Galiza o Canarias Libre mientras exista el Estado español.
Solo la destrucción del Estado nos ofrecerá la posibilidad de construir una República Andaluza en base al socialismo infantista. La clave de todo esto está en la lucha de clases, en destruir el poder de la burguesía, y para ello es necesario destruir sus instituciones. Y si destruimos el Estado, ¿qué nos queda, en qué situación quedaría Andalucía y su clase trabajadora?
Sin el poder del Estado, la burguesía habría perdido su herramienta de control sobre las clases trabajadoras y sobre los pueblos; habría perdido sus privilegios. En cuanto a la organización territorial de lo que aún es el Estado español, pasaríamos por un período de reconfiguración basado en las naciones y los pueblos existentes. Si no existe el Estado español, no existe España, porque España como nación nunca ha existido como hemos demostrado, y porque la «Nación española» es una ficción sostenida por el Estado.
Tras el «tsunami» que provocaría la caída del Estado, pasaríamos a un reajuste de las «placas tectónicas», es decir, del territorio que conformaba el Estado y que estaría en procesos de construcción política. Si ya no existe España porque no hay un Estado que la sostenga, lo que nos queda son las naciones y los pueblos, y son estas naciones y pueblos quienes tienen que decidir sobre su construcción política y social y sobre su encaje en cualquier otro tipo de entidades supranacionales, o de acuerdos entre naciones.
Este planteamiento genera dudas en muchas personas porque es difícil aislar la idea de «España». Para muchos militantes de organizaciones de izquierdas independentistas, en el Estado español conviven, aunque sea por la fuerza, varias naciones: Euskalerría, Catalunya, Galiza, Andalucía, Canarias… y el resto es España. Ese «resto» no es España, y esta idea es imprescindible para avanzar hacia construcciones territoriales independientes, puesto que mientras exista España no habrá posibilidad de independencia ni de socialismo en ninguna de las naciones que componen el Estado. Mientras exista España existirá el Estado español, y viceversa.
La idea de «España» nos imposibilita para luchar contra el Estado porque limita las luchas a cada uno de los territorios nacionales o nos deriva a una reforma del Estado para que este permita cambios en la relación de las naciones oprimidas con España. La burguesía española, a través de su instrumento de dominación, el Estado, nunca va a permitir perder parte de su espacio de acumulación de capital y por lo tanto, nunca permitirá la sedición de ninguna de sus «propiedades», y mucho menos para construir un espacio de socialismo.
Hay que destruir el Estado para que afloren las naciones y los pueblos. Lo que desde algunas naciones oprimidas llaman «España», no será más que los restos del Estado tras el proceso de «deconstrucción» y descolonización, es decir, la vuelta a los orígenes, la vuelta a la etapa anterior al proceso de conquista y colonización: Castilla. La identificación de Castilla y del resto de territorios peninsulares que no reclaman una identidad propia y diferenciada, con «España», es un freno en las políticas de lucha contra el Estado, porque si partimos de este axioma de la existencia de una Nación llamada España, habremos perdido de vista el objetivo de destruir el Estado burgués porque este Estado burgués lo identificamos con una Nación, España, y cualquier posibilidad de soberanía y autodeterminación de las naciones oprimidas por el Estado, pasa por la destrucción de este.
Conseguir la independencia sin destruir el Estado es una entelequia como hemos podido comprobar a lo largo de la historia. Cuando se trata de la «Unidad de España», eufemismo para designar la «Unidad de mercado» que beneficia el control económico de la burguesía española, el Estado español es capaz de sacar toda la violencia a su alcance, como ya ha sucedido en todas las naciones sin Estado cuando han avanzado en la consecución de la soberanía, la independencia y la autodeterminación. El último ejemplo es muy reciente: el Procés Catalán del 2017,
La destrucción del Estado requiere de la colaboración de todas las organizaciones revolucionarias que se sitúan en la izquierda anticapitalista. Pero esta colaboración debe tener un objetivo extremadamente claro y concreto: la destrucción del Estado.
No es posible ningún tipo de colaboración con organizaciones que partiendo de un discurso condescendiente o permisivo con el independentismo y con los argumentos de las naciones para su autodeterminación, intentan derivar las fuerzas acumuladas hacia la modificación del Estado, hacia la «toma del Estado», con promesas de una España Federal construida desde el poder del Estado y que acepte la libertad de decidir de las naciones oprimidas. De España, nada es creíble; ni de la derecha ni de la izquierda, ni la República burguesa ni la República socialista. Ningún partido, ninguna organización, ninguna institución y ningún Estado ha renunciado al Poder conseguido. Y ningún Estado español va a renunciar a su poder para entregarlo a las naciones oprimidas.
La libertad, la soberanía y la Independencia de Andalucía y su clase trabajadora solo puede venir por la lucha del pueblo andaluz, y solo desde la República Andaluza y sus instituciones se podrá defender el territorio, el derecho a decidir y las relaciones políticas, sociales y económicas que las andaluzas hayan acordado. Solo desde la Independencia, el pueblo andaluz podrá decidir sobre participación en acuerdos supranacionales, o sobre su participación en espacios económicos determinados.
Malcom X, el líder afroamericano, expresaba la misma idea de la siguiente manera: «Nadie puede darte tu libertad. Nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tú eres un hombre, cógelo».
La construcción de la Andalucía Libre se tiene que hacer desde la base, desde abajo, desde los municipios y las comarcas y desde la libertad y la decisión común de construir un espacio de socialismo y soberanía de la clase trabajadora andaluza.
Los Federales andaluces en el artículo 1 de la Constitución Andaluza firmada en Antequera en el año 1883 lo dejaron bien claro: «Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este Pacto».
Que nadie nos venga con cuentos de sirenas, que nadie venga a «vendernos la moto»: El Estado español «es Estado y es español» y lo pinten como lo pinten no lo vamos a comprar. Después de más de 500 años sometidos no nos vamos a creer a los encantadores de serpientes que prometen «regalarnos» la libertad y la soberanía.
En Andalucía solo hay un camino para conseguir el socialismo: la INDEPENDENCIA.
Ali Manzano
En Andalucía, a 27 de agosto de 2022.
