«Siempre lo digo: si Palestina fuera la escena de un crimen, tendría todas nuestras huellas. Los productos que compramos, los bancos a los que les confiamos nuestros ahorros, las universidades en las que pagamos la matrícula.»
Así explica Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, el alcance de su último informe, que acusa a unas mil empresas de todo el mundo de complicidad en los crímenes israelíes.
¿Qué le llevó a elaborar este informe?
Empecé a pensar en ello en 2023, después de leer acerca de cuántas empresas participaban en la ocupación, la apropiación indebida de recursos naturales y el sistema bancario de apoyo a los asentamientos. Pero no es sólo eso: hay una economía sumergida que apoya no sólo los asentamientos, sino también el sistema militar y tecnológico israelí. La investigación llevó a identificar la implicación del sector privado, una serie de empresas que siguen lucrándose. Mientras la economía israelí parece estar en crisis, la Bolsa de Tel Aviv registra un crecimiento de decenas de miles de millones de dólares. Uniendo las piezas, me di cuenta de que existe una economía de la ocupación que se ha convertido en economía del genocidio.
Escribe usted que las potencias coloniales siempre han dependido de este tipo de relaciones para mantenerse. Sin la contribución de las empresas y corporaciones, ¿se detendría la maquinaria de ocupación?
Sí. Sin las empresas que venden armas, Israel no puede mantener a raya a los palestinos y no puede seguir beneficiándose de la mejora y venta de armamento. El desarrollo de armamento y tecnología se detendría sin la cooperación y la legitimidad que aportan las universidades y los centros de investigación, como el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR), que tiene vinculaciones diversas con la industria agroalimentaria, por ejemplo. Todo eso no funcionaría sin los fondos europeos concedidos a las empresas israelíes.
El informe afirma claramente que estas empresas pueden ser consideradas responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
Históricamente, las empresas privadas han intentado eludir las obligaciones legales ejerciendo una gran influencia en el proceso de establecimiento de estas obligaciones y responsabilidades. Recordemos lo influyente que es el grupo de presión armamentista en la creación de leyes y reglamentos. Pero, al mismo tiempo, hay principios que exigen la debida diligencia. En este caso, hay procedimientos contra Israel iniciados en el Tribunal Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional. Aunque todavía no se ha dictado sentencia, los dos tribunales han advertido sobre la presunción de riesgo, que exigiría no apoyar al Estado investigado. Si los Estados deben atenerse a esta obligación, también debería aplicarse a aquellas empresas cuyas acciones perjudican directamente a los derechos humanos. Algunas empresas están participando en la comisión de crímenes: la cementera que extrae recursos naturales de las minas de los Territorios Palestinos Ocupados, las empresas que venden armas letales, las que suministran excavadoras utilizadas para demoliciones en los Territorios Ocupados, etcétera. No es sólo un vínculo: es complicidad en la comisión de crímenes dirigidos a violar el derecho a la autodeterminación, hacer realidad la anexión y apoyar la ocupación permanente.
El informe menciona a Leonardo. ¿Hay otras empresas italianas entre el millar de compañías investigadas?
Hay empresas y universidades italianas, pero siguen bajo investigación.
La complicidad del sector privado permite que continúe el proyecto de colonización y, por tanto, el régimen de apartheid. Esto sucede porque ese sistema de opresión resulta conveniente: genera beneficios. ¿Cómo puede convertirse en inconveniente?
El método más inmediato y justo es perseguir esta injusticia. Hay que llevar a empresas como la israelí Elbit o la italiana Leonardo ante los tribunales, sobre todo para que se pueda ofrecer reparaciones a las víctimas. El segundo método es la responsabilidad impuesta por la opinión pública. Empresas como Airbnb y Booking.com pueden ser objeto de boicots. Lo mismo puede decirse de Volvo, cuyos vehículos se utilizan para demoler casas y sacar cadáveres palestinos de los escombros en Gaza o para trasladar a presos políticos palestinos. Debemos volver a un sistema de legalidad. Mi llamamiento es ante todo un llamamiento a la legalidad, basado en un punto fundamental: acabemos con la construcción mental de que hay un «Israel bueno» dentro de las fronteras del Estado y un «Israel malo» en los Territorios Ocupados. La colonización es una empresa estatal, el apartheid es un crimen de Estado, el genocidio es un crimen de Estado. Ya no basta con desinvertir en los asentamientos.
13 de julio de 2025
