Por Cándida Cotto/ Resumen Latinoamericano, 17 de junio de 2020
El economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de la entidad Espacios Abiertos (EA), plantea que el nuevo PF certificado por la Junta de Control Fiscal suscribe la insostenibilidad financiera a largo plazo de la economía de Puerto Rico. Aun cuando la JCF acepta esa nueva realidad tras los severos efectos económicos de la presente pandemia (además a los efectos de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos), las recetas propuestas para resolver la nueva situación están alejadas de atender de manera correcta ese escenario.
Santamaría Ots considera que para que Puerto Rico se encamine a un crecimiento económico sostenible e inclusivo y pueda acceder al mercado de capitales, el plan necesita incorporar dos áreas apenas presentes en el plan certificado: primero, un plan macroeconómico realista y plausible, y segundo, una nueva propuesta sobre el plan de ajuste de la deuda del Gobierno central que contribuya a un pago de la deuda pública sostenible y que incorpore los efectos de la actual crisis del COVID-19.
“Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables”, afirmó.
El economista descubrió que el mismo PF reconoce el escenario descrito y anticipa que ello contribuirá a la aceleración de los flujos migratorios (2.8 millones de habitantes de Puerto Rico para 2025), lo cual conllevará una carga cada vez más pesada para el resto de los habitantes y a una inevitable situación de déficit fiscal de 2032 en adelante.
Santamaria Ots puntualizó que el plan aprobado es el séptimo que certifica la Junta, que los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones y que es difícil determinar si este nuevo plan surtirá el mismo efecto, con el agravante de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse.
Continuó con que todos los planes certificados hasta la fecha concentran sus reformas en dos grandes áreas y que el plan 20 – 21 no es ninguna excepción. Estas son reformas fiscales, que es como se refiere la Junta a las medidas de austeridad y dos reformas estructurales.
¿Qué propone el plan en esas dos grandes áreas?
Espacios Abiertos expone que lo que el plan primero propone es aplazar un año la implementación de las medidas de austeridad que, sin embargo, se reiniciarán otra vez al finalizar el año fiscal 2021.
Lo segundo que el plan destaca es la inhabilidad por parte del Gobierno de poner en marcha las recomendaciones de la Junta y le insta a no demorar más su implementación.
Santamaría Ots cuestionó que, en sus proyecciones macroeconómicas, la Junta prevé en su escenario base una caída del Producto Nacional Bruto (PNB) real del ‑4%, para el año fiscal 2020 y una ligera subida del 0.5%, para 2021. Aunque dio crédito de que este es un escenario más optimista que el proyectado por el Gobierno, de ‑3.8% ‚para 2020 y ‑7.8%, para 2021, pese a tener esas divergencias en proyecciones de corto plazo, sus estimaciones se aproximan más sobre el año en que Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios, una vez implementadas las reformas aprobadas.
La Junta proyecta déficits desde 2032 en adelante, mientras que el Gobierno, desde 2030. Ambas conclusiones, observó Santamaría Ots, refuerzan la insostenibilidad del pago de la deuda y la consecuente inviabilidad del plan de ajuste de deuda del Gobierno central presentado en febrero de este año.
Añadió que los efectos económicos de la pandemia son difíciles de predecir ante los escenarios cambiantes de su evolución: “El Gobierno proyectó para 2021 un déficit de $708 millones y la Junta, un superávit de $440 millones en sus respectivos escenarios base. Desconocemos quién acabará proyectando mejor, pero sí tenemos la certeza de que debemos atender un pago de COFINA de $454.5 millones. Si se confirma el peor de los escenarios, ¿no será razonable estar preparados para atender la crisis económica y de salud más importante desde la depresión de 1930? ¿Quién acabará pagando los platos rotos si las optimistas proyecciones de la Junta no se materializan?, manifestó.
Espacios Abiertos también llamó la atención a la prontitud con que se certificó un plan fiscal de 271 páginas en unas pocas horas, redactado en el idioma inglés, que no domina la mayoría de la población, y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.
“Para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país. La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo. Lo que se necesita es un gobierno que funcione. La Junta debe proveer medidas de alivio en el pago de la deuda a través de la implementación de una moratoria para el año 2021 y actualizar en la mayor brevedad el ya inviable plan de ajuste de deuda del Gobierno central propuesto el pasado febrero”, demandó Espacios Abiertos.
FUENTE: Claridad 60
