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Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2020
Cacao del Perú Norte (ahora Tamshi S.A.C.) apeló sentencia de 2019 que condenaba a la empresa a pagar una reparación de más de S/15 millones por delitos vinculados a la deforestación. Exgerente condenado a 8 años de prisión sigue prófugo.
Momento clave en el proceso contra Cacao del Perú Norte S.A.C., actualmente Tamshi S.A.C, empresa denunciada por deforestar cerca de 2 mil hectáreas de bosque para instalar una plantación de cacao en la localidad de Tamshiyacu, en la provincia de Maynas, región Loreto.
En 2019, la Corte Superior de Justicia de Loreto condenó a la empresa vinculada al Grupo Melka al pago de S/15 millones de reparación civil por los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento. Además, dictó 8 años de prisión para Rubén Antonio Espinoza, gerente que actualmente se encuentra prófugo. Otros dos trabajadores, Ernesto Vega Delgado y Giovanni Cubas Ramírez recibieron penas suspendidas.
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Dicha sentencia se consideró histórica, por ser la primera sanción penal para delitos de este tipo. Sin embargo, los condenados en primera instancia apelaron el fallo. Ahora la decisión es de los jueces que integran la Sala de Apelaciones de Loreto. Este viernes estaba programada una audiencia, pero se pospuso para el miércoles 14 de octubre.
Casi cuarenta organizaciones exigen que se confirme la sentencia en primera instancia contra Tamshi S.A.C. El caso de Tamshiyacu es calificado como emblemático para la lucha contra la deforestación.
La defensa de la empresa
«Básicamente son dos los principales medios de prueba que están presentando en su apelación. En el caso de Tamshi S.A.C. está relacionada con el pago de la indemnización. Ellos han presentado un estudio de valoración que contradice al que elaboró la Procuraduría en su momento», explica Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como se recuerda, los S/15 millones fueron estimados en base a los perjuicios causados en las hectáreas deforestadas.
En diálogo con Wayka, el abogado precisó también que la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Ambiente no ha tenido tiempo aún de presentar medios de defensa ante esas alegaciones. «Por eso creo que la audiencia de este viernes sería más de ordenamiento de los pasos que van a seguir las partes», señaló Araujo. Es decir que la Sala aún tiene información que analizar antes de dar una decisión.
Por otro lado, la defensa del prófugo Rubén Antonio Espinoza buscaría demostrar que él no tenía vínculo laboral con la empresa. «Recordemos que Cacao del Perú era miembro de un grupo, un holding, y hay un gerente que maneja varias empresas pero no necesariamente tiene una relación con cada una de las ellas. Al parecer esa sería su estrategia ante la ausencia de un contrato directo con Cacao del Perú», explica Jean Pierre Araujo.
Un largo proceso
La tala de bosque primario por parte de Cacao del Perú Norte habría iniciado en 2013. No contaban con un Estudio de Impaco Ambiental (EIA) ni otro permiso. Ante las denuncias de ciudadanos de Tamshiyacu, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental realizó un operativo en las instalaciones de la empresa pero esta no permite la entrada.
Un vuelo sobre el territorio confirmó las grandes dimensiones de área deforestada mediante imágenes satelitales. Con una orden judicial, la Fiscalía realizó un allanamiento en los predios de Cacao del Perú Norte S.A.C. para detener la deforestación. Un año después, el Ministerio de Agricultura y Riego ordenó paralizar las actividades agrícolas de esta empresa en Tamshiyacu.
Apenas en 2018 inició el juicio oral por el caso y la condena se dictó en agosto de 2019. La Fiscalía anunció medidas de protección para el fiscal Alberto Caraza Atoche, quien enfrentaba una campaña de desprestigo luego de lograr la sentencia del caso de Tamshiyacu.
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FUENTE: Wayka.pe