La Fiscalía de Sevilla ha criticado la «falta de coordinación» y la «nula o escasa» iniciativa de la Junta de Andalucía respecto a las
residencias de mayores
durante la primera ola de coronavirus y ha tildado sus «comunicaciones» con estos centros de «parciales, desestructuradas y dispersas«.
En un informe fechado el 27 de octubre al que ha tenido acceso Efe, que completa el decreto en el que archiva las diligencias abiertas tras la primera fase de la pandemia y abre unas nuevas por el «segundo rebrote», el fiscal Norberto Sotomayor recuerda que, entre el 20 de abril y el 10 de julio, hubo 151 fallecidos sobre un total de 8.016 residentes repartidos en 172 residencias, sólo 10 de ellas públicas, en la provincia de Sevilla.
«Desde un primer momento se apreció falta de coordinación» entre las delegaciones de Salud e Igualdad, apunta el fiscal, que lamenta la «falta de relación fluida» entre ambos departamentos, que tampoco disponían de «comunicación inmediata» con las residencias, por ejemplo a través de «un grupo de correo».
En el documento, también critica «la gravedad de la falta de un conocimiento completo» de las residencias «por parte de la Administración», que le proporcionó un listado en el que «no estaban todas, algunas ya estaban clausuradas y otras de nueva apertura no aparecían».
Además, los datos que le mandaron en las primeras semanas «en ocasiones no se correspondían» con los que le enviaban «las propias residencias«.
«La mayoría no recibió comunicación alguna»
El fiscal recuerda que «la mayoría» de las residencias «no recibió comunicación alguna» de la Junta hasta que se declaró el estado de alarma o «incluso» más tarde, por lo que actuaron «por su propia iniciativa».
«En la mayor parte de las ocasiones, la iniciativa de la Administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación», prosigue Sotomayor, que igualmente detectó una «absoluta situación de desabastecimiento» de equipos de protección y «tardanza» en realizar los test.
En este sentido, elogia el «enorme compromiso y esfuerzo desinteresado» de los médicos que han trabajado en las residencias y lamenta que ese déficit perjudicó su toma de decisiones.
El fiscal no aprecia delito alguno en la actuación de los responsables de las residencias, ya que «reaccionaron» cuando se les pidió y «adoptaron las actuaciones necesarias dentro de la medida de sus recursos».
«No se les puede exigir un nivel de responsabilidad sanitaria igual que a un centro hospitalario«, agrega Sotomayor, para quien la falta de un material adecuado «en caso alguno puede ser atribuible a las residencias».
El fiscal también expone que, en cinco de las 16 residencias afectadas en Sevilla, no hubo ninguna revisión «durante 2019 y 2020 hasta el estado de alarma«, mientras que en el resto existieron «incumplimientos graves», como «la falta de simulacros de incendios, la falta de autorización definitiva» de un centro, la «falta de seguro obligatorio» o insuficiencia de personal.
Pese a tales deficiencias, no hubo ningún expediente sancionador, por lo que lamenta que los incumplimientos «tienen escasas consecuencias».
El fiscal también deja varias propuestas, como crear un «canal de comunicación ágil y eficaz» entre la Administración y las residencias o incrementar el número de «médicos especialistas en materia de mayores», algo que considera «urgente».
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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