Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021.
La desaparición forzada es un crimen cuya naturaleza radica en el ocultamiento, no solo de su resultado sino también de las pruebas y los responsables. El 98% de los casos ocurridos en Colombia no son resueltos. En Medellín, la cifra asciendeal 99%.
Se desaparecen a las personas para anular sus caminos, sus huellas. Para hacer invisible la materia y dejar por fuera del juego a los sentidos. La desaparición forzada es el crimen que por excelencia busca nunca ser indagado, descubierto, revelado; no deja sangre, ni cuerpos o escenas. Esas características han hecho que este tipo de crímenes sean claves en el repertorio de prácticas sociales genocidas que ejercen el Estado colombiano y los grupos paramilitares aún vigentes en el país.
No es en vano que de la totalidad de casos registrados en Colombia por el Centro Nacional de Memoria Histórica ‑CNMH- únicamente en el 2% se tiene información acerca de los responsables. En Medellín solo se sabe del 1%.
Según Max Yuri Gil, coordinador de la región Antioquia-Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, con la desaparición “buscan un efecto mucho más de ocultar el delito, de dejar una incertidumbre”.
En Colombia esta práctica ha sido de carácter sistemático, pues el CNMH tiene datos de más de 80.000 casos desde la década de los sesenta. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene 35.117 registros desde 1985, de los cuales solo se han dictado 407 condenas; es decir, el 1.16% del total de hechos. Sin embargo, según esta misma base de datos, en todo el país se han ejecutado las penas solamente en 169 casos, cifra que corresponde al 0.2%.
Medellín
Son pocos los casos en los que, además de investigar e identificar al responsable, se realiza un proceso penal de cierre. De los 25.347 casos referenciados desde 1985 en la base de datos de la Fiscalía en Medellín, el 90,34%% (2310) se encuentra en fase de indagación. Sin embargo, esta cifra aparentemente alta, comienza a disminuir conforme avanza el proceso. Solo el 0,63% (16) han sido acusados; 0,47% (12) imputados y 0,67% condenados.
En Medellín solo se han resuelto 17 casos de los más de 2.000 registrados. Es decir, ni una condena por cada 100 casos de desaparición forzada. En términos generales, en la ciudad la impunidad en cuanto a condenas es casi del 100%.
Las Madres de la Candelaria son el rostro de un crimen que se ha ejecutado de manera sistemática y estratégica, pero ante el cual el aparato judicial se ha quedado corto para dar respuestas a las buscadoras. La desaparición se ha movido por las calles de los barrios, ha caído en el río Medellín y se ha pegado a la ciudad como algo que se sabe, pero no se ve y poco se investiga.
Las cifras acerca de la indagación de la desaparición han tenido varios cambios abruptos. Según la Fiscalía en el 2005 fueron cinco y el año siguiente 323; este incremento correspondiente al 6.360% y además coincide con la finalización del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (el 15 de agosto de 2006), grupo paramilitar responsable de la mayoría de casos. Desde ese pico, la cantidad de hechos indagados comienza a disminuir hasta el 2009 (117) y de nuevo da un salto en el 2010 (538), cuando se registra la mayor cifra de indagación. Este dato también coincide con el año en el que se documentaron más desapariciones forzadas en la ciudad, con un total de 260.79 casos más que el año anterior. Con el comienzo de la administración de Aníbal Gaviria en el 2012, disminuyó de manera alarmante y mantiene esa tendencia hasta el 2018 (mandato de Federico Gutiérrez) cuando solo se registran dos.
Aunque Medellín tiene la cifra más alta de indagación (seguida por Bogotá con 874 y Cúcuta con 531) no es la que más hechos ha esclarecido y/o resuelto. La ciudad con el mayor número de condenas es Cali con un total de 27, 10 más. Las cuatro urbes anteriores (junto con Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena) apenas suman el 25% (101) de las 407 condenas que según la Fiscalía se han realizado a nivel nacional.
¿Por qué?
Las cifras de la Fiscalía dan cuenta de que, por uno u otro motivo, la desaparición forzada ha logrado su objetivo: borrar los rastros que identifiquen el hecho y, por ende, al responsable. Para Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad ‑CJL- de Medellín, esta situación tiene que ver con tres elementos: la tipificación del delito, la desarticulación y descoordinación institucional, y la falta de voluntad política.
Según el informe 
Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, realizado por el CNMH en el 2014, la desaparición forzada solamente se ha considerado como un delito penal desde el año 2000.
Antes de esta fecha “se investigaban como si fueran secuestros y la opinión pública era poco consciente del fenómeno”. Por este motivo existen expedientes en los que se hace referencia al “secuestro simple” cuando realmente se trata de una desaparición forzada.
Según Arboleda, esto ha generado “un mar de impunidad”. Es un elemento que además incide en la descoordinación de las instituciones encargadas de darle tratamiento al tema. Aparte de que no coinciden en las bases de datos, tampoco tienen una comunicación efectiva que dé celeridad al proceso.
Sin embargo, es la voluntad política la que define los esfuerzos que se invierten en esclarecer estos hechos. En el país no existe un cuerpo forense independiente de la Fiscalía, por lo que el proceso se torna aún más complejo cuando uno de los principales autores de este delito son los agentes del Estado junto con los grupos paramilitares.
Desaparición forzada en Medellín: ¿una prioridad?
La primera condena relacionada a la desaparición forzada que se llevó a cabo en Medellín ocurrió en 1996. Desde ese año hasta la actualidad únicamente se han dictado otras 16, de las cuales solo tres fueron durante los años con el pico más alto de desapariciones forzadas en la ciudad (2009, 2010 y 2011). Y ninguna en los dos últimos años.
La incapacidad para resolver estos casos puede estar relacionada con los elementos mencionados por Adriana Arboleda. Por un lado no se tiene conocimiento acerca de la manera en la que la Fiscalía tipifica este delito con referencia a las distintas bandas criminales y organizaciones delictivas que hacen presencia en Medellín. Esta información fue solicitada a través de un derecho de petición dirigido a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Sin embargo, la entidad no respondió, afirmando que se trataba de datos que atentan los intereses públicos.
Por otro lado, cuando se interrogó a Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía, acerca de los presuntos responsables de este crimen, no respondió de manera clara y afirmó que lo mejor era contactar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ‑UBPD‑, dejando ver que no tenían mucha información sobre el tema. La responsabilidad no es solamente de los mecanismos transitorios. Según Adriana Arboleda, estos “solo cubren casos del 2016 hacia atrás, entonces la competencia la siguen teniendo los entes ordinarios”.
En el apartado sobre las víctimas del conflicto (Punto Cinco) del Acuerdo de Paz firmado entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional, se estableció la conformación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este debería estar compuesto por cinco elementos, entre ellos la UBPD. Se trata de una entidad de carácter extrajudicial que debe dinamizar la búsqueda de personas que han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, así como los restos de las mismas. Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz ‑JEP- que debe buscar esclarecer y sancionar las violaciones de Derechos Humanos realizadas en el marco del conflicto armado.
La justicia ordinaria ha mostrado ser incapaz de dar respuesta a este accionar. Las buscadoras continúan buscando, no solamente los cuerpos sino también la verdad acerca de lo sucedido. La impunidad (entendida tradicionalmente como la ausencia de castigo para los culpables) adquiere también un carácter poco esclarecedor y nada reparador que en muchos casos es la principal exigencia de las víctimas de desaparición: la verdad.
Actualmente, de los más de 2000 casos que están registrados en estado de indagación, el 6,9% está vigente. En Medellín hay apenas 160 casos activos. Las múltiples e ineficaces instituciones así como la descoordinación entre ellas sigue siendo una dificultad a la hora de dinamizar el proceso de búsqueda. Sin embargo, la escasa voluntad política que se ha evidenciado deja un rastro de incertidumbre frente a quiénes están realmente implicados en este crimen y sus motivos.
“Yo llevo 22 años, tres meses y no sé cuántos días buscando”. afirma una de las buscadoras que ha pasado más de 20 años intentando dar con el paradero de su hijo. Ella quiere el cuerpo para que el alma descanse y la verdad para poder estar en paz.
Fuente: Colombia informa
