Autor: Antonio Torres
Imagen: pegatina del Frente Andaluz de Liberación (F.A.L.)
Este 4 de Diciembre pasado ha olido a elecciones y así ha quedado de manifiesto en los diferentes actos organizados por las diferentes organizaciones que se reclaman del soberanismo y el andalucismo. La legislatura que se inauguró en diciembre de 2018 con la suma de las tres derechas nacionalistas españolas para alcanzar el gobierno de la Junta de Andalucía va tocando a su fin, con una aburrida y pesada procesión de oportunismo, cálculos electorales y elaboración creativa de relatos. Pero si que hay una cuestión cuanto menos curiosa: sin que sirva de precedente, el neofascismo de Vox no andan muy desencaminado cuando acusa al PP y al propio Moreno Bonilla de no haber traído el “cambio”; tienen razón porque, sin entrar en matices y aclaraciones o en por qué Vox realmente hace esta aseveración, en líneas generales el PP no ha hecho más que continuar la ruta por caminos ya marcados y señalados por el PSOE andaluz.
Esta última cuestión nos puede ya remitir a cuestiones de más calado que superan el estrecho marco de la matemática electoral y los consiguientes relatos. Que PP, Ciudadanos, Vox y, por abstención, el PSOE hayan aprobado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, conocida como LISTA, nos debería de servir para no dejarnos distraer por ese culebrón pesado y monótono de lo electoral y centrarnos realmente en qué Andalucía están construyendo los diferentes partidos del régimen postfranquista español y qué deberíamos hacer, en primer lugar para evitarlo, y en segundo lugar para construir otra Andalucía. La política es eso y no otra cosa, qué relaciones de poder existen realmente y cómo actuar en consecuencia.
Sin entrar a un análisis pormenorizado de la LISTA, es necesario señalar que bajo la excusa de eliminar trabas administrativas y burocráticas y animar así la actividad económica y la “creación de empleo” en Andalucía, lo que realmente se busca es incidir, aún más y por si fuera poco, en un modelo de “desarrollo” basado en la construcción, o más bien, en un urbanismo salvaje y la especulación. A lo que PP, Ciudadanos, Vox y PSOE llaman “eliminar trabas administrativas y burocráticas” debemos entenderlo como el bloqueo a toda iniciativa de participación democrática en el diseño urbano de nuestros municipios y como la entronización de la opacidad, la oscuridad y los maletines en la gestión urbanística, aunque si lo pensamos bien con la LISTA en muchos casos no harían falta ni maletines.
Cuando nos hablan de animar y facilitar la actividad económica o de eliminar trabas burocráticas, no lo duden, de lo que se trata es de encerrarnos, aún más, en un modelo de “desarrollo” fracasado, incapaz de crear de empleo y, ojo, cuando lo hace es precario y a bajo coste. Solo así podemos entender el pregonado éxito de la provincia de Málaga y su súper especialización en turismo, hostelería y construcción; según el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su informe 
Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, el salario medio anual de la provincia (16.946 euros) era uno de los más bajos de todo el Estado español en 2020, en el puesto 37 de 48 provincias, situándose un 17% por debajo de la media estatal; pero no nos quedemos en esos datos en bruto, ya que ese mismo informe confirma nuestras intuiciones: los sueldos más bajos se situaban en el sector turístico y en la agricultura. Ni que decir tiene que en ese ranking, Málaga solo superaba a otras provincias andaluzas como Jaén, con el sueldo medio más bajo del Estado (14.230 euros), Huelva, Granada, Cádiz y Almería, u a otras provincias del resto del Estado español donde o bien predomina el turismo, como Tenerife, Las Palmas o Alicante, o bien la agricultura, como Cáceres y Badajoz. Como colofón, municipios “modélicos” como Marbella, Mijas, Fuengirola, Estepona o Torremolinos se situaban, según el INE, a la cola en
renta media por habitante de todo el Estado español, con rentas medias inferiores a los 10.000 euros, menos Torremolinos con 10.487 euros.
A todo esto debemos unir dos cuestiones de actualidad pero que tienen un largo recorrido y nos remiten igualmente a cuestiones de fondo. La primera, como no, tiene que ver con la pasada huelga del metal en la provincia de Cádiz; la segunda tiene que ver con los problemas de sequía y cómo está afectando al campo andaluz. Sobre la huelga del metal en Cádiz, más allá de las más que legítimas reivindicaciones obreras más inmediatas, la represión del Gobierno español , e incluso más allá de lo realmente conseguido, nos encontramos con dos elementos de fondo a tener en cuenta y poco –o nada- analizados: uno, que se trata de una lucha por reivindicar derechos y avanzar en los mismos en un contexto de espiral inflacionista; lo otro, qué industria queremos o necesitamos en la perspectiva de una soberanía nacional andaluza como instrumento para la construcción socialista y de una economía capitalista en fase imperialista internacionalizada en la que nos encontramos una fábrica global, con deslocalizaciones o parcialización de procesos productivos. En cuanto al campo andaluz, a su ya carácter exportador de materia prima y escasa capacidad de elaboración y de creación de valor añadido, se cierne un grave problema de sequía, si bien, las sequías han sido recurrentes, lo novedoso ahora se da en la proliferación de cultivos o métodos que sobre explotan el agua; la cuenca del Guadalquivir entró el pasado mes de noviembre oficialmente en sequía, afectando a más de 4 millones de personas; por su parte, el cultivo de mango y aguacates en la Axarquía (Málaga) está llevando a la comarca a unos límites que solo pueden ser calificados como peligrosos, el pasado octubre el pantano de la Viñuela, que abastece a la comarca, se encontraba al 28% de su capacidad, mientras el terreno cultivado con estas especies es de casi 13 mil hectáreas y precisa, según los estudios, de unos 5.866 metros cúbicos al año. También podríamos hablar de la situación en Huelva con los frutos rojos y la sobre explotación de Doñana o en Almería. El caso es que es fácilmente constatable la inviabilidad de la Andalucía tal como la conocemos y se ha venido desarrollando. Se hace evidente que la inserción de Andalucía en la internacionalización de la economía, su papel histórico en el contexto español y la falta de instrumentos políticos para un desarrollo acorde a la gran mayoría de la población están llegando a un límite, en eso, seguramente, la mayoría de quienes se definen andalucistas y de izquierdas pueden estar de acuerdo, pero aquí empiezan los problemas.
Cambiar el “modelo productivo” es el nuevo mantra, se repite una y otra vez, se repite tanto que muchas veces no sabemos ya a qué se quiere referir. El “cambio de modelo productivo” corre el riesgo de fosilizarse como significante vacío en programas electorales que nadie lee, como eso de “invertir en I+D+i”, ¡ningún programa de cualquier opción electoral –da igual- sin que aparezca un “invertir en I+D+i”!
Efectivamente, hay que cambiar el “modelo productivo”,¿ pero cómo un país como Andalucía, periférico, marginal y colonizado puede “cambiar el modelo productivo”?, ¿vale el Estatuto de Autonomía?, ¿vale la Constitución española?, ¿vale la Unión Europea y el euro? Es aquí, insisto, donde empiezan los problemas.
Venimos del desarrollo sin límites de un desarrollismo –valga la redundancia- nacido en la época de la Transición, en el siglo pasado, y compartido, por supuesto con matices, por los tres grandes partidos obreros y del pueblo trabajador de ese momento en Andalucía: PSOE, PCE y PSA; un desarrollismo que entendía que el progreso de Andalucía iba a venir de imitar a las economías capitalistas de “éxito” dentro del contexto español o europeo. La quimera desarrollista no era otra cosa que convertirnos en todavía más dependientes y periféricos de esas economías de “éxito”. De hecho, el gobierno de PP y Ciudadanos ha continuado la misma senda, incluso cuando era necesario, apelando al “sentimiento andalucista”.
Dentro de la actual coyuntura, ha nacido un nuevo actor político, Andaluces Levantaos, que vuelve, otra vez, a apelar al viejo un regionalismo desarrollista, enmarcado en el actual Estatuto, la Constitución monárquica y la Unión Europea, pero teñido de verde (ecologista) y morado (feminista), acorde con una supuesta actualización de los valores políticos de “la izquierda”. Por su parte, Adelante Andalucía nada entre el soberanismo y el viejo regionalismo desarrollista, mezclando discursos contradictorios que se superponen.
El regionalismo desarrollista argumenta que el “problema andaluz” se solucionaría sobre dos ejes: a) con mayores inversiones del Estado, especialmente en infraestructuras, b) teniendo “voz” en el parlamento de Madrid, siguiendo la estela de ERC, por ejemplo. La arquitectura institucional o bien quedaría tal y como está o si acaso se implementarían reformas de corte cosmético, simbólicas o de reconocimiento. Estos dos ejes se topan con un gran problema: el hecho de que la marginalidad, la situación periférica o la subalternidad no es fruto ni de la mala suerte ni nos ha caído del cielo como una maldición divina, sino que responde a cómo Andalucía se ha insertado en el Estado español y es, por tanto, estructural; una situación de la cual se benefician tanto la gran oligarquía española, como importantes sectores de la burguesía en Andalucía, como por supuesto, importantes actores capitalistas imperialistas globales, por lo tanto, si el Estado español postfranquista son un conjunto de instituciones funcionales a esos actores y a sus intereses, toda inversión en Andalucía será para beneficio de esos actores.
¿Qué supone entonces esa condición estructural? Que todo cambio de modelo productivo tiene que encardinarse necesariamente en una ruptura con esas estructuras que nos atenazan, nos oprimen y facilitan nuestra explotación. Un cambio de modelo productivo en Andalucía supone disponer de unos instrumentos políticos de los que no disponemos en el actual marco español y europeo, es decir, sin una política monetaria propia, sin fiscalidad, ni sin una planificación soberana es materialmente imposible cambiar nada esencialmente. De igual forma, buscar una vía de desarrollo económico, social y cultural, llevaría consigo un cambio de paradigma que rompiera con nuestra inserción en la internacionalización de la economía capitalista, porque, de lo contrario, volveríamos a repetir de nuevo nuestro rol, por muchas instituciones soberanas que tengamos, incluido un Estado independiente. Todo sería pura formalidad. Como conclusión, la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional andaluza, como verdaderos instrumentos políticos, reales, solo pueden servir en este momento histórico para un cambio de paradigma, el socialismo, como proceso no únicamente de redistribución de riquezas, sino como proceso de poder obrero y popular y planificación democrática de la economía.
No hay sesgo sectario ni dogmático en lo que venimos exponiendo, creemos que todo intento de ridiculizar lo que estamos exponiendo con argumentos basados en lo pasado de moda del marxismo para analizar el mundo actual, en el “fracaso soviético”, en cuestiones peregrinas o en etiquetas que solo sirven para describir pero no para desarrollar una explicación, solo pueden servir para tranquilizar conciencias, pero no para asumir el reto complicado, difícil y hasta peligroso de “cambiar el modelo productivo” hasta sus últimas consecuencias, porque no olviden, habrá resistencia por parte de quienes se benefician de que Andalucía esté sometida y marginada, no olviden que el Estado español es miembro de la OTAN, ni las bases norteamericanas, ni todas las bases del Ejército español, no, no están de adorno ni forman parte de un decorado de película.
¿De todo lo expuesto anteriormente ha de deducirse que no son deseables recibir más inversiones del Estado ni “tener voz en Madrid”? EN ABSOLUTO QUE NO, así en mayúsculas. Por supuesto, hay que recabar inversiones en infraestructuras y tener voz no solo en Madrid, sino donde haga falta, faltaría más, pero a condición de que se sea plenamente consciente de las muchas limitaciones y de que a lo máximo que podemos llegar es a poner parches a la hemorragia. Por motivos históricos, Andalucía ha llegado tarde y sin burguesía nacional organizada al pastel del reparto, intentar emular a las burguesías nacionales vasca y catalana no va a funcionar.
Por otro lado, ¿bastaría una mayoría parlamentaria en el Parlamento andaluz para solucionar nuestros problemas? Sentimos responder con un no, y rotundo. Tienen un ejemplo cercano en Catalunya, una mayoría independentista en el parlamento no ha servido más allá de proclamar una república simbólica, tampoco le valió a Syriza en Grecia para detener los planes de saqueo y expolio de la Troika ni al propio gobierno “progresista” español para al menos cumplir con su programa. Confundir la hegemonía gramsciana con mayorías parlamentarias es uno de los grandes problemas políticos que nos está dejando el posmodernismo populista y que tiene sus raíces en el eurocomunismo italiano de los 70 y 80 del siglo pasado, permitan la ironía, pero así acabó el PCI… Y quien dice el PCI, dice el PCE o el PC francés.
De nuevo, ¿quiere esto decir que haya que rechazar aspirar a una mayoría parlamentaria? POR SUPUESTO QUE NO. Quiere decir, simplemente, que el parlamento andaluz, como parte del entramado institucional del régimen postfranquista español está mutilado y presenta una incapacidad intrínseca para llevar a cabo las transformaciones necesarias para conseguir el dichoso “cambio de modelo productivo”.
Llegados a este punto, ¿qué nos queda? El pueblo, nos queda la clase obrera, nos queda el conjunto del pueblo trabajador oprimido, sin su organización y sin su lucha no hay nada. Toda iniciativa política que no pretenda la construcción de poder popular y sustituya la organización del pueblo por las instituciones del régimen estará condenada al fracaso. Esta cuestión se complica aún más si tenemos en cuenta el grado de conciencia nacional y de clase del pueblo andaluz, pero no nos engañemos, si la conciencia es la que es, la responsabilidad, en una parte importante, corresponde al andalucismo de izquierdas político organizado. No hay recetas mágicas, ni fórmulas magistrales que nos aseguren el éxito, por tanto, quizá por lo primero que deberíamos empezar es por explicar esto mismo a nuestro pueblo: que lo que él no haga –con organización y lucha‑, no lo hará nadie. En un contexto donde la política se ha convertido en una feria donde se vende el crecepelo más barato y efectivo, decir esto es un acto de valentía.
Nos quedarían muchos cabos suelto, demasiados, pero tampoco se pretende dejar hecho un listado detallado de tareas pendientes a hacer. Pero, entre otras cuestiones, si de verdad pretendemos un “cambio de modelo productivo” soberano y socialista, nos quedaría: a) cómo afrontamos de una manera real la cuestión del turismo , empezando al menos por algo fundamental: que las ganancias repercutan en nuestro país y pueda servir para generar riqueza, acabando con el modelo de precariedad y bajos salarios; b) cómo transitamos hacia un modelo al menos no tan contaminante como el actual, esta cuestión es vital por muchos motivos, pero de momento habría que señalar que un decrecimiento que no hace una discriminación de clase, como pretende cierto progresismo burgués, no puede ser el camino, porque quizá el camino no sea el decrecimiento sino la planificación; c) cómo afrontamos una auténtica reforma agraria y levantamos una industria transformadora; y d) por último, como insertamos nuestros enclaves industriales (Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva, Sevilla, etc.) en una economía internacionalizada y en un mundo imperialista, quizá y solo quizá, la respuesta estaría en como apostaba el economista marxista egipcio, Samir Amin: desconectarnos del mundo imperialista para reconectarnos con quienes quieren escapar del mundo imperialista.
El agotamiento del modelo actual de Andalucía no se puede entender sin nuestro papel dentro del Estado español, la Unión Europea –y la maligna estructura del euro‑, la OTAN y en el contexto mundial, no podemos seguir haciéndonos trampa al solitario, el tiempo se acaba.
