La fiscalía de la Audiencia Nacional ha realizado una petición de 10 años de cárcel para varios militantes independentistas vascos, entre los cuales se haya Rafa Díaz o Arnaldo Otegi, por el hecho de organizarse políticamente, un hecho al parecer meritorio de tal petición fiscal en el estado español. Para este fiscal, el realizar estas actividades políticas es “integración en banda armada”, literalmente.
La Fiscalía del tribunal español acusa de «integración en organización terrorista» a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Serra, tod@s ell@s detenidos el 13 de octubre de 2009.
Les imputa impulsar una «alianza independentista» que tenía por finalidad «llamar a la incorporación de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Abertzaleen Batasuna (AB) y ELA al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado».
En definitiva, como venimos diciendo, por realizar tareas políticas, y por mas que se mire, no se acierta a ver donde esta la integración en banda armada alguna, de la que habla la fiscalía española.
En el procesamiento que dicto Garzon se afirmaba que actuaban a las órdenes de ETA, «partiendo de la posición jerárquicamente superior de ETA que priva de autonomía al Bateragune».
Sin embargo, en el propio auto recoge los elementos suficientes para refutar esas afirmaciones. En los hechos que se detallan como acusatorios hay dos hitos importantes: las elecciones al Parlamento europeo y el debate sobre el proceso democrático. Y, en ambos casos, según escribe Garzón, los imputados contradijeron a ETA y se acabó haciendo lo que ellos previeron y no lo dictado por la organización armada.
En cualquier caso, un ataque a la actividad política en Euskal Herria, en clave independentista que parece no entusiasmar a los poderes españoles. Ocurre que en una autentica democracia, todas las opciones deberían ser legítimas y posibles, no parece el caso el estado español.
