En julio, el comisario europeo Thierry Breton, gran empresario, antiguo ministro y amigo íntimo de Macron, anunció que a partir del 25 de agosto las redes sociales estarían obligadas a borrar inmediatamente «los contenidos que llamen a la revuelta», so pena de quedarse sin conexión en el país.
Declaró a los medios de comunicación: «Cuando haya contenidos odiosos, contenidos que llamen, por ejemplo, a la revuelta, que llamen también […] a quemar coches, estarán obligados a borrarlos inmediatamente. Si no lo hacen, serán inmediatamente sancionadas».
«Si las plataformas no actúan inmediatamente, entonces sí, podremos no solo imponer una multa, sino también prohibir la explotación en nuestro territorio […] Las intervenciones serán extremadamente rápidas.»
El viernes 25 de agosto, tal y como se había prometido, entró en vigor en Europa la Ley de Servicios Digitales (DSL). Sin ningún debate democrático en los Estados miembros y sin ninguna cobertura mediática. El objetivo es «regular» todos los contenidos en línea publicados en la Unión Europea, supuestamente para evitar «la incitación al odio, las noticias falsas, la interferencia en las elecciones»… Y estamos empezando a aprender que las mentiras descaradas de nuestros gobiernos y su policía nunca se califican de fake news, mientras que cualquier crítica social se acusa ahora de «conspiración». Es una forma muy cómoda de descalificar las opiniones discrepantes. Los últimos espacios que pueden servir de contrapoder están siendo puestos en jaque.
Los objetivos inmediatos son todas las redes con más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea: Twitter (X), Instagram, Facebook, Youtube, Wikipedia y, con el tiempo, todas las plataformas en línea.
Estas plataformas tendrán que procesar rápidamente las denuncias de los usuarios y habrá «informadores de confianza» supervisados por los gobiernos. La nueva normativa también obliga a las redes sociales a retirar los contenidos «ilegales», en particular los llamamientos a la revuelta, en palabras de Thierry Breton, so pena de enormes multas o de ser bloqueadas en su territorio.
Las empresas que gestionan redes sociales también deben «analizar» cada año los riesgos «sistémicos» que generan, en particular «para la seguridad de un Estado». Una vez más, se habla veladamente de revuelta. La Comisión Europea podrá pedir a estas plataformas un análisis de riesgos en caso de «crisis grave». Todo está preparado para bloquear la expresión en línea en todo el continente en caso de situación excepcional. Por ejemplo, en caso de crisis social, sanitaria, medioambiental o militar.
Además, el gobierno francés prepara actualmente una ley llamada SREN «destinada a asegurar y regular el espacio digital». Este proyecto de ley que «podría amenazar la libertad en internet» preocupa al navegador Mozilla, que denuncia una medida que obligaría a bloquear sitios web directamente a nivel del navegador. Mozilla advierte de que la medida «sentaría un peligroso precedente y serviría de modelo a otros gobiernos para convertir los navegadores en herramientas de censura gubernamental». El proyecto de ley SREN fue aprobado por el Senado a principios de julio y deberá ser examinado por los diputados en otoño.
La situación es tan grave que Mozilla ha lanzado una petición contra el proyecto de ley. []
26 de agosto de 2023