ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT-LKN, CNT, EHNE e Hiru y representantes de un centenar de colectivos sociales, entre ellos Elkartzen, llamamos a la población de Hego Euskal Herria a secundar la huelga general del próximo 26 de setiembre porque con «los recortes nos están condenando brutalmente a la pobreza» y «están eliminando todo tipo de control político y social de la economía, para que sea el capital el que decida lo que hay que hacer en cada momento en su beneficio».
Llamamos a las instituciones de Euskal Herria a que «se planten ante la dictadura económica que nos quieren imponer desde Madrid» e insistimos en la necesidad de que «es hora de que se diga que en Euskal Herria no se van aplicar ni esos recortes ni las medidas antisociales, porque así se lo ha reclamado y ha dejado claro la mayoría social mediante múltiples movilizaciones y huelgas generales, y porque así lo vamos a gritar y exigir el día 26 de setiembre».
«Hay más razones para salir a la calle y dar una respuesta contundente». Porque mientras se entrega a la banca más de «100.000 millones en este momento, añadidos a los 146.000 millones que ya se le había repartido como confirmó la Comisión Europea, a la población se nos hace pagar con recortes esa basura financiera generada por décadas de especulación. Nos condenan a la pobreza, que está creciendo a un ritmo elevado, como admite el Gobierno español».
En el fondo, «no nos queda otra salida que la movilización, porque nos están imponiendo otro modelo social donde los y las trabajadoras no tendremos derechos». Ante esta difícil situación «no estamos dispuestos a ser meros espectadores y a resignarnos», porque son «unos momentos claves».
Así, «la cumbre entre Mariano Rajoy y Angela Merkel en Madrid ‑que reunió a empresarios y a sindicatos- convocó a los actores del fracasado diálogo social para validar el rescate que necesita el Estado español bajo la imposición de Alemania. CCOO y UGT han decidido participar». Durante el verano «no entendimos el llamamiento de CCOO a desconvocar la huelga general del 26 de setiembre», pero explicó que con la cumbre de Madrid «ha quedado claro. Apostar por el diálogo social en esta situación, pensar de que la participación en ese diálogo social va a condicionar y a cambiar radicalmente las políticas que se están imponiendo, es incalificable».
«No estamos dispuestos a resignarnos, a que sea Madrid quien dirija nuestro futuro. Porque tenemos agenda de movilización. Tenemos posibilidades de seguir movilizándonos y acumulando fuerzas en el camino emprendido desde el inicio de esta crisis. Estamos seguros que es el camino imprescindible para darle la vuelta a esta situación, porque para lograrlo requiere que las políticas se cambien radicalmente. No se hace con elecciones, sino que se hace con una gran mayoría social capaz de ser determinante a la hora de definir las políticas. Una gran mayoría social capaz de ser determinantes a la hora de presionar a los gobiernos para que cambien sus políticas antisociales».
En el último año «se ha dado un auténtico golpe de Estado antisocial», que ha estado «capitaneado por la élite política siguiendo órdenes de la élite económica, ambas corruptas».
Llamamos a «resistir» para que «no se nos condene a la exclusión». La huelga general del próximo 26 de setiembre «reclama dignidad individual y colectiva, porque lo que pretenden los gobiernos es una injusticia». «Se niega la dignidad cuando se humilla a la gente, cuando se favorecen las desigualdades, y las estadísticas dicen que la desigualdad está creciendo, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres».
Los sucesivos gobiernos «han cambiado el objetivo de lo público» para tratar de que «no exista ningún nivel de protección y tutela para la gente que lo pasa mal y, en cambio, dar toda la cobertura a la especulación».
En este sentido, la clase política «está comprada, está a sueldo del poder económico para empobrecer a la sociedad».
Ante esta situación, nos preguntamos si «¿van a hacer todos los mismo?». Como respuesta llamos a «desobedecer, porque aceptar ese camino quiere decir que no hay alternativa propia, que nosotros creemos que sí».
Y es que «es hora de que en Euskal Herria se apueste por otro modelo» que debería estar basado en «la participación social y no a las órdenes de la banca y las multinacionales».
La alternativa pasa, además, porque haya «un reparto justo de la riqueza y del trabajo productivo y reproductivo. Un modelo en que los servicios públicos sean realmente públicos, universales y gratuitos, y una protección social que garantice poder llevar adelante una vida en condiciones dignas». En definitiva, «un modelo donde la economía esté al servicio de las personas y no al servicio de los mercados».
Los gobiernos dejan en manos del poder económico el control. «Los gobiernos nos hablan de sacrificios necesarios, pero no están obligando a ningún tipo de sacrificio al capital. Al contrario, están eliminando todo tipo de control político y social de la economía, para que sea ese capital el que decida lo que hay que hacer en cada momento en su propio beneficio».
Por ello, quienes «nos gobiernan en Gasteiz e Iruñea» son «los colaboradores necesarios para este fraude a gran escala. Han puesto a disposición del capital financiero las políticas y los recursos públicos de nuestro pueblo, y se aplican los recortes exigidos por Madrid». Pero los gobiernos de Gasteiz e Iruñea han aplicado otros sobre la renta de garantía de ingresos de los más necesitados.
