Resumen Latinoamericano/Diagonal - Al cierre de esta edición son ya 104 los uniformados con procesos disciplinarios en marcha para determinar su grado de responsabilidad en la sublevación e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre en Ecuador.
El ministerio del Interior ha informado a su vez de que se han producido deserciones de miembros de la policía, personal que no se ha presentado a entregar su dotación de armas y uniformes tras la intentona golpista. Por su parte, la Fiscalía declaró estar esperando del Ministerio de Defensa el listado de los miembros del Ejército involucrados en el levantamiento. También se están investigando los correos electrónicos y pasquines distribuidos en los cuarteles de la Policía Nacional llamando a la revuelta y firmados por un grupo paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), a fin de dar con pistas que permitan la identificación de sus cabecillas.
El 20 de octubre, en una operación realizada de madrugada, ocho miembros del ex grupo de élite policial Grupo de Apoyo Operacional (GAO) fueron trasladados al pabellón A de máxima seguridad de la cárcel de Quito como sospechosos de haber participado en el intento de magnicidio del presidente Rafel Correa el 30 de septiembre. De igual manera, los informes que se están realizando por expertos independientes demuestran conexiones de determinados mandos policiales con sectores de la oposición política al Gobierno, al igual que una importante penetración de la CIA en los aparatos de información de la Policía, de manera especial en las unidades implicadas en la lucha antinarcóticos.
La red parainstitucional conformada en la policía ecuatoriana es un hecho que se remonta a 1984, durante la presidencia de León Febres Cordero, dirigente ultraconservador que encabezó el gobierno más represivo que ha conocido Ecuador desde la segunda mitad del siglo pasado. De igual manera florecen las conexiones de sectores de la cúpula policial y militar con una ciudadana libanesa que estuvo afincada en Ecuador llamada Leila Hadad Pérez, quien fue nombrada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003- 2005) cónsul ad honorem de Ecuador en Egipto y que, según un informe confidencial del Ministerio de Defensa hecho público en diciembre del 2008, es referenciada como una “agente SWAT” con vinculaciones con la CIA.
Mafia policial
En la actualidad, se está haciendo público que, después de haber sido separados por medidas disciplinarias del cuerpo, varios policías que han sido señalados por pertenecer a grupos de sicariato –muchos de ellos con conexiones con el GAO – , han recibido amparo constitucional por parte de fiscales y jueces acusados de corrupción. Muchos de ellos tienen enlaces con la oposición y también se les acusa de estar vinculados a grupos criminales, actos delictivos y redes de narcotráfico. En la Policía Nacional constan 517 bajas realizadas por el Tribunal de Disciplina interno entre 2006 y julio de 2010. Sin embargo, y según datos oficiales del cuerpo policial, 308 uniformados fueron reincorporados al servicio entre 1996 y julio de 2010 por varios jueces considerados corruptos.
De forma extraoficial, miembros del Gobierno ecuatoriano manifiestan su preocupación ante una situación que evidencia cómo “la Policía perdió el rumbo institucional”. Tampoco se atisba capacidad de emprender reformas claras en una institución que, como quedó demostrado el 30 de septiembre, está vinculada a sectores políticos de oposición y penetrada por el crimen organizado, y es un foco de múltiples denuncias de violación de derechos humanos.
Un dirigente del partido oficialista Alianza Patria Altiva I Soberana (PAIS) manifiesta su preocupación a este periódico e indica que “en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, tanto el Ejército como la Policía Nacional han sido privilegiados en salarios, dotación armamentística y tecnología. Sin embargo estas instituciones no han sido depuradas internamente. Según este miembro de PAIS, “pensamos inocentemente que de esta manera posicionaríamos su lealtad. Los hechos actuales demuestran nuestro error. O procedemos de inmediato con la reforma de estas instituciones o estamos perdidos. Llevamos ya cuatro años de retraso”.