La realidad es terca y año tras año nos vemos obligados a repetir que la precariedad se instala en el ámbito laboral, con más de 184.000 personas en paro y más de 500.000 trabajadores y trabajadoras percibiendo salarios inferiores al umbral de la pobreza.
Pero, la precariedad va más allá de lo laboral y se extiende a todos los aspectos de las condiciones vitales de los sectores populares, por lo que hablamos de precarización social ya que miles de personas sin trabajo remunerado –paradas, pensionistas, viudas, preceptoras de prestaciones… (900.000)- se ven condenadas a vivir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (37,5% del PIB per cápita,). Continuamente se realizan aumentos en los recibos de la electricidad, el agua, el gas, el transporte, la recogida de basura, el teléfono, el correo, etc.., la ausencia de reparto del tiempo de trabajo (productivo y reproductivo) y la creciente privatización de los servicios sociales y públicos, está restando tiempo para la participación social activa.
La huella ecológica (que nos condena a la auto-explotación y auto-precarización) continúa aumentando ya que utilizamos casi otras tres Euskal Herria, además de la que ya existe, para poder abastecernos producir y reproducirnos. El uso y disfrute de una vivienda se ha convertido en un elemento de chantaje (son ya 7 los desahucios diarios que se dan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), en el que o pagas a los agentes especulativos o bajas a lo más parecido al infierno de Virgilio, “de patitas a calle”. Aunque la clase política profesional no se queda aquí, ya que con el proyecto de modificación de la ley 18⁄2008 (que supone importantes recortes que se suman a los anteriores) pretender dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos sociales, dejando desprotegido de una forma clara y premeditada a quienes más necesidades tienen.
Todos estos factores, hacen que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna. Es este chantaje lo que empuja a aceptar la sumisión y la explotación, provocando una sociedad y una clase trabajadora cada vez más disgregada y sometida.
En Euskal Herria y en el planeta, el capitalismo continúa explotando a pueblos, personas trabajadoras, mujeres y naturaleza. Para optimizar esa explotación la patronal y la clase político-institucional han realizado un pacto para ir aprobando diferentes leyes y decretos que reducen y empeoran las condiciones de vida y los derechos de los y las trabajadoras de nuestro pueblo. Aquí vemos las dos caras de una misma moneda, la de la Europa del capital y los empresarios y la de sus masas trabajadoras precarizadas y despojadas de sus derechos; las dos caras de Euskal Herria, la de sus masas explotadas y la del lobby económico-político. En este sentido ya han planteado sus líneas de intervención: abaratar el despido, implementar el copago, menos impuestos para la patronal y sus amigotes, más flexibilidad en todos los ámbitos, menor representación sindical, más recortes sociales, apuesta por un sector público raquítico, privatizado y mercantilizado, con una intervención pública destinada al beneficio e interés privados, una fiscalidad favorable a la patronal y que no garantiza una redistribución de la riqueza y abriendo las puertas a un capitalismo del Caos, para profundizar e ir dibujando la nueva configuración del sistema capitalista en Euskal Herria a largo plazo, haciendo una apuesta decidida por la terciarización de la economía, abandonando a su suerte sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria. La otra cara de la moneda son las retribuciones propias de los altos cargos que con solamente dos años y un día de servicio en el cargo (hasta el rango de vice-consejero incluido) tienen derecho, cuando se jubilen a cobrar el 50% de lo que cobra un cargo en activo. (Cada vez existen más pensionistas de este tipo, piénsese en los cientos de altos cargos que han pasado por los Gobiernos en sus 30 años de historia actual.)
La clase trabajadora y los sectores populares deben optar por la transformación social.
Los pueblos oprimidos estamos siendo estrujados cada vez más en beneficio del capitalismo estatal, y Euskal herria es prueba de ello (Cupos, convenios, ataques al trabajo sindical, recorte de derechos políticos económicos y sociales, robo de las arcas públicas para engordar negocios privados, implementación del capitalismo salvaje vía, TAV, Superpuertos, Incineradoras; desprecio a la voluntad popular, detenciones, presencia policial, prohibiciones,…)
Asistimos en los últimos años a un aumento de las luchas en defensa de los derechos de la clase trabajadora, los ejemplos son muchos: aumento de la conciencia de la necesidad de un cambio, movilizaciones amplias en defensa de las condiciones vitales de vida, manifestaciones de trabajadores de sectores estratégicos para la población como son educación y sanidad, denuncias en defensa de puestos de trabajo y contra regulaciones, abusos y despidos, concienciación y predisposición a la lucha de sectores cada vez más amplios y numerosos, cuestionamiento del propio sistema y de su modelo de desarrollo contrario a los intereses de la clase trabajadora vasca…
Así las cosas, la clase trabajadora y los sectores populares no pueden optar por reflotar el sistema que está en crisis. No pueden hacer causa común con la patronal a la hora de afrontar la actual situación. No hace falta que el sistema caiga en crisis para que la clase trabajadora sufra un severo proceso de precarización. Y es que un capitalismo “sano” no garantiza los derechos y la dignidad de los sectores populares. Es por ello que la clase trabajadora y los sectores populares deben optar por la transformación social, por el cambio de este sistema socioeconómico y por el tránsito hacia un sistema que mejore las condiciones de vida. Frente a la actual crisis del capital, solo cabe un nuevo modelo económico que no se base ni en el consumismo, ni en el crédito fácil y la avaricia rapaz; sino en un sistema solidario entre clase, géneros y grupos de edad; solidario con la naturaleza y con todos los pueblos de la Tierra. Necesitamos soberanía económica para poder determinar cómo recaudar la riqueza generada, para decidir dónde invertir nuestra riqueza mediante unos presupuestos participativos. Para poder articular mecanismos de defensa contra todos los ataques que nos viene de la mano de la patronal con la razón de su fuerza. Necesitamos organizarnos, discutir, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Estamos hablando de soberanía económica, de organizarnos para ejercer nuestro poder de decidir y plasmar nuestro futuro económico, el futuro económico de Euskal Herria. Hablamos también de democratizar la economía, de que sea la mayoría de la población, aquella que con su esfuerzo saca adelante día a día este país, la que participe y decida sobre las cuestiones clave de nuestro modo de vida. Necesitamos soberanía económica porque ningún pueblo que explota a otro puede ser libre. En eso estamos y en eso estaremos ante los grandes retos que se le abren a nuestro pueblo, ya que solo la organización y la lucha harán de Euskal Herria un pueblo solidario, en pie de igualdad y consecuente con la emancipación de la humanidad.
Euskal Herria a 2011-11-03
Ejecución de hipotecas, desahucios y derecho a una vivienda digna.
Hoy por enésima vez hemos escuchado un nuevo caso de desahucio por impago en una vivienda. No era el primer intento, y aunque antes no lo lograron por la solidaridad vecinal, esta vez definitivamente los desalojaron.
Esto es lo que vemos y oímos una y otra vez: desahucios y más desahucios de personas que no cumplen religiosamente con su sagrada cuota hipotecaria. Visto que estos hechos, por desgracia, irán en aumento a la vez que se agoten las prestaciones por desempleo y se desinfle el colchón familiar, queremos realizar algunas reflexiones.
En primer lugar podemos hablar de la ejecución hipotecaria y su consecuencia, que es el desahucio de la vivienda. Vivienda que en su día nos aconsejaron comprar porque el crédito estaba barato, y era una inversión segura. Lo que nadie decía es el gran negocio de promotores y banqueros que se escondía tras el “milagro inmobiliario”.
Frente a este atraco, las acciones que están planteando una parte de los organismos sociales son dos: la primera es la paralización del desahucio y la segunda la dación en pago de la vivienda, para liquidar la deuda con la propia vivienda y que no te sigan reclamando una deuda complementaría.
Desde Elkartzen creemos que estas dos acciones son un parche al problema, saliendo siempre ganador el banco. Tratamos de explicar el porqué.
Paralización del desahucio: esta acción solo es efectiva en la inmediatez y con el factor sorpresa, cuando los ejecutores no quieren problemas momentáneos. Ellos saben que disponen de recursos para volver, personal, policía y tiempo, saben que la solidaridad no puede estar todo el día de guardia, y acaban ejecutándolo con más o menos violencia.
Frente a esto se ha lanzado la idea de la dación en pago, esto es que con la entrega del piso se da por liquidada la deuda sin persecución del deudor a posteriori. Aquí hay que tener en cuenta dos factores.
1 Las cuotas de devolución del préstamo están compuestas por la amortización de la deuda y los intereses, siendo la devolución final entre el 170% y 180% del capital concedido (según los años de devolución, que en la última época se habían ofertado hasta 50 años). Al inicio de la vida del préstamo, las cuotas casi en su totalidad están compuestas por los intereses del préstamo, esto es, amortizamos muy poca parte del dinero pedido.
2 Tras el desahucio por impago de tres cuotas, el banco “subasta” la vivienda en un mercado “opaco” dónde se mueven oscuros intereses, llegando en muchos casos a adjudicarse por un 20% de su valor de compra (un 80% de descuento¡¡) y si no hay comprador es por ese precio que se la adjudica el propio banco, y por tanto si al pobre desahuciado le quedaba por devolver el 60% del capital, aún después de haber pagado entre intereses y amortización el valor inicial de la vivienda, todavía le debería al banco un 40% adicional del precio de la vivienda (ya que el banco de la deuda pendiente resta solo el valor de adjudicación de la vivienda).
Con la dación en pago la persona afectada, aunque se le condone el total de deuda pendiente, se queda sin techo y sin recursos económicos. Frente a esto, la entidad que le ha prestado el dinero se queda con la vivienda y con las cuotas cobradas. Vivienda que más adelante, a través de sus propias inmobiliarias, sacará al mercado, más barata (la venderá al 70% de su valor, cuando la compro al 20%) y con nuevo préstamo formalizado.
La dación en pago por supuesto que es mejor que el hecho de que te quiten la vivienda y encima sigas debiendo dinero al banco, pero sinceramente, creemos que es una medida que no se cuestiona de raíz ni el problema de la vivienda, ni la insaciabilidad de la banca.
Por tanto a la contención temporal del desahucio y a la dación en pago, medidas de acción inmediata, les falta un complemento, una propuesta global que solucione definitivamente el problema de los afectados, que arrastrados por la ilusión de una “estabilidad laboral” que se desmorona y una propaganda bancaria engañosa les vendieron la “seguridad de una vivienda en propiedad”.
Desde ELKARTZEN entendemos que la única forma de solucionar esto es implicando y responsabilizando a las instituciones públicas. No olvidemos que están dando dinero a espuertas a las entidades de crédito sin ninguna contrapartida. Debemos exigir que, en vez de quedarse la banca viviendas por el 20% de su valor, se las queden las instituciones. Es por ello que hoy cobra más fuerza la solución que ya propusimos en 2008 (en el libro La Euskal Herria ¿de quién? Editado por IPES-Elkartzen), la de crear un INSTITUTO DE VIVIENDA PUBLICA DE EUSKAL HERRIA, (IPVEH), en el cual se integrarían entre otras, estas viviendas reguladas de la siguiente manera:
1 Las personas hipotecadas que por problemas económicos u otros así lo deseen, podrán entregar su vivienda al IPVEH.
El IPVHE asumirá el valor pendiente de la hipoteca, y reconocerá un crédito a favor de la familia igual al monte total de lo pagado (del capital inicial desembolsado mas las cuotas del préstamo pagadas, capital e intereses) menos la suma de todas las deducciones fiscales que en materia de vivienda se hubiesen practicado.
2 La cesión dará derecho a ocupar la vivienda en régimen de alquiler social, según la aplicación de los parámetros que se determinen.
3 Se hará un cálculo financiero que determine el número de mensualidades que quedaran compensadas con el crédito a favor de la familia contra el IPVHE. Durante todo ese periodo la familia no realizara ningún desembolso económico. Finalizado este periodo la familia abonará el alquiler que corresponda a su situación socioeconómica de ese momento, según los parámetros generales que estén establecidos.
Sólo nos queda repetir lo que ya dijimos en un artículo de prensa en 2009 bajo el título ¿A LAS CLASES POPULARES QUIÉN NOS RESCATA? donde entonces escribíamos “Esta compra de hipotecas por el sector publico a cambio de la vivienda, inyectara dinero liquido en el sistema financiero; eliminara la morosidad e impagados de estos prestamos; liberara a las familias de un gasto medio de 1000 € mes, que se destinará a estimular la demanda en otros bienes necesarios pero imposibles de realizar en la situación actual, con lo que se sostendrá la producción de estos bienes, se alejaran los riesgos de ajustes del empleo por falta de pedidos en estos sectores de producción, y por ende se alejara el fantasma del aumento del paro. Esta correlación de hechos no es ficticia, son las relaciones reales del sistema económico.
Si no aunamos esfuerzos y somos capaces de plantear nuevas ideas contra las demandas vampíricas del capital, tendremos más gasto publico para ellos y menos dinero para gasto social, un empobrecimiento de la economía real con más desempleo. De la crisis de 1929 se salió con el diseño del Estado del Bienestar, que fue un gran pacto social de clase, basado en una mayor distribución de la riqueza, la garantía del empleo, y una mayor democratización de la economía. Si aprendemos de la historia, no podemos dejar que hoy se nos impongan las recetas del Banco Central Europeo, sumiso al FMI. Hagamos un muro contra la precariedad y demostremos que existen soluciones reales, la aquí expuesta es solo una. Pensemos y convirtamos en acto nuestro pensamiento”.
PONGAMOS LIMITE A LA POBREZA ¡YA!
La importancia de la determinación del Umbral de Pobreza
Los informes oficiales nos hablan de pobreza relativa, precariedad, ausencia de bienestar, etc., manipulando índices y números que enmascaran la verdadera realidad. Elkartzen lleva años reclamando, incluso presentó un informe a la Comisión creada para analizar la pobreza en el Parlamento de Gasteiz, que se establezca un criterio homogéneo para definir y determinar el Umbral de Pobreza.
Determinar el Umbral de Pobreza, UP, es básico tanto para conocer verdaderamente el número de personas que se sitúan por debajo, como para hacer una política efectiva de redistribución de rentas, pero desgraciadamente el método estadístico utilizado para medir este UP no es neutral.
Pero ¿qué es exactamente el umbral de pobreza?. Se trata de definir una referencia en base a los niveles de rentas y precios de una sociedad y a partir de estos se determina el mínimo que necesita una persona para vivir dignamente. Este mínimo queda condicionado por la paridad de compra, o por el nivel medio de vida del territorio en que se enmarca. Es una referencia que en la economía pública se ha utilizado en diferentes momentos pero que no ha tenido nunca un valor práctico para determinar prestaciones.
Desde Elkartzen pensamos que se debe utilizar esa referencia a la hora de calcular todas las asignaciones económicas mínimas, como el Salario Mínimo Interprofesional, las prestaciones sociales en pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos, etc, de forma que estas nunca sean inferiores al umbral de pobreza.
¿Cómo se calcula el umbral de pobreza? Ya en 1928 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) desarrolló la Convención n°26 sobre instaurar procedimientos acordes con el nivel medio de la economía de cada país para la fijación de salarios mínimos, llevando implícito los umbrales de pobreza.
Desde el surgimiento de la Unión Europea son muchos los agentes sociales europeos que han estado trabajando por armonizar una política de rentas mínimas en la UE, a través de una armonización en la valoración del umbral de pobreza y del salario mínimo interprofesional, como un todo indisoluble, ya que la mayor causa de la pobreza en estos momentos proviene de los salarios insuficientes y de las prestaciones sociales que se ligan a ellos (desempleo, baja por enfermedad, pensiones, etc.) y por tanto son también insuficientes.
Tanto el Tratado de Maastricht (1993) como la Estrategia de Lisboa (2000), y numerosos tratados firmados para el desarrollo de ambos, han acabado dejando de lado, por intereses del gran capital el tema más central del mundo laboral, que no es otro que determinar por baremos unidos a las variables económicas de cada país el Salario mínimo de dicho país, y no dejarlo al arbitrio caprichoso de los gobernantes, con resultados tan paradójicos como los que trabajadores a tiempo completo perciben salarios muy por debajo al umbral de pobreza.
Pero esta no-regulación, no se ha debido al desinterés y a la falta de iniciativas poco conocidas y casi siempre ocultadas, sino a la presión del lobby económico, que en última instancia es para el que se regula corrompiendo el propio concepto de Estado de Derecho.
El artículo 4 de la Carta Social Europea (1961) afirma que «todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa que les asegure, así como a su familia, un nivel de vida satisfactorio.»
Desde este momento muchos son los intentos por “homogeneizar” los niveles de salarios mínimos y umbrales de pobreza, llevados tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo, pero, con el auge a ultranza del neoliberalismo este derecho a una salario decente desapareció totalmente en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales y por ende del Tratado Constitucional (TC, 2004), bajo el pretexto de que las remuneraciones no forman parte de las competencias de la Unión.
Así el TC, excluye la vía de la armonización en un campo que tanto se había debatido y se había aconsejado en la UE, lo que significa un retroceso en la política laboral europea, en comparación con los informes elaborados y las “buenas intenciones” de los tratados anteriores.
Remarcamos que nunca se ha estado pidiendo fijar un salario mínimo uniforme para el conjunto de Europa, sino de establecer unas normas salariales mínimas, comunes para todos los países en función de su riqueza generada, PIB, o en función de su estructura salarial media.
En 2011 la urgencia de armonización social esta más viva que nunca, cuando más del 20 % de la población de la UE está amenazada por la pobreza, esta medida es indispensable si se quiere realmente frenar el «dumping social” y anclar una armonización en la línea de dignidad y no en la de miseria.
En 2005, una red de investigadores alemanes, franceses y suizos, próximos al movimiento sindical, elaboraron las «tesis para una política europea de salarios mínimos ». Estas contribuciones muestran que el problema no reside en la falta de iniciativas, sino en la profundización del neoliberalismo y la precariedad en Europa que se esta constitucionalizando a golpe de ley.
Esta red hace su apuesta por indexar los salarios al PIB per capita, permitiendo que el aumento de productividad y de ganancias de la economía repercuta también en aumento de los salarios, que a su vez repercutirán en una demanda solvente sostenida y en la calidad del empleo. Con este fin plantean un sistema de indización automático articulado en función del PIB de cada territorio, según el cual:
1 El Salario Mínimo, SMI; no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per capita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%), en hego Euskal Herria es un 30% del PIB per capita. El SMI, está creando “trabajadores pobres”, que a pesar de trabajar a tiempo completo sus ingresos quedan por debajo del umbral de pobreza. La insuficiencia se ve al comparar con nuestro entorno, así en 2008 el SMI vasco era de 600€ y el francés de 1.321€ mes (por 14 pagas)
Solamente una política de salarios mínimos justos, anclados en la riqueza real de cada país, frenaría la concentración de la riqueza representando una aportación decisiva en la búsqueda de la estabilización de la demande privada y quedaría totalmente unido a la productividad, como piden ahora los empresarios.
Esta unión de los salarios a la productividad no sería “arbitraria” en las distintas empresas y sectores, sería a la productividad real de todo el conjunto económico (productividad laboral y productividad del capital) que en su máximo exponente queda recogida en el PIB. O sea que salarios y pensiones, para mantener su peso en la riqueza real deberían variar en el mismo porcentaje en que lo hiciera el PIB.
2 La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) anteriormente denominada Renta Básica, o el Salario Social no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per capita, que pasaría a ser considerado el Umbral de Pobreza.
En Hego Euskal Herria la RGI en 2011 se sitúa en el 26,2% del PIB per capita, por lo que habría que incrementarla casi en la mitad de los valores actuales (subir 3.518€ anuales en la CAPV y 3.820€ en Nafarroa) para que efectivamente situara a los perceptores en el límite del UP, y sacarlos de la situación de extrema necesidad en la que se encuentran a pesar de percibir la prestación.
Es cierto que solo con garantizar rentas y salarios en el Umbral de Pobreza no vamos a conseguir acabar con la pobreza. Asegurar unas condiciones laborales dignas para acabar con la explotación, poner límite a los desorbitados precios de las viviendas y alquileres, son solo algunas de las cuestiones imprescindibles para acabar con la pobreza de una manera integral. Aun así, delimitar el umbral de pobreza de Euskal Herria y aplicarlo, es una base importantísima para asegurar los derechos sociales de las personas. Es una regla básica para construir el Sistema de Protección Social de Euskal Herria, junto con el desarrollo de la riqueza colectiva (los servicios públicos, los servicios sociales) y junto con el desarrollo del alquiler público.
De la misma manera con el umbral de pobreza también ponemos límite a la explotación. Los sueldos deberían fijarse por encima de esta referencia. Si la RGI se situase a la par del umbral de pobreza, muchas personas tendrían la posibilidad de rechazar trabajos ofrecidos en altas condiciones de precariedad.
El umbral de pobreza es un instrumento eficaz para reducir las desigualdades sociales. Ofrece la oportunidad de repartir la riqueza generada en un territorio de una manera más equitativa. Además es un mecanismo automático para el reparto de la riqueza, ya que si la riqueza aumenta, aumenta también la cantidad del umbral y se disminuye, también disminuye dicha cantidad.
EN ELKARTZEN HEMOS DEFINIDO EL UMBRAL DE POBREZA 2011.
Ante la opacidad de datos de las administraciones publicas y sus criterios restrictivos a la hora de otorgar prestaciones sociales, debemos socializar el concepto de Umbral de Pobreza y establecer un cálculo social. ELKARTZEN, analizada la propuesta que nos llega desde la Europa social, se ha sumado a la adopción de este baremo de cálculo del Umbral de Pobreza.
Los datos obtenidos son inferiores a 2009 y 2010, por la fuerte caida del PIB en Hego Euskal Herria. En 2011 el UP queda señalado en 11.420€, lo que significa una cantidad mensual de 952€ por lo que Elkartzen reivindica un Salario Social o RGI por este valor. En el mismo cuadro vemos, que con el criterio demandado, el SMI para 2011 debería de situarse como mínimo en 15.226 €, frente a los 8.979,6 € anuales actuales aprobados por el Gobierno de Zapatero.
MAGNITUDES ECONOMICAS Y PRESTACIONES MINIMAS EN HEGO EUSKAL HERRIA*
CAPV NAFARROA HEH
PIB ( Avance diciembre 2010) 65.213.767.000 19.506.000.000 84.719.767.000
Habitantes ( 4º Trimestre 2010) 2.162.944 619.013 2.781.957
PIB por habitante 30.151 31.511 30.453,3
SMI propuesto 50% PIB por hab. 15.226,6
Salario Minimo Interprofesional 2011 8.979,6
Umbral Pobreza propuesto 37,5% PIB por hab. 11.420
Renta de Garantia de Ingresos según normativa para 2011 7.902 7.600
Pensión mín. Jubilación, mayores 65, con conyuge 10.388
Pensión mín. viudedad mayores 65 8.419,6
Pensión orfandad 2.571,8
Pension SOVI 6.923,9
*Para todas las pensiones se dan los importes anuales apobados por el Estado para el año 2011.
Detrás de los fríos números un tercio de la población (1 de cada 3!) de Euskal Herria sobrevive por debajo de Umbrales de Pobreza, en silencio e invisibles a nuestro deambular frenético. Ellas tal vez se sientan desposeídas hasta de la voz, nosotros aún podemos gritar y queremos ceder nuestra voz y nuestro grito. Basta ya de pobreza tras las puertas cerradas de nuestros mismos rellanos de escalera.
