El PSE y el PP impidieron ayer que el Parlamento de Gasteiz expresara «su preocupación por las muy extrañas circunstancias de la desaparición y muerte de Jon Anza» y demandará «una investigación exhaustiva» de las autoridades francesas y de organismos independientes, tal y como solicitaban Aralar y EA con el apoyo del PNV. Quienes votaron en contra lo explicaron por su confianza en los tribunales y en los estados de derecho tanto francés como español.
Pese a reconocer que hay elementos «misteriosos» y «fallos a diferentes niveles» en la desaparición y muerte de Jon Anza, PSE y PP, con el apoyo del representante de UPyD, se negaron a solicitar que la cuestión sea investigada por la justicia y que, al poder estar implicados aparatos de los estados francés y español, se añada también una investigación independiente. La razón de fondo fue que solicitar este tipo de investigaciones suponía sembrar la desconfianza sobre las autoridades francesas, las FSE españolas y sobre ambos estados de derecho.
Aralar había presentando la propuesta, que fue enmendada por EA. Entre ambos grupos llegaron a un texto conjunto en el que el Parlamento mostraba «su preocupación por las muy extrañas circunstancias de la desaparición y muerte de Jon Anza» y solicitaba que las investigaciones llegaran hasta sus últimas consecuencias y se depuraran responsabilidades. El PNV se sumó a las peticiones.
La portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, expuso los puntos oscuros del caso, las muchas interrogantes abiertas y recordó que la familia de Jon Anza todavía no ha podido hacerse cargo del cadáver. Insistió en que la propuesta no pretendía «hacer aseveraciones» sobre las causas de su desaparición y muerte sino «plantear preguntas» que requieren respuestas.
En términos similares se expresó también el portavoz del PNV, Joseba Egibar, quien recordó que la historia reciente de Euskal Herria recoge casos graves que tuvieron un inicio similar en Iparralde. Por eso consideró que tanto PSE como PP deberían estar interesados también en que se investigara.
Dudar legitima al terrorismo
Sin embargo, PSE y PP entendieron que haciéndose preguntas sobre lo que le había ocurrido a Jon Anza y dudando de la versión oficial lo que se hacía es extender la «desconfianza sobre el Estado de Derecho».
Y, llegados a ese punto, el parlamentario del PSE Jesús Loza dio un salto más. «Supone lisa y llanamente la deslegitimación de las instituciones judiciales y con ellas la del propio Estado de Derecho como elemento sustancia de cualquier democracia, algo muy grave siempre y más aquí, ahora y en relación con el terrorismo». Y añadió que «la deslegitimación del Estado de Derecho en estos asuntos supone un legitimación indirecta del terrorismo».
Aintzane Ezenarro le respondió que esa afirmación, que figuraba también en el «Plan de Convivencia», no tiene «ni pies ni cabeza».
Pese a que por la tarde el PSE se erigió en un gran defensor de la justicia y los tribunales, por la mañana presentó una iniciativa en el que consideraba «ofensivo para la dignidad democrática que el juez Baltasar Garzón va a sentarse en el banquillo de los acusados» por una decisión adoptada nada menos que por el Tribunal Supremo. Su portavoz, Mikel Unzalu, pidió a la Cámara que apoyara al juez, reconociendo su «servicio a la democracia» y su contribución al «asentamiento de las libertades y del Estado de Derecho». Aunque intentó aderezar la propuesta con proclamas antifranquistas, ningún grupo se sumó a la apología de Garzón.
PNV, Aralar y EA expusieron duras críticas al juez que, en palabras de Jesús Mari Larrazabal, «ha hecho mucho daño». Mikel Basabe dudó de que realmente quisiera investigar los crímenes del franquismo porque dejó pasar varias oportunidades. E Iñigo Iturrate, del PNV, recordó que en el 96 Rubalcaba acusó al juez de dictar «autos políticos».
fuente: Gara
