De nuevo, desde los juzgados de Barakaldo vuelven a respondernos con una rotunda negativa ante la solicitud de enjuiciamiento del guardia civil Narciso San Juan del Rey, que asesinó a nuestro hermano Víctor Manuel el 20 de enero de 1975 en Portugalete, cuando repartía octavillas en solidaridad con los obreros de la empresa Potasas de Navarra. Solamente pedimos justicia (verdad, reconocimiento, reparación, justicia, garantías de no repetición), y la Justicia española nos vuelve a abandonar, nos vuelve a humillar. Una y otra vez.
La resolución, además de poner en duda el asesinato ‑los hechos puestos en nuestro conocimiento revelan la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos del tipo penal de asesinato‑, resalta el hecho de que, al haber transcurrido más de 20 años desde el mismo, el delito ya ha prescrito. Por otra parte, ante la petición de que sea considerado como un crimen de lesa humanidad dentro de los crímenes cometidos por el franquismo ‑cuya finalidad era el exterminio sistemático de poblaciones y colectivos no adictos al régimen‑, nos responden que no se puede considerar como tal y, basándose en el artículo 7 ECPI-EDL 1998⁄49046, lo califican únicamente como de asesinato. Además, dicen que el artículo 607 bis del Código Penal entró en vigor el 1 de octubre de 2004. No hay otra argumentación.
La casta judicial sabe, o debería saber, que en el año 1977 nuestros padres intentaron llevar a juicio al asesino, y que no se le llegó a juzgar. ¿Será por eso que dude sobre los hechos? Sabe perfectamente que no tomaron declaración a los testigos del asesinato; sabe que el asesino y sus cómplices mintieron; sabe que el asesino está vivo, riéndose de las víctimas del franquismo, bailando sobre la tumba de nuestro hermano y, probablemente, muy agradecido a la (in)Justicia española. Sabe que nuestros padres hicieron gestiones informales durante el primer Gobierno socialista (no había prescrito el delito por asesinato) para reabrir el caso, y que la respuesta fue que «no es el momento». Saben que era inútil el intentar reabrir los casos de terrorismo de estado durante los gobiernos de Aznar. Si saben todo eso y más, ¿por qué nos responden que el delito ya ha prescrito? Abandono y humillación, una y otra vez.
Una vez prescrito el delito por asesinato, una vez prescritos la mayoría de los delitos por terrorismo de estado del franquismo, con todo atado y bien atado, la izquierda gobernante, para tranquilizar su conciencia, aprueba la Ley de Memoria Histórica, ley descafeinada y manifiestamente insuficiente que ofrece un tímido reconocimiento a algunas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. El Borrador del Decreto de declaración y reparación integral de las víctimas de sufrimientos injustos, como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre los años 1960 y 1978, no ofrece mejores expectativas, porque su objetivo no es ni identificar ni llevar a los asesinos ante la Justicia.
Saben estos jueces y sabe la clase política gobernante de antes y de ahora, sin piedad ante las víctimas del terrorismo franquista y complacientes ante los victimarios, que los crímenes del franquismo, del terrorismo de estado, son crímenes de lesa humanidad, independientemente de la intensidad y de la dinámica de los mismos. Y algunos de ellos así lo confiesan en privado, pero no se atreven a manifestarlo en público. Saben que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, y saben que argumentar que el artículo 607 bis del Código Penal entró en vigor el 1 de octubre de 2004 en el Estado español es un argumento de muy poco peso, o es una falta de argumentos ante lo evidente o es un acto de cobardía ante las posibles consecuencias.
También saben perfectamente que en el año 1975, año en que Narciso San Juan del Rey asesinó a nuestro hermano, ya estaban definidos los crímenes de lesa humanidad ‑Estatuto de Londres de 1945, art. 6 c‑, y que la norma penal internacional estaba vigente mucho antes del día del asesinato. También conocen los jueces y políticos españoles que, exista o no tipificación interna de esos crímenes, el hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de Derecho internacional no exime de responsabilidad en Derecho internacional a quien lo haya cometido. Es decir, la Justicia española, con su reiterada negativa a juzgar al asesino de nuestro hermano, está contribuyendo a la consolidación de la impunidad del asesinato, ya que, aunque en su legislación no estuviera tipificado el delito de lesa humanidad, deberían haber aplicado el principio de legalidad internacional.
No nos sorprende esta situación. La venimos padeciendo de forma generalizada desde el año 1936 y, en primera persona, de la forma más cruda, desde el año 1975. Además de la pérdida de nuestro hermano Víctor, el posterior desamparo, abandono y humillación por parte de las instituciones es constante, y sus efectos negativos en nuestra familia y en nuestra credibilidad en la Justicia, son evidentes.
Pero ¿qué pretende la Justicia española? ¿Qué pretende la derecha española negando los hechos? ¿Qué pretende la izquierda que nos ha gobernado durante tantos años cerrando los ojos ante tamaña injusticia?
Cuando un asesino queda sin juzgar, cuando un asesinato queda impune, cuando se argumenta de tal manera que hasta un lego en la materia se da cuenta de que no hay voluntad de resarcir a las víctimas del franquismo; cuando no se quiere derogar una Ley de Amnistía, verdadera ley de punto final mediante la cual se intentó legitimar los asesinatos del franquismo y dotar de label democrático a los responsables políticos de aquellos asesinatos; cuando es evidente que las instituciones españolas aplican un rasero diferente dependiendo de qué víctimas se trate; cuando es evidente que tratan de borrar de la memoria colectiva a las víctimas del franquismo, ¿qué nos queda? ¿Callarnos y agachar la cabeza? ¡No estamos dispuestos! Sería como si a las víctimas, a nuestro hermano, los volvieran a asesinar de nuevo. Y con él a nosotros, a sus familiares. No lo decimos por decir. Como consecuencia de este desamparo, perdimos otro hermano, incapaz de entender por qué nos abandonaban las instituciones, por qué no se podía hacer justicia.
En esta situación estamos los familiares de Víctor, y los familiares de los miles y miles de asesinados, de exterminados, fusilados y abandonados en cunetas, por el terrorismo de estado. ¡Un horror!
Y es que son de tal tamaño las atrocidades que tratan de ocultar, que ni ellos mismos las pueden soportar. Negando la evidencia, o creando dudas sobres los hechos, intentan forjar una nueva memoria colectiva, en la que no haya ni rastro de aquellas masacres. ¡Cobardes!
Nosotros seguimos hacia adelante, firmes en nuestra voluntad de hacer justicia, obligados a recorrer un camino, el de la Justicia española, con múltiples obstáculos y zancadillas. Los iremos superando y sorteando de uno en uno, hasta llegar a Estrasburgo. No queda otra.
